¡Buenos días!
En Guatemala existe una fórmula infalible para jugarle la vuelta a la ley: pedirles a los propios abogados que la reinterpreten. Eso hizo Walter Mazariegos el 1 de julio, cuando asumió —ilegítimamente— su segundo período como rector de la USAC pese a que enfrenta 17 denuncias penales y no cuenta con el finiquito que emite la Contraloría General de Cuentas (CGC), documento que le fue negado luego de que ese ente presentara tres denuncias contra los integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) que él mismo preside. Horas después de tomar posesión, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la USAC presentó un dictamen que concluyó que ese requisito no era exigible para el cargo de rector, invocando una supuesta primacía normativa —a tenor del artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial— por sobre la Ley de Probidad.
El problema no es solo jurídico. La maniobra llega tras una “elección” de abril cuestionada por la anulación de electores de oposición y la alteración del cuórum del órgano encargado de elegir al rector, y confirma que en la USAC el poder se fiscaliza a sí mismo: fue el mismo Consejo, leal al rector, el que le dio cobertura legal apenas asumió. Si el precedente cuaja, cualquier jerarca de una entidad autónoma podrá blindarse de rendir cuentas encargándole el argumento a su propio departamento legal.
Parece chiste de mal gusto, pero es Mazariegos, precisamente, quien pretende presidir la comisión de postulación para elegir contralor general. ¡Solo en Guatemala!
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Rafael P. Palomo
¿Es el fin de Petro el fin de la izquierda colombiana?
870 palabras | 8 minutos de lectura
El régimen de Petro termina; sin embargo, eso es tanto una bendición como un desafío para los conservadores, que ahora deberán cumplir sus promesas si quieren mantenerse en el poder.
En perspectiva. La victoria de Abelardo de la Espriella pareció cerrar uno de los capítulos más turbulentos de la política colombiana contemporánea. Tras cuatro años de decepción económica, deterioro de la seguridad —un marcado avance de las organizaciones narcoterroristas— y una confrontación constante entre los poderes del Estado, los colombianos votaron por sacar a la izquierda del poder. El conteo final terminó otorgándole a de la Espriella una ajustada victoria, confirmando lo que muchos analistas ya anticipaban: la coalición de Petro había alcanzado su techo electoral.
Las consecuencias posteriores no hicieron más que reforzar esa percepción. En lugar de reconocer su derrota, Petro cuestionó la legitimidad del proceso, se negó a reconocer plenamente al gobierno entrante y convirtió lo que normalmente habría sido una transición democrática rutinaria en un nuevo episodio de confrontación institucional.
La transición terminó por colapsar cuando ambas partes abandonaron cualquier mecanismo formal de coordinación.
Sin embargo, nada de esto significa necesariamente que Colombia haya entrado en una etapa prolongada de hegemonía conservadora.
Cómo funciona. El mapa electoral revela tanto la magnitud como los límites de la derrota de Petro. Nuestro análisis previo mostró que la votación municipal de Cepeda se correlacionó casi perfectamente con la coalición que llevó a Petro al poder en 2022. Cuatro años de gobierno no lograron expandir geográficamente a la izquierda. La misma costa Pacífica, Bogotá y los departamentos del sur permanecieron leales, mientras que las mismas regiones andinas y caribeñas volvieron, en su mayoría, a rechazar a la izquierda.
Ese estancamiento terminó siendo fatal, pero también demuestra que, aunque golpeada y debilitada, la izquierda colombiana no desapareció.
Casi 13M de colombianos siguieron votando por el candidato oficialista pese a cuatro años de debacle. Ese no es el perfil de una ideología colapsada, sino el de un movimiento político que alcanzó un límite electoral, pero que conserva una base social resiliente.
El oficialismo fracasó porque fue incapaz de convencer a nuevos votantes, pero la izquierda no perdió a todos los que ya tenía.
Entre líneas. El rechazo electoral a un gobierno en funciones suele interpretarse como un realineamiento ideológico. Sin embargo, con mucha mayor frecuencia refleja el desencanto con una administración específica. El ciclo electoral latinoamericano posterior a la pandemia ilustra claramente este fenómeno. Los ciudadanos, frustrados con las élites tradicionales, eligieron candidatos antisistema de prácticamente todo el espectro ideológico. Muchos de ellos han visto desplomarse rápidamente su popularidad porque gobernar resultó mucho más difícil que hacer campaña.
Colombia corre ahora el riesgo de repetir ese mismo ciclo, pero en sentido inverso. La derecha tiene la oportunidad de demostrar que Petro fue una excepción y no simplemente otro giro dentro de un péndulo político interminable.
Si de la Espriella logra reducir la inseguridad, restaurar la confianza económica y reconstruir la credibilidad institucional, la presidencia de Petro podría terminar siendo recordada como un experimento fallido que desacreditó de forma permanente a la izquierda colombiana.
Pero si fracasa, las condiciones políticas que llevaron a Petro al poder en 2022 permanecerán intactas y, dado que la experiencia de la izquierda en Colombia duró apenas un período, de la Espriella no contará con el margen de paciencia del que hoy disfruta un presidente como Javier Milei, quien gobierna después de décadas de administraciones socialistas; de la Espriella tendrá que mostrar resultados rápidamente.
