El zarpazo del tigre

 

¡Buenos días!

Contra casi todos los pronósticos de las encuestadoras tradicionales, Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria, derecha) pasó en primer lugar de cara al balotaje por sobre Iván Cepeda (Pacto Histórico, izquierda) en la primera vuelta de las elecciones en Colombia. Solamente la plataforma de apuestas Polymarket tenía al abogado como favorito.

Con ello, no solo se altera el momentum de la campaña, sino que hace mucho más factible un apoyo del uribismo en segunda vuelta. Caballo —en este caso, tigre— que alcanza, gana.

Colombia viene saliendo de uno de sus períodos más oscuros, políticamente hablando. No se vivió la violencia de los 90, pero sí una inestabilidad parecida. Bajo Gustavo Petro, la producción de cocaína resurgió exponencialmente y las disidencias de las FARC tomaron nuevos aires. Todo ello, permitido desde la Casa de Nariño y viabilizado por el exministro de la Defensa, Iván Velásquez.

Un dato interesante es que la diáspora colombiana votó abrumadoramente por la derecha, algo que, aunque no es determinante, varía la tendencia usual del voto en el extranjero.

Como era de esperarse, tanto el candidato de la ultraizquierda como el presidente Petro, salieron a "desconocer” los resultados que les fueron adversos. Ante ello, las probabilidades de que pretendan subvertir la voluntad popular son altas. El mundo debe estar muy atento a los desmanes autoritarios.

En tres semanas acudirán, nuevamente, los colombianos a las urnas; tendrán que decidir si siguen con la estéril confrontación o corrigen el rumbo hacia la libertad y el desarrollo.

 
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Rafael P. Palomo
La crisis de los cables submarinos en Chile
783 palabras | 5 minutos de lectura

La crisis diplomática que estalló entre Chile y EE. UU. por un cable submarino hacia China trata de mucho más que de telecomunicaciones.

En perspectiva. A primera vista, la disputa parece técnica: un desacuerdo sobre infraestructura, permisos regulatorios e intereses comerciales en competencia. En realidad, revela cómo la competencia entre Washington y Pekín se libra cada vez más a través de los sistemas invisibles que sostienen la economía global. La controversia surgió durante la transición presidencial chilena, después de que Washington revocara las visas de varios funcionarios vinculados al proyecto Chile-China Express, un cable submarino de 20 000 km que conectaría directamente Valparaíso con Hong Kong.

  • La decisión provocó una confrontación política entre la administración saliente de Gabriel Boric y el gobierno entrante de José Antonio Kast, quien terminó tomando distancia de la iniciativa y, en la práctica, enterrándola antes de asumir el cargo.

Cómo funciona. Para entender por qué la reacción fue tan fuerte, primero hay que entender qué son realmente los cables submarinos. No son simplemente infraestructura de comunicaciones; son la columna vertebral de la economía digital. Cerca del 95 % del tráfico mundial de internet circula a través de ellos. Transacciones financieras, servicios en la nube, sistemas de inteligencia artificial, comunicaciones militares y la actividad cotidiana en internet dependen de redes que recorren el fondo de los océanos.

  • Para Chile, el atractivo era evidente. Una conexión directa con Asia reduciría la latencia, disminuiría costos y reforzaría la aspiración histórica del país de convertirse en la principal puerta digital de Sudamérica hacia el Pacífico.

  • El proyecto también ofrecía beneficios económicos significativos. China ya es el principal socio comercial de Chile, absorbiendo alrededor del 40 % de sus exportaciones, y una conexión digital directa habría profundizado aún más esos vínculos.

  • Más importante aún, podría haber convertido a Chile en un centro regional para centros de datos, infraestructura de inteligencia artificial, empresas fintech y servicios digitales. Sin embargo, esa lógica económica chocó directamente con los intereses de seguridad de Washington.

Por qué importa. El problema nunca fue realmente el cable. China ya participa en numerosos proyectos de cables submarinos alrededor del mundo, incluidos varios que conectan países aliados de EE. UU. La verdadera preocupación radica en quién controla los sistemas que administran el tráfico que circula por esas redes. Bajo la propuesta del Chile-China Express, empresas chinas habrían operado tanto la infraestructura como el software encargado de gestionar las comunicaciones del lado chileno del proyecto.

  • Para EE. UU., esa diferencia es fundamental. Las empresas chinas están legalmente obligadas a cooperar con los servicios de inteligencia del Estado cuando Pekín lo solicita.

  • Eso transforma lo que podría parecer un simple proyecto comercial en un asunto potencial de seguridad nacional. Y la preocupación no es meramente teórica. China ya ha mostrado de qué es capaz en este tipo de proyectos.

  • Las revelaciones de 2018 sobre la transferencia de datos desde la sede de la Unión Africana en Adís Abeba hacia servidores en Shanghái siguen siendo uno de los ejemplos más citados de los riesgos asociados con infraestructura digital controlada por empresas chinas.

