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El golpeado ego del oficialismo

¡Buenos días!
Por más maromas —algunas, incluso, rayaron en la coacción— que hizo el presidente Bernardo Arévalo, quien dio dos escuetos mensajes en torno a la elección de magistrados a la CC en el Congreso, y las propias del oficialismo y sus aliados para entorpecer y retrasarla, fue reelegido con 100 votos el magistrado Roberto Molina Barreto; con 117, fue elegido magistrado suplente Luis Rosales, lo que hablaría de una mayoría calificada por parte de la oposición.
Rasgándose las vestiduras y echándose ceniza en la cabeza —figurativamente, claro— despotricaron contra lo que llamaron “injerencia”, sin mencionar la más que evidente desde el Ejecutivo; perdieron porque, luego de dos años de promesas, perdieron credibilidad ante los diputados que les apoyaron para aprobar dos presupuestos —y ampliaciones— y han visto sus “anhelos” frustrados.
En 1o meses, el nuevo TSE —que se elige esta semana— convocará a elecciones; todos los diputados lo tienen muy presente y hacen sus cálculos y movimientos tendientes a su reelección. Es natural. Con ello, fincar sus esperanzas en un socio que no es confiable —el oficialismo— es ya casi un suicidio político.

Rafael P. Palomo
Regresa la Doctrina Monroe y la guerra contra el narco
774 palabras | 4 minutos de lectura

