El Gobierno se despide por el año

La politóloga española, Arantxa Tirado, publicó en 2021 El Lawfare: Golpes de Estado en nombre de la ley. El término tiene varios significados. La interpretación de la autora puede traducirse como guerra judicial. Es decir, el uso de la ley de manera partidista. Una estrategia de carácter militar, con apariencia de legalidad, a través de la cual los poderosos someten voluntades. Una modalidad de cambio de régimen. 

Nos habla asimismo del concepto de guerra híbrida, que combina más elementos de los utilizados en las guerras convencionales. Es una nueva forma de intervención en defensa de intereses propios llevada a cabo de una forma más elaborada. Engloba el lawfare, estrategia que hace uso de la ley para detener o revertir reformas sociales. La autora, aunque reconoce que no ha sido un fenómeno ejercido exclusivamente contra los líderes de izquierda, “es contra ellos que se ha ensañado con mayor ímpetu”. En cuanto a la guerra híbrida menciona el caso de la CICIG en Guatemala. No obstante, pasa de puntillas sobre su - cuando menos - polémica actuación. 

Considera el golpe blando una tipología de subversión de la voluntad popular. Un instrumento que pretende provocar un cambio de régimen por una vía sutil, donde puede tener cabida – o no – el lawfare. Sí comparten la manipulación de la opinión pública necesaria para instaurar la idea de la necesidad de sacar a determinado liderazgo político. 

La atención se centra en Latinoamérica y el Caribe (LAC). Analiza, entre otros, el acoso sufrido por gobiernos como el de Hugo Chávez, Lula da Silva, Rafael Correa, Cristina Kirchner o AMLO. El máximo exponente del lawfare es, por supuesto, el “imperialismo norteamericano” en connivencia con las reaccionarias élites locales. 

El hecho diferencial del lawfare o guerra jurídica es usar herramientas aparentemente dentro del marco de lo legal, como la ley y los tribunales. El operativo judicial está enfocado al cambio de régimen. Es decir, el objetivo de esas causas judiciales es neutralizar a mandatarios de una izquierda plural representante de una voluntad soberana. 

Tras los golpes de Estado convencionales, las dictaduras, represiones y contrainsurgencias (se entiende que todas de tendencia derechista), el establishment aplica en la actualidad tácticas más sutiles de cambio de régimen.  

Los golpes de Estado clásicos han sido desacreditados con el tiempo. Igual que la perspectiva del “imperialismo”. Se opta por esta nueva modalidad que articula el uso torticero de la ley. Las causas creadas generalmente concitan consenso social al ser llevadas a cabo en nombre de valores universales. Ejemplos: la defensa de la democracia o la lucha contra la corrupción. 

Quizá la forma del juicio político a la presidenta Dilma Rousseff fuera cuestionable, pero… ¿fue una excusa el caso de corrupción de Lava Jato? ¿O más tarde los de Petrobras y Odebrecht? 

Los medios de comunicación resultan indispensables para este entramado que se apoya en ellos. Estos difunden sentencias, muchas veces antes de que los tribunales determinen la culpabilidad. En esos juicios paralelos, los medios desatan campañas de descrédito y provocan el “asesinato civil” de la imagen de las personas. Todo ello se realiza con una intencionalidad de cambio de régimen cuyo fin último, en Latinoamérica, es provocar una reconfiguración geopolítica del continente. 

La profesora Tirado sostiene que el caso de Venezuela “ejemplifica como pocos la estrategia de búsqueda del cambio de régimen por implosión”. Recuerda el Caracazo como el primer alzamiento contra el neoliberalismo en Latinoamérica en 1989. Habla del “alzamiento cívico-militar de 1992 en el que participó Hugo Chávez”. Después refiere su victoria electoral. No parece dar excesiva importancia al hecho de que el comandante —antes de líder progresista— fue un militar golpista. Como condenado a prisión, conservó su derecho de sufragio activo. Más difícil de entender resulta que, pese a haber sido amnistiado, pudiera presentarse como candidato. 

Quien firma esta reseña, trabajó en Venezuela en 1998 durante los últimos meses del gobierno Caldera y la campaña electoral. Y han sido numerosos mis posteriores publicaciones sobre los abusos y violaciones de derechos humanos del régimen. 

Con Chávez y la sucesión de victorias progresistas (Bolivia, Argentina, Brasil…), Latinoamérica pasó a ser un bloque de poder contra hegemónico. Mecanismos de concertación e integración, como ALBA, UNASUR y CELAC, en años posteriores, cuando la derecha recupera espacios, son “atacados y desmantelados”. Hoy desaparecidas en la práctica o en un segundo plano geopolítico con muchas dificultades derivadas de las “dificultades económicas” de Venezuela y Cuba. 

