El camino correcto: Ley de Infraestructura Vial Prioritaria

¡Buenos días! 

Todo gobierno quiere cosechar logros. Sin embargo, pretender sacar el pecho por hitos o éxitos que no le corresponden los deja como charlatanes. Pasa siempre, pero se esperaba que esta administración fuese distinta. No lo es. 

El presidente Bernardo Arévalo se ufanó de la concesión de una importante inversión, que se decidió, planificó y empezó a desarrollarse muchos años antes de que —siquiera— fuese a ser candidato.  

Los proyectos tardan en desarrollarse, eso es entendible, como lo es que —debido al corto período presidencial— se empiecen en un período y terminen en otro. Lo que resulta un embuste es querer atribuirse algo que no corresponde, como que tal o cual inversión se da por la confianza en un gobierno que no existía entonces.  

La impresión generalizada es que este Gobierno se la ha pasado haciendo paripé. Ante ello, quiere colgarse medallas que no le corresponde. Eso es engañar, de la forma más artera. 

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Contenido en este boletín

Editorial: El Congreso da un paso en la vía correcta

Entrevista con Julio Luna, director general de Minería del MEM

Empresas vinculadas con el caso B410 siguen lucrando durante el gobierno de Arévalo

Nery Ramos a un paso de asegurar su reelección como presidente del Congreso

El Congreso da un paso en la vía correcta

Dando un paso inusitado en pro del desarrollo del país, esta semana, el Congreso conoció en tercer debate la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria —iniciativa 5431— luego de un largo camino, que inició en el 2018. Desde entonces, la propuesta inicial sufrió varios cambios; su retorno a Comisión para un nuevo dictamen en 2024 evidencia las dificultades políticas y sociales que enfrenta cualquier reforma de envergadura en Guatemala. Falta que se apruebe en redacción final y por artículos —en donde se espera que sufra cambios adicionales—. Como dice el dicho: más vale tarde que nunca. 

Entre las modificaciones que ha sufrido desde su génesis, está la creación de un ente desconcentrado, no autónomo, —con cierta autonomía operativa y presupuestaria—. También cambia la fuente de financiamiento que, originalmente, desaparecía unidades ejecutoras. Los recursos provenientes del IDP, que van a COVIAL, quedan como están, por lo que se busca una nueva fuente presupuestaria. 

Guatemala —posición 96 en el ranquin de competitividad global, según el Foro Económico Mundial—, refleja una necesidad imperiosa de reforma y modernización, como la de la iniciativa referida. Esta ley, que ha sido controversial desde su presentación, busca transformar el modelo de desarrollo vial del país, enfrentándose a múltiples desafíos y resistencias. La ley surge como una respuesta a la necesidad de incrementar la inversión y ejecución del Estado en infraestructura, introduciendo mecanismos innovadores de financiamiento y supervisión; ha sido defendida por su potencial para modernizar la red de carreteras, mejorando la conectividad y, por ende, la vida económica y social de comunidades alejadas; si bien ahora ya no se enfocará en toda la red vial, sino solamente en determinadas vías estratégicas. 

Desde una perspectiva histórica, el gobierno de Jorge Ubico en el siglo XX es recordado por su enfoque autoritario, pero también por avances en infraestructura, aunque a costa de significativas concesiones. El otro cambio de paradigma se da a partir de 1996, cuando el gobierno de Álvaro Arzú dinamizó la construcción de carreteras, algo que es patente hasta ahora, habida cuenta del poco o nulo mantenimiento que le han dado las subsiguientes administraciones. Estos antecedentes son relevantes, porque evidencian una tendencia en la política guatemalteca hacia la centralización —en el primer caso— y a la falta de seguimiento de buenas políticas. La discusión en torno a la iniciativa ilustra la continua lucha entre diferentes visiones de desarrollo: una que apuesta por la apertura y modernización y otra que prefiere un control estatal más cerrado.  

Ahora que está nuevamente en boga la tesis de Acemoglu y Robinson sobre la importancia de las instituciones inclusivas con base en incentivos, es de resaltar que la propuesta nace en el seno del sector privado que, por carecer de iniciativa de ley, es acogida por algunos diputados —la mayoría de los ponentes ya fuera del Congreso— que han tenido la tenacidad de ver este proyecto llegar a ser aprobado. 

