El narco se prepara para las elecciones 2027

¡Buenos días! 

La paulatina —pero consistente— penetración del narco en la política latinoamericana se consolidó, un poco más, este fin de semana, en la asamblea general del partido CABAL.

El partido que postuló a Edmond Mulet en la elección pasada —consiguiendo 18 diputados— ahora atrae a diputados y candidatos seriamente cuestionados, entre ellos, Esduín Jerson Javier Javier, alias “Tres Kiebres”.

Precisamente, el fin de semana —al peor estilo de ajuste de cuentas del narco—, fue asesinado en Chimaltenango un excandidato de ese partido, José Elías Ramírez Andrés.

Los señalamientos en contra de Luis Aguirre, el líder de ese partido —desde ayer, su secretario general—, por sus vínculos con el narco, terminan de consolidar en el imaginario colectivo que CABAL es el nuevo UCN, el cancelado partido de Mario Estrada, preso en EE. UU. precisamente, por sus vínculos con el narco.

El fenómeno no es nuevo, pero ha ido en boyante crecimiento en los últimos años. CABAL podrá no ser el único partido que tiene entre sus filas a personajes narco-adyacentes (y a miembros, por derecho propio), pero sí parece ser el único —actualmente— que, sin despeinarse, los acepta en sus filas y los hace sus dirigentes. Su candidato presidencial —electo secretario de formación política—, será Roberto Arzú.

Pendientes de ver si todo ello les “viene del norte”. El que entendió, entendió.

La ejecución del alcalde Carlos Manzo, en plena celebración del Día de Muertos, es la evidencia más cruda de que México ha caído —de nuevo— en manos de un orden paralelo, donde el Estado no gobierna, sino que sobrevive. 
 

En perspectiva. Manzo, alcalde de Uruapan, el corazón del multimillonario negocio del aguacate, fue asesinado a tiros después de desafiar abiertamente al crimen organizado y denunciar la inoperancia del gobierno federal. 

• Su muerte, grabada en video y seguida de disturbios en Michoacán, representa un punto de no retorno.  

• Es el fin de cualquier legitimidad popular que tuviera todavía la estrategia de “abrazos, no balazos” y del mito de que la contención y el diálogo bastan frente a las mafias que hoy controlan el país. 

Por qué importa. Desde López Obrador hasta Claudia Sheinbaum, la izquierda mexicana ha insistido en que “la guerra contra el narco” fue un error histórico, responsable del desbordamiento de la violencia. Pero el pacifismo ha terminado por convertirse en una forma de complicidad con el crimen organizado. Sheinbaum presume la detención de 35 000 delincuentes y la destrucción de más de 1500 laboratorios.  

• Empero, el asesinato de figuras públicas —alcaldes, periodistas, empresarios— se ha disparado: más de 300 policías han sido ejecutados este año y la cifra de homicidios políticos crece un 25 %. 

• Los números revelan una paradoja, donde el Estado golpea la periferia del crimen, pero el crimen mantiene el control del territorio. 

• En los hechos, los cárteles gobiernan municipios, financian campañas locales, extorsionan productores y administran justicia. Y mientras la presidenta celebra una reducción estadística, México se siente más violento, más vulnerable y más solo. 

Entre líneas. La fragilidad del Estado mexicano no se queda dentro de sus fronteras. La violencia tiene un efecto dominó. En Guatemala, por ejemplo, el poder de los Huistas se ha fortalecido al amparo de la crisis institucional mexicana. Las rutas de tráfico, que antes cruzaban por Chiapas de forma intermitente, hoy son corredores seguros controlados por alianzas entre estructuras locales y operadores mexicanos. 

• La incapacidad de México para recuperar el control de su territorio no solo incrementa el flujo de drogas hacia EE. UU., sino que multiplica la violencia en Centroamérica. 

• Esto, consecuentemente, alimenta la migración y el debilitamiento de las instituciones democráticas. Donde el Estado no protege, los grupos armados llenan el vacío. 

Visto y no visto. El asesinato de Manzo también expone el peligro del ascenso del populismo de seguridad. El alcalde de Uruapan, con su discurso frontal y su promesa de “balas contra criminales”, encarnaba la figura del hombre fuerte que promete orden en medio del caos —un eco del modelo Bukele en El Salvador—. 

• Su popularidad creciente reveló un hartazgo social que puede volverse terreno fértil para liderazgos autoritarios. 

