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El embajador Edgar Gutiérrez copió lo peor de elPeriódico

¡Buenos días!
Parafraseando la expresión idiomática inglesa, “cada vez que cierra un medio de comunicación, un ángel pierde sus alas”; los espacios de expresión, formales y responsables, son vitales para la vida democrática y la subsistencia de una república. Sin embargo, cuando esos espacios —medios— se convierten en meras herramientas extorsivas y armas contra los adversarios —políticos, sobre todo—, su fenecimiento es un mal necesario; elPeriódico fue, a sus inicios y durante buena parte de su vida, un muy buen periódico. Su director y dueño, “Chepe” Zamora fue, durante ese mismo tiempo, un buen periodista.
Pero en algún momento, por inconfesadas razones, la cosa se torció. elPeriódico (eP) y, en particular, elPeladero, se convirtieron en el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer con un medio; ese espacio dominical dejó de ser jocoso y mordaz, para ser extorsión pura. Así es reconocido, incluso, por defensores de Zamora y aquel medio. A la postre, eP cerró y lo que fue alguna vez un valioso medio, se perdió.
El hoy embajador de Guatemala en México, Edgar Gutiérrez, dice que pretendió rescatar lo que fue eP, pero no a sus inicios, sino que resucitó lo peor de lo peor, la cloaca, la bazofia que se encarnó en elPelex, una sección igual de asquerosa que su precursor. Al ver eso queda claro que la intención de Gutiérrez no fue el resurgimiento de un valioso medio de comunicación —como lo fue a sus inicios eP—, sino desenterrar ese instrumento extorsivo, esa arma, y ponerla a su servicio y el de los suyos.
elPelex y cualquier expresión “periodística” similar deben desaparecer. Pero no es suficiente. El canciller y, en última instancia, el presidente, deben sopesar la permanencia en el servicio exterior de alguien que es capaz de hacer resurgir espacios como esa cloaca.
Un escueto comunicado del Minex —que no aporta nada nuevo— es, simplemente, ruido blanco.

Reynaldo Rodríguez
Petro negocia con el narco previo a las elecciones
659 palabras | 4 minutos de lectura

A pocas semanas de la primera vuelta en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro volvió a activar una de las medidas más problemáticas de su política de Paz Total: suspender órdenes de captura contra cabecillas criminales de alto perfil. La medida, presentada bajo el rótulo de facilitación de diálogos de paz, ocurre en un clima de alta polarización y cuestionamientos sobre la integridad del proceso democrático.
Este movimiento no solo redefine el tablero de la seguridad ciudadana, sino que sitúa la gestión judicial en el centro de la estrategia de permanencia y consolidación política del oficialismo.
En perspectiva. La medida claramente busca conseguir el apoyo del narco a Iván Cepeda, el candidato oficialista.
El Ejecutivo, a través de resoluciones firmadas por la Fiscalía General en marzo y mayo de 2026, ha dejado sin efecto temporal las órdenes de captura contra 23 líderes de estructuras criminales en Medellín y figuras clave del Clan del Golfo.
El presunto propósito de estas medidas es permitir que los cabecillas, algunos ya condenados o con procesos vigentes por delitos de lesa humanidad y narcotráfico, transiten hacia mesas de diálogo regionales para buscar la desarticulación de bandas armadas.
Debido a esta decisión, Petro está siendo investigado ante la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara de Representantes para establecer si existen irregularidades en el proceso de traslado de los reclusos.
Lo indispensable. La instrumentalización de la política criminal en el tramo final de la campaña manipula la percepción de la opinión pública y condiciona la viabilidad operativa de la administración sucesora.
El Ejecutivo busca una reducción estadística inmediata de los indicadores de violencia mediante pactos de no agresión tácitos con las estructuras del narcotráfico, fabricando un simulacro de seguridad que funcione como blindaje narrativo para la candidatura de Cepeda.
La medida actúa como un catalizador de polarización. Al situar la justicia penal en el centro de la controversia, la administración obliga a los votantes a elegir entre la continuidad de una paz transaccional o el riesgo de conflicto.