La institucionalidad estatal debe ser fortalecida donde es viable, pero reestructurada donde es necesario. Y ¡vaya si la institucionalidad guatemalteca no necesita ser modernizada! La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria es un claro ejemplo de ello.

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Entrevista con Julio Luna, director general de Minería del MEM

La empresa Mayaniquel anunció su intención de iniciar un proceso de arbitraje por más de USD 100M contra el Estado de Guatemala. La razón es la negativa recurrente de impedir el reinicio de sus operaciones en Panzós, Alta Verapaz, afectando, además, la fuente de ingresos de más de 1,500 familias. Julio Luna, director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas, comenta el porqué de los retrasos, qué está haciendo el gobierno para evitar el litigio internacional, la posible injerencia internacional en este tema, y la moratoria de hecho que ha llevado a paralizar la minería metálica en el país.

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Luis González
Empresas vinculadas con el caso B410 siguen lucrando durante el gobierno de Arévalo
675 palabras | 3 mins de lectura

El “caso B410” es uno de los más grandes de defraudación tributaria en el país; las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) estiman una facturación "sin sustancia económica" equivalente a GTQ 517M distribuida en una red compuesta por 410 empresas.  

  • En el corazón de esta estructura de defraudación se encuentra el abogado Francisco David Barrera Maldonado, quien figura como el representante legal de las entidades involucradas.

  • La actividad de estas empresas era tal, que al menos 16 de las señaladas se posicionaban como algunos de los mayores proveedores del Estado.

  • De acuerdo con la SAT –debido a la presentación de amparos, protección de los tribunales y retrasos en la investigación del Ministerio Público– hasta el momento, no se han girado órdenes de captura u otras acciones penales. Esto ha permitido que algunas compañías de la estructura continúen como proveedores del Estado.

Cómo funciona. Según el portal de GUATECOMPRAS, el abogado Barrera Maldonado está registrado como representante legal de 320 empresas, de las cuales, 19 han recibido adjudicaciones. 

  • El valor total recibido por estas es de GTQ 89M y sigue aumentando, ya que, incluso después de la denuncia, continúan proveyendo servicios a diferentes entidades gubernamentales.

  • Un elemento que comparten estas empresas es que la mayor parte de los bienes y servicios vendidos al Estado se ha realizado por medio de la modalidad de compra directa o compra de baja cuantía, lo que sugiere una estrategia de fraccionamiento, con el fin de evadir los mecanismos de fiscalización del gasto.

  • Asimismo, algunas de estas empresas se posicionan como las favoritas de determinadas entidades estatales, dado que únicamente proveen bienes y servicios para estas instituciones.  

Qué destacar. Entre las empresas representadas por Barrera, Grupo Basado, S.A., es la que más factura. Únicamente en dos años registra un ingreso por más de GTQ 78M en adjudicaciones, GTQ 43M en 2023 y GTQ 34M en 2024.  

  • Todas esas compras han sido del Ministerio de Gobernación (MINGOB) en el reglón de alimentos, de acuerdo con GUATECOMPRAS.

  • Adicionalmente, la representación legal de esta empresa y otra más: Puertos Libres de Guatemala, S.A., la comparte con Eden Armando Hernández Pérez, quien también figura como representante legal de la empresa Publicidad Aliada, S.A.

  • Los registros indican que Publicidad Aliada fue constituida el 17 de enero de 2024, dos días después de la toma de posesión del gobierno del presidente Bernardo Arévalo; únicamente ha recibido una adjudicación por GTQ 84 000 por un servicio de publicidad para el MINGOB. Cabe destacar que esta oferta era la más cara de las cuatro que se presentaron al concurso.  

Visto y no visto. Otra entidad que se vincula con Barrera y que continúa lucrando pese al caso de defraudación, es Ubick, S.A., que aparece como una de las “elegidas” del Crédito Hipotecario Nacional (CHN).  

  • En cuatro adjudicaciones estatales, la empresa ha recibido GTQ 201 000, dos en el 2023 y dos en el 2024. Llama la atención que todos estos procesos se hicieron siguiendo la subasta electrónica inversa, el cual es un proceso que únicamente se emplea de manera excepcional.

  • Asimismo, la empresa Corporación I.T.C., S.A., que ha acumulado GTQ 7M desde que empezó a vender al Estado en 2009, sigue facturando en 2024 por la provisión de servicios al INAB. La mayor parte se concentran en los años 2013, 2014 y 2015.  

