El peor TSE de la historia

¡Buenos días!

El entramado gubernamental, casi en su totalidad, debe ser reestructurado; incluso, muchas dependencias deben desaparecer, pues son innecesarias y muy caras de mantener. El Estado debe ser eficaz —más que fuerte—, y para ello debe ser acotado; pequeño. No se puede esperar eficiencia de un mamotreto.

Son varias las reformas necesarias: al servicio civil, al sistema de adquisiciones, al sistema judicial, entre otros; pero nada de ello será posible si los mismos políticos son quienes legislan y administran para beneficio propio. Para ello es necesaria una reforma político-electoral.

La cuestión no es sencilla, pues quienes tienen que hacerlo no tienen el más mínimo interés de hacerlo, pues les perjudica. Menudo entuerto.

Sin duda, habrá que ejercer toda la presión necesaria para “forzarlos” a reformar las reglas electorales, y de esa forma, viabilizar que los mejores —aristocracia— se hagan con el poder, y desplacen a la actual kakistocracia, el gobierno de los peores.

Los guatemaltecos no podemos seguir escogiendo gobernantes con el parámetro de “el menos malo”. 

La ofensiva del gobierno mexicano contra el robo de combustible registró esta semana su mayor logro en años: más de 15M de litros de hidrocarburos robados fueron incautados en el Estado de Coahuila.  

En perspectiva. Durante años, el crimen organizado en México acaparó titulares por el huachicol, término local que designa el robo de combustible desde los ductos o camiones de Pemex, la empresa estatal de petróleo.

• Pero aquel método rudimentario ha evolucionado hacia esquemas mucho más sofisticados. Una reciente investigación del Financial Times (FT) reveló que los cárteles mexicanos ahora trafican enormes volúmenes de diésel y gasolina hacia EE. UU. a través de puertos, trenes y camiones.
  
  

• Este nuevo frente del crimen organizado —impulsado por vacíos regulatorios y una preocupante complicidad institucional— es una de las operaciones ilícitas más lucrativas del país.
  
  

• Según el FT, el combustible ilegal podría representar entre el 16 % y el 27 % del consumo anual de combustibles en México, el equivalente a entre 172 000 y 290 000 barriles diarios. En términos económicos, eso supone un mercado negro valuado entre USD 12 000M y USD 21 000M al año. 

Por qué importa. El contrabando de combustible no solo alimenta directamente las finanzas operativas de los grupos criminales más violentos de la región, sino también plantea una amenaza creciente a la seguridad energética.

• En 2023, hasta el 40 % de la generación eléctrica en México dependía del petróleo, en su mayoría suministrado por Pemex. La petrolera se ha convertido en la empresa más endeudada del sector a nivel mundial, y un blanco prioritario del crimen organizado. Solo en 2023 reportó pérdidas de más de 17 000 barriles diarios.
  
  

• El debilitamiento de la integridad operativa de Pemex compromete la estabilidad de toda la matriz energética mexicana.
  
  

• A ello se suma una política fiscal deficiente que, de forma inadvertida, incentiva el contrabando. Lubricantes industriales importados —exentos del impuesto IEPS— se utilizan rutinariamente para encubrir envíos de combustible ilícito.  

Entre líneas. Al sur de la frontera, Guatemala ofrece un contraste notable: un sector energético definido por su estabilidad y resiliencia.

• Con apenas un 1.7 % de su matriz energética basada en petróleo, Guatemala se mantiene relativamente blindada ante los shocks internacionales de precios y las redes criminales que afectan a su vecino del norte.
  
  

• A diferencia de México, donde la política energética cambia con cada gobierno, Guatemala ha sostenido una visión coherente y multisectorial durante casi tres décadas.
  
  

• Sin embargo, los riesgos aumentan. Grupos criminales vinculados a cárteles mexicanos se expanden en territorio guatemalteco, especialmente en corredores logísticos. Aunque la red energética aún no ha sido afectada, la débil presencia estatal en varias regiones la deja vulnerable.  

Lo que sigue. El éxito de Guatemala es real, pero frágil. A medida que las rutas de contrabando transnacional se extienden desde Centroamérica hacia EE. UU., la coordinación entre Guatemala, México y Washington es clave.

• En 2025, el gobierno de Trump dio un paso decisivo al designar a los principales cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras, y Terroristas Globales Especialmente Designados (FTOs, y SDGTs, por su en inglés). Las implicaciones trascienden lo penal: afectan directamente la forma en que las empresas deben operar en la región.
  