Una nueva arquitectura de seguridad está tomando forma silenciosamente en el hemisferio occidental y Guatemala está quedando fuera de ella.
En perspectiva. En su centro se encuentra el recientemente anunciado Shield of the Americas —Escudo de las Américas—, una iniciativa liderada por EE. UU., a través del Departamento de Estado, que reúne a una coalición de doce países dispuestos a coordinar inteligencia, logística y potencialmente operaciones militares contra organizaciones criminales transnacionales.
La importancia del proyecto radica poco en su diseño institucional; lo más importante es la señal política que envía.
Una parte considerable del hemisferio está ahora dispuesta a tratar el narcotráfico como una amenaza de seguridad regional que requiere el uso coordinado de la fuerza.
Esto abre la puerta a operaciones como la que ya se ha visto en Ecuador, con misiones conjuntas en las que las capacidades estadounidenses se integran directamente en campañas locales contra la infraestructura de los carteles.
Entre líneas. El precedente ya ha aparecido en Ecuador; como resultado de su particular guerra contra el narco, Noboa ejecutó un esfuerzo de seguridad conjunto que involucró inteligencia estadounidense, capacidades de vigilancia y coordinación operativa con fuerzas ecuatorianas; el mensaje general es que, cuando un gobierno aliado lo solicita, Washington está dispuesto a integrar capacidades militares en la lucha contra redes que operan como actores insurgentes de facto.
Durante décadas, el narcotráfico fue tratado principalmente como un desafío de aplicación de la ley, gestionado mediante cooperación policial, tratados de extradición e intercambio de inteligencia.
Hoy, los cárteles aparecen como entidades capaces de desestabilizar Estados, socavar fronteras y ejercer control territorial sobre amplias zonas del hemisferio.
Visto y no visto. La Doctrina Monroe declaró originalmente al hemisferio occidental como un espacio de interés estratégico para EE. UU. Con el tiempo, evolucionó hacia un marco a través del cual Washington justificó intervenciones destinadas a estabilizar —o desestabilizar— gobiernos, proteger intereses económicos o contrarrestar a potencias rivales.
El Shield of the Americas sugiere una modernización de ese principio.
En lugar de contener imperios europeos o adversarios de la Guerra Fría, el objetivo ahora sería contener redes criminales transnacionales que comprometen la seguridad nacional de EE. UU.
Sí, pero. No obstante, algunos de los países más cooptados por el narcotráfico están notablemente ausentes de la iniciativa. México, Colombia y Guatemala —todos nodos centrales en la producción o el tránsito de drogas— son socios políticamente poco confiables para Trump; además, protegen al narco dentro de sus fronteras. México sigue siendo el caso más sensible. Aunque el país es indispensable para cualquier estrategia a largo plazo contra los cárteles, su gobierno ha resistido una mayor participación militar estadounidense en su territorio.
Colombia presenta un desafío distinto. Durante años fue el socio de seguridad más cercano de Washington en la región, pero el gobierno de Petro ha adoptado un enfoque menos confrontativo frente al narcotráfico.
Guatemala, geográficamente, es un corredor inevitable que conecta las zonas de producción sudamericanas con los mercados de Norteamérica. Desde la perspectiva de Washington, la ideología de estos gobiernos complica la estrategia regional más amplia.
Por qué importa. Su ausencia de la coalición apunta a una segunda vía dentro de la doctrina emergente. Allí donde los gobiernos estén dispuestos a cooperar, las operaciones podrían parecerse al modelo ecuatoriano —esfuerzos conjuntos realizados con el consentimiento del país anfitrión—. Por otro lado, allí donde los gobiernos se resistan o mantengan una posición ambivalente, EE. UU. podría recurrir a formas más unilaterales de presión, incluyendo herramientas económicas, operaciones de inteligencia e iniciativas de seguridad transfronterizas diseñadas para sortear a autoridades reticentes.
El resultado es un paisaje hemisférico dividido entre espacios cooperativos y espacios contestados.
En las zonas de cooperación, el Shield of the Americas ofrece un marco mediante el cual Washington puede proyectar poder con legitimidad política y proteger a dichos países.
En las áreas más sensibles, donde sus propios gobiernos se alían con el narco y le protegen en detrimento de sus ciudadanos, la administración podría adoptar una postura más agresiva, como pasó en Venezuela.
En conclusión. Si bien, la presión militar puede interrumpir redes de tráfico y debilitar la infraestructura de los carteles, estas organizaciones han demostrado históricamente una gran capacidad de adaptación, modificando rutas y estructuras cuando los gobiernos cierran determinados corredores. Una coalición regional aumenta las probabilidades de ejercer presión sostenida en múltiples frentes, aunque también incrementa el riesgo de escaladas si las operaciones se expanden hacia territorios políticamente sensibles.
Por ahora, Washington está dispuesto a tratar el narcotráfico como una amenaza estratégica y no como un problema criminal periférico.
Si esa postura continúa endureciéndose, la Doctrina Monroe, durante mucho tiempo considerada un vestigio de otra época, podría estar regresando bajo una nueva forma.
UNA INVITACIÓN DE ADIG y GRUPO SG
Expo Real Estate 2026

Por qué importa. Expo Real Estate 2026 celebrará su sexta edición el 18 y 19 de marzo en Épica, zona 10, de 9:00 a 20:00 horas. Se proyecta como un punto de encuentro estratégico para el sector inmobiliario, concentrando agenda, stands y un congreso especializado en dos días.
En un mercado donde el capital exige información clara, el evento busca reunir oferta, demanda y criterio técnico en un mismo espacio. La edición 2026 se plantea como un “mercado de decisiones” para inversionistas y compradores interesados en conocer proyectos, analizar tendencias y conectar con actores clave.
En conclusión. Participarán empresas de Guatemala, Centroamérica, Latinoamérica y Estados Unidos, con enfoque en innovación, sostenibilidad, tecnología y financiamiento. El formato combinará stands, talleres y charlas para facilitar comparaciones y decisiones informadas. El reto será convertir el interés en alianzas, inversiones y cierres concretos, demostrando el dinamismo del mercado inmobiliario.
Más información aquí: https://exporealestateguatemala.com
Glenda Sánchez
USAC: oposición teme bloqueo electoral
644 palabras | 4 minutos de lectura

