El bloque “pro-Trump” latinoamericano crece

¡Buenos días!

Las vecindades tienen ventajas, pero también sus bemoles; en Latinoamérica es más que patente con EE. UU. Comportándose, a veces, como hermano grande, otras como compañero de aventuras, pero también —en ocasiones— como padrastro, la potencia mundial es una fuerza de la naturaleza en la región. Su voluntad se cumple muy al estilo del lema del escudo de armas de Chile: por la razón o por la fuerza.

Cierto es, también, que en política parece haber épocas o tendencias, aunque los politólogos —dentro de las “huérfanas” ciencias afines— digan que los cambios en los gobiernos obedecen a otras razones; el hecho es que, hoy, Latinoamérica está, cada vez más, alineada a los intereses actuales estadounidenses, con Trump como líder máximo.

Las formas pueden, en ocasiones, ser poco —o nada— diplomáticas, pero no es nada que gobiernos tanto demócratas como republicanos han buscado y logrado de sus “socios” en la región.

Con la victoria de Laura Fernández en Costa Rica, se consolida el bloque de mandatarios “pro-Trump” y se esfuman los antagonistas. El Gobierno de Bernardo Arévalo no es de los primeros, ¡para nada! Circula por las redes, todavía, el video de Arévalo en campaña decantándose por el entonces candidato demócrata, respondiendo quién prefería que ganara: “¡Ah, Biden!”, dijo.

Arévalo no es “pro-Trump”, pero acata las órdenes en inglés; Delcy Rodríguez tampoco es “pro-Trump”, pero… bueno, ya sabemos.  

Las elecciones en Costa Rica no admitieron sorpresa, proclamando la victoria del chavismo costarricense por segunda elección consecutiva.

En perspectiva. La oficialista Laura Fernández se impuso en las elecciones presidenciales —con alrededor de un 48 % de los votos en primera vuelta— y aseguró la continuidad del proyecto político iniciado por Rodrigo Chaves, confirmando que su línea no fue un episodio transitorio, sino un reordenamiento más profundo del sistema político del país. El desenlace, anticipado por las encuestas pero no por el clima en las calles, marca un punto de inflexión en una democracia históricamente definida por su institucionalismo y su rechazo al liderazgo personalista.

• La victoria de Fernández no puede entenderse como un fenómeno aislado ni como el resultado exclusivo de su candidatura.

• Su perfil técnico y su paso por el actual gabinete fueron importantes, pero insuficientes por sí solos para explicar un triunfo de esta magnitud.

• El verdadero motor electoral fue Rodrigo Chaves. Con una aprobación cercana al 60 % al cierre de su mandato, el presidente logró transferirle legitimidad política a su delfín, algo poco común en la historia electoral de la región.

Entre líneas. Chaves capitalizó un contexto marcado por el deterioro acelerado de la seguridad, el avance del crimen organizado y la percepción extendida de que el modelo institucional tradicional era incapaz de responder con rapidez y contundencia. Su estilo confrontativo, su discurso contra los contrapesos y su apuesta por una agenda de orden le permitieron presentarse como un líder eficaz en un momento de ansiedad colectiva. Fernández heredó ese capital político, más que construir uno propio. La elección del pasado domingo fue, realmente, un plebiscito sobre el rumbo del gobierno saliente.

• El resultado confirma, además, que una parte significativa del electorado priorizó la continuidad y la previsibilidad frente a la incertidumbre de un cambio de rumbo.

• La oposición, fragmentada y sin una narrativa clara frente al problema de la inseguridad, nunca logró ofrecer una alternativa creíble que compitiera con la realidad palpable de eficacia que ofreció el oficialismo.

• En ese vacío, la figura de Chaves terminó siendo el principal referente, incluso sin aparecer en la boleta.

Por qué importa. La victoria de Fernández consolida a Costa Rica dentro de un bloque cada vez más amplio de gobiernos alineados con Washington en materia de seguridad, cooperación y política exterior. En un momento en el que EE. UU ha redefinido sus prioridades bajo una lógica de realpolitik, el mapa latinoamericano comienza a mostrar una mayor concentración de aliados funcionales a sus intereses estratégicos.