  

• Bajo este nuevo marco, las empresas deben asegurarse de que sus cadenas de suministro y operaciones no beneficien —ni siquiera indirectamente— a estos grupos. De lo contrario, podrían enfrentar sanciones o congelamiento de activos.
  
  

• Más allá de lo legal, este giro revela una realidad cada vez más evidente; a medida que las redes criminales evolucionan en corporaciones multimillonarias, gobiernos y empresas deberán reaccionar coordinadamente.  

En conclusión. Las organizaciones criminales transnacionales se han convertido en la mayor amenaza a la seguridad regional. Ya no se limitan al narcotráfico; controlan rutas migratorias, trafican armas y personas, y alteran infraestructuras críticas, incluidas las energéticas.  

• En zonas de México y Guatemala, estos grupos ya desafían de forma abierta la autoridad del Estado.
  
    

• La solución no pasa, únicamente, por el uso de la fuerza, sino por inteligencia compartida, fortalecimiento institucional y cooperación regional para eliminar los incentivos que sostienen estas economías criminales. 

El presidente, Bernardo Arévalo, supervisó recientemente la ampliación de la ruta CA-14. Sin embargo, la adjudicación previa y los vínculos del contratista despiertan dudas sobre la transparencia y coherencia del gobierno actual.

Qué destacar. El pasado 2 de julio, el mandatario, acompañado de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), supervisó el proyecto de ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-14, tramo Santa Cruz Verapaz – Cobán, Alta Verapaz.  

• De acuerdo con la información oficial, forma parte del Plan Conecta, una iniciativa presentada por el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Bobadilla, destinado a mejorar la conectividad del país, mediante la rehabilitación de la red vial.
  
  

• Esta carretera sería de especial relevancia, dado que se conecta con el acceso principal al departamento —y conduce hacia Quiché, Baja Verapaz—, Guatemala, y varios municipios de Alta Verapaz.
  
  

• Ahora bien, la temporalidad del proyecto y las personas involucradas en su construcción generan cuestionamientos sobre la transparencia, no solo de la información proporcionada por el gobierno, sino que también de los posibles vínculos políticos en la obra.

Lo indispensable. A pesar de que el proyecto ha sido presentado por las autoridades actuales como propio, en realidad, de acuerdo con la plataforma de GUATECOMPRAS, la obra fue adjudicada en noviembre de 2022 (NOG 17894212) por un monto de GTQ 501M.  

• El constructor beneficiado fue Francisco Alejandro Córdova Molina, único oferente, quien también opera bajo el nombre comercial de Constructora y Transportes San Francisco.
  
  

• Según el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la obra (SNIP 301553) lleva un avance ponderado de 74.89 %, con una meta vigente de 17.68 km. Asimismo, hasta el momento se han ejecutado GTQ 55.8M de los fondos asignados.
  
  

• GUATECOMPRAS muestra que la última actualización del proyecto es del 19 de mayo de 2025, en donde se notifica la disponibilidad presupuestaria.

Visto y no visto. La celebración de este proyecto por parte del presidente Arévalo pone en duda su compromiso con la transparencia, dado que la empresa beneficiada forma parte del conglomerado de entidades que cuentan con antecedentes de posible corrupción y vínculos políticos.  

• Constructora y Transportes San Francisco es propiedad de la familia Córdova, una estructura político-empresarial que, desde 2005, ha recibido más de GTQ 2228M en contratos estatales.
  
  

• Cabe destacar que los años más rentables se concentran en los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, siendo el 2022 el año con más ingresos: GTQ 1166M.
  
  

• Ahora bien, a partir del 2024, la empresa mantuvo un perfil bajo con adjudicaciones mínimas, sin embargo, pese a los señalamientos, en 2025 vuelve a recibir un contrato por más de GTQ 9M para el mantenimiento de la red vial.

Entre líneas. Otro señalamiento que ha afectado a la empresa son sus vínculos políticos, particularmente con el extinto partido Líder y Manuel Baldizón.  

• En las elecciones de 2015, tres miembros de la estructura, Jorge Aroldo Córdova, alcalde, Édgar Tomás Córdova, diputado, y Carlos Francisco Córdova, alcalde, fueron electos por este partido político.
  
  

• Esta información es relevante dado que sugiere un posible vínculo entre el oficialismo y el clan, ya que el diputado Román Castellanos, figura destacada dentro de Movimiento Semilla, ejerció como asesor parlamentario de Édgar Tomás en 2016.
  
  

• El diputado Castellanos ha aclarado que ya no existe relación con Córdova.

En conclusión. La verdadera lucha contra la corrupción, abanderada por este gobierno, debe empezar desde las acciones de sus propios funcionarios.  