Sí, pero. El propio Petro parece hoy políticamente más debilitado que en cualquier otro momento desde que llegó a la presidencia. Su negativa a reconocer el resultado electoral, el colapso del proceso de transición y una retórica cada vez más confrontativa han terminado por alejar a sectores moderados que alguna vez lo vieron como un agente de renovación democrática. Eso, empero, no significa necesariamente el fin del petrismo ni implica que la izquierda haya dejado de ser una fuerza política relevante en Colombia. La izquierda existe más allá de Petro.
Históricamente, la izquierda ha demostrado una gran capacidad de reinventarse. Los líderes desaparecen, las coaliciones se fracturan, pero siempre surgen nuevas figuras.
Si el gobierno entrante decepciona, un futuro candidato socialista casi con certeza hará campaña no tanto defendiendo a Petro, sino prometiendo corregir sus errores mientras capitaliza las mismas frustraciones que originalmente llevaron a la izquierda al poder.
Los ciclos electorales latinoamericanos responden cada vez más a la expresión del descontento ciudadano a través del voto que a cambios ideológicos profundos y duraderos.
En conclusión. Resulta tentador interpretar esta elección como el rechazo definitivo de Colombia a la izquierda. Sin embargo, la evidencia sugiere una realidad mucho más matizada. Los colombianos rechazaron el gobierno de Petro, sí, pero sigue siendo una incógnita si también rechazaron las condiciones políticas que hicieron posible su llegada al poder.
Esa diferencia determinará si la elección de 2026 representa el inicio de una nueva era política o simplemente un nuevo capítulo en el cada vez más cíclico péndulo electoral colombiano.
El verdadero desafío del nuevo gobierno colombiano, por tanto, no consiste únicamente en gobernar desde la derecha. Consiste en gobernar lo suficientemente bien como para que los colombianos nunca más sientan la necesidad de buscar a la izquierda.
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Luis González
Mazariegos se apresta para afianzar su poder
620 palabras | 4 minutos de lectura
El 15 de julio podría marcar un nuevo capítulo en la consolidación de poder de Walter Mazariegos.
Qué destacar. Ese día se elegirá al presidente de la Comisión de Postulación que deberá proponer la nómina de candidatos a Contralor General de Cuentas.
Diversas señales apuntan a que el rector “reelecto” de la Universidad de San Carlos buscará dirigir el proceso y convertirse en el actor principal de una de las decisiones más importantes del año. Mazariegos llega a esta cita cargando el peso de una ampliamente cuestionada elección dentro de la USAC, señalada por sectores académicos y estudiantiles como un proceso excluyente y carente de legitimidad.
Su continuidad también ha estado rodeada de controversia por la discusión sobre la ausencia de un “finiquito” vigente para asumir el cargo. A ello se suma que el Ministerio Público mantiene 17 denuncias en su contra, las cuales continúan bajo investigación. Pese a esos señalamientos, su influencia dentro de estructuras universitarias y espacios de elección parece mantenerse.
Si logra controlar la presidencia de la postuladora, tendrá una posición privilegiada para conducir el proceso que definirá la nómina de aspirantes al cargo de contralor. La decisión final corresponderá al Congreso, pero el 15 de julio podría quedar sellado un nuevo paso en la expansión del poder político de un personaje cuya gestión sigue acumulando cuestionamientos.
En el radar. Esta semana, del 15 al 17 de julio, una delegación de Fitch Ratings visitará Guatemala para evaluar la solidez de la economía, las finanzas públicas y los avances institucionales del país, en una revisión considerada clave para su futuro crediticio.
La misión cobra especial relevancia porque Guatemala se encuentra a solo un escalón de alcanzar el grado de inversión, luego de que Fitch elevara en 2025 la calificación soberana de BB a BB+.
Lograr esa categoría significaría una mayor confianza de los inversionistas internacionales, acceso a financiamiento más barato para el Estado y mejores condiciones para atraer capital extranjero y ejecutar proyectos de infraestructura.
Para el Gobierno de Bernardo Arévalo y las autoridades económicas, la visita representa una oportunidad para demostrar estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y avances en transparencia y gobernanza. Una evaluación favorable fortalecería la imagen internacional del país y sería uno de los principales logros políticos del gobierno.
Lo que sigue. El Ministerio de Finanzas Públicas sigue afinando la propuesta del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027, un año marcado por la antesala de las elecciones generales.
Se proyecta un techo presupuestario de GTQ 181 563.2M, superior a los GTQ 168 767.3M que conforman el presupuesto vigente.
El proyecto deberá ser presentado al Congreso a más tardar el 2 de septiembre y prevé más recursos para infraestructura, seguridad, salud y educación, según el gobierno.
En las próximas semanas, Finanzas continuará con la revisión de ingresos, gasto y fuentes de financiamiento para construir una propuesta que enfrentará el debate político en un año electoral.
Ecos regionales. La preocupación crece en el sector industrial de Costa Rica por el pacto suscrito entre el PLN, el Frente Amplio, Agenda Ciudadana y organizaciones sociales.
Considera que esa agenda prioriza el fortalecimiento del Estado y el gasto social mientras deja en segundo plano temas urgentes para la producción, la inversión y la generación de empleo.
Con la celebración de las elecciones primarias de Nuevas Ideas del 12 de julio, Nayib Bukele se encamina a ser proclamado como candidato presidencial para los comicios de 2027, y se abre la puerta a un tercer período consecutivo al frente de El Salvador.
En Panamá aumenta la preocupación por las denuncias de atrasos en los pagos a médicos y la escasez de insumos y medicamentos en hospitales públicos, lo que amenaza la continuidad y calidad de la atención a los pacientes.
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