El ministro Jiménez debe ser, pero también parecer honesto

¡Buenos días!

Las adquisiciones gubernamentales son un espacio para corrupción, sobre todo cuando se trata de contratos multimillonarios. Cuando, además, se trata de armamento o material bélico, la sospecha se incrementa. Pero no solo eso, sino que no es producto de una licitación, sino de una compra dirigida a un solo oferente, en la “cómoda” modalidad de oferente único, ya más que sospecha, hay casi certeza.

Todos ellos son elementos de alta corrupción, desde acá a Timbuktú. Pero, la guinda del pastel: la adjudicación multimillonaria es para una entidad directamente vinculada con un miembro del gabinete de gobierno.  Con los nombres que sean y en cualquier latitud, son todos los dignos de un acto, a todas luces, opaco, si se vale el oxímoron.

Eso pasó en Guatemala, este año, en la administración de Bernardo Arévalo, el de la “nueva primavera”.

Como dice un distinguido miembro del foro: “cómo se parece esta nueva política, a la vieja política”.

Y, sin embargo, el Gobierno parte sin novedad. El silencio es ensordecedor, para usar otro, un oxímoron más, como el de nueva política, otra contradicción en términos. 

La reciente crisis de Chiquita en Panamá vuelve a poner en evidencia las profundas tensiones estructurales que atraviesan el sector agroindustrial latinoamericano, un ámbito donde a menudo colisionan intereses laborales, empresariales y políticos. 

Por qué importa. La crisis se desató tras la aprobación de una reforma al sistema de pensiones que elevó la edad de jubilación para los trabajadores agroindustriales. 

• En respuesta, miles de empleados bananeros se declararon en huelga, no contra Chiquita, sino como protesta directa contra la decisión del Estado panameño.
  
  

• Chiquita, que reportó pérdidas por USD 75M, reaccionó con el despido de casi 7000 trabajadores y la suspensión de operaciones en Bocas del Toro, la principal zona bananera del país.
  
  

• Según César Guerra, subcoordinador de COLSIBA —la federación regional de sindicatos a la que pertenece el gremio que lideró la protesta—, el paro respondió a años de desgaste y estancamiento en las condiciones laborales, desatendidos por el Estado panameño.   

Sí, pero. No es la primera vez que una escalada sindical desestabiliza una operación agroindustrial en Latinoamérica. El sector bananero ha sido, de forma recurrente, escenario de huelgas que han derivado en cierres definitivos, quiebras o episodios de represión violenta.

• En 1954, cerca de 40 000 trabajadores paralizaron las operaciones de la United Fruit y Standard Fruit en Honduras. Aunque la huelga logró importantes concesiones, también obligó a ambas compañías a reconsiderar su permanencia en el país, marcando el inicio de su eventual retiro.
  
  

• Durante las décadas de 1980 y 1990, Colombia se convirtió en un foco de conflicto en la región del Urabá. Varios líderes sindicales vinculados a movimientos guerrilleros murieron en enfrentamientos con fuerzas militares y paramilitares, generando un clima de inseguridad que provocó el retiro de muchas empresas.

  
  

• En la mayoría de estos casos, el patrón es claro: un frente sindical poderoso ejerce presión, los gobiernos son incapaces de responder adecuadamente, y las empresas ceden o abandonan. 

Entre líneas. Aunque las causas del conflicto sindical en Latinoamérica son múltiples, el mal diseño de las leyes laborales sobresale como un factor determinante.

• En la región, los sindicatos suelen tener capacidad para paralizar sectores enteros sin mayores restricciones legales ni una intervención estatal efectiva, lo que deriva en conflictos más disruptivos.
  
  

• Además, suelen alinearse con partidos de izquierda o con organizaciones internacionales, lo que amplifica su capital político. En EE. UU., por ejemplo, los sindicatos están más institucionalizados y enfrentan restricciones legales más estrictas para involucrarse en actividades políticas.
  