No obstante, en otros lugares, donde anteriormente no había llegado nunca la izquierda al Gobierno, hay nuevos gobiernos con gran peso geopolítico, como México o Chile. 

Ante la eficacia del lawfare, la autora alerta del peligro de expansión a Europa. Cabe decir lo mismo que respecto a LAC. Seamos precavidos, sí, mas sin ser tendenciosos. Así, en España – y sin siquiera entrar en guerras jurídicas – no es de recibo que al tiempo que se agita el fantasma de la extrema derecha se califique a Podemos o Sumar, con epítetos inofensivos como izquierda alternativa. Basta de generalizaciones y etiquetas simplistas.   

La autora es Doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM.  

Al libro de la profesora no le falta rigor y es recomendable. Sin embargo, es parcial. Conviene leerlo bajo un prisma desideologizado y manteniendo una perspectiva abierta. 

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La mayoría de los diputados ya está de vacaciones y el Congreso de la República cierra sus puertas el viernes 20 de diciembre. La actividad legislativa se reanudará el 6 de enero, aunque la primera sesión del año será el 14, cuando asumirá la nueva Junta Directiva y el presidente Bernardo Arévalo presentará su primer informe de gobierno.  

Los legisladores iniciarán su labor con la certeza de que recibirán un salario mayor, gracias al incremento aprobado el 27 de noviembre y que nadie objetó. Aunque no se ha definido el monto exacto, se estima que será entre GTQ 46 700 a GTQ 51 000, cifra equivalente al salario de los magistrados de las salas de apelaciones. Al cierre de la edición la Corte de Constitucionalidad resolvió no suspender dicho aumento —que había sido impugnado— más sí la indemnización que también se auto recetaron los congresistas.  

Uno de los puntos pendientes será el futuro del partido Semilla. Los diputados esperaban comenzar el año como bancada, tras la aprobación de la reforma a la Ley de la Delincuencia Organizada, pero al no obtener los resultados esperados, deberán evaluar qué papel desempeñarán si se quedan sin partido.  

Confiaban en presidir comisiones importantes como Finanzas, Economía, Ambiente y Legislación y Puntos Constitucionales, pero al perder la esperanza de ser bancada, será necesario observar qué agrupaciones podrían quedarse con esas salas de trabajo.   

Ante este escenario, será crucial determinar si los 23 diputados oficialistas lograrán mantenerse unidos o si este será el punto de quiebre para la agrupación.  

Los temas que quedaron pendiente 

En materia económica quedó pendiente la aprobación de la reforma para la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económicas —conocida también como Alianzas Público-Privadas— la cual busca ser una alternativa efectiva para incentivar las inversiones y promover el desarrollo del país. 

En el ámbito de seguridad, sigue en lista de espera la ley para prevenir y sancionar la trata de niñas, niños y adolescentes en el Sistema Penitenciario, así como la ley para prevenir el abuso sexual infantil.  

Pendientes, también, las interpelaciones a funcionarios de gobierno. Los diputados deben retomar el juicio político contra el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, quien enfrenta dos interpelaciones más.  

Después, será el turno de la ministra de Cultura y Deportes, Liwi Grazioso, cuya interpelación fue promovida por los diputados Gustavo Cifuentes, Marvin Zepeda, Mercedes Guardado, Sabino Velásquez, entre otros.  

Por último, se encuentra la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, la cual fue solicitada por los diputados Carlos Enrique López, Elmer Palencia, Ronald Portillo, Marcos Tebelán y Byron Tejeda. 

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El presidente, Bernardo Arévalo, estuvo acompañado por Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social; Abelardo Pinto, ministro de Desarrollo Social (MIDES); Henry Saenz, ministro de la Defensa Nacional; Fernando Suriano, viceministro de Transportes, y Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) en la que fue la última conferencia del Ejecutivo del 2024. 

En ella se abordaron temas clave que abarcan desde la recuperación del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), el aumento al salario mínimo, modernización del ejército y el impulso al turismo interno.  

Recuperación del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA)

Uno de los asuntos principales fue la corrección de inconsistencias técnicas en el proceso de mejora del AILA. Según Fernando Suriano, viceministro de Transporte, la empresa encargada de proveer los elevadores y gradas eléctricas tenía hasta el viernes pasado para subsanar seis problemas identificados. Durante el fin de semana —y hasta ayer, lunes— el equipo técnico llevó a cabo pruebas de estrés. Si los equipos cumplen con las especificaciones, se procederá a la recepción de trabajos y al pago, conforme al contrato, que estipula que este se efectuará cuando se entreguen los trabajos completos.

