No es posible desear buenos días hoy, un día después del asesinato de Charlie Kirk, el activista y comentarista conservador estadounidense. Mientras participaba en una actividad en una universidad, recibió un fulminante disparo de rifle en el cuello, que lo mató.

Este acto barbárico se suma a una larga lista de asesinatos y violencia dirigida hacia activistas y políticos conservadores en los últimos meses.

Aún pesan el reciente magnicidio de Miguel Uribe Turbay en Colombia, y el intento de magnicidio contra Donald Trump.  En Alemania han asesinado a seis candidatos del partido de derecha AfD a pocos días de elecciones regionales. En todos los casos, el elemento común fue que, a los asesinados —y a Trump—, se les acusa, desde la izquierda, de decir mentiras o simplemente decir cosas que, a la izquierda, no le parece. La consecuencia de ello: ser asesinados.

Lo esperpéntico es que, tanto en EE. UU. como acá, haya medios de comunicación, analistas e imbéciles cualquiera —que se dicen ilustrados— justificando el asesinato, porque “alguien se hartó”. ¡Vaya ilustración!

Descanse en paz Charlie Kirk; murió por sus ideas. 

El populismo del salario mínimo

En Guatemala, la política de salario mínimo se ha convertido en un emblema del populismo —político, pero también económico—, prometiendo alivio inmediato a los trabajadores sin abordar la “causa raíz”: la falta de oportunidades. Para 2025, el salario es de alrededor GTQ 3593.55 mensuales (aproximadamente USD 467), tras el aumento del 10 % decretado por el gobierno de Bernardo Arévalo. Esta medida —que ni siquiera fue aplaudida por sectores sindicales—, se presenta como una herramienta para combatir la pobreza, pero en realidad distrae de la verdadera crisis: una tasa de informalidad laboral que supera el 83 %, la más alta en Centroamérica. 

Fijar un salario mínimo provoca informalidad; al elevar el costo laboral formal, disuade a las empresas de contratar, especialmente en sectores como la agricultura y la maquila, donde los márgenes son estrechos. Estudios tras estudios han mostrado que incrementos en el salario mínimo no reducen la pobreza, sino que generan más problemas, como el aumento del tamaño de la economía informal y la reducción del empleo formal. 

En lugar de fomentar la creación de puestos de trabajo, empuja a más personas hacia el subempleo o el autoempleo informal, donde los ingresos son inestables. Este círculo vicioso se evidencia en la persistente tasa de desempleo abierto baja, pero que enmascara la realidad de subocupación masiva. Empresas pequeñas, que representan la mayoría del tejido productivo guatemalteco, optan por no formalizarse para evitar cargas regulatorias y salariales, perpetuando la evasión fiscal y la falta de inversión en productividad. 

Guatemala ocupa el quinto lugar en Latinoamérica con el salario mínimo más alto, por encima de países como Honduras o Nicaragua, pero por debajo de Costa Rica. Sin embargo, esta posición no se traduce en avances sociales: la pobreza afecta al 56 % de la población, con un 16 % en extrema pobreza, cifras que apenas han variado en los últimos años. El salario mínimo, aunque cubre parcialmente la canasta básica, es insuficiente para familias numerosas y no impacta a la mayoría informal, donde los ingresos reales son mucho menores. Esto demuestra que elevar el mínimo por decreto es una ilusión populista: genera aplausos electorales, pero no transforma la estructura económica. 

Para romper este estancamiento, Guatemala necesita políticas públicas enfocadas en el crecimiento económico y la formalización. Inversiones en educación y capital humano; facilitar el clima de inversión mediante reformas regulatorias, transparencia y reducción de burocracia; estimular la creación de empresas formales y atracción de inversión extranjera. Además, urge infraestructura vial y de energía, que reducen costos logísticos, fomentando el empleo en sectores clave. 

Programas de inclusión laboral, como incentivos fiscales para la formalización y apoyo a microempresas, también han probado éxito en países en desarrollo. Estas medidas priorizan el trabajo formal y el crecimiento sostenible, no parches populistas. 

El salario mínimo en Guatemala es un espejismo que distrae de soluciones reales. Solo con políticas estructurales saldremos de la pobreza y generaremos empleo genuino. ¡No más populismo!

El decreto 7-2025 que asegura los recursos para los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) se ha convertido en un dolor de cabeza para el presidente, Bernardo Arévalo, pues cualquier decisión implica un costo político. 

Por qué importa. Si decide vetarlo, el grupo opositor, encabezado por Luis Aguirre y Allan Rodríguez, podría revertir la medida con 107 votos que establece la ley, y lograr que el decreto entre en vigor. 

• Si lo sanciona, corre riesgo de ser blanco de críticas, pues cámaras empresariales y tanques de pensamiento pidieron vetarlo por considerar que viola el principio de anualidad, entre otras deficiencias.
  
  

• También destacan que el traslado automático de saldos contradice la Ley Orgánica del Presupuesto, que obliga a cerrar el ejercicio cada 31 de diciembre y reintegrar a la Tesorería los recursos no ejecutados.
  
  

• Algunos analistas presumen que este debate es apenas la antesala de la discusión del presupuesto 2026, que asciende a GTQ 163 000M, según la propuesta de Finanzas.  

Voces. El margen de maniobra del mandatario es limitado: la Constitución establece que el decreto debe enviarse en un plazo no mayor de 10 días y, al recibirlo, Arévalo tendría 15 días para tomar una decisión.

