¡Buenos días!

La infausta lista de 20 “candidotes” para el TSE fue ampliamente rechazada desde que se dio a conocer por la Comisión de Postulación (CP), controlada por el ilegítimo rector de la USAC.

Walter Mazariegos, su alfil, el decano de la Facultad de Derecho de la universidad pública, Henry Arriaga, con la aquiescencia de los representantes de las universidades privadas, produjeron un adefesio.

Ayer, el encargado de negocios de la Embajada de los EE. UU., John Barrett, emitió un pronunciamiento inequívoco; paralelamente, Cacif hizo lo propio. Lamentablemente, ahora —posteriormente— tendrá que buscarse una salida al brete en el que la CP ha metido al país. Ojalá  se pueda.

Pero, una vez resuelto el entuerto de la mejor manera posible, hay que entrarle, con todo, al problema subyacente: la abyecta agenda que domina a quienes participan —y ganan— en los procesos para ocupar los más altos cargos electorales y judiciales en Guatemala.

La inclusión de la academia en las CP por parte de los constituyentes buscaba alejar importantes decisiones de los vaivenes políticos; noble intención, pero ya sabemos de qué está empedrado el camino al infierno. Hay que acabar con las comisiones de postulación.

Mientras tanto, como sociedad, debemos estar a la altura. Se vale tener intereses particulares y luchar por espacios de poder, pero no a costa de compartirlos con narcos y criminales.

Decir que se es de “derecha” y compartir plácidamente espacios e intereses con narcos y criminales, no hace a nadie de derecha, sino que lo hace cómplice de aquellos criminales.

Yo, safo.

El Banguat peligra en este 2026

Este año, Bernardo Arévalo debe nombrar presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y, para horror de la economía del país, el actual ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, es considerado para el puesto.

La estabilidad macroeconómica es el ancla fundamental para el desarrollo de cualquier nación; una economía estable garantiza inflación controlada, tipos de cambio predecibles, reservas internacionales sólidas y un crecimiento —como el de Guatemala— que debe traducirse en empleo, inversión y bienestar social, amén de otros importantes elementos, como la certeza jurídica e infraestructura.

¿Pero qué sostiene esta estabilidad? No radica tanto en los políticos —de turno—, sino en la continuidad de políticas económicas bien diseñadas, independientes de vaivenes ideológicos.

Un ejemplo paradigmático es Perú, un país que ha sufrido turbulencia política en las últimas dos décadas. Desde el año 2000, ha tenido ocho presidentes, la mayoría envueltos en escándalos de corrupción, con varios terminando en prisión o enfrentando acusaciones graves. Ello ha generado caos político y gobiernos deleznables. Sin embargo, en medio de todo ello, Perú ha mantenido un crecimiento económico notable, con una inflación baja y reservas internacionales envidiables.

¿El secreto? La continuidad en el Banco Central de Reserva del Perú, liderado por Julio Velarde desde 2006. Velarde no es un político; es un técnico que ha priorizado políticas monetarias prudentes, independientes de los cambios presidenciales. Esta estabilidad institucional ha permitido que Perú atraiga inversiones extranjeras, expanda su sector exportador y reduzca la pobreza, demostrando que las políticas consistentes trascienden a las personas.

Guatemala debe mirarse en este espejo peruano; a diferencia de su hermano andino, Guatemala ha disfrutado de una relativa estabilidad política en los últimos años, con transiciones de poder ordenadas y un marco institucional que, aunque imperfecto, ha evitado los golpes de Estado. Esta calma política ha sido complementada por una estabilidad macroeconómica reconocida a nivel mundial: el quetzal se mantiene estable, la inflación es baja y las reservas del Banguat superan los estándares internacionales. Este track record no es casualidad; se debe a décadas de políticas monetarias conservadoras, enfocadas en la independencia del banco central y en medidas antiinflacionarias que han resistido presiones partidistas.

Sin embargo, este logro está en riesgo inminente; Menkos, un cuadro eminentemente político —fundador del partido Semilla, candidato fallido a la vicepresidencia y diputado electo—, enciende alarmas. Menkos representa una ruptura con la tradición de tecnócratas apolíticos al frente del banco central. Su perfil inclinaría las políticas hacia agendas ideológicas, erosionando la independencia que ha sido clave para la estabilidad. En un contexto regional donde populismos económicos han llevado a hiperinflaciones en Venezuela o deudas insostenibles en Argentina, Guatemala no puede permitirse experimentos. Nombrar a alguien con fuertes lazos políticos podría disuadir inversiones, elevar el riesgo país y, en última instancia, perjudicar a los guatemaltecos más vulnerables.

La lección es clara: la estabilidad macroeconómica no depende de héroes individuales, sino de instituciones robustas y políticas continuas. Presidentes vienen y van, pero las políticas macroeconómicas deben perdurar. Para Guatemala, preservar esta continuidad significa priorizar perfiles técnicos sobre políticos en el Banguat. Solo así se mantendrá el escudo que protege a la nación de crisis externas y se fomentará el crecimiento económico.

Isabel Ortiz
Reinstalaciones: trampa y gasto
595 palabras | 3 minutos de lectura

Las reinstalaciones en el Estado no son solo un conflicto jurídico, son una señal de cómo se ha administrado la contratación pública. Cuando una sentencia obliga a reincorporar personal bajo esquemas permanentes, el efecto no termina en el trabajador: impacta presupuesto, estructura institucional y sostenibilidad fiscal.

Cómo funciona. La reinstalación permite que un trabajador despedido sin causa regrese con salario y antigüedad intactos. En el sector público, esa decisión no solo corrige un acto administrativo: puede alterar la composición del gasto permanente.

