¡Buenos días!

Ayer se conoció —porque no hubo anticipación— que el administrador (jefe) de la DEA, Terry Cole, vino al país y se reunió con el presidente, Bernardo Arévalo, entre otros funcionarios. Asumió el cargo a mediados de julio y este es su primer viaje a la región. Más allá de especulaciones y elucubraciones, la visita —evidentemente— no es de cortesía. Como dato “curioso”, el administrador y el embajador de EE. UU. en Guatemala, Tobin Bradley, han coincidido en espacios, en sus respectivas carreras, desde muy atrás.

El apoyo de los EE. UU. es indispensable para que Guatemala, pero también la región, puedan contener (combatir) a las poderosas organizaciones criminales del narcotráfico, trata de personas y trasiego de armas; solos, no podemos. La cosa se complica, aún más, cuando esas estructuras criminales son los “socios” de los gobiernos. El caso de Honduras está más que claro, pero en Guatemala se da un poco más de lo mismo. El oficialismo ha encontrado apoyo en actores vinculados con el crimen organizado, ante la propia debilidad e incapacidad.

Por supuesto que no se esperan pronunciamientos o señalamientos públicos, pero sí decidida operación; el administrador Cole debiese, a puerta cerrada, cuando menos, dejarle claro a las autoridades —de Arévalo, para abajo— que la connivencia con narcoadyacentes debe terminar. No solo por el bien de Guatemala, sino por el de EE. UU.

Honduras: entre la desconfianza y la manipulación

En medio de la convulsión que enfrenta Honduras tras las elecciones generales del 30 de noviembre, donde los resultados preliminares muestran a Nasry Asfura —candidato conservador, respaldado por Donald Trump— liderando y seguido de cerca por Salvador Nasralla. Rixi Moncada, del partido oficialista Libre, quedó en un lejano tercer lugar. Ante ello, el régimen socialista pretende sacar provecho; no están en la pena, sino en la pepena.

El contexto histórico se remonta al golpe de Estado de 2009 contra Manuel “Mel” Zelaya (esposo de la actual presidenta, Xiomara Castro), derrocado por proponer una consulta sobre reformas constitucionales, lo que desató protestas masivas y aislamiento internacional. Posteriormente, en 2017, Juan Orlando Hernández logró una reelección inconstitucional: la constitución hondureña prohibía la reelección presidencial, pero una controvertida sentencia de la Corte Suprema la habilitó, en medio de acusaciones de fraude electoral y manipulación de actas por el entonces Tribunal Supremo Electoral.  Estos eventos, marcados por violencia postelectoral y cuestionamientos de observadores como la OEA, consolidaron un patrón de desconfianza en las instituciones.

En 2025, el contexto electoral ha sido un poco más de lo mismo, con vaivenes en el Consejo Nacional Electoral (CNE). El proceso inició con divisiones internas: consejeros, como Cossette López, denunciaron intimidaciones y manipulaciones en informes, mientras Marlon Ochoa destacó irregularidades en la organización.  La votación del 30 de noviembre se vio empañada por retrasos en la instalación de mesas, exceso de llamadas en centros de verificación y escaneo de credenciales por militares sin autorización clara.   

El conteo se interrumpió por fallos técnicos, generando impaciencia y protestas. La presidenta Xiomara Castro declaró las elecciones “nulas” por supuesta injerencia estadounidense y fraude.  Trump intervino vía redes, alegando manipulación contra Asfura, exacerbando tensiones.

Diversos análisis externos revelan un sistema electoral vulnerable; algunos tanques de pensamiento advierten de riesgos por divisiones en el CNE, preocupaciones sobre neutralidad militar y alegatos de fraude preelectoral.  Sin embargo, observadores internacionales notan avances en transparencia, como acceso a actas para partidos y auditorías parciales.  La manipulación es posible —mediante alteración de actas o interferencia en el TREP (Transmisión de Resultados Preliminares)—, como acusa el oficialismo, pero hasta ahora, no hay evidencia creíble de fraude masivo que justifique nulidad, de acuerdo con el Departamento de Estado de EE. UU. y reportes preliminares.  El sistema, reformado en 2021 con el CNE tripartito, busca equilibrio, pero persisten brechas en capacitación y tecnología.

