El Gobierno “bloquea” el Km. 68 de la CA-2

¡Buenos días! 

Las acciones son las que determinan el carácter de una persona –o de un gobierno–, no sus palabras o promesas. El presidente Bernardo Arévalo prometió apertura con la prensa y no escudarse en el parapeto de la Ley de Acceso a la Información Pública. Hasta ahora, ha incumplido su palabra. Muchos videos –monólogos– en redes sociales, pero cuando los periodistas requieren información, sus funcionarios los remiten al mecanismo tardado de la ley. Eso sí, no a todos los periodistas trata así. Con los complacientes hay apertura; aplican como mantra la frase atribuida al Benemérito de las Américas, Benito Juárez: “Para mis amigos todo; para mis enemigos la ley”. 

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Editorial: La región menos transparente

Puesto de control de contrabando bloquea paso en la ruta al Pacífico

El gobierno de Arévalo también debe combatir la percepción de inseguridad

La región menos transparente

El gobierno de Bernardo Arévalo se concebía como diferente a los anteriores. Distancias ideológicas aparte, se vendieron en campaña como la antítesis de los gobiernos que los antecedieron. Harían las cosas de manera distinta, dijeron. 

Sin embargo, algunas de las mismas malas prácticas gubernamentales continúan.  Puntualmente: el negar acceso a información pública de forma oportuna a periodistas y medios de comunicación. 

Importante es recalcar que no se trata de algo que ocurre solamente ahora, ha sido un problema, no solo en Guatemala, sino en la región, la menos transparente. Sobre todo, en el gobierno de Alejandro Giammattei, el acceso que los periodistas tuvieron a las fuentes de información fue extremadamente limitado, recurriendo esa administración a escudarse en el mecanismo que contempla la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), un instrumento legal ideado para uso de la ciudadanía en general, pero no para fines periodísticos. 

¿Por qué la distinción? Los medios de comunicación deben acceder de manera inmediata a la información, ya que tienen la función social de informar al público de manera oportuna. Es precisamente por ello que administraciones opacas se escudan en el tiempo en que están obligados a entregar la información, para dilatar la difusión mediática.  

Arévalo, como presidente electo, fue enfático al indicar en una reunión con periodistas que su administración “no se escudaría en el mecanismo de la [LAIP]” y que estarían abiertos a entregar la información a los periodistas cuando fuere solicitada. Eso no ha ocurrido. 

República ha solicitado desde hace meses entrevistas con distintos funcionarios –el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos; el secretario general, Gerardo Guerrero, y el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo–. Ninguna de esas entrevistas se ha podido llevar a cabo, pues los funcionarios las han eludido. ¿Miedo? 

Adicionalmente, se ha requerido información a esas instancias de gobierno e invariablemente han desviado los requerimientos, incluso escudándose en el mecanismo de la LAIP, lo que precisamente Arévalo prometió que no ocurriría.  

Reporteros de este medio han tenido, incluso, la promesa del secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Haroldo Sánchez, de entregar la información requerida, pero una y otra vez ha faltado a su palabra. Extraña particularmente esto último, pues él, como periodista, sabe bien de la necesidad de los medios de acceder oportunamente a la información.  

Si Arévalo en verdad tiene la intención de cumplir la palabra empeñada y de romper la larga –y lamentable– cadena de falta de acceso a la información oportuna por parte de los periodistas, debe instruir a sus funcionarios –en particular a su Secretario de Comunicación Social de la Presidencia– que abandone costumbres de administraciones opacas y atienda los requerimientos periodísticos como se debe. No querrá pasar a la historia como su antecesor dijo que no lo haría, y paró haciéndolo. Arévalo está a tiempo de corregir el rumbo. Confiamos que lo haga.  

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Luis González
Puesto de control de contrabando bloquea paso en la ruta al Pacífico
657 palabras | 3 mins de lectura

Hace un mes se inauguró un nuevo puesto de control contra el contrabando a la altura del kilómetro 68 de la ruta al Pacífico. La instalación se suma a ocho más que ya funcionan en distintos puntos del país. 

