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El Gobierno se va quedando sin excusas
República Política
August 29, 2024
¡Buenos días!
Con la aprobación de la ingente ampliación presupuestaria, con dispensa de procesos de licitación en algunos casos, el Ejecutivo se va quedando sin excusas –ninguna alusión a ministro alguno– para la poca eficiencia; la ralentización de la inversión pública es patente.
Ahora solo le va quedando la recurrida excusa del estudiante de los cuentos: “mi perro se comió la tarea”. Para más señas, el Ejecutivo le echa la culpa al Ministerio Público (MP) de que no los deja trabajar. Si bien sí se percibe una irracional inquina, no es óbice para que los funcionarios hagan su trabajo, para el que fueron electos y nombrados.
Los electos parecen haber olvidado aquello que decían que “el 40 % del presupuesto se va en corrupción”; si no hay corrupción ahora, pues debiese de alcanzar el presupuesto vigente, ¿no?
Veremos, dijo el ciego.
En este boletín:
•Editorial: Los abusos de CICIG, develados
•La apuesta de EE. UU. para erradicar el tráfico humano y la inmigración ilegal
•Sanciones de EE. UU. en Paraguay: El desafío de la estrategia anticorrupción de Washington en Latinoamérica
Los abusos de CICIG, develados
Prisión preventiva excesiva, pruebas y testimonios falsos, rechazo a pruebas de la defensa, confabulación entre el fiscal y los jueces, persecución ideologizada y no tendiente a la averiguación de la verdad, desprecio absoluto por los derechos humanos del procesado.
Una persona condenada tres veces –pero tres veces revertida su condena por tribunales superiores–, pues los jueces que conocieron el caso violaron los derechos humanos.
No se trata de Guatemala, sino de Ginebra, Suiza. El “caso” contra Sperisen ha estado plagado de esas y otras violaciones al debido proceso y DD. HH.
No es casualidad que eso haya ocurrido en aquella jurisdicción, que, a diferencia del resto de ese país, tiene un estamento judicial altamente politizado e ideologizado.
No es casualidad, tampoco, que los juicios contra el exdirector de la PNC hayan sido “armados” por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pues ese fue su modus operandi, así como su leitmotiv durante su mandato: la persecución ideológica a toda costa.
La extinta Comisión no inventó los vicios judiciales en Guatemala –ni en Ginebra– pero sí los aprovechó y exacerbó; se aprovechó del corroído entramado en las instituciones de justicia, tanto acá como allá. En otras jurisdicciones, como España y Austria, no logró que los tribunales dieran valor a acusaciones basadas en falsedades y fabricaciones.
En Guatemala, la CICIG sí lo consiguió en algunos casos, pero en muchos otros no, que ahora se desploman bajo revisión superior y sin la amenaza latente de persecución a jueces que osaran fallar contra los intereses de esa Comisión y de sus operadores.
Para condenar, se usaron convenios de colaboración sin verificación de la declaración rendida, pruebas documentales inconsistentes, violación de la presunción de inocencia y prisión preventiva excesiva. Los estándares bajo los que operó la CICIG. Lo que ocurrió en contra de Sperisen.
El lunes de la próxima semana, el exdirector enfrentará su cuarto juicio; será el mismo fiscal sesgado y, aunque esta vez quien juzgue a Sperisen será distinto a las ocasiones anteriores, el fiscal que lo acusa ha sido el abogado personal de la que ahora será la jueza. El conflicto de interés –vaya, el impedimento absoluto– es claro, pero no para la justicia ginebrina, que en eso no ve nada malo. Si no fuera trágico, daría risa.
La CICIG acusó a empresarios por supuesto financiamiento electoral ilícito, cuando el origen del dinero era perfectamente lícito –lo que precluía esa imputación–, resulta igual de ridículo que lo ocurrido en Ginebra, en donde se condenó a una persona por ser cómplice de un inocente. ¿Cómplice de qué?
Los paralelismos entre los abusos cometidos por CICIG y por la justicia ginebrina no son casualidad. En ambos casos se trató –como se ha apuntado– de la instrumentalización de la justicia con fines ideológicos. Para conseguir sus fines, violaron garantías procesales y violaron los DD. HH. de los acusados.
Luego de la vergüenza judicial en Suiza, y de los múltiples casos en donde se ha comprobado que la CICIG abusó de su poder sin desparpajo, quien sabe y podrá empezar a despertar la conciencia en quienes aún no ocurre eso.
La develación de la verdad de CICIG, de lo que hizo en Guatemala y en Ginebra, es el comienzo del fin del mito. La verdad no puede esconderse por más tiempo.
