El presidente recula

El Gobierno improvisa otra vez… 

El Gobierno de Guatemala ha dado un nuevo ejemplo de su recurrente improvisación al aprobar los reglamentos de la Ley de Tránsito imponiendo un seguro contra terceros que, lejos de resolver problemas, genera más incertidumbre. La medida, que debiese —entre otros— reducir la carga del Estado ante accidentes viales, se pretendió implementar sin un consenso previo con las aseguradoras, dejando en evidencia una falta de planificación y diálogo que ya es el santo y seña de la administración. 

El seguro obligatorio es un paso en la dirección correcta, sí. Sin embargo, su diseño resultó tan deficiente que parece más una ocurrencia que una solución. No contempla daños materiales ni hospitalización, dos de los aspectos más críticos en cualquier accidente de tránsito. ¿De qué sirve un seguro que deja desprotegidas a las víctimas en los rubros más costosos y urgentes? Esta omisión no solo frustra el propósito de la ley, sino que impone una carga económica adicional a los ciudadanos, quienes deben pagar por algo que no les ofrece seguridad real.  

La ausencia de coordinación con las aseguradoras es una pifia imperdonable. Sin su respaldo, la implementación carece —cuando menos por ahora— de viabilidad técnica y financiera; peor aún, la existencia de pólizas inadecuadas. El gobierno, una vez más, ha puesto el carro delante de los bueyes, priorizando la apariencia de acción sobre la eficacia. 

Al fin, el Gobierno derogará la medida y aprobará otra; se esperó durante 29 años, y unos meses más no harán mayor diferencia. En esta administración, las buenas intenciones se ahogan en la falta de correcta ejecución.  

… Pero la oposición a la medida es ridícula  

La oposición a la implementación de un seguro alcanzó niveles que rayan en lo irracional. Si bien toda medida pública merece escrutinio, los bloqueos de vías en la capital y de carreteras atentan contra el derecho básico de libre locomoción de miles de ciudadanos.

Insistimos: más allá de las falencias ya indicadas, el seguro busca un objetivo sensato: garantizar que las víctimas de accidentes de tránsito estén protegidas frente a los daños causados por terceros. En un país donde los accidentes son frecuentes y el Estado carece de recursos para asumir todas las consecuencias, esta normativa podría aliviar una carga social y económica evidente. Sin embargo, los detractores optaron por el rechazo visceral. ¿Acaso prefieren que sigamos con un sistema donde las víctimas quedan desamparadas y los causantes evaden toda responsabilidad? 

Más absurdo aún es el método; bloquear carreteras no es protesta pacífica; es un violento acto de egoísmo que perjudica a trabajadores, estudiantes y familias que dependen de la movilidad diaria. La Constitución protege la libre locomoción como un derecho fundamental, y los bloqueos lo pisotean sin miramientos, afectando a quienes no tienen voz en este debate.

Es hora de madurar como sociedad. El seguro obligatorio no es perfecto, pero oponerse a él con tácticas que dañan a la mayoría —y sin respaldo técnico, se insiste— refleja una mentalidad cortoplacista y desordenada.  

A las cosas hay que llamarlas como son. 

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Desde antes de las protestas del ‘68 en Francia, la cultura en Occidente dio un giro abrupto sin un retorno evidente a la histórica tradición pasada de la vida, la libertad y la propiedad. La semilla del progresismo ya había florecido y había dado frutos envenenados. Por su hegemonía a través del mundo occidental, es propio hacer una taxonomía filosófica de las propuestas generales que se traducen en política pública y cultura.

El progresismo, asumiendo por propósitos prácticos que es una corriente única y homogénea, nace de múltiples cauces. Habitualmente, el progresismo se nutre de la negación de la existencia de cosas inmateriales tradicionales, la percepción de opresión de las estructuras pre modernas y la necesidad de acción estatal para resarcir los “daños” de la libertad.

Dentro de los postulados progresistas, la existencia de cosas inmateriales, tales como la verdad, Dios, la justicia, el alma y demás formas usualmente ligadas a la filosofía griega y el cristianismo, se comprenden como discursos que intentan detentar la percepción de la realidad sin ser reales en verdad. La verdad, la justicia y otras formas inmateriales son, o bien, discursos subjetivos a cada uno; o bien, palabras nada más. El uso de estas “palabras” vacías son necesariamente expresiones de poder: no se habla de nada, se domina.

Ahora bien, por la ansiedad de la ubicuidad del poder, estos discursos requieren de un proceso deconstructivo de las estructuras opresivas arraigadas en nosotros. Debido a que pensamos desde estas estructuras automáticamente, es esencial “revisarlas”, porque únicamente aparecen como reales, cuando no son. Por ejemplo, pensamos de manera binaria: cielo-tierra, bueno-malo, hombre-mujer. Esta manera automática de pensar es opresiva, pues proviene de estructuras externas creadas por los poderosos para controlarnos (patriarcado, religión, género) y, por ello, es necesario deconstruirlas. La conclusión a la que se llega es que el Estado debe resarcir a los afectados, habitualmente minorías, por todas aquellas estructuras que, superpuestas una encima de la otra, oprimen múltiples veces a aquellos que no se conforman a las normas binarias.

Más allá de la condición real de las cosas inmateriales, la negación de estas trae consigo un detrimento fundamental para el ideal republicano. El progresismo crea un vacío lógico que se encuentra después de la negación de cosas inmateriales y que conlleva una necesidad de llenarlo. Los viejos poderosos caen y entran nuevos con diferentes discursos. Si no existe lo inmaterial y todo es discurso, el progresismo ara en el mar, pues su posición es indefendible. Además, el sujeto político se encuentra encadenado por todos lados y, por tanto, requiere de la destrucción de todo aquello viejo por lo nuevo, con confianza ciega de lo nuevo por ser nuevo. Aquí se encuentra el dilema último: se asume que el Estado puede resarcir todos los daños, devorando la libertad a través del poder de la administración. Todo lo que nazca de la libertad y sea asimilado como parte de una estructura opresiva debe ser reprimido.

Dentro de los postulados del progresismo se encuentra una amenaza hacia aquellas cosas que consideramos valiosas en sí mismas y por sus efectos positivos en la sociedad. Así, pagamos programas culturales progresistas sin nuestro consentimiento. El Estado, unos pocos grupos de interés y organizaciones supranacionales son soberanos de las decisiones culturales, políticas y económicas. Además, surge la cárcel del lenguaje. No se puede hablar fuera de las nuevas normas de lenguaje no-binario, sin pena de humillación o incluso judicial. Por último, el fundamento de la tradición, el cristianismo, se cree como algo para ignorantes, mientras que lo new age nos libera. El fundamento de la libertad, la vida y la propiedad se ha perdido.

En conclusión, nada está permitido. Pensar está prohibido. Hablar está prohibido.

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