El jefe de la SAT propone medida inconstitucional

¡Buenos días! 

Según la Constitución, solo los diputados gozan de “irresponsabilidad por sus opiniones” mas ningún otro funcionario. Ciertamente, el jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, no. Hace pocos días declaró que tiene la intención de promover normas que le permitan al ente recaudador tener acceso a las cuentas bancarias de todos los guatemaltecos –y de todas las entidades, también– para comprobar si los movimientos bancarios corresponden a las declaraciones de impuestos. Irresponsable, pues la Constitución protege los registros contables de los ciudadanos: se requiere de autorización judicial para acceder a ellos. No es ni remotamente viable modificar ese artículo constitucional.

No es la primera vez que el superintendente habla irresponsablemente; en 2022, ponderó “prohibir la venta de gasolina” a quienes no hubiesen pagado el impuesto de circulación. Como era previsible, tuvo que desdecirse de tan peregrina idea.

Aunque es entendible su afán de aumentar la recaudación, debiese “entrarle” a cobrar a los miles de comerciantes informales –pero millonarios– que operan, por ejemplo, en el mercado de La Terminal. Si la SAT misma estima el 70 % del ISR se evade, debiese empezar a fiscalizar allí, algo que se alinea perfectamente con lo prometido por el presidente Arévalo en campaña.

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Acceder a registros bancarios sin orden de juez es inconstitucional

Lupa legislativa: Vigencia del estado de Calamidad en manos de los diputados 

Panorama Ejecutivo: Arévalo intenta de nuevo obtener un "cheque en blanco"

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Luis González
Acceder a registros bancarios sin orden de juez es inconstitucional
493 palabras | 2 mins de lectura

Aunque por el momento se ve improbable, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quiere tener libre acceso a los registros bancarios de los contribuyentes para cotejar sus declaraciones de impuestos. 

  • La entidad informó que para aumentar la recaudación hay que revisar los depósitos, inversiones y cualquier ingreso de los ciudadanos para cruzar lo que reporta al fisco.

  • Asimismo, la SAT pretende que se aprueben convenios de intercambio de información bancaria con otros países. Este punto es para extender el control de los ingresos fuera de las fronteras de Guatemala.

  • Con estas herramientas legales, más otras reformas a las leyes del Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA), y del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la institución busca aumentar los ingresos fiscales que en 2023 sumaron GTQ95 000M.  

Por qué importa. Que la SAT mencione que quiere tener acceso directo a las cuentas bancarias de los contribuyentes ha puesto en alerta a instituciones que consideran esto como "invasión a la privacidad", una "intromisión" y "violación constitucional". 

  • Ahora, si la SAT quiere acceder a la información bancaria del contribuyente, debe razonar su petición ante un juez.

  • Se considera un riesgo que alguna institución –en este caso la entidad recaudadora de impuestos– irrumpa sin control ni supervisión sobre los registros bancarios de los particulares.

  • Guatemala es de los pocos países que mantiene una restricción constitucional sobre el acceso a este tipo de información. La prohibición está en el artículo 24 que trata la "inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros". Esa regulación destaca que los datos solo podrán ser revisados por "la autoridad competente de conformidad con la ley".

Voces. La Asociación Amigos del País publicó un comunicado por medio del cual rechaza la pretensión del ente recaudador. 

  • "Exigimos que cese todo intento de permitir que el Estado invada la privacidad de las personas de forma directa y sin justificación ni control", indicó la entidad.

  • "Exigimos que se mantenga la supervisión y control de la administración tributaria por parte del Organismo Judicial, tal como lo establece el Código Tributario", agregó la asociación.

  • "Animamos a la población a defender su privacidad y libertad, exigiendo que la lectura y aplicación de las leyes y demás normas, se realicen en beneficio de los particulares por sobre el Estado y no a la inversa", enfatizó la organización. 

En conclusión. Según la SAT, más o menos la tercera parte de las declaraciones requiere ser confrontadas con los registros bancarios. En la mayoría de los procesos, los contribuyentes, de manera voluntaria presentan sus documentos, pero algunos se resisten. 

  • En esos casos la entidad recaudadora presenta las solicitudes a los tribunales para que los bancos entreguen los registros del contribuyente.