• En un país donde la impunidad supera el 90 %, la idea de que “la violencia se combate con más violencia” deja de ser moralmente discutible para volverse políticamente rentable. 

• México corre el riesgo de que la desesperación legitime la excepción. Y si esa lógica se consolida, Latinoamérica enfrentará una nueva oleada de caudillismos “securitarios” disfrazados de reformas democráticas. 

En el radar. Sheinbaum ha respondido al asesinato de Manzo prometiendo “redoblar los esfuerzos” sin modificar su estrategia. Sus palabras insisten en una fórmula fracasada, que equivale a negar la realidad. México necesita recuperar el monopolio de la fuerza y reconstruir la confianza en la ley. La caída de Manzo marca un antes y un después, evidenciando que México se ve derrotado por su propia ideología.  

• Si el Estado mexicano sigue negando la guerra que ya existe —una guerra asimétrica, territorial y política—, terminará perdiéndola y dejando vulnerable al resto de países vecinos. 

• El narco ya no desafía al Estado mexicano, sino que, desde la llegada de Morena al poder, lo sustituye del todo. 

• La política de contención ha fracasado y el colapso institucional del “abrazos, no balazos” amenaza con extenderse más allá de su frontera sur. 

Según estimaciones oficiales, Guatemala proyecta cerrar 2025 con USD 1875M en inversión extranjera directa, una mejora respecto a los USD 1653M del 2024. Aunque la tendencia es alentadora, los desafíos estructurales siguen conteniendo el potencial real del país.

• La economía avanza, pero aún lo hace con un lastre histórico: baja competitividad, infraestructura insuficiente y una institucionalidad que no logra acompañar el dinamismo del sector privado. El crecimiento es real, pero todavía frágil.

Por qué importa. La inversión extranjera activa reportada por el Mineco —USD 1679.85M a octubre— confirma una ruta ascendente que, en términos macroeconómicos, debería fortalecer la generación de empleo y la diversificación productiva. Sin embargo, especialistas recuerdan que Guatemala continúa operando muy por debajo de su potencial. La IED equivale apenas al 1.6 % del PIB, un nivel bajo para un país que necesita empleos formales, infraestructura moderna y un entorno regulatorio competitivo. 

• Para el investigador David Casasola, la tendencia muestra “una trayectoria creciente”, pero señala que eso no significa haber alcanzado un nivel adecuado. Su análisis subraya que Guatemala debe celebrar avances sin perder dimensión: los montos siguen siendo modestos. 

• A pesar del crecimiento, la composición sectorial sigue inclinada hacia actividades financieras, dejando rezagados sectores con mayor capacidad de absorción laboral. La energía, metalmecánica, biotecnología y manufactura ligera tienen potencial, pero aún no alcanzan la escala necesaria para transformar el mercado laboral.

• Los vecinos se mueven más rápido. El Salvador y Honduras atraen IED equivalente al 2 %-3 % del PIB. Esta diferencia revela un rezago que ya no es coyuntural, sino estructural: carreteras deterioradas, puertos lentos, trámites complejos y un sistema regulatorio impredecible. 

Entre líneas. Aunque Guatemala gana visibilidad internacional gracias a misiones comerciales, ferias y esfuerzos diplomáticos, la base que sostiene esa promoción sigue siendo débil. El país depende más de ventanas de oportunidad que de una plataforma estable y moderna para atraer negocios de alto valor agregado. 

• Casasola insiste en que “necesitamos inversión que genere oportunidades laborales”, recordando que no todo capital transforma la economía. La clave no es solo atraer, sino atraer lo correcto: industrias con encadenamientos productivos reales.

• La simplificación de trámites ayuda, pero no compensa puertos saturados, carreteras colapsadas y un sistema judicial lento. La promoción internacional funciona únicamente cuando existe un marco institucional confiable. Sin certeza jurídica, cualquier campaña es cosmética.

• Guatemala aún no consolida una política de Estado en competitividad. La falta de continuidad frena proyectos estratégicos y genera costos adicionales para empresas. Mientras otros países avanzan con infraestructura, desregulación y energía competitiva, Guatemala sigue atrapada en ciclos de improvisación. 

Lo que sigue. Para que Guatemala convierta crecimiento potencial en desarrollo tangible, deberá fortalecer su institucionalidad, mejorar su logística y asegurar una implementación técnica de las leyes aprobadas en esta administración. Los próximos pasos serán decisivos para determinar si la tendencia positiva se solidifica o se estanca. 