Esta estrategia de “tierra arrasada jurídica” se asegura contra cualquier desenlace electoral: un triunfo de Cepeda garantizaría la permanencia del modelo, mientras que la oposición, en caso de victoria, heredaría un país con cabecillas fortalecidos y legitimados administrativamente que servirán como factor de desestabilización.
Entre líneas. La maniobra del Ejecutivo trasciende la gestión de la seguridad para insertarse en una ingeniería electoral que busca fragmentar a la oposición y predeterminar el tablero del balotaje mediante la selección estratégica del adversario.
El gobierno de Petro apunta a una radicalización deliberada del electorado de derecha, utilizando la indignación social como combustible para catapultar la figura de Abelardo de la Espriella. Este movimiento busca asegurar que el abogado sea el ganador de la primera vuelta, eliminando de la ecuación a Paloma Valencia.
A pesar de que Valencia demuestra una mayor capacidad de victoria en una segunda vuelta —apoyada en una estructura de partido sólida y una base de movilización orgánica—, su candidatura es vulnerable en la primera vuelta debido a la fragmentación del voto opositor.
La apuesta final consiste en neutralizar a Valencia de forma prematura para situar al vasto sector de votantes indecisos entre la espada y la pared. Al forzar una segunda vuelta entre polos radicalizados, el oficialismo busca reducir el margen de maniobra del centro y garantizar un escenario donde Iván Cepeda mantenga las mayores probabilidades de éxito frente al proyecto de mano dura de Espriella.
En conclusión. La instrumentalización del sistema penal como herramienta de ingeniería electoral plantea un riesgo sistémico para la estabilidad institucional de Colombia a largo plazo. Si esta estrategia logra filtrar la contienda hacia los polos más radicalizados, el país se encamina a un balotaje donde la política de seguridad podría estar sujeta a pactos transaccionales con el narcotráfico. El éxito o fracaso de este movimiento no solo determinará la sucesión presidencial, sino que sentará un precedente peligroso sobre la subordinación de la justicia a las necesidades tácticas del poder ejecutivo.
Gérman Gómez
Alianza la Cuenca del Motagua: esfuerzos encadenados para buscar resolución
884 palabras | 4 minutos de lectura

En una entrevista con República, Juan Carlos Rodríguez, vicepresidente de la Alianza la Cuenca del Motagua, compartió sobre los proyectos de educación, infraestructura y reciclaje que mantienen. Además, destacó que se tiene el respaldo internacional y acuerdos con la Organización de Estados Americanos (OEA).
¿Por qué se da la Alianza la Cuenca del Motagua?
En Guatemala no existe un acercamiento hacia los problemas ambientales de una manera correlacionada. Hay situaciones atomizadas donde se busca mejorar este tipo de situaciones. Pero no existe un ente de unidad que nos una como sociedad para afrontarlos.
Nosotros somos rotarios, primero que nada. El Club Rotario Internacional es un grupo de gente del sector privado que se reúne para ver qué cambios positivos hacen en la sociedad. Esto nace en EE. UU. A nivel mundial existe una iniciativa que se llama Adopt a River, de Rotary International, en conjunto con el United Nations Environmental Program, para buscarle solución a situaciones como estas.
¿Cómo nació la iniciativa que hoy impulsa la limpieza del río Motagua?
El Club Rotario al que pertenezco buscaba a alguien que fuera a la reunión de diferentes clubes rotarios para atacar este problema. La búsqueda era adoptar el Motagua como proyecto nacional para generar un resultado positivo. Entre rotarios se han hecho cosas grandes, como la reducción dramática de la polio a casi nada a nivel mundial.
Entonces, los rotarios dijeron: ¿por qué no limpiamos los ríos y las cuencas del mundo? La postura era ir por las cuencas mundiales. Cuando los rotarios nos reunimos, pasó algo similar. Eran proyectos atomizados. La búsqueda era unificar los proyectos. Queríamos unificarlos no solo con rotarios, sino también con lo que estuviera haciendo el resto de asociaciones.