  

• Como señala Guerra: “Así como hay paraísos fiscales, también hay paraísos laborales, lugares donde las multinacionales operan sin controles efectivos.” Pero también ocurre lo opuesto: existen entornos laborales donde los sindicatos ejercen una influencia desproporcionada sobre decisiones públicas y corporativas. 

Ecos regionales. La crisis en Panamá ha encendido las alarmas en países vecinos, en una región que domina el mercado mundial de exportación de banano.

• Latinoamérica alberga a los principales productores del sector —Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Colombia—, que en conjunto representan más de la mitad de las exportaciones globales, con ventas anuales superiores a los USD 9000M.
  
  

• Ecuador, hoy, el mayor exportador del mundo, ha mantenido una postura históricamente adversa a la sindicalización que, aunque polémica, ha favorecido un entorno más predecible y estable para las empresas multinacionales.
  
  

• Guatemala, por su parte, arrastra desde hace décadas un sistema de pensiones disfuncional, lo que genera preocupación tanto entre empleadores como sindicatos.  

En conclusión. El banano puede estar en el centro de la crisis actual, pero es solo una hebra dentro del tejido agroindustrial latinoamericano que sostiene a millones de familias rurales.

• Los sindicatos, muchas veces, surgen como respuesta a condiciones laborales precarias y a la inacción estatal. Sin embargo, en ausencia de marcos legales efectivos o de mecanismos confiables de resolución de conflictos, su influencia puede transformarse en poder sin control. 

La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) enfrenta una crisis en la cogestión de barcos, un problema que causa millonarias pérdidas a usuarios y consumidores en general. Sin embargo, gastos como la contratación de personal y la adquisición de servicios, pasan desapercibidos por los guatemaltecos.

Por qué importa. En años anteriores, contrataciones de personal fueron utilizadas como mecanismos de corrupción. Por ejemplo, la entrega de contratos a conocidos, en la mayoría de los casos, sin capacidad para los puestos. 

• Los renglones 029 y subgrupo 18 son las plazas más utilizadas para pagar favores políticos, pues tienen pocos controles.
  
  

• El actual gerente general, Ricardo Monterroso, en los 17 meses que lleva de administración, ha contratado a 442 personas bajo esos renglones.
  
  

• Su predecesor, Francisco Anleu, reclutó a 260 en tres años de gestión. Entre ambas gerencias hay una diferencia de 182 servidores públicos.

Visto y no visto. Monterroso prescindió de la mayoría de los antiguos contratados, sin embargo, sí incrementó la planilla del personal sin relación de dependencia y con ello, en el gasto mensual. 

• El último reporte de remuneraciones detalla que, solo en mayo, se desembolsaron GTQ 2.94M en servicios técnicos y profesionales.
  
  

• En total, la nómina se integra de 288 trabajadores. La mayoría está delegada en la gerencia administrativa.
  
  

• El último mes de Anleu, la EPQ pagó por 259 plazas GTQ 1.86M. Una diferencia de GTQ 1.08M con respecto a los desembolsos actuales.

Sí, pero. Los servicios técnicos y profesionales de los que se beneficia la Gerencia Administrativa pasaron de 46 —enero 2024— a 62, en el presente. No obstante, la Autoridad Administrativa Superior pasó de 26 a tres en el mismo periodo de tiempo. 

• Destaca la contratación del asesor Manuel Antonio León Sandoval —exfutbolista—, quien fue condenado en EE. UU. por el delito de lavado de dinero para el narcotráfico.
  
  

• Recibió una condena de seis años de prisión. Ahora tiene un salario de GTQ 22 580 en la Unidad de Comercialización y Mercadeo de EPQ. 
  
  

• Otro de los perfiles de asesor que sobresale es el de René Francisco González Jiménez. En 2011 dirigió la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).

