“El aceite que lubrica la corrupción es el presupuesto”. Arévalo dixit

¡Buenos días!

Ayer, el Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de presupuesto para el 2026, que alcanza los GTQ 163 783 413 657M.

Llama la atención, a la luz de lo expresado por el candidato Arévalo cuando estaba en campaña; entonces, criticaba no solo los montos, sino su utilización como herramienta clientelar. Y de corrupción, por supuesto.

Como este año, se les otorgan cantidades ingentes a los CODEDE, mecanismos que han sido utilizados para beneficiar a redes de corrupción lideradas por diputados distritales. Cuando se ve a la luz de un oficialismo débil en el Legislativo —con una “bancada” dividida, sobre todo—, la intención es clara.

Con una capacidad de ejecución —en inversión— muy deficiente, resulta abracadabrante lo pretendido para el 2026, un año preelectoral. ¿Quién con una luz se pierde? 

El aire se tensa frente a las próximas elecciones en Honduras. Después de meses de inestabilidad y poca gobernabilidad, los partidos políticos se acercan a la verdadera contienda —las elecciones de noviembre— a través de demostraciones de poder, movilización y establecimiento de narrativas.  

• Luego de momentos de violenta presión a través de la irrupción de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la pelea ha migrado al plano narrativo. Sin embargo, el reciente involucramiento de Estados Unidos ha desequilibrado la balanza de poder en la región, poniendo en duda la capacidad del gobierno de soportar la presión.

En perspectiva. El gobierno de Xiomara Castro ha sufrido un desgaste narrativo profundo después de sus intentonas contra la oposición y el juego limpio en las elecciones.  

• La narrativa de batalla frontal contra el narcotráfico se vio desmantelada después de dos eventos críticos: el video del cuñado de la presidenta, “Carlón” Zelaya, negociando financiamiento con narcotraficantes y, recientemente, la confirmación de la fiscal estadounidense, Pam Bondi, que Honduras está siendo usado como puente aéreo a través de pagos por narcotraficantes.
  
  

• Además, la narrativa de la llegada de un partido contra la corrupción de las viejas élites se diluyó después de los escándalos de desviación de fondos con propósitos proselitistas por medios contrarios al oficialismo.
  
  

• Por último, el gobierno fue incisivamente encuadrado como enemigo de la democracia por la oposición debido a su perturbación del usual proceso pacífico del CNE.

En el radar. EE. UU. ha pasado de un período de inactividad en la región a mayor preocupación por la expansión de ideologías contrarias al “mundo libre”.  

• El Comité de Asuntos Exteriores del Congreso comunicó en X, que Honduras enfrenta una “creciente crisis democrática bajo la presidenta Xiomara Castro” dada la “tendencia hacia el camino autoritario tomado por Venezuela y Nicaragua”.
  
  

• Este comunicado enfatiza que la desestabilización de Honduras por el gobierno de Castro crearía un “refugio” para estructuras criminales transnacionales.
  
  

• A través de una nueva política exterior, Washington ha declarado la situación como parte de las amenazas a la estabilidad de la región y, en especial, a su seguridad nacional.

Lo que sigue. Las muestras recientes de un alza en la preocupación por la seguridad de la región han creado un nuevo espacio de presión contra el gobierno hondureño. 

• El gobierno estadounidense ha mostrado una renovada inquietud por la consolidación de países alineados con los estándares occidentales de libertad y democracia.
  
  

• El despliegue militar en el Caribe —dirigido hacia Venezuela— ha cumplido un doble propósito; la administración Trump ha creado una crisis psicológica entre las filas del gobierno venezolano y, además, ha sembrado la semilla de la duda sobre quién será el siguiente.
  
  

• Las instituciones del Estado de Honduras han enviado comunicados contra el dinamismo americano, el cual, a través del Caribe, está frente a las puertas del corazón de Centroamérica.

En conclusión. EE. UU. se ha presentado como un actor presente en este momento de cambio electoral en la región. Portando la bandera del mundo libre, el hegemon está presionando por un cambio democrático en la región, exigiendo la alineación con los ideales de la democracia y un claro mensaje anti-socialista. El gobierno hondureño, por tanto, está por sufrir una crisis interna antes de unas elecciones, las cuales pretenden amañar.

Los diputados fueron convocados a dos sesiones plenarias esta semana. Una de ellas estará dedicada a las interpelaciones a funcionarios, mientras que en la plenaria de hoy se prevé un nuevo pulso entre el oficialismo y la oposición por el control de la agenda legislativa.

La reunión de jefes de bloque celebrada ayer para definir los temas de la semana apenas duró 17 minutos. Durante el encuentro, únicamente la diputada Nadia de León solicitó la lectura de una iniciativa presentada con anterioridad, que busca autorizar la compra directa de equipo de dragado para el Puerto Quetzal.

El presidente del Congreso, Nery Ramos, recordó que existen cerca de 200 iniciativas pendientes de trámite. Explicó que en cada sesión plenaria se aprovecha para enviar proyectos a las distintas comisiones de trabajo, a fin de que estas elaboren los dictámenes correspondientes.

