El gobierno de Arévalo enfrenta obstáculos presupuestarios y judiciales

El viernes al mediodía, el Ministerio Público (MP) dio una extensa conferencia de prensa para presentar los resultados de su investigación, sobre 3 aspectos nada relacionados, pero que comparten elementos en común, como algunos de los actores.  

Ayer por la mañana, el fiscal Rafael Curruchiche de la FECI atendió una entrevista en Pulso Republicano –en Radio República Infinita– en la que intentó responder las preguntas del entrevistador, Mariano Rayo. Estos fueron los aspectos más relevantes de dicha entrevista:   

1. Caso de firmas falsas en el proceso de constitución del partido Movimiento Semilla 

Sobre este aspecto del caso, ya se había adelantado bastante información. Entre firmas falsificadas, firmas de personas fallecidas, adherentes repetidos y personas inexistentes, el fiscal Curruchiche dijo que determinaron que se trata del 32% de los adherentes para la conformación de Semilla.  

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) contempla, en su artículo 92, las causales de suspensión de los partidos políticos; entre ellas, la de no tener el número de afiliados que determina la ley. Sin embargo, a su criterio del fiscal de la FECI, Semilla nunca nació a la vida jurídica.  

Por tal razón, la FECI solicitó el antejuicio de Samuel Pérez Álvarez, por ser el secretario general del grupo promotor del partido y haber presentado los listados con firmas anómalas; pero también solicitó el retiro de la inmunidad del presidente electo, Bernardo Arévalo, porque se argumenta que, a sabiendas de lo anterior, Arévalo prestó una denuncia por esos hechos mas “omite” denunciar a Pérez, al denunciar únicamente a Jaime Gudiel, relacionado con la entidad contratada para el levantamiento de firmas.  

El artículo 457 del Código Penal tipifica la omisión de denuncia y responsabiliza al funcionario o empleado público por razón de su cargo, tuviere conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y, a sabiendas, omitiere a retardare hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente. Igual responsabilidad tiene el particular que, estando obligado a denunciar, no lo hiciere. Curruchiche, además, cree que Arévalo cometió obstrucción de justicia. 

El entrevistado, al ser preguntado sobre la investigación de otros partidos políticos que también pudieron haber incurrido en las mismas anomalías –Curruchiche fue Fiscal de delitos Electorales– no respondió con precisión. 

2. Caso de financiamiento electoral no reportado y lavado de dinero del partido Movimiento Semilla  

La FECI señala a Semilla de haber recibido la suma de US$ 44,000 cuyo origen lícito aduce no haber podido comprobar. Por este hecho también presentó solicitud de retiro de inmunidad en contra de Arévalo por financiamiento electoral no registrado y por lavado de dinero. 

Esa cantidad fue documentada mediante escritura pública en donde se formalizó un contrato de mutuo (préstamo) que Arévalo, en su calidad de secretario general de Semilla, adquirió de un particular. El dinero tendría como fin el pago de una multa impuesta por el TSE al partido. 

Curruchiche admitió en la entrevista que nunca citó o indagó al particular que le hizo el préstamo a Semilla; directamente buscan responsabilizar de lavado de dinero a Arévalo por esa transacción documentada en escritura pública. El fiscal de la FECI dijo en la entrevista que, a su criterio (se fundamentó en el artículo 92 de la LEPP), era obligación de Arévalo conocer el origen del dinero del particular. En el artículo usado como fundamento por el fiscal no consta tal obligación. 

Si bien no ha ocurrido hasta ahora –por razones que se desconocen– de comprobarse el origen lícito del préstamo, se desvanecería el lavado de dinero; queda pendiente descubrir por qué no fue registrado como financiamiento electoral dicho monto. 

 3. Caso de inconsistencias e irregularidades en los documentos electorales  

La FECI secuestró documentación electoral, llevándose cajas del TSE que contenían las conocidas como “acta número 4” (conteo final y cierre de escrutinios) en donde se plasmaron los resultados de la primera vuelta. La fiscalía aduce haber encontrado varias inconsistencias, entre ellas, que el formato utilizado no es el que autorizó el TSE para dicho fin. Curruchiche admitió que no se cuestiona el contenido de las actas, sino solo su formato (que no tenían el sello correspondiente).  

Adicionalmente, la FECI encuentra como indicio de posible comisión de hechos delictivos que algunos de los proveedores del material electoral no fueran entidades o empresas cuyo giro ordinario es ese: la impresión de documentación. Curruchiche no profundizó acerca de qué posible delito pudiese ser, simplemente es un indicio, dijo. 

Sobre este punto en particular, fue cuando en la conferencia de prensa del viernes 8, los fiscales de la FECI dijeron que, a su criterio, esos hechos hacían dudar de la transparencia de las elecciones y que sugerían que se anularan. Para el efecto, ayer trasladaron esa documentación al TSE para que la evaluaran. 

El entrevistador, Rayo, insistió en preguntar a Curruchiche sobre si a su criterio se debiesen de anular las elecciones, a lo que el fiscal respondió que “de acuerdo a los indicios contundentes, el TSE debe anular las elecciones y convocar a unas nuevas” [sic]. 

La entrevista mostró la contumacia de la FECI en sugerir que se anule el proceso electoral; las acciones (hasta hoy) del MP han parado en corto de pedir, directamente, a un juez que emita alguna orden de anulación de las elecciones.  

Ayer, la FECI remitió la documentación al TSE para que sea el ente electoral el que resuelva sobre ese tema; queda por ver qué sucederá si los magistrados, una vez integrado el pleno, no resuelven de acuerdo con lo “sugerido” por los fiscales.