En conclusión. La EPQ, al igual que otras instituciones del Estado, mantiene la contratación de personas por afinidad y no necesariamente por capacidad, además, de incrementar el gasto público por medio del aumento de asesores bajo el renglón 029 y 018. 

• La administración del presidente Bernardo Arévalo también lo replica. En los últimos meses, se reportó una mayor contratación de asesores en los ministerios y secretarías.
  
  

• Una reforma al servicio civil de todo el aparato estatal es impostergable; fue promesa de campaña de Arévalo, pero, como muchas otras, se quedó en eso. Promesa. 

El Ministerio de Gobernación adjudicó un contrato por más de GTQ 84M a una empresa vinculada con la ministra de Cultura. La compra, realizada bajo la cuestionada modalidad de “proveedor único”, ha levantado sospechas por posible sobrevaloración y favoritismo, en detrimento de la transparencia y competencia.

Lo indispensable. El pasado 6 de junio de 2025, el Ministerio de Gobernación (MINGOB), a través de la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), adjudicó un contrato para la adquisición de armas de fuego tipo pistola (NOG 25430939).  

• De acuerdo con el portal de GUATECOMPRAS, la empresa beneficiada fue Mundo de las Armas, S.A., cuyos representantes legales son Eddy Arnoldo Gómez Gálvez, Oscar Francisco Grazioso Sierra y Renzo Ricardo Grazioso Sierra; los dos últimos, hermanos de la actual ministra de Cultura y Deportes, Liwi Grazioso Sierra.
  
  

• Dicha entidad ha sido proveedora del Estado desde 2004; exceptuando el 2022 —su año más provechoso, con GTQ 32M—, en el 2025 lo ha superado, con más de GTQ 85M en adjudicaciones.
  
  

• La plataforma refleja que la adquisición sería por 10 000 armas de fuego tipo pistola calibre 9x19 mm marca Pietro Beretta.

Visto y no visto. Un elemento que llama la atención es la modalidad de adquisición: proveedor único. Ello permite que, por la naturaleza del bien, solamente pueda ser adquirido de un proveedor, en este caso Mundo de las Armas.  

• No obstante, como se determinó en otro concurso, ahora prescindido, para la adquisición de este bien (NOG 23406976), dicha modalidad no era la adecuada, dado que no cumplía con los criterios necesarios.
  
  

• Asimismo, en de ambos concursos, se sostiene que otras empresas nacionales sí ofrecen el producto solicitado, por lo que, a fin de garantizar la calidad del bien, se tendría que haber optado por una licitación.
  
  

• Es decir, al no permitir la competencia entre empresas, no solo se abre una brecha para favorecer a empresas afines, sino que también puede ser perjudicial para el usuario final, al no existir una comparativa en la calidad.

Entre líneas. Adicionalmente, el concurso muestra pruebas sobre una posible sobrevaloración en el proceso.  

• GUATECOMPRAS refleja que el precio unitario del bien se elevó a GTQ 8499, lo cual supone un incremento de más de GTQ 4000, en comparación al precio del mercado.
  
  

• Asimismo, debido a que esta no es la primera vez que esta empresa provee este bien al Estado, en 2024, siguiendo los mismos parámetros, la empresa ofertó un precio unitario de GTQ 7498, más de GTQ 1000 adicionales.
  
  

• Consecuentemente, estos datos sugieren cómo la empresa podría haber recibido un contrato “inflado”, en perjuicio de los intereses del Estado.  

En conclusión.  El ministro Jiménez ya había sido cuestionado por beneficiar a esta empresa en adjudicaciones estatales; sin embargo, este justificó la adquisición aludiendo a la exclusividad en la provisión de los bienes.  

• Que, además, el presente caso, se trate de una entidad propiedad de la familia de una ministra, la millonaria contratación enciende todas las alarmas de posible tráfico de influencias.
  
  

• Una situación idéntica, en cualquier otro momento —durante otro gobierno— ya hubiera sido denunciada por la oposición, e investigada por posibles actos de corrupción.