Suriano mencionó que las gradas anteriores no cumplían el tamaño adecuado y obstruían la vialidad dentro del aeropuerto. Por otro lado, los elevadores fueron instalados para mejorar la accesibilidad y la seguridad de los usuarios. En cuanto a la pista de “taxeo”, el viceministro explicó que la infraestructura se encontraba en condiciones deterioradas, con fallas graves que invadían el espacio destinado a la vialidad.

Este proyecto, ejecutado a través del Fondo de Solidaridad, requiere una coordinación entre el aeropuerto, la Dirección General de Aeronáutica Civil y los usuarios privados y comerciales. Se han reconstruido 450 metros, de los 900 requeridos; se espera que la obra se concluya en el primer trimestre del próximo año. En cuanto a la instalación del aire acondicionado, que ha sido una demanda importante, el viceministro comentó que inicialmente no se habían asignado recursos ni realizado los procesos de licitación adecuados. Debido al monto involucrado, se ha procesado con una nueva licitación y actualmente la junta está evaluando dos propuestas presentadas. El funcionario enfatizó que, si ambas empresas cumplen con los requisitos, se prevé que la instalación del aire acondicionado inicie en el próximo año.

Aumento al Salario Mínimo y Avances contra la Pobreza

Otro asunto abordado fue el aumento al salario mínimo, que fue confirmado por el Presidente, con la salvedad de que aún se está analizando el impacto económico de este incremento. También aclaró que no ha habido aumentos salariales en su gobierno debido a la necesidad de una nueva ley que regule los sueldos públicos y destacó que la prioridad es aplicar austeridad en gastos innecesarios, no en los salarios de los empleados públicos.

El Ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, destacó el éxito del programa Bolsa Social, el cual ha logrado ampliar su cobertura en los 17 municipios más vulnerables del departamento de Guatemala. Este programa ha alcanzado un logro significativo con la entrega de la tarjeta número 50 000 en el municipio de San Raymundo el 18 de diciembre.

Mediante este programa, las familias beneficiarias reciben un apoyo mensual para la adquisición de productos esenciales. La implementación se lleva a cabo mediante un sistema bancarizado que, según las autoridades, garantiza la transparencia y eficacia. El ministro señaló que, además de incrementar la cantidad de beneficiarios, el compromiso es continuar con la inversión en este programa durante los próximos años, asegurando que más guatemaltecos en situación de vulnerabilidad puedan mejorar su calidad de vida.  

Fortalecimiento y Modernización del Ejército  

El ministro de Defensa Nacional, Henry Sáenz, resaltó los progresos en el Ejército de Guatemala, destacando diversas iniciativas adoptadas desde el inicio del gobierno actual. Recalcó la preparación del Ejército para enfrentar la próxima temporada de incendios y las acciones durante la temporada de lluvias, donde se llevaron a cabo más de 500 operaciones de apoyo a más de 100,000 personas afectadas por el fenómeno del invierno.

Hizo especial énfasis en la modernización del Ejército, creando la Escuela de Derechos Humanos, que ha capacitado a casi 2000 miembros del Ejército. También, se inauguraron nuevas instalaciones para las Reservas de la República, con el objetivo de entrenar a ciudadanos que apoyen en emergencias locales.

Impulso al Turismo Nacional  

Por su parte, Harris Whitbeck, director del INGUAT, presentó la campaña “Redescubriendo Guatemala”, una iniciativa destinada a fomentar el turismo interno. Esta campaña busca motivar a los guatemaltecos a visitar lugares turísticos cercanos a sus hogares durante los días de descanso del fin de año. Según Whitbeck, se prevé que, con los puentes establecidos para el sector público, se movilicen aproximadamente 1 620 000 turistas nacionales, lo cual generará una derrama económica de aproximadamente GTQ. 2000M.

La campaña busca ayudar a los emprendedores locales a promocionar artesanías, gastronomía y productos. Se ha elaborado una estrategia de difusión a través de pantallas digitales, radio y redes sociales, lo que permitirá que la campaña llegue a todas las regiones del país, desde la capital hasta las zonas más rurales. 

Agenda Presidencial

El lunes 16 de diciembre, el presidente entregará la Orden Presidencial a la artista guatemalteca Gaby Moreno, en reconocimiento a su destacada trayectoria. El martes 17, hará una visita a Purulhá, donde se inaugurará la habilitación de caminos de terracería para fortalecer el desarrollo agrícola y los servicios básicos de las comunidades. El miércoles 18, en San Raymundo, se entregará la tarjeta número 50 000 del programa Bolsa Social, un símbolo del compromiso con las familias más necesitadas. El viernes 20, el presidente visitará el AILA para verificar los avances realizados en los últimos seis meses. Finalmente, los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre serán días de descanso. 

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