• El renglón 029 fue diseñado para servicios temporales, sin relación de dependencia ni prestaciones. Su uso extendido ofreció flexibilidad y contención formal del crecimiento de la nómina estatal.

• El renglón 011 implica estabilidad, prestaciones completas y pasivo laboral acumulativo. La plaza debe estar prevista en el presupuesto y su creación exige procedimientos y autorizaciones técnicas.

• Cuando un juez aplica la primacía de la realidad y determina subordinación laboral, la conversión de 029 a 011 transforma gasto variable en obligación estructural con efectos fiscales de largo plazo.

En el radar. En un caso particular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), esa tensión se volvió concreta. La institución enfrenta dos procesos judiciales que revelan distintos niveles del problema.

• En el primer caso, la asistente del exdirector, Francis Argueta, fue reinstalada por orden judicial. El contrato fue remitido al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que realizó observaciones formales sobre la redacción de funciones “descriptivas y no limitativas”.

• Aunque el fondo del documento no variaba, la demandante se negó a firmar la versión ajustada. El proceso administrativo quedó suspendido y la ejecución plena de la sentencia se estancó por una diferencia formal.

• Paralelamente, la institución trabaja en el cálculo de salarios dejados de percibir, pero sostiene que necesita cerrar el expediente contractual antes de completar el trámite.

Punto de fricción. El segundo caso en la DGAC es más complejo. Involucra a una exempleada vinculada originalmente al organismo regional Cocesna, bajo un esquema financiado externamente y con pagos en dólares.

• Aunque el vínculo no nació dentro de la estructura nacional, un juez ordenó su reinstalación en Guatemala y posteriormente solicitó que sea incorporada como plaza 011 con salario equivalente al devengado en dólares.

• La DGAC argumenta que no existen plazas ordinarias presupuestadas en dólares y que la creación de una 011 requiere aval de la Oficina Nacional de Servicio Civil, además de coordinación con la Procuraduría General de la Nación.

• Internamente se advierte que podría trasladarse a la entidad una obligación laboral generada bajo otro régimen, modificando su estructura salarial sin haber sido prevista en el presupuesto aprobado.

Balance. Más allá de los nombres o expedientes específicos, el caso de la DGAC no sería aislado, sino representativo de una tensión más amplia dentro del Estado. El modelo de contratación estatal ha privilegiado contratos de servicios para reducir obligaciones permanentes y mantener flexibilidad, pero esa estrategia genera vulnerabilidad jurídica cuando la relación real demuestra subordinación laboral.

• Las órdenes judiciales pueden entrar en fricción con la planificación presupuestaria y organizacional del Ejecutivo, especialmente cuando implican habilitar plazas no contempladas en el presupuesto aprobado.

• Cada conversión de contrato temporal a renglón 011 incrementa el gasto permanente, genera pasivos laborales y modifica la estructura orgánica de la institución, con efectos que trascienden el caso individual.

• El resultado no es únicamente un conflicto entre una entidad y un trabajador. Es una tensión estructural entre legalidad, presupuesto y administración pública. La discusión de fondo no es si deben respetarse derechos laborales, sino si el Estado puede sostener un modelo flexible mientras los tribunales reconocen derechos plenos derivados de esas mismas contrataciones.

Glenda Sánchez
Alertan sobre acciones legales y postergación de cargos
383 palabras | 2 minutos de lectura

Esta semana la Comisión de Postulación (CP) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) integró la nómina de los 20 candidatos a magistrados para el Congreso.  Mientras tanto, la postuladora del Ministerio Público (MP) sigue con la recepción de expedientes. Cada una avanzó a su propio ritmo y marcó las alianzas de los comisionados.

De manera simultánea se desarrollan las elecciones de los magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC). El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) eligió a Astrid Lemus como titular y a Luis Fernando Bermejo, suplente. Y la Universidad de San Carlos (USAC) a Julia Marisol Rivera Aguilar como titular y a José Luis Aguirre Pumay, suplente.

El viernes cierran la recepción de expedientes en el Organismo Ejecutivo y el Legislativo. El Organismo Judicial fijó del 23 al 27 de febrero la convocatoria y para el 3 de marzo la elección de sus representantes.  Observadores alertan de riesgos para que magistrados designados no asuman. Y que prolonguen funciones por conveniencia.

El Tribunal Supremo Electoral

En estos días, el Congreso definirá la fecha para elegir a los magistrados titulares y suplentes del TSE. La elección la realizarán luego de que la CP entregó, este martes 17 de febrero, la nómina de los 20 aspirantes.

Entre los candidatos están Joaquín Rodrigo Flores Guzmán, Sergio Amadeo Pineda Castañeda, Eva Marina Recinos Vásquez, Lesther Castellanos Rodas y Wilber Estuardo Castellanos Venegas.

El Ministerio Público  

El resto de la semana, la CP recibirá los expedientes de los aspirantes. Entre los candidatos que entregaron papelería, únicamente se encuentra Mynor Francisco Hernández Castillo.

Claudia Paredes, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y quien preside la postuladora, supervisó la unidad de recepción. La próxima reunión de la CP fue programada para el lunes 23 de febrero. Ese día se prevé revisar las papelerías de los candidatos.

Corte de Constitucionalidad

El viernes 20 concluye la recepción en el Congreso. Hasta este jueves, más de 16 profesionales presentaron expediente, entre ellos David Alberto Juárez Aldana, Soria Toledo Castañeda, Roberto Molina Barreto, Luis Eduardo López, Claudia Paniagua y Luis Alfonso Rosales. La votación se programó para el 3 de marzo.

El Ejecutivo concluirá la recepción de documentos, también el viernes 20. La designación de sus representantes será el 16 de marzo.