El largo camino entre elección, juramentación y toma de posesión

¡Buenos días!

Ayer fueron juramentados los 10 magistrados electos para la Corte de Constitucionalidad (CC); el Congreso cumplió con su agenda, como cosa rara.  

Con varios amparos pendientes de resolverse tendientes a detener la efectiva renovación de la magistratura, aunque faltan pocos días para que eso tenga que ocurrir —14 de abril—, conviene recordar dos casos que evidencian que del plato a la boca, se enfría —o cae— la sopa. 

El 18 de enero de 2021, Mynor Moto fue electo por el CANG para completar el período del magistrado Bonerge Mejía —quien falleció—; el Congreso lo juramentó velozmente, pero la CC, presidida por Gloria Porras, no le dio posesión. 

Como todo se paga en la vida, el 4 de marzo de ese mismo año, el Consejo Superior Universitario eligió —en un procedimiento bastante cuestionado, como el de ahora— a Gloria Porras para un nuevo período en la CC. Como se presentaron varias acciones impugnando esa elección, el Congreso no la juramentó; no pudo, obviamente, tomar posesión y huyó del país. 

La próxima semana es Semana Santa y, aunque es un espacio que usualmente se utiliza para descansar, los —figurativos— fantasmas de Moto y Porras podrían acechar en sus sueños a algunos de los ayer juramentados.  

¡Imagínense vivir en Suiza y perderse de todo esto!

Gérman Gómez
Reinstalaciones en la DGAC: mañas y mañosos
557 palabras | 3 minutos de lectura

En una entrega anterior, República evidenció los abusos de la Unión Sindical de Trabajadores de Aeronáutica Civil (USTAC) en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). La institución, además, enfrenta reinstalaciones judiciales de personas vinculadas a exdirectores. Las resoluciones incluyen condiciones atípicas, como salarios en dólares y plazas inexistentes. 

• Evidencia debilidades institucionales y costos heredados de decisiones políticas pasadas. 

Por qué importa. Las resoluciones judiciales evidencian decisiones judiciales politizadas y litigios nocivos para los intereses del Estado. El impacto compromete recursos públicos que limitan la capacidad operativa de la institución en áreas estratégicas como seguridad y modernización. 

• En 2025, la DGAC pagó GTQ 31.45M por sentencias laborales. El monto incluye salarios caídos y prestaciones. Los fondos devengados dejaron de ser inversión pública; fueron gasto. 

• Las órdenes judiciales obligan a cumplir condiciones atípicas. Fuentes internas advirtieron que esto responde a vacíos legales que permiten interpretaciones amplias en materia laboral. 

• El caso de Elizabeth Nicté Paz Pineda concentra las mayores anomalías. Aunque no era empleada de la DGAC —sino en un ente regional—, un fallo ordenó su reinstalación con salario en dólares y contrato indefinido. 

Sí, pero. Estas condiciones no existen en la estructura institucional vigente de la Dirección. Marvin Benjamín Castillo Barrios, juez laboral, ordenó su reinstalación con las supuestas “condiciones originales” con las que fue contratada. Fuentes de la DGAC señalaron que el fallo exige replicar un esquema salarial ajeno al Estado. 

• Registros muestran que en 2025 recibió GTQ 23 000 mensuales bajo renglón 029. Sin embargo, el nuevo mandato judicial exige un contrato permanente 011.  

• El nuevo renglón exigido por el juez contradice la normativa de ese tipo de contratación. Ella prestaba servicios al Estado, mas no era trabajadora. 

• Su historial incluye múltiples contratos simultáneos en 2019. También tuvo vínculos políticos: fue —brevemente— subsecretaria de Conamigua y candidata al Parlacen. Accedió al contrato que ahora genera su “reinstalación” cuando mantuvo una relación con Carlos Velásquez Monge, entonces director de la DGAC. 

Punto de fricción. Otros casos muestran las redes de influencia dentro de la DGAC: las reinstalaciones de Julio César Estrada Valenzuela y María Gabriela Ruíz de Letona. Jueces del ámbito laboral exceden los alcances de la legislación para equiparar prestadores de servicios temporales a empleados. 

• Julio César Estrada Valenzuela, exjefe de seguridad del aeropuerto, fue reinstalado con salario de GTQ 25 000. Su vínculo con Claudia Ruiz, exministra de Educación, generó críticas por posible nepotismo. 

