El presidente ¿autoriza pagos?

¡Buenos días! 

A lo largo de los casi 7 meses de gobierno, se ha visto que los funcionarios –desde el presidente, para abajo– reaccionan ante lo que ocurre en redes sociales; si tiene “tracción”, reaccionan, más allá de los señalamientos o de los errores.  

Precisamente en redes sociales es que se “viralizó” un audio donde Arévalo destituye a una ministra; casi al mismo tiempo, también se difundieron imágenes de las hojas con la firma del presidente “autorizando” pagos a constructores. Está de más decir que es una conducta irregular, por decir poco. A la luz de esto, cabe preguntarse: ¿Arévalo autorizará personalmente todos los pagos de las distintas carteras? Sería algo ridículo, pero posible. 

La transparencia debe proceder de los funcionarios, no porque se descubrió un hecho, sino por principio; que los actuales funcionarios lo hagan de manera reactiva –y no proactiva– no los hace peores a sus antecesores, simplemente los hace iguales. 

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La ley no establece que el presidente Arévalo autorice pagos a contratistas

Lupa Legislativa: Ministro de Gobernación y de Relaciones Exteriores en capilla ardiente “otra vez”

Panorama Ejecutivo: Presidente anuncia destitución en la PGN y reacciona a los audios con exministra

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Luis González
La ley no establece que el presidente Arévalo autorice pagos a contratistas
715 palabras | 3 mins de lectura

"Es competencia constitucional del presidente de la República". Con esta frase concluyó la conferencia de prensa el presidente Bernardo Arévalo, cuando fue cuestionado sobre el fundamento legal para que él autorice pagos a contratistas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). 

  • Los desembolsos en esa institución y la remoción de la ministra Jazmín de la Vega, volvieron a ser noticia luego de que se filtró el audio donde el mandatario le informó de su destitución. En esta grabación el presidente le dice de manera clara que la removió por la falta "grave" de pasar una lista de pagos no autorizada por "mi persona".

  • En la conferencia, Arévalo comentó: "[…] sí, ese audio es auténtico, es la llamada en la que yo destituí a la ministra [...]". Además, aseguró que de la Vega es una persona "indigna de confianza" porque lo grabó y filtró lo conversado. La aludida no quiso comentar más de los hechos, pero subrayó que ella no es la responsable de la grabación y circulación del audio.


  • "El hecho de que nunca pudo explicar por qué hacía pagos más allá de los acordados por ese mecanismo técnico, confirma que la decisión de destituirla fue correcta", agregó el jefe del Ejecutivo. 

Por qué importa. Primero, porque significó la salida de una ministra y segundo porque no existe fundamento legal para que el presidente autorice pagos a contratistas del Estado. 

  • En ninguna parte de la Ley de Contrataciones del Estado o su reglamento, existe algún artículo que haga referencia a que los desembolsos los debe aprobar el mandatario.  El artículo 50 del reglamento indica que "todos los pagos derivados de la ejecución de los contratos a que se refiere la Ley deberán ser autorizados por la autoridad administrativa superior de la entidad o dependencia interesada".

  • En las funciones y atribuciones constitucionales del presidente tampoco figura la de autorizar pagos. Lo más cercano a ello es el artículo 183, literal q, que dice que le corresponde "administrar la hacienda pública con arreglo a la ley".  

Panorama General. ¿Por qué Arévalo tomó la decisión de autorizar él mismo los pagos a los contratistas? Su versión es para ir "[…] distribuyendo los pagos para que todos los constructores tuvieran oportunidades y no se repitiera pagarles a las mismas empresas, que era lo que se venía haciendo. Para romper la lógica de que para entrar en la lista hay que pagar una comisión, que ese era el ritmo del gobierno anterior [...]" 

  • Agregó que se tomó en cuenta "[…] que la obra estuviera supervisada. Que hubiera un acuerdo entre el avance físico y presupuestario. Que fueran obras con contratos sin problemas de corrupción". Además, para priorizar "porque no existen los fondos" para pagar a todos. "Es un acuerdo eminentemente técnico, regular y rutinario dentro del Estado".

  • En efecto, el mecanismo de pago ya está establecido en los artículos 59 y 62 de la referida ley y 52 del reglamento. "La entidad, dependencia o unidad ejecutora contratante podrá hacer pagos parciales a cuenta del contrato, contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado por el contratista y aceptado por el supervisor o su equivalente".

  • Y añade: "estas estimaciones podrán hacerse mensualmente, salvo que se haya establecido otro plazo en el instrumento contractual. Para el pago de la estimación, el contratista entregará al supervisor un proyecto de estimación, dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del periodo; el supervisor dentro de los siguientes cinco días de haberlo recibido deberá revisar y aprobar la estimación conciliando cualquier diferencia con el contratista. En todo Caso cualquier diferencia que posteriormente resultare a favor o en contra del contratista, podrá ajustarse en la próxima estimación o en la liquidación". 

En conclusión. En ninguna parte de la ley, reglamento –mucho menos en la Constitución– se menciona la función de "pagador" del presidente de la República. 

  • Si una condición es no pagar a obras con contratos de sospechas de corrupción, como aseguró Arévalo, basta con que el mandatario pida una revisión de los proyectos para concluir que le paga a constructoras señaladas. Incluso, algunas que en pocos días serán denunciadas por sus funcionarios.