• Los abogados César Sigüenza y Francisco Quezada coinciden que al mandatario solo le queda vetar o sancionar. Los plazos son claros y no hay forma de retardar la decisión.
  
  

• Para Quezada, el mandatario puede consultar a la Corte de Constitucionalidad sobre el decreto, siempre y cuando esté vigente. O si decide evitar vetar, puede aducir “vicios de inconstitucionalidad”, resaltó.
  
  

• Sigüenza, por su parte, recordó que el artículo 178 de la Constitución establece “que dentro de los quince días de recibido el decreto [...] el presidente podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto”. Las leyes no pueden ser vetadas parcialmente.

Fisgón histórico.  En los últimos 10 años, se han registrado dos ocasiones en que el pleno revierte la decisión presidencial.

• El más reciente fue en la administración de Alejandro Giammattei, cuando revirtió la decisión presidencial con 126 votos del decreto para no suspender los servicios esenciales durante la emergencia por el coronavirus.
  
  

• Algo similar sucedió cuando el pleno rechazó el veto al decreto 13-2016, que establecía penas de cárcel a funcionarios que no atendieran las citaciones en el Congreso.
  
  

• En otros casos se ha registrado que los diputados recurren al precedente 2-2017 para detener el proceso legislativo al aprobar las objeciones al decreto, pero en este caso no ocurrió, debido a que el oficialismo apenas logró 36 votos.

En conclusión. El futuro del Decreto 7-2025 pondrá a prueba las relaciones de poder entre Ejecutivo y Congreso, mientras el presidente Arévalo enfrenta un callejón sin salida. 

Niños y adolescentes en Guatemala son presionados para integrarse a grupos criminales —narcotráfico y pandillas— que los usan como espías, cobradores de extorsiones y vendedores de droga. Los delincuentes buscan a sus víctimas en escuelas, institutos, colegios, centros recreativos, entre otros.

Por qué importa. El reclutamiento escolar provoca alarma entre estudiantes y sus familiares. Algunos padres optan por retirar a sus hijos para protegerlos de posibles represalias.  

• En ocho años, los colegios priorizados por prevención del delito pasaron de 7 a 35, según el Juzgado de Ejecución de Medidas de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
  
  

• Las pandillas buscan menores de 8 a 17 años. Aprovechan que sus sanciones penales son menores. La mayoría de las víctimas son hombres.
  
  

• El problema afecta a las zonas 1, 5, 6, 12, 18 y 25. Además, de los municipios cercanos a la ciudad como Villa Nueva y Chinautla, donde la presencia policial se ha vuelto permanente.

En el radar. El fenómeno ya no se limita al entorno escolar: se expande a parques, canchas deportivas, colonias y redes sociales. Esta última modalidad es silenciosa, pues la comunicación se da en la virtualidad y pasa desapercibida por padres y tutores.   

• Lidia Riz, Trabajadora Social de la Procuraduría General de la Nación (PGN), advierte que “la captación ahora ocurre también en videojuegos y chats”.
  
  

• Padres denuncian amenazas y hostigamiento digital. Los jóvenes reciben mensajes que simulan ser de compañeros para atraerlos.
  
  

• Institutos y escuelas han solicitado vigilancia policial, pero la cobertura aún no alcanza a todos los centros en riesgo.

Punto de fricción. La burocracia para denunciar complica que se persigan los delitos y deja a las familias desprotegidas. También influye la falta de confianza en las autoridades, que se refleja en la descoordinación entre las instituciones.   

• La madre de una adolescente (16 años) denunció que su hija fue presionada por pandilleros para espiar a comercios para extorsionar. Por miedo, solicitó a la directora del colegio clases virtuales.
  
  

• “Cada audiencia con la Policía y la fiscalía nos hacía revivir el miedo”, dijo la víctima, sobre su experiencia en el Ministerio Público (MP).
  
  

• La jueza Verónica Galicia señala que algunos fiscales desconocen los protocolos que protegen a los menores. “Ponen en riesgo a las víctimas” […] con cada citación obliga a los niños víctimas a repetir su testimonio una y otra vez. Al final los victimizan”.

Lo que sigue. Expertos coinciden en que se requieren reformas inmediatas y una estrategia integral de prevención.  Actualmente, hay varias iniciativas, pero ninguna se ha materializado.   

• Galicia recuerda que la ley permite grabar la primera entrevista del menor para evitar que repita su relato. Además, garantizar acompañamiento psicológico desde el primer día.
  
  

• Recomienda crear equipos especializados de la PNC y el MP para atender estos casos, proteger la identidad de los menores y reducir la exposición a los agresores.
  
  

• Si el Estado no actúa de manera coordinada, advierte Galicia, “la escuela pasará de ser un refugio a ser terreno para el crimen organizado y las pandillas”.

En conclusión. El fenómeno se ha intensificado y diversificado. Ya no se limita a las escuelas, alcanza espacios recreativos y plataformas digitales. La problemática expone a los jóvenes a riesgos físicos y psicológicos.   

• La cobertura policial no alcanza todos los centros educativos, y la burocracia dificulta las denuncias; deja a los menores vulnerables.
  
  

• Sin acciones coordinadas, las escuelas podrían transformarse en espacios de riesgo en lugar de refugio para los jóvenes.