Rafael Párraga
•La apuesta de EE. UU. para erradicar el tráfico humano y la inmigración ilegal
750 palabras | 4 mins de lectura
Desde la reapertura de fronteras tras la pandemia, EE. UU. ha experimentado una explosión migratoria como nunca. Más de 8.5M de encuentros con migrantes se han reportado desde 2021, pero se estima que unas 20M de personas han ingresado al país de manera ilegal en los últimos cuatro años.
La administración de Biden cambió el enfoque de fortalecer la seguridad en la frontera, por uno preventivo.
La idea de fondo es, en vez de perseguir y detener al migrante, es prioritario desarticular las estructuras criminales que se encargan de llevarlos a EE. UU.
Bajo ese enfoque se creó la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (JTFA, por sus siglas en inglés).
Por qué importa. El Fiscal General Merrick B. Garland anunció el nacimiento de la JTFA en junio de 2021, con el fin de crear una unidad especializada que colabore con el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional (DOJ y DHS, por sus siglas en inglés) en la lucha contra el tráfico y trata de personas proveniente de Guatemala, El Salvador, Honduras y México.
Es un grupo de fiscales del DOJ dedicado a tomar el trabajo realizado por la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y materializarlo en extradiciones de criminales involucrados en el tráfico de personas.
En sus tres años de existencia, el DOJ reporta que la JTFA ha conseguido más de 300 arrestos nacionales e internacionales; 240 condenas, e incautaciones y decomisos de cientos de miles de dólares.
Si bien, fue creada para México y el Triángulo Norte, se espera que la JTFA expanda su dominio desde México hasta la frontera del Darién.
Los datos. La migración hacia EE. UU. ha incrementado exponencialmente desde 2021, pero desde el Triángulo Norte se ha reducido de forma ostensible en ese periodo. Los encuentros han disminuido en un 49.33 % desde 2021 con ciudadanos hondureños; un 35.62 % con salvadoreños, y 14.18 % con guatemaltecos. De los países donde opera la JTFA, solo México ha visto un incremento con respecto a 2021 (7.6 % a la fecha).
Sin embargo, lo reportado en 2024 representa una caída de un 4.66 % con respecto al 2023 y un 15.19 %, al 2022.
El mayor problema migratorio para EE. UU. ya no proviene del Triángulo Norte y México, sino de Sudamérica y de fuera del continente.
En 2023, se detectó un récord de 520 085 personas en el Darién con rumbo a EE. UU. En 2022 fueron 248 248 y 133 726 en 2021. El número ha crecido en un 2253 % desde 2019 y se espera que lo haga también en 2024.
Entre líneas. De acuerdo con UNICEF, se proyecta que al menos 800 000 personas cruzarán la jungla fronteriza entre Panamá y Colombia este año. Con la migración como uno de los problemas que más preocupan al votante estadounidense, controlar —o al menos aparentarlo— la crisis es una política clave de cara a las elecciones de 2024 para la administración de Biden.
La crisis política y el fraude electoral en Venezuela incrementarán el flujo migratorio en números incalculables. Hasta un 43 % de venezolanos afirma que migrará debido a la permanencia ilegítima de Maduro en el poder.
En respuesta, el presidente panameño Raúl Mulino ha intensificado el trabajo de desarticulación de bandas de tráfico humano en la selva.
Adicionalmente, este mes inició el proceso de deportación de inmigrantes en Panamá, con vuelos financiados por EE. UU., hacia Sudamérica.
Sí, pero. La JTFA ha dado resultados considerables y su expansión a todo el territorio centroamericano es cuestión de tiempo. No obstante, se cuestiona la efectividad de su operación. Esas más de 300 capturas, se especula, han sido de mandos bajos o medios. La falta de procesos en contra de autoridades gubernamentales mexicanas o del Triángulo Norte indican que la JTFA no ha sido capaz de desarticular los altos mandos del crimen organizado.
Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de política y experta en tráfico humano de la Universidad George Mason, afirma que la expansión de la JTFA al Darién es una estrategia electoral.
La profesora afirma que la efectividad de la JTFA se ve contrarrestada por las políticas de facilitación de empleo y vivienda para inmigrantes ilegales dentro del territorio estadounidense.
El trabajo de los agentes de la JTFA y HSI es fundamental para la lucha contra el tráfico humano y la inmigración ilegal, pero es incompatible con la blanda política de seguridad fronteriza y aplicación de la ley de la administración demócrata.
