El Salvador: seguridad, opacidad y corrupción

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¡Buenos días! 

El Congreso eligió ¡finalmente! a sus representantes, titular y suplente, ante la Junta Monetaria. Esa elección se había estancado por la intención del diputado oficialista, Samuel Pérez, de acceder a la designación. Al no contar con los votos –aduciendo que sabía que no sería electo– decidió desistir. Los bloques del pacto oficialista han aprovechado la debilidad de Semilla y han sacado réditos. 

En El Salvador, el “dictador más cool” del mundo sigue surfeando sobre la ola de su popularidad adquirida por la sensación de seguridad que existe en el vecino país. Sin embargo, la opacidad –prima de la corrupción– campea. La situación es insostenible en una democracia.  

Arévalo prometió el oro y el moro en campaña, pero también luego de ser electo. Con relación al acceso a la prensa a los funcionarios y a las instituciones, las cosas iban a cambiar, dijo. Por el momento, no es así. Se le da el beneficio de la duda en cuanto a sus intenciones, pero en la práctica –la que importa– no han sabido mejorar.  

Estos son los temas del boletín de República Política de hoy. Confiamos que sean de su interés. Gracias por su preferencia.  

En este boletín:

•Seguridad y corrupción: los dos años del régimen de excepción en El Salvador

•UNE y Cabal se quedan con la representación del Congreso en la JM

•Gobierno de Arévalo aún sigue sin cumplir del todo su promesa de facilitar información a la prensal 

Rafael Párraga
•Seguridad y corrupción: los dos años del régimen de excepción en El Salvador
627 palabras | 3 mins de lectura

Tras dos años bajo régimen de excepción, El Salvador necesita de una política institucional para mantener la guerra contra las pandillas sin facilitar la corrupción.  

Panorama general. El pasado 27 de marzo se cumplieron dos años desde la aprobación del régimen de excepción en El Salvador. 24 prórrogas después, el país ha visto una reducción sin parangón en sus cifras de homicidios. En 2023 se registraron solamente 154, con una tasa de 2.4 homicidios por cada 100 mil habitantes y un promedio de 0.4 diarios. 

• Fue el año menos violento en la historia del país, que en 2015 fue declarado el país más peligroso del mundo.
  
  

• Por más de dos años, el gobierno salvadoreño ha librado una guerra contra las pandillas, fruto de la ruptura del pacto entre el gobierno y las maras en marzo de 2022.
  
  

• El Salvador, sin embargo, ha convertido la excepción –literalmente– en la regla, lo que genera cuestionamientos importantes sobre el “modelo Bukele”.  

Los datos. En 2015, El Salvador registró una tasa de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con los datos de la Policía Nacional Civil (PNC), la cifra de 2.4 en 2023 representa una reducción de homicidios de hasta un 97% con respecto a aquel año. A pesar de ello, El Salvador registra, desde 2016, una reducción de esta tasa todos los años: 103 en 2015; 81.2 en 2016; 60 en 2017; 51 en 2018; 36 en 2019; 19.7 en 2020 —influenciado por la pandemia—; 17.6 en 2021; 7.8 en 2022, y 2.4 en 2023. 

• El éxito del “modelo Bukele” se ha dado en un contexto dónde los homicidios llevaban una tendencia de siete años a la baja antes que iniciara el régimen de excepción.
  
  

• La gran interrogante sobre la guerra contra las pandillas de Bukele no es, por lo tanto, si el modelo es el mejor para resolver el problema de las pandillas, sino si será sostenible en el tiempo. 

Sí, pero. A pesar de haber mejorado las cifras del país en materia de seguridad, críticos del gobierno señalan el uso del régimen de excepción para facilitar la corrupción. En abril de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que exonera al gobierno de cumplir con los procedimientos legales para las compras y contrataciones del Estado, siempre que el régimen de excepción siga vigente. El gobierno de Bukele lleva casi dos años incumpliendo la Ley de Adquisiciones y Contrataciones. 

• Esto le ha permitido al ejecutivo evitar la publicación de los contratos para servicios y obras públicas y la evaluación de empresas o personas a las que se les adjudica, entre otros.
  
  

• Antes de que el oficialismo destituyera al anterior fiscal, Raúl Melara, la Fiscalía General de la República había indicado que alrededor del 66% de los contratos del Estado contenían anomalías. Esa información ahora es, para efectos prácticos, secreto de Estado.
  
  

• El gobierno también ha declarado bajo reserva todo lo relacionado al Plan Control Territorial y las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos —que por ley deben ser públicas—, entre ellas, la del presidente Bukele.  

Entre líneas. Con dos años de un gobierno fuera de los márgenes institucionales, El Salvador ha logrado contener el peligro de las maras. Con la aplanadora legislativa de Bukele y todos los órganos del Estado bajo su control, el régimen de excepción es innecesario. A pesar de contar con una política pública para el combate contra las pandillas —el Plan Control Territorial—, el gobierno salvadoreño parecería mantener suspendidas las garantías constitucionales para evitar el escrutinio público.

• El régimen de excepción también ha servido como negocio. El gobierno les cobra a las familias de los detenidos una cuota de US$ 170 al mes para compra de insumos: 35 por comida, 15 por artículos de higiene, 30 por vestimenta, 20 por limpieza y 70 por misceláneos.
  
