El corporativismo de Arévalo, el padre

¡Buenos días! 

Ayer, el Supremo de España encontró culpable al fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, por el delito de revelación de secretos; además de una multa y pago de daños, lo inhabilitó por dos años para el ejercicio de cargos públicos. Es, hasta ahora, el golpe más contundente que ha recibido el socialismo español bajo quien parece ser su caudillo, Pedro Sánchez. Pero aún hay más.

Los escándalos de corrupción en el gobierno español harían que, en cualquier país civilizado, el líder dimitiese y convocase a elecciones. Pero no ahí; como si no fuese con él la cosa, Sánchez permanece impávido, solo sostenido por la inercia y sus “socios” que prefieren ver pa’ otro lá... 

Entre corruptos y cómodos cómplices, la nomenclatura del PSOE está podrida. 

Hablando de corrupción en la política, solo que, en la local, les anunciamos que el próximo lunes, el boletín de República política contendrá una investigación —al estilo de “La casa de chocobananos”— que devela justamente eso: corrupción y vínculos con el narco. ¡No se lo pierdan! 

La ofensiva del “bloque” Raíces, liderado por Samuel Pérez, para expulsar al CACIF de CONADIE y de otras entidades autónomas, marca uno de los episodios más preocupantes del nuevo oficialismo. No solo contradice la promesa de “rescatar las instituciones”, sino que rompe frontalmente con uno de los pilares fundacionales del Estado moderno guatemalteco: la participación de la sociedad civil organizada en el gobierno de entidades autónomas, un principio diseñado y defendido por Juan José Arévalo en 1944. 

Lo paradójico es que, mientras Bernardo Arévalo y los diputados leales a la visión original del partido se opusieron a la medida, el grupo de Pérez parece decidido a gobernar como si la historia no existiera. 

En una columna publicada en 2023, Mario García-Lara explicaba que Juan José Arévalo entendía que las entidades autónomas solo podían cumplir eficazmente su mandato si su estructura de gobernanza incorporaba controles y contrapesos reales. Por eso el diseño institucional del Banguat, el IGSS y la USAC incluyó juntas directivas integradas por representantes del sector empresarial, la sociedad civil, la academia y los trabajadores. Ese diseño no fue un gesto simbólico, sino  una respuesta racional a un entorno político frágil, con partidos débiles, un aparato estatal improvisado y un servicio civil precario. Curiosamente, se parece más de lo que quisiéramos a la Guatemala de 2025. 

El modelo funcionó. Siete décadas después, las instituciones creadas bajo el espíritu del 44 siguen superando, con todos sus altibajos, a las entidades que gobiernos posteriores diseñaron sin rigor técnico. La inclusión de diversos sectores no solo enriquece la toma de decisiones, sino que fortalece la transparencia, reduce la captura regulatoria y genera legitimidad pública. Expulsarlos simplemente sustituye los supuestos conflictos de interés por una captura política del grupo dominante, en este caso, el de Semilla. 

Por eso, la propuesta del grupo de Samuel Pérez es particularmente peligrosa. Pretende convertir las autónomas en extensiones del Ejecutivo, subordinadas al proyecto de un solo grupo partidario. Sin representantes empresariales, académicos o de la sociedad civil, las decisiones dejarían de ser técnicas para volverse políticas. Esto implica, en la práctica, politizar el IGSS; debilitar la independencia del Banguat; comprometer la eficacia de CONADIE, y obstaculizar el régimen de alianzas público-privadas justo cuando el país necesita inversión y estabilidad institucional. 

La ironía es inevitable. Aquello que Raíces denuncia como “cogobierno empresarial” es exactamente lo que evita que Guatemala derive hacia modelos fallidos de hiperpolitización institucional como los de Nicaragua o Venezuela, donde expulsar a los sectores productivos de los espacios de gobernanza fue el primer paso hacia la captura total del Estado. 