  • El propósito es establecer registros en las principales carreteras para contrarrestar el contrabando, el comercio ilícito de productos, la defraudación aduanera y el narcotráfico. Las instalaciones son parte de una estrategia apoyada por el gobierno de Estados Unidos, en conjunto con las autoridades de Guatemala. 


  • Las instituciones públicas y privadas que participan en este esfuerzo se unen en el Consejo Interinstitucional para la Prevención, Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduanero (COINCON).


  • Los operativos que se realizan en los llamados Puestos de Control Interinstitucional (PCI) no tienen mayor incidencia en los delitos que buscan combatir, pero se supone que se irán fortaleciendo para completar el plan integral. Por ejemplo, de enero a abril de 2024, en estos lugares se han realizado 405 "detecciones". Se concluye que es una media de 12 al mes en cada uno de los ocho PCI. Se desconoce el monto de lo incautado o los ajustes realizados. Tampoco hay datos sobre "golpes" al narcotráfico en esos registros. 

Por qué importa. La libre locomoción es un derecho fundamental y permite a las personas y al comercio agilizar sus actividades.  

  • Con el PCI en jurisdicción de Escuintla ocurre lo contrario. Los usuarios del transporte público y conductores de vehículos particulares deben soportar, en fecha y horario normal, 40 o más minutos de congestionamiento. Una ruta que antes del 26 de abril era expedida, se ha convertido en otro embudo similar al de la aldea Cocales, y los municipios de San Bernandino y Cuyotenango, en Suchitepéquez. 


  • Si antes, para llegar a Mazatenango se hacían tres horas, ahora se debe agregar una hora más. El transporte de carga debe sumar a sus costos de tiempo y dinero, este nuevo "bloqueo" oficial. 


  • Uno de los grandes problemas que enfrenta Guatemala es la infraestructura vial en mal estado. Y si a eso se agregan estos "tapones" en una carretera internacional, se complica aún más el panorama para el comercio local y de exportación. La ruta al Pacífico es de las más importantes en la conexión hacia el sur de México. 

En perspectiva. El puesto instalado en la carretera al Pacífico se ubica en el sector conocido como Aceituno, que el Ministerio de Comunicaciones ubica como km 68+300 de la ruta CA-2 Escuintla. 

  • Los PCI por separado no tienen alto impacto contra las estructuras criminales que evaden esos controles para movilizar los ilícitos. El contrabando ingresa por los más de 100 puntos no vigilados en las fronteras con México, Honduras y Belice.


  • El narcotráfico tiene bajo su control extensas áreas fronterizas –ni qué decir de autoridades– y las costas del país. La mayor parte de cargamentos de droga no se movilizan por las carreteras principales o controladas.


  • La defraudación aduanera se registra en las aduanas. Muchos productos pasan sin ser detectados o con la complicidad de personal de esos lugares. Y si observan un puesto de control, lo evaden. De manera que los PCI poco o nada logran. 

En conclusión. No se pide que quiten estos puestos de registro, pero deben fortalecerse y convertirse en centros de operación para tener el control de zonas completas. Jamás para causar "bloqueos" o congestionamiento innecesario, como ocurre con este PCI de Escuintla. 

  • Cada espacio de estos debe habilitarse, previo una evaluación del impacto que tendrá en la circulación. Solo reducir de cuatro a dos carriles las vías, ya indica que no está bien establecido.


  • Este PCI puede mejorarse con carriles o espacio adicional para revisar los vehículos que se consideran sospechosos de transportar algún ilícito. 


  • La seguridad vial debe priorizarse y las autoridades no tienen por qué tener miedo a reconocer que se falló en el diseño de estas instalaciones. Urge corregir, no se puede seguir perdiendo el tiempo en las carreteras. 