Ricardo González
•Sanciones de EE. UU. en Paraguay: El desafío de la estrategia anticorrupción de Washington en Latinoamérica
740 palabras | 4 mins de lectura
Es noticia. Después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunciara nuevas sanciones contra el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, las autoridades paraguayas ordenaron al embajador estadounidense Marc Ostfield abandonar el país, declarándolo efectivamente persona non grata, elevando así las tensiones entre Washington y la nación sudamericana.
Cartes –presidente del 2013 al 2018– sigue siendo una figura clave dentro del Partido Colorado, que actualmente tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso. El partido también logró una victoria significativa en las elecciones de 2023 bajo el liderazgo del actual presidente, Santiago Peña, y ha dominado la política nacional durante la mayor parte de las últimas ocho décadas.
OFAC sancionó a Cartes bajo la Ley Global Magnitsky a principios de 2023. A su vez, desde 2022 el Departamento de Estado de EE. UU. ha considerado al expresidente como un actor “significativamente corrupto”.
Ahora, más de un año después, OFAC ha intensificado el asunto, sancionando a la compañía tabacalera paraguaya Tabacalera del Este (Tabesa), acusada de desviar ilegalmente millones de dólares para Cartes, quien solía ser su accionista mayoritario.
Panorama. Las sanciones, tal como las define William Reinsch, exfuncionario del Departamento de Comercio, son “lo único entre la diplomacia y la guerra” en el arsenal de política exterior de EE. UU. Al utilizarlas, Washington puede ejercer una influencia inmensa en los asuntos internos de algunos países a un costo relativamente bajo.
De 2020 a 2024, las sanciones emitidas por EE. UU. han aumentado un 57 %, con las sanciones del tipo Global Magnitsky volviéndose más comunes en todo el mundo.
La tendencia es particularmente evidente en Latinoamérica, que, en adición con el Caribe, representa la región más sancionada desde principios de este siglo.
¿Qué sigue? Aunque el embajador Ostfield aún no ha salido de Asunción, la administración Biden ya ha elegido a su sucesor, el diplomático de carrera Gabriel Escobar.
Sin embargo, con la confirmación del Senado aún pendiente, este tenso momento en las relaciones entre EE. UU. y Paraguay está lejos de terminar.
Aunque las fricciones entre Washington y los gobiernos latinoamericanos no son inusuales, fue excepcional que Paraguay, un Estado alineado con EE. UU., reaccionara de manera tan brusca.
Entre líneas. Durante varios años, funcionarios y expertos en política exterior de EE. UU. han expresado preocupación por el uso excesivo de sanciones, ya que a menudo conducen a consecuencias no deseadas que agudizan la inestabilidad económica y política en Latinoamérica. El caso de Guatemala ofrece un claro ejemplo de ello.
En noviembre de 2022, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a dos compañías mineras de níquel –un mineral estratégico para los intereses de EE. UU– que operan en Guatemala. En enero de 2024, OFAC levantó las sanciones que habían sido impuestas "por error". A pesar de esto, las sanciones paralizaron, efectivamente, al sector minero guatemalteco.
De manera similar, en 2023 y 2024, EE. UU. impuso sanciones a aliados en el Congreso y a algunos miembros de la administración del expresidente Alejandro Giammattei. Aunque el público guatemalteco en gran parte reconoce a estos individuos como actores corruptos, algunos argumentan que las sanciones pueden, de manera involuntaria, reforzar sus esquemas al limitar sus opciones de negociación a medida que se debilita su control sobre el poder político. Nunca mejor ejemplificado que con el régimen de Maduro en Venezuela.
Por qué importa. Washington enfrenta el gran desafío de alinear sus esfuerzos anticorrupción con la preservación de fuertes lazos diplomáticos con sus aliados latinoamericanos. Esto es especialmente urgente en Centroamérica, donde la influencia de China está creciendo rápidamente a través de acuerdos de libre comercio y la financiación de grandes proyectos de infraestructura.
Guatemala y Paraguay son dos de los 12 países que mantienen vínculos diplomáticos con Taiwán. Su postura los posiciona como aliados cruciales para contrarrestar la creciente influencia de Pekín en el hemisferio occidental, lo que representa una amenaza notable para los intereses de seguridad nacional de EE. UU.
Si esta tendencia persiste, es probable que los aliados de Washington en Latinoamérica se sientan cada vez más frustrados. El apoyo de EE. UU., que se ha centrado en imponer sanciones –en ocasiones ignorando sus efectos colaterales–, está alimentando una creciente indiferencia hacia Washington.
En los círculos políticos latinoamericanos, también se cree ampliamente que China ha demostrado ser un socio más eficiente en la solución de las necesidades críticas de infraestructura e inversión de la región. Cualquier esfuerzo de acercamiento de EE. UU. debe considerar dichos proyectos.