• Durante su gestión, un migrante viajó como polizón a Miami. Francis Argueta, exdirector, calificó el hecho como “delicado”, pero no hubo destitución inmediata. 

• María Gabriela Ruíz de Letona, exasistente de Argueta, volvió con salario de GTQ 18 000. Empleados la describen como figura de confianza del exdirector. 

En conclusión. Los fallos judiciales que obligan a reinstalar personal en la DGAC exponen un problema amplio: la captura política de instituciones —y sus efectos financieros a largo plazo—, pero también la tergiversación de parte de los tribunales de la relación contractual. La falta de controles claros en contrataciones públicas facilita litigios que trasladan costos innecesarios al Estado.  

• El impacto no solo es financiero. Compromete la capacidad operativa de la DGAC, que debe redirigir recursos hacia litigios en lugar de invertir en seguridad aeroportuaria, infraestructura y modernización del sistema aéreo. 

• Sin reformas que fortalezcan la meritocracia y limiten la discrecionalidad, el ciclo se repetirá. Afectará la eficiencia del Estado y la confianza ciudadana. 

Glenda Sánchez
Marco Vinicio de la Rosa: “Mazariegos salió electo en un proceso fraudulento”
561 palabras | 3 minutos de lectura

El zootecnista Marco Vinicio de la Rosa, que busca ser candidato a rector de la Universidad de San Carlos (USAC), expone una propuesta que se distancia de las “aspiraciones tradicionales”. Su participación surge desde un grupo que cuestiona el proceso anterior, en el que resultó electo Walter Mazariegos. Ahora, plantea una alternativa colectiva.

¿Cómo surge su interés en aspirar a rector? 

En el caso del interés, no es una aspiración tradicional o personal. La propuesta sale de un grupo académico que integro: nos dimos cuenta de todos los atropellos para la elección anterior de Mazariegos. 

Entonces, empezamos a construir la propuesta con los amigos Hada Alvarado y Rodolfo Chang. No estamos compitiendo entre nosotros. Se realizará una plenaria para elegir al candidato final. 

¿Cree que la crisis universitaria se ha profundizado? 

Yo lo atribuyo desde la captura del rector Murphy Paiz. Ese período en que incluso no se respetó la normativa de la universidad. El cuerpo electoral debió elegir a una persona para terminar el período. No se hizo. 

Fueron casi dos años donde hubo varios interinos, pero quien estuvo tras bambalinas fue Mazariegos. Entonces, a partir de ahí, empieza un rompimiento de la normativa institucional. 

Después, Mazariegos, sin tener mayoría y con muy pocos cuerpos electorales, sale electo en un proceso fraudulento. 

¿Se ha privilegiado la política sobre la academia? 

No se ha privilegiado la política; se ha privilegiado la mediocridad. Con todas las acciones, Mazariegos contrató docentes que no tienen el perfil. Tampoco siguió los procesos establecidos. 

El criterio para la contratación es que sean afines a él para procesos de elecciones y otros. Ha roto la normativa universitaria. Para aprobar una nueva carrera hay 12 pasos y ninguno se cumplió este año. 

No se ha permitido la renovación democrática de juntas directivas. Tampoco la participación de profesores en espacios clave. Se han aprobado plazas sin respetar procesos. Todo esto rompe la normativa. 

¿Cómo impacta esta situación en la vida universitaria? 

Hay edificios cerrados porque algunos estudiantes encapuchados deciden hacerlo. Eso significa anarquía y falta de control. 

Tenemos centros universitarios como el de Jalapa cerrados desde octubre. En Escuintla también hay problemas. Algunas carreras se han trasladado a la virtualidad. Esto no es correcto en áreas técnicas. 

Agronomía está virtual. Los laboratorios y la práctica han desaparecido. Todo ha ido bajando y es una falta de calidad académica que afecta. 

¿Qué retos han enfrentado como proyecto universitario? 

Es una situación particular. Muchos de nosotros hemos sido criminalizados injustamente. A pesar de acusaciones del Ministerio Público (MP), los jueces han determinado que no son ciertas. 

Hemos enfrentado procesos disciplinarios administrativos sin pruebas. Se ha expulsado a estudiantes sin respetar la normativa universitaria. 