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Marimaite Rayo
El gobierno de Arévalo también debe combatir la percepción de inseguridad
644 palabras | 3 mins de lectura

Las noticias sobre el posible incremento de la inseguridad en Guatemala siguen dando de qué hablar. Sin embargo, el presidente Arévalo, en reunión con alcaldes, además de prometer mejoras en la infraestructura y la educación, también resaltó el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y la reducción en los delitos. 

  • Esta perspectiva difiere de la realidad departamental y la percepción de los ciudadanos que son víctimas de las estructuras criminales. 

Es noticia. El 16 de mayo, Arévalo tuvo un encuentro con los alcaldes de tres departamentos: Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez. 

  • En la cita el mandatario se centró en escuchar las demandas en torno a la necesidad de una mejora de la infraestructura vial, educación, salud y el ámbito agrícola. 


  • Arévalo tomó la oportunidad para incentivar a los jefes municipales para trabajar juntos con el objetivo de generar prosperidad, dado que, en palabras del presidente: “es importante reconocer que el pueblo ha apoyado la defensa de la democracia, porque quiere desarrollo y ese es el compromiso”. 


  • Asimismo, las autoridades señalaron que el Ministerio de Comunicaciones ya cuenta con un plan para atender las necesidades en obras viales, particularmente para el caso de Escuintla. Adicionalmente, empezarán a tomar medidas para apoyar al pequeño y mediano productor agrícola. 

Qué destacar. El jefe del Organismo Ejecutivo hizo hincapié en la importancia de los alcaldes para generar desarrollo en sus respectivos territorios sin necesidad de incurrir en prácticas corruptas. 

  • Uno de los temas discutidos que llamó la atención, fue la [in]seguridad en los departamentos. Escuintla es el más afectado de los tres presentes en la reunión.


  • Sobre esto, el mandatario aseguró que su administración ya está trabajando para fortalecer a la Policía Nacional Civil (PNC) y mejorar la presencia de agentes en los lugares con mayor incidencia criminal.


  • Destacó que las acciones van encaminadas a combatir las extorsiones, las que, de acuerdo con estas declaraciones, han disminuido. 

Visto y no visto. El presidente y sus ministros han mencionado en reiteradas ocasiones que las políticas de seguridad de esta administración ya han empezado a surtir efectos. No obstante, los datos muestran una realidad diferente, particularmente en cuanto a las extorsiones. 

  • En marzo de 2024 el Índice de Denuncias de Delitos aumentó 0.6 %, pero en abril bajó 1.6%, según la comparación interanual. Esta medición incluye nueve diferentes delitos: homicidios, lesiones, violaciones, secuestros, extorsiones, robo de vehículos, de motocicletas, de furgones con mercadería y a viviendas, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). 


  • En abril 2024 se registraron un total de 236 víctimas de homicidio. La cifra fue superior a la del mes anterior (205 en marzo), pero es inferior a la registrada en seis meses del año 2023. De los homicidios registrados en el mes, 20 fueron víctimas mujeres (9%) y ocho fueron víctimas menores de edad (3%). La tasa interanual es de 16.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, agregó la entidad. 


  • Además, en los primeros cuatro meses de 2024, comparado con el mismo período de tiempo de 2023, se registraron 74 homicidios menos y se realizaron 86 necropsias asociadas a hechos criminales menos. Esto significa reducciones del 8% en los homicidios y del 6% en las necropsias asociadas a hechos criminales, se informó. 

En conclusión. Aunque las autoridades de turno expresan su preocupación por atender temas de seguridad, salud, educación, entre otros, aún no han obtenido los resultados deseados. 

  • No obstante, la percepción ciudadana es cada vez peor, particularmente en cuanto al aparente incremento en la violencia en el país. 


  • Por lo tanto, es necesario que los funcionarios pongan en marcha medidas adecuadas para resolver los problemas de fondo. Que no sean los ciudadanos organizados los que traten de cuidar de la seguridad en sus comunidades. 


  • Todos los delitos deben atacarse, pero el de la extorsión afecta a gran parte de la población, sobre todo a los que generan ingresos en pequeños, medianos y grandes negocios.