¡Buenos días!

Si algo ha caracterizado a Trump ha sido que, independientemente de juicios de valor, es un personaje polémico. Más allá de su guerra comercial, con medidas que mutan de un día para otro, a diario le florecen nuevos frentes de batalla como si fueran flores desbordando en plena primavera. El presidente tiene que hacer malabares entre promover su agenda gubernamental y defenderla luego ante los contrapesos de la justicia.

Cada día surgen más acusaciones de extranjeros que fueron deportados a El Salvador para guardar prisión en el CECOT, a pesar de carecer de antecedentes penales. En la megaprisión conviven criminales de la peor calaña e inocentes que nunca tuvieron derecho a demostrar que lo son. 

Irónicamente, el proceso ofrece una garantía plena, la misma que ofrecía la CICIG a sus víctimas en Guatemala: una vez emitida la acusación, no hay sistema judicial que vaya a velar por desmentirla; ni en EE. UU. ni en El Salvador. 

Les deseamos una exitosa jornada laboral y les agradecemos, una vez más, por su suscripción. 

Un superintendente a la altura del momento

Mañana se elegirá al nuevo Superintendente de Administración Tributaria (SAT), una decisión que no puede tomarse a la ligera. En un país donde la burocracia suele ser un laberinto y la corrupción una sombra persistente, la SAT necesita un líder que rompa con el pasado de compadrazgos y agendas ocultas. El país no soportará un títere de partidos políticos o un aliado de grupos de interés que convierta la institución en un botín. Se requiere un superintendente institucional y serio; que traiga aire fresco y sentido común a la gestión tributaria.

La tarea no es menor; facilitar el pago de impuestos debería ser el evangelio de cualquier administración sensata: menos trabas, más claridad. ¿Cuántas veces se ha visto a emprendedores ahogados por formularios interminables o requisitos absurdos para abrir una empresa? Un superintendente con visión debe entender que la eficiencia no es un lujo, sino una necesidad. Guatemala no puede seguir siendo ese país donde empezar un negocio se siente como escalar una montaña sin cuerda. La SAT tiene que ser un motor, no un freno.

Luego está el elefante en la habitación: los aranceles de Trump. Con EE. UU. mirando cada vez más de cerca lo que cruza sus fronteras, las aduanas guatemaltecas están bajo el reflector. Un superintendente tibio y distraído —o peor, guiado por intereses espurios— podría ser la receta para el desastre. El contrabando no es solo un problema local; si se cuela hacia el norte, las sanciones no tardarán en llegar y las pagaremos todos: exportadores, consumidores y el ciudadano de a pie. Se necesita a alguien que ponga lupa y mano firme en los puertos y pasos fronterizos, que entienda que la integridad de las aduanas es ahora un asunto de supervivencia económica.

No es momento para improvisaciones ni para experimentos. Ya hemos visto suficiente de gobiernos que juegan a la ruleta con nombramientos clave, colocando fichas por lealtad en vez del mérito. La elección de mañana no puede ser otro capítulo de esa triste novela. La SAT requiere de un líder que no se doblegue ante presiones y que no tenga deudas con nadie más que con los guatemaltecos que sostienen este país con su trabajo diario.

El mensaje es claro: apostemos por alguien que mire al futuro, no al espejo de los intereses mezquinos. Se necesita un superintendente que facilite, que vigile y que construya confianza. Si algo nos ha enseñado la historia reciente, es que las crisis no avisan y las oportunidades no esperan. Mañana se define más que un cargo; se define una señal de si Guatemala está lista para tomarse en serio a sí misma.

Trump y Bukele defendieron que los 261 deportados detenidos en el CECOT eran todos pandilleros, pero la narrativa se empieza a desmoronar.

En perspectiva. Nayib Bukele aprovechó la visita de Rubio a Centroamérica para situarse como el aliado favorito de Trump en la región. El viaje del diplomático culminó en la sorprendente noticia de una nueva línea de negocio estatal: externalizar los servicios penitenciarios de EE. UU. a El Salvador.  

• Bukele le ofreció a Trump recibir a deportados de todas las nacionalidades y encarcelar en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) a aquellos que hubieran cometido crímenes contra EE. UU.
  
  

• Para Trump, la oferta fue irrechazable, ofreciéndole la oportunidad de deshacerse de criminales extranjeros, poniendo la mira principalmente en miembros de la MS-13 y el Tren de Aragua.
  
  

• A pesar de los retos legales que el propio Trump admitió que podrían presentarse, las deportaciones se han llevado a cabo y, consigo, una serie de irregularidades previsibles.

Por qué importa. Hace tres semanas, el presidente Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expedir 261 deportaciones —238 de ellas de venezolanos— a El Salvador. La medida fue criticada, puesto que facilitó, a través de una ley para tiempos de guerra del siglo XVIII, deportaciones sin notificación ni defensa previa.  

• Esta semana, Axios reportó que, aproximadamente, un 75 % de los deportados no tienen antecedentes penales.
  
