¡Buenos días!

Hay documentos que absuelven y documentos que delatan. El indulto “preventivo” que Joe Biden extendió a Anthony Fauci —el último día de su presidencia— pertenece a la segunda categoría. Cubre cualquier delito federal cometido desde el 1 de enero de 2014: once años de inmunidad anticipada para un hombre que insiste en no tener nada que esconder. Uno no blinda una década entera de la vida de un funcionario intachable. Se blinda lo que no se quiere ver examinado.

La pregunta incómoda es qué había que blindar. El informe final del subcomité del Congreso —hoy alojado en el sitio oficial de la Casa Blanca— demuestra que la publicación Proximal Origin, esgrimida durante años como escudo científico contra la hipótesis del laboratorio, fue impulsada por Fauci para consolidar la narrativa del origen natural. Demuestra también que EcoHealth Alliance canalizó dinero del contribuyente estadounidense hacia investigación de ganancia de función en Wuhan, que su presidente entregó documentos alterados al Congreso y que un asesor de Fauci borró registros federales. El HHS de Biden, mientras tanto, administró la demora como política de Estado.

Y luego la pedagogía del miedo. La regla de los seis pies que, según el propio testimonio de Fauci, “simplemente apareció”. La promesa —repetida desde el podio presidencial— de que el vacunado no se contagiaría ni transmitiría el virus —corregida después en silencio— siempre fue mentira y lo sabían.

Nada de ello es un catálogo de errores honestos. Es el retrato de una institución que, puesta a elegir entre la verdad y su propia reputación, eligió censurar a quien dudaba. Y cuando ya no pudo sostener el relato, se autoexpidió el perdón.

Luego de ese infame indulto “preventivo” —así como otros—, el discurso anticorrupción y de que nadie es superior a la ley de los Demócratas demuestra, una vez más, cómo la lucha anticorrupción es solo un arma que apuntan a otros.

La superintendencia de incompetencia

Pasaron décadas para que se aprobase una ley de competencia, uno de los caballitos de batalla del oficialismo en campaña. Ha bastado un año para poner en duda la institución que esa ley creó.

Jorge Miguel Castillo Castro fue electo primer superintendente el 13 de octubre de 2025, por dos votos contra uno. Cinco meses después, el 10 de marzo, presentó una renuncia que él mismo calificó de irrevocable. Y luego —porque las palabras de los funcionarios son elásticas cuando conviene— el 7 de julio anunció que la revocaba y que se quedaba. El Directorio aceptó la renuncia el 27 de este mes, con los votos de Javier Bauer y Jorge Mario González; al día siguiente, en el Congreso, Castillo aseguró que sigue siendo el superintendente.

Conviene decirlo sin eufemismos: una renuncia irrevocable no es un borrador. Es un acto unilateral y definitivo que agota su propósito en el momento de presentarse. Sostener lo contrario obligaría a aceptar que la titularidad de un órgano regulador depende del humor de quien lo ocupa. El Directorio no cometió un abuso al aceptarla; corrigió, con cuatro meses de retraso, un vacío que nunca debió prolongarse tanto.

El capítulo más preocupante, sin embargo, no es el de Castillo. Es el del director Edgar Rolando Guzmán Fuentes. Guzmán fue el único que votó contra la elección de Castillo. Nueve meses después fue el único que votó contra su salida; contra el nombramiento provisional de un intendente recién electo; contra la entrega del cargo y contra el comunicado que informaba de todo ello. Cuatro decisiones, cuatro disidencias. Antes había pedido, además, que se separara al presidente del Directorio del proceso de elección: la recusación fue declarada sin lugar mediante la Resolución 36-2026. 

El patrón no se lee como celo institucional; se parece más a la construcción metódica de un expediente de agravios. Y el detalle que lo delata es doméstico: la moción para aceptar la renuncia la presentó Alfredo Skinner-Klée Sol, el suplente designado por la misma Junta Monetaria que nombró a Guzmán. No es que la mayoría le sea adversa; es que su propio suplente también. Un director que no logra un solo voto de su suplente en nueve meses tiene ante sí dos hipótesis, y la menos probable es que todos los demás estén equivocados. 