• Una mala estrategia de comunicación, presentando un proyecto de una administración pasada como propio, es propaganda engañosa para la población.
  
  

• Asimismo, el presidente Arévalo, al reconocer obras adjudicadas a empresas señaladas, genera cuestionamientos sobre el alcance de su compromiso por fomentar la transparencia dentro de su gobierno. 

Tener un contrato laboral legal ahora le abre las puertas a un sistema completo de protección social. Gracias al Acuerdo 1529, el IGSS amplió sus beneficios para que cualquier trabajador formal, sin importar el tamaño de la empresa en la que presta servicios, pueda afiliarse al régimen de Seguridad Social.

Por qué importa. Afiliarse al IGSS como trabajador formal es más que un derecho: es una garantía para su bienestar integral.

• Acceda a los programas EMA (Enfermedad, Maternidad y Accidentes) e IVS (Invalidez, Vejez y Sobrevivencia).

• Su cónyuge e hijos menores de 7 años también reciben atención médica y apoyo económico como beneficiarios.

Qué destacar. El proceso de afiliación se ha modernizado para que usted pueda realizarlo con facilidad y rapidez.

• La afiliación se realiza de forma 100 % digital, desde su celular o computadora.

• Solo necesita ingresar a la página web para iniciar el proceso.

En conclusión. Ahora que tiene este derecho, afiliarse es un paso importante para protegerse a usted y a su familia.

Guatemala enfrenta una doble crisis electoral: por un lado, un sistema legal diseñado para proteger a los partidos tradicionales; por otro, un Tribunal Supremo Electoral (TSE) desgastado por su propia gestión. A pocos meses de iniciar el proceso para elegir nuevos magistrados, el país lidia con las consecuencias acumuladas de una reforma fallida y de un tribunal bajo fuertes críticas.

Por qué importa. La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobada en 2016, impulsada por la UNE —por beneficio propio— y apoyada decididamente por la CICIG y el entonces embajador de EE. UU., Todd Robinson, fue presentada como un paso hacia la modernización del sistema democrático. En la práctica, produjo el efecto contrario: fortaleció a los partidos dominantes y debilitó las condiciones de competencia electoral. 

• Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), no duda en afirmar que probablemente ha sido “la peor reforma” en los últimos años. Según explica, fue impulsada por los partidos grandes en consenso y representó un “retroceso profundo” en la calidad del sistema político.
  
  

• La normativa consolidó privilegios: menos fiscalización, techos de campaña más altos y un diseño legal hecho a medida de los actores tradicionales.
  
  

• En palabras del propio Quezada, “los partidos se convirtieron en juez y parte”, controlando no solo el proceso electoral, sino también las condiciones que rigen su participación.

Qué destacar. Pero no todo puede atribuirse a un marco legal deficiente. La actual magistratura del TSE ha acumulado una sarta de errores propios, decisiones controvertidas, y una fragilidad institucional sin precedentes. 

• Esta magistratura dejó fuera a candidatos presidenciales de manera muy cuestionable, habilitó partidos para luego inhabilitarlos, etc. Adicionalmente, adquirieron un programa informático para proveer de resultados preliminares —el infame TREP—, que, casi indudablemente, estuvo groseramente sobrevalorado.
  
  

• “La historia recordará a este tribunal como el peor capítulo del TSE”, sentencia Quezada. El analista señala fallos graves en contrataciones, adjudicaciones opacas y decisiones contradictorias.
  
  

• A esto se suma la aplicación desigual de criterios: severidad con algunos candidatos y permisividad con otros, lo que amplió la brecha de confianza con la ciudadanía.

Ahora qué. La actual magistratura concluye funciones en marzo de 2026. Antes de eso, el Congreso deberá iniciar el proceso de postulación para conformar el próximo TSE. Pero no se trata solo de cambiar rostros: el país necesita una reforma legal sustantiva y urgente. 

• Aunque existe un dictamen de reforma desde el año pasado, la nueva Comisión de Asuntos Electorales acordó devolverlo para generar una nueva propuesta. El reinicio del proceso depende ahora del Pleno del Congreso, que deberá autorizar formalmente su retorno a comisión. De aprobarse, la discusión volvería a empezar desde cero.
  
  

• El diputado Raúl Barrera, integrante de la Comisión de Asuntos Electorales, advierte: “Necesitamos una reforma sustantiva antes del 2027. Es ahora o nunca”.
  
  

• Sin magistrados firmes ni reglas claras, Guatemala podría llegar a su próximo evento electoral con las mismas grietas que hoy estarían comprometiendo su democracia.