Algunos jefes de bloque señalaron que el ambiente es favorable para avanzar con la agenda pactada para hoy, aunque queda por verse si esa disposición se materializa en el hemiciclo. Sin embargo, voces como la del diputado Luis Aguirre, de Cabal, advierten que no existe claridad sobre los acuerdos. Aguirre reiteró que su bancada no respalda el proyecto de Presupuesto 2026, presentado ayer al Congreso por un monto de GTQ163 783M.

“Todo parte del presupuesto, y nosotros no lo estamos apoyando […] no hay ejecución ni calidad en el gasto”, subrayó el legislador.

Ante ello, aún es incierto que el oficialismo consiga el respaldo para impulsar el plan de gastos. No obstante, el panorama podría modificarse, ya que uno de los temas de mayor interés para los diputados es la asignación de recursos a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), especialmente la posibilidad de trasladar al próximo ejercicio fiscal los fondos que no se ejecuten este año.

Ese tema, además, suele vincularse a la elección de la Junta Directiva, lo que hace prever que las negociaciones girarán en torno a esta designación.

¿Qué hay en la agenda?

Para la sesión de hoy se contempla en primer debate la ley de dignificación de las mujeres indígenas, la iniciativa que deroga el impuesto a las herencias, la ley integral de enfermedades raras y la ley contra la violencia sexual digital.

En segundo debate se discutirán ocho iniciativas, entre ellas la ley de mediación, una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto y la modificación al Código de Trabajo, conocida como la ley de la silla.

La elección del primer secretario de la Junta Directiva también figura en la agenda, lo que refleja que aún no hay consensos suficientes para llenar la vacante. El puesto podría mantenerse vacío hasta la elección de la nueva directiva para el período 2026-2027.

En cuanto a la plenaria del jueves, esta volverá a centrarse en interpelaciones. Están previstas las citaciones al ministro de Salud, Joaquín Barnoya, quien aún no responde a las preguntas iniciales; al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto; al titular de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, y a la ministra de Ambiente, Patricia Orantes. 

El proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para 2026 asciende a GTQ 163 783M y ya fue presentado por el Organismo Ejecutivo al Congreso. El principal financiamiento proviene de ingresos tributarios y busca equilibrar un mayor gasto social con el compromiso de mantener la estabilidad macroeconómica, aseguran las autoridades.

El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, explicó que el plan se enmarca en cuatro objetivos: fortalecer la administración tributaria sin crear nuevos impuestos ni elevar tasas; mejorar la eficiencia del gasto; garantizar la sostenibilidad de la deuda en condiciones favorables, y consolidar la transparencia con miras a que Guatemala alcance el grado de inversión.

En 2025, la recaudación cerrará agosto con GTQ 1500M adicionales a lo previsto, lo que refleja una SAT más efectiva y un mayor combate al contrabando. Para el próximo año, los ingresos totales se proyectan en GTQ 126 851.5 M, de los cuales GTQ 119 762.8 M provendrán de impuestos, un alza de 9.9 %.

Según el Minfin, el marco macroeconómico respalda este escenario con un crecimiento que pasó de 3.5 % a 4 % en 2025 y que prevé que se mantenga en alrededor de un 3.9 % en 2026, con una inflación controlada por debajo del 2 %. En términos fiscales, el presupuesto equivale al 16.2 % del PIB (frente a un 16.4 % en 2025) y reduce el déficit del 3.8 % al 3.3 %.

En el gasto, destacan los ministerios de mayor peso social. Educación dispondrá de GTQ 26 935M, Salud de GTQ 16 537.7M y Gobernación de GTQ 9560.4M. Comunicaciones, en cambio, verá reducido su presupuesto a GTQ 7140.2 M, pero su trabajo será apoyado con dos programas adicionales: GTQ 2102.2M para el Fondo de Proyectos Viales Prioritarios (FOVIP), y GTQ 1750M para la modernización de puertos.

Los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) recibirán GTQ 4509.3M para proyectos de agua, saneamiento, caminos rurales, salud y educación. Consultado por República sobre qué sucederá con los fondos no ejecutados este año, Menkos respondió que se podrán utilizar en 2026. Según las estimaciones, se trata de unos GTQ 4000M adicionales.

El Gobierno destaca programas de apoyo social y productivo con estos rubros: GTQ 500M para “Mi Primera Vivienda”, GTQ 842.8M para el Fondo de Vivienda y GTQ 500M para créditos agrícolas.

En el sector de seguridad, defensa y justicia, se asignarán GTQ 22 582.6 M: Gobernación recibirá GTQ 9560.3M para fortalecer la presencia policial y reducir la violencia; Defensa Nacional contará con GTQ 4720.9M para la defensa del territorio, y las entidades del sector justicia sumarán GTQ 8301.4M, entre ellas el Organismo Judicial (GTQ 3308.8M), el Ministerio Público (GTQ 3840M) y el Instituto de la Defensa Pública Penal (GTQ 418.4 M).

La Contraloría General de Cuentas verá un aumento de 42.9 % en su presupuesto, al pasar de GTQ 665M a GTQ 950M, mientras que la Comisión Nacional contra la Corrupción duplicará sus recursos, de GTQ 11.5 M a GTQ 26.5M. 

Agenda presidencial  

Jueves 4 

• Entrega de donación de Estados Unidos 

• Puente de rápido despliegue