El “B410” de Semilla

 

¡Buenos días! 

Una serie de entidades con contratos millonarios con el Estado, un diputado oficialista, su hermano subcontralor y un ministro habilitador: la estructura perfecta para depredar el presupuesto del Estado. Ese es, en síntesis, el resultado de una investigación realizada por República.

Lo que empezó como un caso aislado, donde una entidad de reciente creación ganó una licitación con el precio más alto —presumiblemente sobrevalorado— para suministrar equipo biométrico a Empornac, terminó con el descubrimiento de un entramado de empresas y actores que han obtenido, durante el gobierno de Bernardo Arévalo, cientos de millones de quetzales.

No hubiera sido posible sin la actuación del Ministro de Finanzas, Jonathan Menkos y su director general de RGAE, José Mozón, quienes al nomás llegar a los cargos, les aumentaron exponencialmente los límites de contratación registrados.

Hoy, el boletín de República política les brinda un resumen de la investigación; en este link podrán ver el exposé. Les recomendamos que lo vean y los instamos a difundirlo.

La corrupción continúa, en el gobierno de Semilla.

 
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República Intelligence
La casa de chocobananos: la B410 del gobierno de Semilla
1289 palabras | 7 minutos de lectura

Un modesto inmueble ubicado en la 4.ª calle 8-26 de la zona 2 capitalina funciona como venta de chocobananos, chocomelones y chocopapayas, pero también alberga —al menos— a nueve sociedades que han recibido contratos públicos por más de GTQ 140M de quetzales.

En el Registro Mercantil y Guatecompras, aparece como sede de empresas que obtienen contratos de obras públicas, tecnología y suministros para distintas instituciones del Estado. Los documentos revisados por República confirman que las sociedades comparten dirección, notario y representantes legales.

En varios casos, los mismos individuos ocupan cargos distintos entre empresas. En unas figuran como representantes legales y en otras como contadores o auditores.

Los nombres detrás de las sociedades

En los registros oficiales destacan tres figuras principales. Se trata de Elver Leonel Rottmann Sontay, contador público y auditor. Él aparece como representante legal en al menos tres sociedades: J&E Construcciones S. A., Pharma Rehobot J&E S. A. y Negocios y Conferencias J&E S. A. Además, dirige la firma Corporación Rottmann, ubicada en la misma dirección, dedicada a servicios contables y de auditoría.

El notario Luis Enrique Catalán Samayoa constituyó la mayoría de las sociedades entre febrero y junio de 2023. Entre ellas figuran Golden Gate S. A., Constructora Restauración S. A., Desarrolladora de Proyectos Adonia S. A., Pharma Rehobot J&E S. A. y J&E Construcciones S. A. La repetición de su firma en los documentos sugiere la creación planificada de sociedades bajo un mismo esquema.

Por su parte, Neftalí Isaías Castañón González actúa como representante de De la Peña S. A. y Construcciones de Altura S. A. También figura como contador en otras empresas del grupo. A pesar de compartir apellidos con el diputado Manfredo Duvalier Castañón González —electo por el Movimiento Semilla (MS)— y con Elfego Odair Castañón González, subcontralor administrativo de la Contraloría General de Cuentas (CGC), no son hermanos. Los últimos dos, sí.

Aun así, los tres nacieron en San Marcos y llevan idénticos apellidos paterno y materno. No puede descartarse la existencia de algún otro parentesco entre ellos.

Domicilios, notarios y capitales autorizados

Las sociedades inscritas en esa dirección presentan características similares. Todas tienen capital autorizado cercano a los GTQ 500 000, pero solo declaran GTQ 2000 pagados. Los estatutos que tienen les permiten ampliar facultades a los administradores únicos.

La información del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) muestra que la mayoría fueron precalificadas para ejecutar obras públicas pocos meses después de su creación. Este proceso autoriza el monto máximo que cada empresa puede contratar con el Estado.

Por ejemplo, Golden Gate S. A., constituida en febrero de 2023, fue precalificada en mayo del mismo año para contratos de hasta GTQ 5.8M; J&E Construcciones S. A., inscrita en marzo de 2023, recibió un registro de GTQ 1.3M; De la Peña S. A., que trasladó su domicilio a la misma dirección en 2022, obtuvo contratos que superan los GTQ 38M entre 2020 y 2025.