• Costa Rica, históricamente vista como un socio confiable pero institucionalmente rígido, pasa ahora a ocupar un rol más pragmático.

• La continuidad del proyecto chavista garantiza a Washington un interlocutor predecible en un país clave para el tránsito del narcotráfico, la cooperación policial y el manejo de flujos migratorios.
  

• No es casual que el discurso de seguridad haya pesado más que cualquier otra variable en esta elección, ni que las señales de complicidad hacia EE. UU. hayan sido consistentes durante la campaña.

Ecos regionales. El triunfo oficialista también refuerza una tendencia regional más amplia. Desde Centroamérica hasta Sudamérica, los gobiernos que prometen orden, control territorial y cooperación estrecha con Washington están ganando terreno frente a proyectos ideológicos o retóricas más confrontativas hacia el liderazgo de Trump.

• El eje de la política regional se desplaza hacia la seguridad como criterio central de legitimidad y Costa Rica, pese a su tradición institucional, no ha sido inmune a esa dinámica.

• Javier Milei, Daniel Noboa, Nayib Bukele, Nasfry Asfura, José Mulino, Rodrigo Paz, José Jerí, José Antonio Kast y ahora Laura Fernández son algunos de los nombres que se suman a la lista de jefes de Estado aliados de Trump en el continente.

• Nunca, antes, hubo una relación tan clara entre alineamiento con un presidente estadounidense y respaldo nacional como con la segunda presidencia de Trump.

En conclusión. A pesar del cambio de tendencia, el sistema costarricense conserva contrapesos, una prensa libre y un marco constitucional robusto. Sin embargo, el resultado electoral confirma un cambio en el centro de gravedad del modelo democrático de las instituciones robustas a los “hombres fuertes”.

• En cualquier caso, la elección ya envió un mensaje claro; en el nuevo clima político latinoamericano, la alineación con EE. UU. y la promesa de seguridad pesan más que la nostalgia por las formas del pasado.

El Congreso discute una nueva ley antilavado para alinearse con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La iniciativa 6593 promete modernizar un marco legal obsoleto. Sin embargo, podría aumentar la discrecionalidad de algunas instituciones, además de que diversas normas se alcanzarían solo por cumplimiento formal y no sustancial. 

Por qué importa. La iniciativa 6593 surge ante el riesgo de que Guatemala ingrese a la “lista gris” del GAFI en la evaluación prevista para 2027. El marco vigente se basa en decretos de 2001 y 2005, diseñados para tipologías criminales hoy superadas. Entre los retos a vencer —regular— está el uso de la tecnología para facilitar el lavado del dinero. 

• La Comisión de Economía del Congreso avanza en el dictamen de la iniciativa. Según se prevé, actualiza modalidades como criptomonedas.

• El sector financiero advierte impactos severos si el país queda bajo mayor vigilancia internacional: pérdida de corresponsalías y encarecimiento del comercio exterior.

• El proyecto adopta un enfoque basado en riesgo. Este permite asignar recursos según actividad, cliente y producto financiero, en lugar de aplicar controles uniformes. 

Datos clave. El texto consolida 126 artículos en una sola ley e introduce cambios en el Código Penal, de Comercio y de Notariado. También amplía el universo de personas obligadas y exige identificar al beneficiario final de estructuras jurídicas. Deja fuera a la economía informal y tampoco prohíbe el uso del efectivo. 

• Incluye como sujetos obligados a proveedores de activos virtuales, abogados, notarios, contadores y contratistas del Estado, además del sistema financiero tradicional.

• Obliga a reportar operaciones sospechosas y transacciones en efectivo superiores a USD 10 000, con la conservación de documentos por al menos cinco años.

• La iniciativa cumple técnicamente en transparencia y decomiso de activos, aunque elimina umbrales para definir beneficiario final. Esto excede estándares mínimos. 