  • La SAT quiere evitar ese trámite, pero no es viable. Primero –y principalmente– por la prohibición constitucional, y luego por la falta de apoyo político en el Congreso para reformar la Ley de Bancos y el Código Tributario.

  • Todo apunta a que la autoridad tributaria tendrá que desistir de su plan de liberar el secreto bancario.  

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Ana González
Vigencia del estado de Calamidad en manos de los diputados

Once días después de que los jefes de bloque se reunieron con el presidente Bernardo Arévalo para discutir la emergencia por las lluvias, el mandatario, en Consejo de Ministros, decretó la medida.  

Ahora corresponde a los congresistas decidir si respaldan al Ejecutivo para que esté vigente por 30 días –en todo el territorio nacional– o lo dejen sin efecto.  

El presidente del Congreso, Nery Ramos, convocó a sesión extraordinaria para el jueves 11 de julio, a las 10 de la mañana.  

Orlando Blanco, jefe de bancada VOS, dijo que no se especifican los proyectos y las acciones que se deberían de hacer. 

“La gente está tan cansada de los estados de calamidad y desconfiada que lo que quiere son cosas muy concretas y básicas [...] lo que vemos es una chequera en blanco”, declaró el congresista. 

La bancada Cabal asegura que no han tomado una decisión, por lo que el tema será analizado durante la reunión que sostendrán este martes, aseguró el jefe de la agrupación, Luis Aguirre.  

Miguel Ovalle, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), considera poco probable que sea ratificado.

No ha habido consensos y las copiosas lluvias que se esperaban por el huracán no se han dado”, aseguró.

Héctor Aldana, diputado de la bancada Vamos, la más grande del legislativo (39 integrantes), considera que el decreto “tiene serias deficiencias, porque el primer derecho que están restringiendo es la libertad de acción”. 

Aseguró que pidió al secretario general de la Presidencia un informe para conocer qué determinó la CONRED y los aspectos que buscan “mitigar”, dijo a los medios de comunicación.  

El oficialismo y algunos aliados defienden la decisión del Ejecutivo, pero tal parece que la aprobación se torna cuesta arriba.  

Segundo intento 

Este es el segundo estado de Calamidad promovido por el Ejecutivo. El 10 de abril de 2024, el presidente Arévalo decretó la medida por los incendios forestales, pero el Congreso no lo ratificó, por lo que quedó sin vigencia.  

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Edgar Quiñónez
Arévalo intenta de nuevo obtener un "cheque en blanco"
333 palabras | 1 min de lectura

Este 8 de junio, el presidente Bernardo Arévalo decidió no atender a la prensa. Al parecer, ya se está volviendo una costumbre evitar las conferencias matutinas que se llevaban a cabo en el Palacio Nacional al finalizar la reunión de gabinete.

Lo que sí hizo el Ejecutivo fue sancionar la ampliación al plazo del pago del impuesto de circulación de vehículos. Ya lo había adelantado el pasado fin de semana por medio de una publicación en su cuenta oficial de TikTok, pero que se confirmó este lunes con la publicación del Decreto 13-2024 en el Diario Oficial.

Días antes, el Congreso de la República ya había aprobado –de urgencia nacional– esta normativa, misma con la que los contribuyentes tendrán la oportunidad de pagar el impuesto en mención hasta el lunes 30 de septiembre.   

Un “cheque en blanco”  

La otra acción de Arévalo que se conoció hoy fue el Decreto Gubernativo 2-2024, que impone un estado de Calamidad por 30 días en todo el territorio nacional, para hacer frente a daños ocasionados por la lluvia estacional. Algunos analistas opinan que no es más que un cheque en blanco que podría servir de excusa para hacer compras por excepción.

Este decreto fue aprobado en Consejo de Ministros y se publicó el 8 de julio en el Diario Oficial. En él se detalla la necesidad por parte del Ejecutivo de dictar las medidas que considere para evitar o mitigar los efectos derivados de los fenómenos meteorológicos que afectan la red vial y, sobre todo, a los guatemaltecos.

El último informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres da cuenta que, a la fecha, durante la temporada de lluvia de este 2024, se han registrado 1127 incidentes ocurridos y atendidos. Según la institución estos incidentes han provocado que 4 909 043 habitantes se vean afectados.

A esos datos se suma un total de 35 centros educativos con daños, 442 carreteras y 33 puentes afectados y cinco puentes con destrucción total.