El balance. Es cuestionable que personas que han sido señaladas de liderar una de las estructuras más grandes de defraudación, continúen lucrando mediante la provisión de servicios al Estado.  

  • Según las últimas declaraciones del Superintendente, Marco Livio Díaz, esta investigación continuará, al menos, por un año más. No obstante, es necesario que se tomen las acciones urgentes para evitar que estas empresas sigan lucrando a costa de los recursos estatales.

  • De lo contrario, el propio gobierno seguiría alimentando la actividad ilícita –cómplice– de la estructura y sus representantes legales.

  • Cabe destacar que los registros descritos en esta nota periodística solo incluyen contrataciones con el Estado, registrados por GUATECOMPRAS. No están a la vista los negocios que las 410 empresas realizan en sus operaciones privadas. 

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Ana González
Nery Ramos a un paso de asegurar su reelección como presidente del Congreso
562 palabras | 2 mins de lectura

Todo indica que el diputado, Nery Ramos, tiene el camino despejado para lograr su reelección como presidente del Congreso para el período 2025-2026, ya que está cerca de alcanzar los 81 votos necesarios.

  • Varios diputados coinciden en que el exdirector de la Policía Nacional Civil tiene el respaldo para continuar en el cargo.  

Panorama general. La elección de Junta Directiva podría llevarse a cabo el martes 21 de octubre, pero todo dependerá de que se incluya en la agenda que se discutirá hoy durante la reunión de jefes de bloque convocada a las 9 de la mañana.

  • Aunque las autoridades toman posesión el 14 de enero, la elección puede hacerse desde el 15 de octubre, ya que así lo establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

  • “Cada año, al iniciar el período anual de sesiones, o dentro de los noventa días anteriores a la sesión convocada para el efecto, el Congreso de la República elegirá a su Junta Directiva, la cual constituye la Comisión de Régimen Interior”, detalla la normativa.  

Voces. El diputado Elmer Palencia, jefe de bancada del partido Valor, afirmó que su agrupación apoyará la reelección de Ramos y no descartó la posibilidad de ocupar un puesto en la Junta Directiva.  

  • “Estamos construyendo la propuesta alrededor de la reelección del presidente Ramos [...] Buscaremos que un representante del bloque integre la Junta Directiva”, informó.

  • La bancada Valor cuenta con 10 representantes. 

 

Voces (II). Samuel Pérez, del partido Movimiento Semilla, declaró a los medios de comunicación que mantiene una buena relación con Ramos, por lo que no descartan apoyarlo.

  • “Con el presidente Nery Ramos hemos tenido una buena relación de trabajo, compartimos principios y posiciones políticas. Además, hemos conocido su trabajo, incluso antes de coincidir en el Congreso [...] Creemos que es un buen candidato para la Junta Directiva”, declaró.

  • El oficialismo representa 23 votos en el hemiciclo.  

Qué resaltar. A pesar de que meses atrás se rumoró que Luis Aguirre, jefe de bancada Cabal, y Adim Maldonado, jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, podrían ser rivales de Ramos, ambos han descartado esa posibilidad.

  • Aguirre dijo a República que su agrupación apoya la reelección de Ramos, mientras que Maldonado dijo que no tenía aspiraciones para la presidencia, ya que su objetivo es continuar como jefe de bloque.

  • Además, reconoció que se encuentra en pláticas con Ramos y comentó que aún están evaluando si alguno de sus compañeros buscará un puesto en la Junta Directiva.  

Los datos. El presidente del Congreso es el diputado que más gana, puesto que, además de su salario base de GTQ 9550, recibe GTQ 25 000 en gastos de representación y dietas por reuniones de jefes de bloque y de la Junta Directiva, lo que le permite superar los GTQ 60 000 mensuales en ingresos.

  • Otra prerrogativa es la posibilidad de contratar a cinco asesores bajo el renglón 022. El cargo permite, junto al resto de integrantes de la Junta Directiva, aprobar la contratación de personal, compra de equipo y ejercer influencia en la agenda legislativa.  

En conclusión. En política, nada está escrito, por lo que queda esperar que las agrupaciones que hoy aseguran su apoyo a Ramos continúen respaldándolo.

  • Si logra la reelección, tendrá que seguir luchando por una agenda legislativa que incluya todos los temas pendientes, ya que el Congreso continúa siendo una de las instituciones más desgastadas.