  

• La semana pasada, la jueza federal de distrito, Paula Xinis, ordenó retornar a un salvadoreño erróneamente deportado por ser pandillero. El salvadoreño fue acusado, pero estaba bajo protección de ser deportado, ya que no se demostró su afiliación a ninguna pandilla.
  
  

• De acuerdo con ambos gobiernos, 101 de los deportados fueron expulsados por medio de leyes migratorias y al menos 50 de los venezolanos no tienen vínculos criminales.

Entre líneas. Se señala, además, el caso particular de Jesús Ríos, deportado y detenido en el CECOT, a pesar de estar casado con una ciudadana estadounidense y de haber permanecido en EE. UU. bajo asilo y trámite residencia permanente.  

• Ríos fue acusado de pertenecer al Tren de Aragua debido a un tatuaje; empero, expertos en dicha organización criminal señalan que sus miembros, a diferencia de los pandilleros salvadoreños, no tienen tatuajes identificativos.
  
  

• Los deportados de EE. UU. se suman a una larga lista de detenidos en el CECOT que abogan por su inocencia, pero que, sobre todo, exigen el derecho a juicio del que se les ha privado.

Balance. La Administración Trump parece estar replicando el “modelo Bukele” para combatir el crimen. Las medidas son efectivas, puesto que evitan la ralentización de los contrapesos judiciales.  

• A pesar de que muchos de los detenidos en el CECOT son evidentes miembros —o exmiembros— de pandillas, a la fecha no se tiene evidencia de que alguno haya tenido derecho a juicio, debido a la reserva judicial que le permite el régimen de excepción al gobierno salvadoreño.
  
  

• Sin garantías judiciales tanto en EE. UU. como en El Salvador, el CECOT seguirá siendo un centro de convivencia entre criminales e inocentes.   

La Línea evidenció cómo altos funcionarios dirigían una red de defraudación aduanera. Era liderada por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, presidente y vicepresidenta del país, respectivamente. A una década de la investigación, el estatus legal de varios implicados ha cambiado.

Por qué importa. La Línea defraudó al fisco por al menos GTQ 28 500 M entre los años 2014 y 2015. Evidenció el grado de “cooptación” del Estado y redujo la confianza en las instituciones públicas. Esta aún no se recupera.

• Además, marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción. Entre los logros destaca la condena del binomio presidencial. Ambos recibieron una sentencia de 16 años de cárcel, más una multa de GTQ 8M.
  
  

• Baldetti está en prisión y Pérez logró su libertad tras pagar una multa. Las penas responden a los delitos de defraudación y asociación ilícita.
  
  

• La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) descubrió un caso parecido el año pasado, el B410. Una estructura de empresas ficticias usada para evadir impuestos, por un monto de más de GTQ 300M.

Visto y no visto. Si bien, los rostros visibles fueron Pérez Molina y Baldetti, hay varios personajes que pasaron desapercibidos. Algunos de los sindicados y condenados recuperaron su libertad. Volvieron a la “vida normal”.

• Salvador González —administrador de las empresas de Baldetti—, alias Eco, dejó la prisión en 2017. Tres años más tarde, en 2021, perdió GTQ 2M en un juicio de extinción de dominio.
  
  

• En 2022, se resolvió que no tendría que pagar los GTQ 13 200M que correspondían bajo concepto de reparación digna al Estado.
  
  

• El juez de Mayor Riesgo B, Rudy Bautista, afirmó que la Procuraduría General de la Nación no “demostró” los perjuicios de González.

Sí, pero. El ex secretario general del Sindicato de la SAT, Anthony Segura Franco, fue absuelto de la investigación en 2022. En los juicios defendió su inocencia con publicaciones periodísticas. Actualmente, figura como secretario general del partido político Jaguar.

• Este se constituyó legalmente en enero de 2025, según informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Antes, el cargo era ocupado por Silvi Maraéli Ramos de Segura.
  
  

• Carlos Muñoz Roldán, ex jefe de la SAT entre 2013 y 2015, fue absuelto del caso en 2022; sin embargo, lo recapturaron en 2023. La Fiscalía Especial contra la Impunidad lo acusó de lavado de dinero.
  
  

• Geovani Marroquín Navas, acusado de ser el enlace entre la SAT y terceros para cobrar sobornos, obtuvo su libertad en 2022. Ahora está como responsable del Órgano de Fiscalización Financiera de Jaguar.

En conclusión. La Línea fue el punto de partida para varias investigaciones, pero algunas no prosperaron por “falta de pruebas”. Además, marcó el inicio de varias reformas en el Estado.

• Entre ellas resalta la modificación de la ley del Ministerio Público y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ambas del 2016, menos de 10 años después, queda clara la necesidad de volverlas a reformar.
  
  

• Los sindicados que recuperaron su libertad se reintegraron en la sociedad. Ahora integran proyectos políticos.