  • El mecanismo de pago no hay que inventarlo o "sacarlo de la manga". Cualquier disposición en ese sentido se presta a la arbitrariedad o a la discrecionalidad del funcionario, como parece que sucede ahora. 

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Ana González
Ministros de Gobernación y de Relaciones Exteriores en capilla ardiente “otra vez”

Los ministros de Gobernación, Francisco Jiménez, y de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, vuelven al Congreso este martes para iniciar con su interpelación.  

Los diputados están convocados a las 14 horas tras el fracaso de la sesión del 25 de julio donde varios congresistas rompieron el cuórum y obligaron a levantar la plenaria. Se espera que esta vez Sandra Jovel pueda formular las 20 preguntas que tiene contra el titular de la cartera del Interior.  

También se espera que Julio Lainfiesta sea juramentado como subsecretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante (CONAMIGUA); el Legislativo debe dar cumplimiento a una resolución de la Corte de Constitucionalidad en ese sentido.  

Dado que las interpelaciones no deben interrumpir la agenda, los jefes de bloque están convocados a una reunión el miércoles a las ocho de la mañana para definir los temas.  

Infraestructura vial y ampliación presupuestaria en lista de espera  

Varias iniciativas siguen entrampadas, se espera que sean conocidas con el inicio del segundo período de sesiones.  

La ley de infraestructura vial ya cuenta con dictamen favorable y está lista para regresar al pleno del Congreso, al igual que la ley de competencia. 

En cuanto a la ampliación presupuestaria, no se ha tomado una decisión; si bien los diputados no firmaron el dictamen favorable, no se ha oficializado su rechazo.  

Esto abrió la puerta para que el Ejecutivo mantenga la esperanza de que el tema sea abordado, pues “permitirá destinarlo a las necesidades en materia de salud, educación y carreteras”, dijo el presidente Bernardo Arévalo en conferencia de prensa. 

Queda esperar si el oficialismo jugará su última carta y buscará presentar una moción para dispensarlo de dictamen. Para ello, necesitarán 107 votos.  

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Edgar Quiñónez
Presidente anuncia destitución en la PGN y reacciona a los audios con exministra

Como cada lunes, en el marco de la reunión del gabinete de gobierno, el Ejecutivo realizó una conferencia de prensa para abordar distintos temas. En esta ocasión el presidente, Bernardo Arévalo, fue quien presidió la actividad.  

El mandatario reconfirmó que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela. Dijo que los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no reúnen los criterios de transparencia de una democracia moderna.   

“Nuestro Gobierno condena rotundamente la represión y violencia que ha desatado el Gobierno de Venezuela en contra de su propio pueblo, violencia que a la fecha ha dejado más de una decena de fallecidos”, indicó.  

Postuladoras bajo la mirada de la OEA   

Ayer, los enviados de la Organización de Estados Americanos (OEA) continuaron observando el trabajo que realizan los integrantes de las comisiones de postulación para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones (CA).   

Arévalo explicó que esta segunda visita será para corroborar los aspectos que afecten la integridad del proceso como los retrasos que ya suceden y que a su criterio permiten que las fuerzas político-criminales controlen “la elección”.    

Reacción de audios con exministra  

El presidente se pronunció respecto al audio que se viralizó en redes sociales, de una conversación que sostuvo con la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega. Confirmó que el audio es auténtico.   

El mandatario dijo que esa es la llamada en la que destituyó a De la Vega. Contó que lo hizo vía telefónica por que la exfuncionaria se encontraba fuera del país sin autorización.   

También habló de unos documentos que salieron a la luz pública; dijo que son las listas en las que iban acordando el orden de pagos para poder hacerlos al conjunto de obras que existen en el país.  

“Recuerden que nosotros tenemos un mil cuatrocientos contratos de construcción abiertos y a estos hay que irles pagando y hay que cancelarles de acuerdo con criterios”, comentó Arévalo.   

“Como no se le podía pagar a todos al mismo tiempo porque no existen los fondos para poder hacer una operación de ese tipo, se iban a ir graduando los pagos para que no hubiera una repetición de estos”, explicó.   

Una destitución en la PGN   

El mandatario fue cuestionado sobre el fallido reclamo de reparación digna en el caso Libramiento de Chimaltenango; según la jueza a cargo del caso, no se fundamentó debidamente el monto reclamado.  

Al respecto dijo que será destituida la persona que no siguió la instrucción –del PGN–. Según Arévalo el procurador general, Julio Saavedra, dio la orden para que el Estado reclamara GTQ 21M, sin embargo, el subalterno hizo caso omiso de la directriz.   

Agregó que contra esa persona se pondrán las denuncias correspondientes por haber incurrido en ese acto. El abogado que acudió a la audiencia reclamó un pago de GTQ 19M a las empresas RENOVA y CONASA, luego de que sus representes legales aceptaran los cargos de fraude. Ambos fueron condenados a una pena de 3.4 años de cárcel y a pagar solamente GTQ 350 000 cada uno. 

El procurador general ha manifestado su inconformidad con el fallo y ha afirmado que lo apelará cuando le sea notificada la sentencia.