El próximo ocho de abril se celebrará la elección de rector de la Universidad de San Carlos (USAC); el rechazo a la administración de Walter Mazariegos intensificó la participación de los candidatos de oposición, que buscan llegar a dirigir la casa de estudios pública. Cada uno lleva su propia agenda e intereses políticos.
No obstante, los aspirantes temen que, por argucias administrativas o caprichos de Mazariegos, se les niegue participar.
Por qué importa. La elección de rector en la USAC ocurre en un contexto de desgaste institucional y creciente politización. Durante más de una década, la universidad se vinculó a dinámicas externas de poder. Ese giro desplazó la agenda académica y profesional; convirtió la rectoría en un espacio de disputa política.
Desde 2010, la universidad perdió protagonismo académico. El aumento de su influencia en procesos políticos —como las Comisiones de Postulación— fortaleció a operadores y alianzas externas que priorizaron cuotas de poder sobre la formación profesional.
Los exrectores Estuardo Gálvez (2008-2010) y Murphy Paiz (2018-2022) quedaron vinculados al caso Comisiones Paralelas 2020. La investigación expuso una red que buscó influir en la elección de magistrados a cambio de favores políticos.
El rector Mazariegos asumió tras una elección fraudulenta. Sectores opositores denuncian que en ese proceso se bloquearon cuerpos electorales críticos. Profundizó la desconfianza en el sistema interno.
Punto de fricción. El proceso electoral comenzó en febrero. Desde entonces acumula tropiezos administrativos, acciones legales y disputas internas. Los aspirantes opositores temen que las trabas impidan su participación en la contienda.
Varios precandidatos hicieron público su interés por competir. Entre ellos figuran Hada Alvarado, química farmacéutica; Erwin Calgua, epidemiólogo; Mynor Berganza, abogado; Rodolfo Chang y Marco Vinicio de la Rosa Montepeque, de Veterinaria.
Mientras tanto, el exprocurador Jordán Rodas analiza participar o respaldar a otro aspirante impulsado por cuerpos colegiados. Ninguno de los precandidatos ha mencionado relación alguna con él.
En las elecciones de los cuerpos colegiados se denuncian obstáculos en la inscripción de planillas. También reportan problemas con papeletas y trámites administrativos. La oposición atribuye esos tropiezos a sectores cercanos al rector.
Entre líneas. Los precandidatos coinciden en prometer la recuperación de la academia y la institucionalidad de la USAC. Sin embargo, cada aspirante también carga con alianzas políticas y respaldos internos o externos a la universidad.
Algunos vínculos ya generan debate. En círculos universitarios se menciona cercanía entre Rodolfo Chang y Hada Alvarado con el partido Semilla. Aunque los aspirantes aseguran actuar con independencia política.
Marco Vinicio de la Rosa Montepeque se ha visto cercano al diputado José Chic, subjefe del bloque legislativo VOS. En contraste, hasta ahora no se identifican vínculos políticos directos con Erwin Calgua ni Mynor Berganza.
Mazariegos busca la reelección. Analistas y actores universitarios lo vinculan con el magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Nester Vásquez, así como con funcionarios del Ministerio Público (MP).
Ahora qué. La elección está programada para el 8 de abril en el hotel Casa Santo Domingo de Antigua Guatemala. El proceso genera inquietud entre aspirantes y cuerpos electorales. Muchos temen repetir las restricciones que marcaron la elección anterior.
El mayor temor se centra en la no inscripción de planillas opositoras.
También existe preocupación por el acceso al evento electoral. En la elección anterior, cuerpos electorales opositores denunciaron que se les impidió ingresar al recinto donde se realizó la votación.
“Hay miedo de participar”, afirmó un académico que sigue el proceso. Los aspirantes también alertan sobre criminalización, amparos constantes y presiones que elevan la incertidumbre dentro de la comunidad universitaria.
En conclusión. La desconfianza domina el proceso; el conflicto refleja una disputa más amplia por el rumbo de la única universidad pública. Durante años, alianzas políticas desplazaron la agenda académica. Ahora buscan revertir esa tendencia y devolver protagonismo a la formación profesional.
Si el proceso garantiza competencia real y transparencia, la USAC podría iniciar su recuperación. Si persisten las trabas, la crisis de legitimidad continuará.