Queda una pregunta que la Superintendencia de Competencia debería responder antes de diciembre, cuando entren en vigor sus facultades sancionatorias: ¿bajo qué reglas circula la información reservada del Directorio? Un órgano que investigará cárteles, abusos de posición dominante y concentraciones necesita hermetismo absoluto. Si un director en minoría permanente convierte cada deliberación en material de disputa pública, el problema deja de ser de convivencia y pasa a ser de idoneidad. Ningún agente económico entregará información sensible a una institución cuyas sesiones se litigan en los titulares y en el Congreso.

La actitud de Guzmán es, a estas alturas, el factor de riesgo más serio que enfrenta la Superintendencia. No porque disienta —la disidencia razonada es salud en un órgano colegiado—, sino porque ha dejado de distinguir entre perder una votación y ser víctima de una conspiración. Nueve meses de derrotas unánimes no lo han llevado a revisar sus premisas, sino a escalar el conflicto. Quintacolumnismo puro y duro.

Gérman Gómez
Entre Mazariegos y otros intereses: la batalla silenciosa por la Contraloría
576 palabras | 3 minutos de lectura

El proceso para elegir al próximo contralor general de cuentas se convirtió en la primera disputa política con impacto directo en las elecciones generales de 2027. Aunque la votación del 6 de agosto definirá únicamente a 11 representantes gremiales del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA), detrás de las 11 planillas convergen actores con intereses distintos.

• La intención es influir sobre una institución que fiscaliza el gasto público y emite finiquitos, un requisito indispensable para competir por cargos de elección popular.

Por qué importa. Las 11 planillas buscan integrar la comisión de postulación —de 27 miembros— que elaborará la nómina de seis candidatos para contralor. Quien logre colocar más representantes, de los 11 disponibles, aumentará su capacidad de negociación.

• La disputa a poco menos de un año de los comicios. Ese anticipado interés refleja que distintos grupos consideran estratégica la elección del próximo contralor.

• Las planillas evidencian un mapa de alianzas más amplio que el gremio de auditores. Detrás aparecen universidades, exfuncionarios, organizaciones profesionales y operadores políticos.

Entre líneas. Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), respalda a tres planillas. Su objetivo es ganar espacios en un órgano clave del proceso y negociar cuotas de poder. Una práctica recurrente en las elecciones de segundo grado en las que participó.

• Mazariegos apoya a la planilla 1, Crecimiento Profesional de Auditores (CPA), liderada por Henry Daniel Mencos Cucul. También la 3, Nosotros por el crecimiento profesional, encabezada por Carlos Enrique Canto Mejía.

• Asimismo, la 4, Confianza Profesional, dirigida por Abigail de Jesús Roblero Gómez. Por su parte, USAC-DIRE apoya abiertamente a la planilla 10, Dignidad Gremial CPA, guiada por Harry Erick Waight Zetina.

• También aparecen respaldos abiertos de figuras como Carlos Mencos, excontralor general y exdiputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y de Juan Francisco Solórzano Foppa, extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Punto de fricción. La figura de Walter Mazariegos añade una dimensión política al proceso. Su continuidad al frente de la USAC permanece cuestionada por varios sectores. Además, el debate sobre su finiquito convirtió a la Contraloría en un actor central de esa controversia.

• El actual contralor, Frank Bode Fuentes, tendría como principal apuesta a la planilla 2, Grupo Profesionales Unidos, integrada en buena medida por trabajadores de la Contraloría.

• Mencos respalda a la planilla 9, Integridad y Desarrollo. Es la agrupación que ha respaldado en los últimos años. Según indicó, no buscará ser contralor.

• Solórzano Foppa apoya a la planilla 8, Unidad x la Transparencia. Explicó que conoce a sus integrantes y aseguró que se financian con aportes de los propios candidatos.

En conclusión. La elección del 6 de agosto trasciende la representación gremial. Será la primera prueba de fuerza entre los grupos que buscan influir en una de las instituciones con mayor impacto sobre el proceso electoral de 2027. El resultado permitirá medir qué actores llegan con mayor capacidad de negociación a la comisión de postulación y, posteriormente, al Congreso.

• La disputa refleja que la Contraloría dejó de ser vista únicamente como un ente fiscalizador. Pasó a convertirse en una pieza estratégica por su facultad de emitir finiquitos y presentar denuncias por el manejo de fondos públicos.

• Más allá de quién obtenga la jefatura de la CGC, el proceso pondrá a prueba la independencia de una institución llamada a fiscalizar al Estado. Es decir, tiene que garantizar que sus decisiones no respondan a intereses políticos, sino al cumplimiento de la ley.