Los contratos y los montos

Varias de esas empresas tienen contratos con los ministerios de Desarrollo Social (Mides), Gobernación, Comunicaciones; además, con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac). En conjunto, las sociedades suman adjudicaciones por más de GTQ 140M solo durante el gobierno de Bernardo Arévalo.

Instalaciones Portuarias de Guatemala S. A. (IPG), creada en junio de 2023, es la que más contratos concentra. En 2025, obtuvo GTQ 84.8M en adjudicaciones. Incluye un contrato de GTQ 45.3M con Empornac para instalar un sistema biométrico y una red de fibra óptica. La empresa compitió contra tres oferentes con propuestas más bajas, pero fue seleccionada.

Esta sociedad cambió de domicilio fiscal, apenas la semana pasada. Pasó de la zona 2 a la zona 10. La nueva ubicación está en la 19 calle 15-30. La modificación la realizaron el pasado 29 de octubre. Lo hizo luego de la publicación de una serie de entregas de nuestra investigación.

De la Peña S. A., por su parte, registra GTQ 38.8M en contratos desde 2020. La mayoría fueron adjudicados en 2023 y 2024 por los ministerios de Gobernación, Defensa y Comunicaciones. Golden Gate S. A. ha recibido contratos por GTQ 897 000 entre 2023 y 2024, mientras J&E Construcciones S. A. suma GTQ 879 000 en el mismo periodo.

Otras sociedades, como Corporación ACCA S. A., Constructora Restauración S. A. y Desarrolladora de Proyectos Adonia S. A., no tienen adjudicaciones recientes. Aunque están inscritas y precalificadas para obras públicas. 

Un caso emblemático en los puertos 

El concurso en Guatecompras de Empornac —NOG 26300028— es un ejemplo del patrón detectado. En ese evento se licitó un sistema de control biométrico; fue adjudicado a IPG por GTQ 45.3M. En la licitación participaron cuatro empresas. La oferta ganadora fue la de Instalaciones Portuarias de Guatemala S. A., pese a ser la más alta.

Los competidores como E. Corp S. A. y El Grupo Motley S. A. presentaron ofertas de GTQ 37.9M y GTQ 38.9M. La junta de licitación descalificó a varios oferentes por “razones formales” y no publicó la matriz de evaluación en Guatecompras.

Después de varias publicaciones de República que señalaron inconsistencias, la junta directiva de Empornac improbó la adjudicación. El único voto en contra de esa decisión fue el del presidente de la portuaria, José de la Peña. 

Aumentos atípicos en capacidad de contratación

Los registros del RGAE muestran que varias empresas de “casa de chocobananos” aumentaron sus techos de contratación en 2024. En el caso de De la Peña S. A., el límite —increíblemente— pasó de GTQ 44M a GTQ 174M. Estos incrementos se dan durante el gobierno del MS, en la gestión de Jonathan Menkos Zeissig como ministro de Finanzas y José Monzón como registrador general de Adquisiciones del Estado. 

El sistema establece que los topes deben basarse en la capacidad económica y técnica de las empresas. Sin embargo, las sociedades domiciliadas en el humilde inmueble de la zona 2 no presentan respaldo financiero que justifique los aumentos.

Neftalí Castañón, en lo individual, también duplicó su techo de contratación personal, que pasó de GTQ 6M a GTQ 12M en 2024. Entre ese año y 2025, acumuló más de GTQ 10M en contratos, principalmente con el Mides.

En un evento —NOG 25334255— de esa cartera por GTQ 7.09M, para la adquisición de un tanque flexible, participaron dos oferentes con el mismo domicilio fiscal. Uno de ellos fue Castañón —en lo individual—, y el otro, Aliferr, registrada también en la 4.ª calle 8-26. 

Un esquema de oficina compartida 

El inmueble funciona como domicilio fiscal de las empresas. En la misma dirección opera Corporación Rottmann, que ofrece servicios contables y administrativos. El patrón observado sugiere una modalidad de oficina compartida o “domiciliación” de sociedades. Es decir, un mismo despacho maneja la documentación, representación y contabilidad de varias empresas.