Para resolver esta disputa de manera legal y democrática, se debe respetar la Constitución y la Ley Electoral; el CNE debe completar el escrutinio especial de actas impugnadas, permitiendo revisiones y recuentos formales por parte de partidos.  Cualquier nulidad requiere causales probadas ante el CNE o el Tribunal de Justicia Electoral, no decretos ejecutivos.

Involucrar observadores internacionales para auditorías independientes garantizaría imparcialidad. Finalmente, una reforma constitucional para fortalecer la independencia del CNE y prohibir injerencias externas evitaría ciclos viciosos.

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Los grupos gremiales se han convertido en actores decisivos dentro de las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Sus actividades sociales y alianzas buscan captar simpatías y votos. Los eventos de los juristas se intensificaron en los últimos meses, por las elecciones de “segundo grado” previstas para 2026.

• El debate gira en torno a cuánto influyen esas prácticas en la decisión de los profesionales. Además, la nula fiscalización de los recursos destinados a los eventos.

Cómo funciona.  La competencia por los votos en el CANG se realiza en un intenso despliegue de actividades sociales y académicas. Esta táctica, repetida en cada ciclo electoral, no busca debatir propuestas, sino crear una relación de cercanía y de lealtad entre los miles de agremiados.

• Se organizan convivios, encuentros deportivos y fiestas en los departamentos. Contratan a grupos musicales populares, como Los Miseria Cumbia Band y Tormenta Band, para asegurar una alta concurrencia.

• Utilizan talleres, seminarios y conferencias como una fachada académica. Todo funciona como plataformas para realizar proselitismo y promocionar discretamente a sus planillas.

• El sistema carece de fiscalización. El Tribunal Electoral del CANG confirmó que no existe un reglamento para transparentar y auditar los gastos de campaña de las planillas. Y las agrupaciones argumentan que los eventos se financian con aportes internos.

En el radar. Las elecciones del CANG son clave para operadores políticos. Los actores que no buscan solo un cargo gremial utilizan las planillas como vehículos para extender su influencia sobre el sistema de justicia y los procesos de elección de segundo grado.

• Se forman alianzas de poder claras. Grupos como Avanza y Coalición Gremial se acercan a fiscales y a operadores como Gustavo Alejos. También a Walter Mazariegos, el polémico rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

• Actores tradicionales perpetúan su control. El exrector Estuardo Gálvez, procesado en el caso Comisiones Paralelas 2020, ha demostrado su arraigado poder gremial. Participa en el grupo Unidos por el Derecho y Plataforma de Profesionales.

• El objetivo final es el control de las comisiones de postulación. Entes que actúan como el filtro decisivo para nombrar a los futuros magistrados y al fiscal general del país.

Punto de fricción. La evidencia de las masivas campañas contrasta con las declaraciones oficiales que niegan su efectividad. Esta contradicción plantea una pregunta fundamental sobre la salud del gremio: ¿el voto de los abogados es consciente o las prácticas tradicionales de influencia determinan los resultados?

• La presidenta del CANG, Patricia Gámez, aseguró que los profesionales votan con conciencia. “El mito de la compra de voluntades ya se ha desvanecido”, afirmó.

• Nester Vásquez, magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), participa constantemente en las actividades de ASPA. Entre noviembre y diciembre visitó 19 departamentos.

• La persistencia de estas tácticas, combinada con la ausencia total de regulación y fiscalización, mantiene un modelo donde la capacidad de gasto y el clientelismo silencian el debate de propuestas. 

En conclusión. El activismo gremial dentro del CANG no es, por sí mismo, un riesgo. La organización de los abogados y su participación en procesos internos fortalece la vida democrática del gremio. Sin embargo, el problema aparece cuando ese espacio se convierte en un terreno fértil para operadores políticos.

• Ellos buscan ampliar su control sobre las comisiones de postulación y, por extensión, sobre el sistema de justicia.  

• La ausencia de reglas claras, la falta de fiscalización y el peso del clientelismo dejan en desventaja las propuestas serias. 

• También, garantizar que el voto de sus miembros responda a convicciones profesionales, no a estructuras de poder que ya han demostrado su capacidad de captura.