El mal estado vial, Minfin, el responsable

¡Buenos días!

El deplorable estado de las carreteras del país es responsabilidad de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), sí, pero quién sabe si son, también, los culpables.

Más allá de la inconsistencia y los varios cambios en esa cartera —lo que interrumpe procesos y “curva de aprendizaje”—, al parecer, la verdadera razón del rezago es la reticencia —o mala fe— del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos. Después del desaguisado que terminó en la salida de la primera ministra de la cartera de este gobierno, el ministro Menkos tiene la sartén por el mango y no “suelta la plata” que el CIV requiere para cumplir con sus obligaciones de Estado, y contratar nueva obra.

Cada día se le encuentran recovecos y ambages a la actual administración; las disputas internas de poder son usuales, pero cuando repercuten en el daño a la población, son mezquinas y deleznables.  

En lo que va del año, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) muestra una baja ejecución presupuestaria. Esta situación se refleja, por ejemplo, en el abandono de las carreteras del país. La problemática también se genera por la escasa y lenta asignación presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Por qué importa. El rezago de la ejecución del CIV amenaza con prolongar el deterioro de la red vial del país. Fuentes de la cartera, que pidieron anonimato, aseguraron que el Minfin no ha autorizado por completo las cuotas de gasto que han solicitado. 

• La falta de asignación presupuestaria les impide a las unidades ejecutoras que puedan avanzar con los proyectos previstos para el 2025.
  
  

• Este año se le asignó al ministerio GTQ 9929M, pero con la modificación presupuestaria quedó con GTQ 7648M. Hasta la fecha, reporta un 35 % de ejecución, con GTQ 2682M.
  
  

• La Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento detallan que cada ministerio, en este caso el CIV, debe presentar una programación financiera de su presupuesto al Minfin.

Visto y no visto. Finanzas deberá aprobarlo y fijar la entrega de las cuotas solicitadas. El mecanismo tiene como finalidad evaluar y responder a la capacidad real de ejecución de cada dependencia. Sin embargo, en la actualidad no se cumple. Todo lo contrario, se volvió un impedimento para que el CIV asigne proyectos. 

• En los gastos de mantenimiento y reparaciones de carreteras, puentes, puertos y aeropuertos, el CIV apenas ha ejecutado el 36.46 %, GTQ 603M.
  
  

• La baja ejecución no es un hecho aislado. Otros ministerios también muestran retrasos, aunque ninguno con un impacto tan inmediato como el CIV.
  
  

• Según el portal de transparencia presupuestaria, el promedio de ejecución de todos los ministerios y dependencias del Estado es del 54.27 %.

Sí, pero. En lo que queda del mes, el CIV subirá nuevamente 65 eventos de licitación para el mantenimiento de varios tramos carreteros, pues no fueron adjudicados por falta de ofertas. Según el titular del CIV, Miguel Ángel Díaz, las empresas no muestran interés en participar. Mientras tanto, el deterioro de las carreteras continúa. 

• La mayoría de los recursos desembolsados por las unidades del CIV se han ido en el pago de salario, es decir, en el funcionamiento de cada dependencia. No en la ejecución de obras.
  
  

• El portal de transparencia de Finanzas ofrece varios reportes sobre el presupuesto, pero no incluye información sobre la solicitud y la aprobación de las cuotas de gasto.
  
  

• Esto genera dudas, pues se desconoce el mecanismo en el que las asigna el Minfin. Además, impide identificar los montos exactos con los que dispone cada dependencia, como lo es el CIV.

En conclusión. La baja ejecución del CIV no solo refleja limitaciones internas, sino un problema estructural con la relación al Minfin. La falta de transparencia en la aprobación de cuotas de gasto favorece la continuidad de obras detenidas y carreteras abandonadas. 

• Sin información clara sobre cómo y cuándo se asignan los recursos, el sistema presupuestario se convierte en un obstáculo y no en un instrumento de desarrollo.
  
  

• El deterioro de la infraestructura nacional avanza más rápido que la ejecución de proyectos. El escenario a futuro no es optimista. 

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Las elecciones de Colombia se fraguan entre una severa polarización política. Después del magnicidio del candidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, la configuración electoral de la derecha quedó bajo una lucha por el liderazgo. Sin un claro favorito a la vista, ni para la izquierda ni para la derecha, el electorado se encuentra dentro de una encrucijada con institucionalidad en tensión, altos índices de violencia e inestabilidad económica.

En perspectiva. El gobierno de Gustavo Petro llega a su triste desenlace con un fuerte desgaste político, marcado por una plétora de escándalos y violencia fuera de control. 

• Petro convocó a un plebiscito para presionar a favor de una reforma laboral. Luego de la deslegitimación de los procesos democráticos, logró aprobar finalmente la reforma laboral, después de que reapareciera en el Legislativo. A su vez, esta fue presentada como una reivindicación histórica de los trabajadores.
  
  

• El escándalo de corrupción ligado a su hijo, Nicolás Petro, acusado de recibir dineros ilícitos durante la campaña, borró la narrativa anticorrupción y cualquier credibilidad de su proyecto político.

Lo indispensable. La política colombiana de cara a las elecciones de 2026 se encuentra en un escenario de fragmentación, sin liderazgos claros en ninguno de los dos bandos tradicionales. 

• La postulación de Iván Cepeda arrastra apoyos de las alas más radicales del petrismo, pero se encuentra demasiado lejos del centro político como para articular a un electorado y liderar a la izquierda.
  
  

• El magnicidio de Miguel Uribe ha magnificado la percepción de inseguridad y reforzado la narrativa de la necesidad de un cambio que reduzca la violencia política. Sin embargo, su padre, Miguel Uribe Londoño, no ha heredado el carisma electoral de su hijo.
  
  

• La izquierda también cuenta con Gustavo Bolívar, candidato más cercano a Petro, y María José Pizarro, quien recibe el legado guerrillero del M-19. En la derecha, se ubican María Fernanda Cabal, voz prominente del uribismo ortodoxo, y Paloma Valencia, senadora con una herencia política prominente, quienes, a pesar de las tensiones internas, buscan proyectarse como los candidatos más sólidos de sus bloques políticos.

Lo que sigue. Las condiciones electorales que deberán enfrentar tanto la izquierda como la derecha en 2026 se resumen en tres desafíos principales. 

• El oficialismo tendrá que lidiar con el desgaste de la inflación y las promesas económicas incumplidas, lo que limita su capacidad de convencer a un electorado escéptico frente a nuevas promesas sociales.
  
  

• La derecha tendrá el reto de articular un discurso sólido sobre seguridad, suficientemente convincente frente al dilema persistente de las FARC y otros grupos armados: la victoria se encuentra en la idea de una mano firme sin volver al autoritarismo del pasado.
  
  

• Aunque la anticorrupción no será un eje principal — superada en relevancia por la violencia y la economía—, se convertirá en un punto fuerte de la derecha, que debería ser usado como narrativa a favor de un cambio.

En conclusión. Las elecciones de 2026 se jugarán en un terreno marcado por el desgaste económico y social del gobierno de Petro y la incapacidad de la izquierda para proyectar un liderazgo renovado. La derecha colombiana tiene la oportunidad de capitalizar la zozobra ciudadana mediante un discurso claro en materia de seguridad y orden, complementado con una narrativa anticorrupción. El voto de castigo regresa a ser clave en contra de la izquierda colombiana. El régimen sudamericano de la marea rosa está dando sus últimos respiros.