Luis González
El Congreso entra otra vez en terreno de alta tensión política
652 palabras | 4 minutos de lectura

Se viene otra sesión agitada en el Congreso, marcada por la expectativa sobre la elección de los cinco magistrados titulares y cinco suplentes del Tribunal Supremo Electoral, prevista para mañana.
Qué destacar. El proceso llega en medio de fuertes cuestionamientos al listado de 20 aspirantes, de la que saldrán los funcionarios que deben tomar posesión el 20 de marzo.
La embajada de EE. UU., en palabras del encargado de negocios, John Barrett, escribió que “las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE, priorizando sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones”.
Aunque se esperaba que una acción legal ordenara a la comisión de postulación recomponer el listado, esta [la comisión] se disolvió tras entregarlo y, por ahora, todo apunta a que serán los diputados quienes deberán separar a los señalados por la embajada y votar con cautela.
El jueves 5 de marzo ya se vivió una jornada intensa, y la de mañana podría ser similar. Sin embargo, si en los últimos días se lograron consensos, es posible que los legisladores ya tengan definidos los diez nombres por los que votarán, como ha ocurrido en otras elecciones relevantes, incluida la de magistrados del Organismo Judicial.
En el radar. Esta semana, el Organismo Ejecutivo también elegirá a los magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC), en un proceso que, aunque intentó presentarse como abierto, ya tendría nombres con mayor peso entre los 76 expedientes. Alejandro Balsells y Mynor Melgar.
El primero es asesor del presidente Bernardo Arévalo, y el segundo, asesor del ministro de Salud, Joaquín Barnoya.
Existen otros profesionales en competencia, pero algunos enfrentan limitaciones legales o simplemente no cuentan con la cercanía y confianza que poseen los mencionados, aunque sí recorrido profesional.
En ese sentido, el proceso, como suele ocurrir, parece haber sido más de trámite que de verdadera selección. Con esta designación, quedará completamente integrada la nueva CC para los próximos cinco años, la que será juramentada el 14 de abril.
Lo que sigue. También avanza el proceso para elegir al próximo fiscal general, quien deberá asumir el cargo el 16 de mayo.
La Comisión de Postulación continúa con la fase de presentación de señalamientos u objeciones contra los aspirantes, la cual estará abierta del 10 al 12 de marzo.
El 13 de marzo la comisión volverá a reunirse y, si todo sigue el ritmo marcado por las elecciones en la CC y el TSE, la atención pública se concentrará en este proceso, que debe concluir con la selección de seis candidatos para que el presidente Arévalo elija al nuevo jefe del Ministerio Público.
Como suele suceder, una cosa es lo que se ve en público y otra lo que se negocia detrás del telón. Aunque hay 49 expedientes en competencia, ya destacan nombres que, sin duda, serían considerados por el presidente para designar al fiscal general de los próximos cuatro años.
Ecos regionales. Las audiencias de la CIDH en Guatemala, que inician hoy, se enfocarán en la situación de personas privadas de libertad y excarceladas en Nicaragua, así como en las víctimas de violencia sexual y las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador, en el contexto del régimen de excepción.
Además, se realizará una audiencia de seguimiento de recomendaciones sobre un caso hondureño, lo que mantiene a ese país en la agenda regional. Guatemala figurará con una audiencia dedicada a la violencia política contra mujeres.
El presidente hondureño Nasry Asfura afirmó que la coalición militar con EE. UU. permitirá combatir frontalmente el narcotráfico y que ya gestiona una revisión del TPS para los hondureños en ese país, tras la cumbre con Donald Trump.
La dictadura de Nicaragua queda cada vez más aislada tras la caída de Maduro y la muerte de Jameneí, que desmontan su red de aliados estratégicos. Analistas ven este aislamiento como un paso que acelera su colapso.
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