No se aceptaron inscripciones para planillas en varios espacios. Fue una lucha poder inscribirlas para la elección a rector. Existe un temor fuerte de criminalización. 

¿Han tenido acercamientos con actores externos, como partidos políticos? 

La realidad es que sí han intentado acercamientos. Sin embargo, nuestra postura ha sido no aceptar ese tipo de relaciones. 

No queremos compromisos de ese tipo. Nuestra postura ha sido de oposición a la figura del usurpador, pero no a cambio de algo. 

¿Qué cambios impulsaría en la administración universitaria? 

El primero es la restitución de derechos a estudiantes expulsados injustamente. Para nosotros es una parte moral importante. Necesitamos una auditoría presupuestaria. Se ejecuta casi el doble que la administración anterior, pero no hay mejoras académicas. 

Debemos revisar la contratación de personal, que ha crecido sin análisis. La policía universitaria no ha funcionado como ente de cuidado. Tenemos que actuar en varias líneas de forma paralela. Es un rescate integral de la universidad. 

¿Cómo evalúa el uso de recursos institucionales actualmente? 

Es vergonzoso que se quiera comprar personal administrativo con mochilas adquiridas por la institución. No es gente genuinamente contenta. 

No hay orgullo en esos actos. Los trabajadores no lo sienten propio. Además, se asignan plazas de forma discrecional, sin respetar procesos. 

Recursos humanos se ha convertido en un instrumento punitivo. Se castiga a quienes no se alinean. No hay mejoras reales en infraestructura o academia. 

¿Cómo ven posible cierre universitario y elecciones próximas? 

Hay dos aspectos. El Consejo Superior Universitario (CSU) debe conocer y acreditar a los cuerpos electorales. Hace cuatro años no aprobaron algunos por razones de forma. Creemos que puede repetirse. Ya existen acciones legales, presión interna y mediática para que se respete el proceso. 

Cerrar la universidad, sería una muestra de inoperancia. Las autoridades son responsables del control. Ya ocurre en centros como Jalapa. Hay anarquía. Edificios cerrados y falta de orden. Eso refleja la situación actual bajo esta administración. 

Glenda Sánchez
Proceso del MP se encamina a etapa clave entre incertidumbre y tensiones políticas
361 palabras | 2 minutos de lectura

La Comisión de Postulación (CP) para la elección de fiscal general se reunió para conocer las pruebas de descargo presentadas por los aspirantes que fueron “tachados”. Esa sesión marcó el cierre de una etapa crítica y abre la puerta a las fases decisivas en la conformación de la nómina final. 

En paralelo, los 49 profesionales que buscan dirigir el Ministerio Público (MP) se sometieron a pruebas psicométricas realizadas en la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial (OJ). Los resultados serán puestos a disposición de los comisionados, quienes deberán integrarlos en la ponderación global de cada aspirante. 

A criterio de algunos analistas, resulta prematuro perfilar favoritos o tendencias claras dentro de la nómina. Factores pendientes, como la resolución de amparos y la situación particular de algunos aspirantes, podrían alterar significativamente el curso de la selección. 

Uno de los puntos de atención gira en torno a la continuidad de ciertos candidatos cuya participación aún no está definida. En particular, se menciona a Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación. La permanencia dependerá de resoluciones legales y de la calificación de la tabla de evaluación establecida por la CP.  

Esta tabla, que fija una nota mínima para continuar en el proceso, también ha sido objeto de impugnaciones. Asimismo, anticipan que las tachas admitidas contra algunos aspirantes difícilmente prosperarán en el fondo. No obstante, el análisis individual de cada expediente podría generar debates internos.

Otro elemento que incide en el proceso son los amparos presentados contra distintos aspectos del mecanismo de evaluación; incluye la tabla de calificación y la participación de determinados perfiles. Estas acciones legales deberán resolverse en las próximas semanas y serán determinantes para dar certeza al proceso. 

Tras el receso de Semana Santa, el trabajo de la Comisión se reanudará el 6 de abril con la fase de entrevistas públicas en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta etapa será clave para evaluar directamente a los aspirantes antes de proceder a la integración de la lista final de seis candidatos. 

El proceso entra así en una fase decisiva, marcada por evaluaciones técnicas, presiones políticas y resoluciones judiciales pendientes que definirán el futuro del MP.