¿Qué organizaciones comenzaron a integrarse a la Alianza la Cuenca del Motagua?
A raíz de eso, la Fundación Crecer, dirigida por Jeanne Samayoa, se integró. Yo la conocía desde hace mucho tiempo y nos llevó a una reunión al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Además, estaban Ocean Clean Up, Ocean Legacy, 4ocean y otros más.
También participaron el Club Rotario del Valle, Club Rotario La Ermita, Club Rotario La Asunción, Club Rotario Norte y el Club Rotario Guatemala Sur. Este último es el que yo represento.
En el Ministerio de Ambiente había representantes de cooperación internacional, como cooperación alemana, cooperación española y varios otros de la Unión Europea (UE). También estaban varios representantes del sector privado.
¿Cómo comenzaron a ordenar los esfuerzos para enfrentar la contaminación del Motagua?
Con el exministro de Ambiente, Gerson Barrios Garrido, acordamos hacer una documentación de los esfuerzos que existían para ordenar los esfuerzos de 96 municipios. La finalidad era tratar de encontrarles forma para ir resolviendo el problema.
Comenzamos a trabajar poco a poco en todo lo que conllevaba el problema y llegamos al punto de comprender que una gran parte de la contaminación provenía del vertedero de la zona 3. Un colector de aguas pluviales de las zonas 11, 7, 6 y 12 caía a la mitad del vertedero y arrastraba el plástico hacia el río durante las lluvias.
Obviamente, existen muchos otros factores. Tenemos un problema grave en Chinautla, que también estamos atacando. Y está la basura líquida, que es un tema complicado.
¿Qué proyectos y acciones desarrollan dentro de la alianza ambiental?
Hay muchos esfuerzos. Varias asociaciones tienen biobardas que recolectan plástico. Está 4ocean, que recolecta plástico, hace pulseritas y otras cosas. Las vende a nivel mundial.
Está The Ocean Cleanup, que tiene otra biobarda. Hay otros que tienen una planta de reciclaje en el río Las Vacas, donde recogen toda la basura. Son muchos esfuerzos y lo que hemos hecho es encadenarlos para buscar una resolución conjunta.
¿Cómo lograron consolidar formalmente la Alianza la Cuenca del Motagua en Guatemala?
Hicimos un documento que consolidaba nuestro ideal de rescatar el Motagua. Se le presentó al exministro de Ambiente, Barrios Garrido. Luego propusimos que lo firmara el presidente mundial de Rotary junto con 35 organizaciones. Lo firmamos en el Palacio Nacional en septiembre de 2023. A partir de ahí empezó a tomar vuelo y comenzamos a tener gente que quería apoyarnos.
Como es una asociación de asociaciones, cada una tiene su fondeo diversificado, pero empezamos a unir oportunidades. Con el liderazgo de muchas personas logramos que el proyecto tomara vida.
¿Qué estrategias impulsan para reducir la contaminación en toda la cuenca?
Se ataca en cuatro aristas funcionales: educación, políticas públicas, infraestructura y comunicación. En educación promovemos que los más pequeños aprendan, desde temprana edad, cómo tratar los desechos sólidos. También a promover una economía circular.
En políticas públicas pretendemos influenciar tanto en la Mancomunidad Motagua, donde varios alcaldes ya comprendieron el problema, como en la Bancada Motagua, para que los diputados del Congreso se adhieran al tema.
En infraestructura buscamos plantas de tratamiento que realmente generen un beneficio y también la limpieza del río. Y en comunicación educamos a la gente grande para que haga conciencia de que no debe tirar plástico.
¿Qué tipo de desechos encuentran frecuentemente dentro del río?
La gente no solo tira plástico, tira ropa, textiles, baterías, hierro y de todo. Hemos encontrado hasta lavadoras en el río. Todo lo que usamos, cargamos, compramos y desechamos puede terminar en el Motagua. Si no manejamos bien esos residuos y no garantizamos su aprovechamiento adecuado, el río los recibe.
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