• La aplicación de la Ley de Infraestructura y no politizar la aplicación de la Ley de Competencia será determinante. El investigador advierte que “el reto será que esas leyes funcionen”, subrayando que la ejecución importa más que la legislación en sí. Sin claridad regulatoria, aumentará la incertidumbre.

• Si el país avanza en puertos, carreteras, permisos y estándares regulatorios, podría aspirar a elevar la inversión al 4 %-5 % del PIB. Esa cifra acercaría a Guatemala a economías emergentes con estrategias sostenidas de competitividad.  

La misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya se encuentra en Guatemala desde el fin de semana, tras una invitación gubernamental para “acompañar” los procesos de elección de autoridades fundamentales. 

Qué destacar. La delegación inició el acompañamiento técnico a las comisiones de postulación responsables de renovar cargos en el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, todos con incidencia directa en el ciclo electoral de 2026. 

• La visita ocurre en medio de una creciente tensión institucional entre el Organismo Ejecutivo, el Ministerio Público (MP) y el juez Fredy Orellana. 

• El presidente, Bernardo Arévalo, emprendió acciones legales contra el juzgador, quien resolvió la cancelación del partido oficial, el Movimiento Semilla. 

• Mientras el MP insiste en que hubo irregularidades en las Elecciones Generales de 2023, el Ejecutivo sostiene que se trata de resoluciones ilegales que buscan socavar la legitimidad del gobierno y obstaculizar su gestión. 

Lo que sigue. El Congreso de la República convocará el martes 11 de noviembre a la Comisión de Postulación encargada de iniciar el proceso de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyo mandato concluye en marzo de 2026.  

• La decisión, anunciada por el diputado Juan Carlos Rivera, ocurre en medio de una crisis institucional que afecta directamente al órgano electoral. La convocatoria se da en cumplimiento de los plazos legales, pero bajo la sombra de una institucionalidad debilitada.  

• Cuatro de los cinco magistrados titulares se encuentran suspendidos por orden judicial, vinculados al caso TREP, que investiga la presunta compra sobrevalorada de un sistema informático por GTQ 148M.  

• El Ministerio Público los acusa de fraude y abuso de autoridad, mientras que sus defensores denuncian una persecución política. La magistratura del TSE ha sido señalada por irregularidades en contrataciones, falta de transparencia y vínculos con redes de poder.  

En el radar. Hoy se convocó a la reunión semanal de la instancia de Jefes de Bloque para definir la agenda legislativa que, como de costumbre, solo tiene una sesión efectiva: la del martes. La del jueves es tiempo perdido.  

• Tras cumplir con la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó retomar la sesión del 4 de noviembre para elegir al primer vicepresidente y renovar la directiva para 2026, los diputados se concentran en el debate del Presupuesto General del Estado, que asciende a más de GTQ 163 000M.  

• Esta discusión marca el inicio de intensas negociaciones entre las bancadas, en un contexto marcado por el escándalo del año anterior, cuando bajo similares negociaciones los legisladores se duplicaron el salario, hasta subirlo a más de GTQ 66 000. 

• Este presupuesto será el correspondiente al año preelectoral. No se descarta que busquen incrementar partidas con fines clientelares. El oficialismo podría intentar distribuir más recursos estratégicamente para fortalecer su posición y asegurar continuidad en el poder 

Ecos regionales. Exiliados nicaragüenses han expresado temor por la seguridad de Yadira Córdoba, tras la orden de deportación emitida por un juez en Texas.  

• La activista permanece detenida en San Antonio mientras su defensa prepara una apelación antes del 8 de diciembre. Córdoba sería enviada a Honduras, lo que la expone a represalias del régimen Ortega-Murillo, según su familia.  

• Todo está listo en Honduras para las elecciones generales del domingo 30 de noviembre. El Consejo Nacional Electoral realizó este 9 de noviembre un simulacro nacional para verificar la logística, el sistema de transmisión de resultados y el desempeño del personal electoral. 

• Costa Rica también se prepara para las elecciones generales del 1 de febrero de 2026, con 10 candidatos presidenciales en contienda. En la sede del TSE, representantes de 20 partidos firmaron un pacto ético interpartidario para promover campañas limpias y democráticas.