Desde la “casa de los chocobananos” trabajan al menos cuatro contadores distintos. Se trata de Marvin Alexander Herrera Dubón, Wilder Odilio Herrera Dubón, Neftalí Isaías Castañón González y Bryan Mateo Yoc Canel, quien además representa a Golden Gate, S.A. 

La estructura permite crear y administrar empresas de manera rápida, con mínima actividad económica y participación en licitaciones del Estado. En varios casos, los registros financieros de las sociedades son recientes y no muestran historial de haber recibido contratos públicos.

 Entramado “estilo B410” 

El patrón descubierto por nuestra investigación devela una estructura como la que, meses atrás, denunciara la SAT; así como aquella, esta se vale de una red de entidades y contactos clave en el sector público para conseguir millonarios contratos y proveer productos y servicios a todas luces sobrevalorados.

Llama la atención, eso así, la temporalidad; muchas de las entidades fueron creadas inmediatamente después de que el MS. Además, sus RGAE fueron aumentados exponencialmente —duplicado, el de Neftalí Isaías Castañón González, a título personal— justo con la llegada de Menkos y Monzón. Otro elemento que suma a la trama es el nombramiento del hermano del diputado electo por MS como subcontralor.

Ahora, corresponde a las autoridades investigar si, como la infame “B410”, esta estructura, además de beneficiarse de contrataciones públicas, evade impuestos.

*Todos los mencionados en el reportaje fueron contactados por República para obtener su versión de los hechos; ninguno accedió.

Vea todo el video aquí

 
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Ana González
CC rompe el descanso del Congreso: hoy deben elegir al primer secretario
442 palabras | 2 minutos de lectura

Los diputados debieron interrumpir su descanso del fin de semana largo para acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que ordenó retomar la sesión plenaria suspendida el 28 de octubre. El objetivo es continuar la moción privilegiada presentada por Sergio Celis, subjefe de la bancada CABAL, para elegir al primer secretario de la Junta Directiva, puesto que permanece vacante desde la separación de Karina Paz. La legisladora dejó el cargo al convertirse en diputada independiente tras su expulsión de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).

La convocatoria está programada para hoy a las 14 horas. Se espera que la oposición habilite la elección de Alexandra Ajcip, de la bancada Elefante, para ocupar dicha secretaría. El cargo tiene relevancia dentro del Legislativo, ya que supervisa la lectura de las iniciativas y determina los tiempos de las votaciones.

El oficialismo y sus aliados rompieron el cuórum en la Junta Directiva con la intención de ganar tiempo para renegociar apoyos, ya que no se esperaba convocar al pleno durante esta semana de asueto decretado por el Ejecutivo. Sin embargo, la CC frustró esa estrategia al otorgar el amparo a los diputados Ajcip, Ronald Portillo y Marvin Alvarado, del partido Vamos.

La primera secretaría permanece vacante desde marzo. Aunque el asunto ha figurado varias veces en agenda, la elección se ha pospuesto. En su momento sonaron los nombres de Sonia Gutiérrez y Luis Contreras, mientras que algunos legisladores aseguraron que Vamos buscaba colocar a su diputado Héctor Aldana.

Todo apunta a que Ajcip cuenta con el respaldo mayoritario. La congresista ocupa una curul por segunda ocasión; en la legislatura anterior fue electa por Visión con Valores (VIVA), partido que la expulsó tras conocerse sus reuniones con Gustavo Alejos durante el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En 2020, cuando salieron a luz esos encuentros, Ajcip restó importancia a los señalamientos y explicó que se trató de una reunión entre amigos, asegurando haber sido víctima de un “linchamiento político”. Durante el proceso electoral de 2023 se incorporó al partido Elefante, con el que consiguió su reelección.

En cuenta regresiva 

Los diputados están a pocas semanas de concluir el segundo periodo ordinario de sesiones. El 30 de noviembre no solo marcará el cierre del periodo legislativo, sino también el último día que tienen para aprobar el presupuesto para 2026.

Hasta ahora, la Comisión de Finanzas, presidida por el diputado de Cabal Julio Héctor Estrada, únicamente ha presentado el dictamen correspondiente al presupuesto del Organismo Legislativo, en el cual se garantiza la asignación de recursos necesarios para mantener el aumento salarial aprobado por los propios diputados, pese a las críticas ciudadanas.

 
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