  

• Adicionalmente, se les cobra por el uso de una tienda de conveniencia, con sobrecostos de hasta un 400% en algunos productos, lo que para algunas familias significa un costo adicional de hasta US$ 150. Desde marzo de 2022 a la fecha, el gobierno ha reportado alrededor de 80 mil capturas.
  
  

• Empleados del gobierno y de alcaldías controladas por el oficialismo han denunciado, también, que se les obliga a pagar una cuota mensual al partido Nuevas Ideas para conservar sus trabajos. Hecho que queda impune debido a la ausencia de mecanismos de control dentro del Estado. 

En conclusión. Los dos años de excepción le han dejado a El Salvador un país seguro, pero estancado económicamente y con un entramado de opacidad preocupante. El experimento salvadoreño ha dado resultados a corto plazo, sin embargo, la vigencia de la excepcionalidad y la falta de una política con visión a largo plazo se explican a través de incentivos perversos: la corrupción.

• El régimen de excepción le permite al gobierno operar sin mecanismos de control y obtener resultados populares –populismo– que le facilitan operar impunemente.
  
  

• El Salvador, sin embargo, necesita de un marco institucional que le permita no solamente mitigar temporalmente el fenómeno de las maras, sino también erradicarlo, evitar un futuro resurgimiento y, por supuesto, sin corrupción. 

Edgar Quiñónez
•Gobierno de Arévalo aún sigue sin cumplir del todo su promesa de facilitar información a la prensa
677 palabras | 2 mins de lectura

Desde que empezó a figurar como candidato a la presidencia de Guatemala hasta después de haber tomado posesión del cargo el 14 de enero del año en curso, Bernardo Arévalo ha sostenido que quiere mantener una buena relación con la prensa.   

• De hecho, en varias ocasiones, el mandatario ha enfatizado en la necesidad de coordinar esfuerzos para garantizar la vigencia de principios democráticos, especialmente en lo que respecta al respeto a la libertad de expresión.
  
  

• También ha dicho que su Gobierno “no va a utilizar herramientas para perseguir judicialmente a periodistas y comunicadores" o al menos así lo afirmó el pasado 25 de enero durante una conferencia que ofreció al finalizar su reunión de gabinete.
  
  

• El mismo discurso sostuvo durante un encuentro con una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), la cual se realizó a finales del mismo mes.   

En perspectiva. El 19 de enero, dos días después de su investidura, Arévalo ordenó que se retiraran las vallas de seguridad que impedían el ingreso al Palacio Nacional de la Cultura. Esa semana también quedó liberado el paso peatonal en los alrededores de Casa Presidencial.  

• La fachada de ambos edificios lucía totalmente distinta a lo que se observó durante los últimos dos gobiernos. Todo apuntaba a una transformación: figurativamente, se estaban eliminando las barreras impuestas que alejaban a la ciudadanía.
  
  

• “El retiro de las rejas no es solo un acto simbólico, sino una declaración de principios: la búsqueda de confianza y transparencia”, fue lo que comunicó el Gobierno a través de sus medios oficiales. Sin duda, esa acción generó mucha expectación.
  
  

• Dos días después, el 22 de enero, el mandatario y la vicepresidenta Karin Herrera encabezaron su primera reunión de gabinete en Casa Presidencial y al finalizar la actividad se retomaron las conferencias de prensa.   

Qué destacar. Hasta ese entonces todo “marchaba bien”. Pero, el Gobierno de Arévalo ha demostrado que no está del todo abierto a la prensa y que continúan los protocolos de administraciones anteriores para el acceso a la información en las instituciones.   

• Un claro ejemplo de esto es que el 29 de enero de 2024 el gobernante ofreció una conferencia de prensa en la que se le cuestionó sobre los avances en el tema de la reducción de su salario. En aquel momento dijo que era un tema que estaría tomando poco tiempo.
  
  

• República le dio seguimiento y el 6 de febrero se solicitó una entrevista con el secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero y con el actual titular del Ministerio de Finanzas Publicas, Jonathan Menkos y hasta la fecha aún se espera una respuesta.
  
  

• Otro ejemplo es que el 19 de marzo se solicitó una entrevista con el director de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo pidiendo como requisito que se enviasen las preguntas que se le harían a Diego Maza, miembro de su equipo de trabajo. Aún no hay una respuesta.   

Lo que sigue. Durante su etapa de candidato a la presidencia, el gobernante fue entrevistado para el canal de YouTube “Contexto Plis – Podcast". En la conversación, Arévalo dejó claro que durante su gestión iban a predominar seis aspectos clave.     

• “La honradez, transparencia, rendición de cuentas, inversión responsable y la capacidad de trabajo con los distintos sectores del país”, aseguró el entonces presidenciable. Sin embargo, durante el –corto– tiempo que lleva al frente del Ejecutivo, no todo se ha cumplido.
  
  

• Arévalo, ya como presidente electo, en una reunión con periodistas y medios convocada por Ignacio Laclériga –asesor de campaña y hoy vinculado a la comunicación de la vicepresidencia– aseguró que su gobierno no se escudaría en la Ley de Acceso a la Información y que los requerimientos periodísticos serían atendidos con prontitud. No ha ocurrido.  

Conclusión. En cuanto a la comunicación, el Gobierno ha dado pasos positivos; uno de ellos es la reapertura de la Sala de Prensa en el Ejecutivo –a la que bautizó con el nombre: “Ronaldo Robles”, sin embargo, por ahora son acciones simbólicas, en su mayoría. El acceso a los medios continúa limitado.