Punto de fricción. La discusión técnica de la iniciativa 6593 se cruza con presiones políticas y externas para aprobarla con rapidez. Mientras sectores financieros y autoridades estadounidenses insisten en su urgencia, surgen dudas sobre si el texto equilibra adecuadamente la prevención del delito con límites claros a la discrecionalidad del Estado y garantías jurídicas. 

• Los representantes bancarios sostienen que la ley “no es política”, sino preventiva. Alertan sobre cambios adicionales que desnaturalizarían su objetivo antilavado.

• Expertos señalan riesgos de exceso regulatorio: ampliación indiscriminada de sujetos obligados y facultades amplias de supervisión sin contrapesos claros.

• El congelamiento preventivo inmediato por listas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cumple con GAFI, pero carece de control judicial previo. Plantea posibles violaciones al debido proceso.

En conclusión. La iniciativa 6593 representa la actualización más profunda del régimen antilavado en dos décadas; busca blindar al país frente a sanciones internacionales. Su éxito dependerá de lograr equilibrio entre control estatal y libertades económicas. 

• Si se aprueba de forma técnica y responsable, Guatemala alineará su marco legal con GAFI. Reducirá riesgos reputacionales que afectan inversión y comercio.

• Si se excede en intrusión o discrecionalidad, podría generar inseguridad jurídica y resistencia de sectores productivos y profesionales; dichos cambios —nocivos— son promovidos desde el Ejecutivo.

• El reto político es evitar debates desinformados que retrasen la aprobación y expongan al país a un escenario de mayor vigilancia internacional.

El Congreso de la República incluyó entre los primeros puntos de la agenda legislativa la juramentación de los integrantes de la Comisión de Postulación (CP), que tendrá a su cargo la conformación de la nómina de seis aspirantes al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP); el presidente de la República deberá elegir al próximo titular de ese listado.

Este punto fue incorporado en la sesión plenaria convocada para este martes a las 14:00 horas. El proceso cobra especial relevancia debido a que el nuevo fiscal general deberá tomar posesión el próximo 17 de mayo, para ejercer un período constitucional de cuatro años al frente del MP.

La CP estará integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la presidirá; el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio; así como los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país. Este órgano será el responsable de evaluar a los aspirantes y seleccionar a los candidatos que integrarán la nómina final.

Además de la juramentación de la comisión, los diputados acordaron avanzar en otros temas de su interés. Entre estos figuran los primeros debates de la ley de cine, la iniciativa de reforma a la Ley de Institutos de Educación por Cooperativa y la ley de modernización institucional para el desarrollo del turismo guatemalteco.

En la agenda también se contempla continuar con el segundo debate de varias iniciativas, entre ellas, la ley orgánica de la Procuraduría General de la Nación y la ley de espectáculos públicos. Asimismo, algunas propuestas se encuentran en su fase final de aprobación, como la ley de lactancia materna, la ley de arrendamiento comercial y la ley de fortalecimiento del sistema de lectoescritura braille, consideradas de impacto social y económico.

Para la jornada del jueves, el pleno únicamente tiene previsto continuar con la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto. Dicho proceso fue promovido por la diputada Lourdes de León, hija de Sandra Torres, y se ha prolongado durante varias sesiones.

Dictámenes por separado 

En cuanto a la ley del sistema portuario, la Comisión de Comunicaciones, presidida por la diputada Sandra Jovel, presentó un dictamen que integra dos iniciativas: una impulsada por el Organismo Ejecutivo y otra propuesta por la propia Jovel.

Por su parte, la Comisión de Economía, presidida por el diputado Faver Salazar, continúa afinando los detalles de su dictamen. Sin embargo, al no lograrse consenso en aspectos clave, como la integración del directorio portuario, cada comisión presentará su propio dictamen, por lo que será el pleno del Congreso el encargado de tomar la decisión final.

Se prevé, también, que la Comisión de Economía firme el dictamen de la ley contra el lavado de dinero, antes de que se lleve a cabo una nueva redistribución de las comisiones de trabajo legislativo.