En un contexto donde el crimen organizado avanza galopante, donde las municipalidades y ministerios enfrentan presiones inéditas y donde el país entero exige instituciones confiables, la decisión más sensata debería ser fortalecer los contrapesos, no eliminarlos. Si en 1944 un Estado débil necesitó entes autónomos fuertes para funcionar, ¿por qué en 2025, con un Estado igualmente frágil, la respuesta sería desmantelar aquello poco que sí funciona? 

Proponer la exclusión de sectores completos de la gobernanza de las entidades autónomas no moderniza nada. Es, más bien, un retroceso conceptual y republicano, cuya única intención es repartir el botín del Estado entre Pérez y sus amigos. Significa renunciar al poco legado institucional exitoso de la Revolución del 44 y socavar la arquitectura de contrapesos que permitió que Guatemala evitara la captura total de su aparato estatal durante décadas. 

Defender ese legado hoy no es un debate ideológico: es una obligación republicana. Lo que Raíces propone no es reformar las instituciones, sino debilitarlas. Y eso, en un país tan vulnerable como Guatemala, nunca termina bien. 

El texto  de Jake  Tapper y Alex Thompson  puede  considerarse  una especie de tragedia shakesperiana con  guion  de CNN.  Desmenuza lo que consideran el gran error de la presidencia  de  Joe  Biden: su decisión de buscar la reelección  pese  a  un evidente deterioro cognitivo.  Se añade  el  sistemático  encubrimiento que habría montado su círculo más cercano.

Lo que muchas reseñas no señalan  es que este es, también, un ensayo sobre el fracaso de los contrapesos internos en las democracias modernas.  Muestra, sin declararlo abiertamente, cómo las organizaciones políticas son rehenes de su propia narrativa: mantener la ilusión de estabilidad se vuelve más importante que gestionar la realidad. Un mensaje incómodo tanto para demócratas como republicanos.  Y  para cualquier país donde la política se administra como marketing. En ese sentido, el libro funciona casi como un espejo para  Latinoamérica, incluida Guatemala.  Porque, ¿cuántas veces se protege a un líder simplemente porque reconocer sus limitaciones sería políticamente costoso? 

Siendo periodistas de élite,  Tapper  y Thompson  describen sin tapujos la autocensura voluntaria: la tentación de no reportar lo evidente por miedo a alterar el equilibrio institucional.  Una crítica  muy valiosa, aunque no siempre reconocen su participación en ese ecosistema; una omisión que les resta honestidad.

Destacable, asimismo, la dimensión humana: colaboradores tratando de compensar lapsos del presidente, asesores improvisando estrategias para “ganar tiempo”, familiares atrapados entre lealtad y realidad. Un matiz  enriquecedor,  si  bien  a veces  corre  el riesgo de caer  en  el  melodrama.

Los autores  aseguran haber entrevistado a unos 200 informantes: colaboradores del ala demócrata, senadores, donantes, gente de Hollywood.   Ahí brilla el  texto. Muchas fuentes  son  anónimas por  miedo y estrategia. Describen lapsos de memoria,  andar  inestable, discursos entrecortados,  sundowning  (confusión vespertina). 

Esa  fuerza es, en parte, su debilidad. Fiabilidad  deficiente.  Algunos  incluso  alertan que, más  que clarificar la  realidad, la obra  alimenta la polarización.  Otros  afirman  que no hay evidencia de que el presidente estuvo incapacitado para tomar decisiones críticas.

Se califica la decisión de  Biden  de postularse nuevamente  como  su “pecado original”.  Una metáfora teológica potente,  tal vez,  pero exagerada.  Por mucho peso  moral  que  atribuyamos  al poder y la gestión… un error estratégico y una caída física  no  equivalen a una condena bíblica.

Pecado Original  es  brillante por su investigación y polémico por su tono. Imprescindible para quienes siguen de cerca la política estadounidense. Una radiografía de poder, lealtad y fragilidad institucional más allá del “escándalo Biden”.