Entre líneas. La controversia del cable también refleja una realidad más amplia que trasciende a Chile. Durante la última década, la presencia económica de China en Latinoamérica se ha expandido de manera constante hacia sectores que muchos gobiernos consideran cada vez más estratégicos —puertos, redes de transmisión eléctrica, proyectos mineros e infraestructura de telecomunicaciones—. El puerto de Chancay, en Perú, es quizás el ejemplo más claro de esta tendencia.

  • A principios de 2026, un tribunal peruano resolvió que Ositrán, el regulador nacional, no podía supervisar ni inspeccionar el puerto de Chancay debido a que la infraestructura había sido financiada y desarrollada como un proyecto privado, y no mediante una concesión estatal tradicional.

  • La decisión eliminó, en la práctica, la supervisión ordinaria del gobierno sobre lo que hoy es el proyecto portuario más importante de Sudamérica. Aunque plenamente legal bajo el marco legal peruano, el fallo permitió que Cosco Shipping —una empresa estatal china— operara infraestructura crítica con una supervisión estatal significativamente reducida.

  • El episodio demostró cómo Pekín puede utilizar mecanismos de inversión privada para obtener influencia sobre activos estratégicos sin confrontar directamente la soberanía de los Estados. No es un precedente especialmente tranquilizador para un proyecto como el cable submarino chileno.

En conclusión. Chile puede haber decidido no avanzar con este proyecto en particular, pero el dilema subyacente no desaparecerá. China sigue siendo demasiado importante económicamente como para ignorarla, mientras que EE. UU. sigue siendo demasiado importante estratégicamente como para alienarlo. 

  • Cada vez más países latinoamericanos tendrán que navegar esa misma tensión y el desafío no será escoger entre uno u otro.

*Una versión del anterior hilo apareció en nuestro boletín GCaM

 
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Luis González
Martes decisivo para Guatemala
660 palabras | 4 minutos de lectura

Este martes es un día decisivo para Guatemala: si el Congreso no aprueba la ley contra el lavado de dinero, el país enfrentará consecuencias económicas inmediatas y severas.

Qué destacar. La advertencia del sector privado y de Estados Unidos es clara: la falta de acción abriría la puerta a que Guatemala sea incluida en la “lista gris”, deteriorando su reputación financiera.

  • Esto encarecería de forma automática las transacciones internacionales, volviendo más lentos y costosos los pagos, exportaciones e importaciones. El costo de enviar remesas, que sostienen a millones de hogares, podría subir ostensiblemente, golpeando directamente el ingreso de las familias.

  • El crédito se volvería más caro y escaso, afectando especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. También se pondrían en riesgo las corresponsalías bancarias, vitales para el funcionamiento del sistema financiero. La inversión extranjera disminuiría al percibirse un mayor riesgo país, afectando el crecimiento y el empleo.

  • La aprobación de la ley es indispensable; sin embargo, existen algunas preocupaciones respecto de las garantías constitucionales que podría vulnerar, tal como está; deben hacerse puntuales modificaciones para sortear ese valladar. 

En el radar. La presencia en Guatemala de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) cobra especial relevancia en un momento crítico para el país, marcando un punto de inflexión en la evaluación de su estabilidad económica.

  • El 5 de junio concluye la revisión del organismo que analizará el desempeño macroeconómico y las condiciones que podrían encaminar a Guatemala hacia el grado de inversión.

  • Sin embargo, esta revisión técnica ocurre bajo una fuerte presión para que el país actualice su legislación contra el lavado de dinero. Este punto no es menor: el cumplimiento de estándares financieros globales será determinante en la valoración del FMI.

  • La falta de avances podría afectar la percepción de riesgo y frenar las aspiraciones de mejorar la calificación crediticia. En contraste, una acción decidida del Congreso enviaría una señal clara de compromiso con la transparencia y la institucionalidad.

Sí, pero. El rector de la USAC, Walter Mazariegos, está cada vez más cerca de quedar al margen de la dirección de la principal universidad pública del país, tras un nuevo golpe judicial que suspendió su reelección.

  • Un amparo definitivo ordenó dejar en suspenso el proceso que lo ratificaba para el período 2026-2030 y obligó a repetir etapas clave de la elección. La resolución profundiza la crisis institucional que arrastra la universidad desde 2022, marcada por protestas y cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.

  • Aunque la Corte de Constitucionalidad había permitido que la elección continuara de forma provisional, el nuevo fallo cambia el escenario y deja en incertidumbre la transición. El calendario establece que el nuevo rector debe asumir el 1 de julio, pero las disputas legales aún siguen en desarrollo.

  • Las órdenes judiciales implican repetir elecciones en facultades y colegios profesionales, lo que podría retrasar todo el proceso. Además, las autoridades electorales universitarias enfrentan plazos y posibles sanciones si no cumplen con lo ordenado.

Ecos regionales. Hoy, 1 de junio, la Asamblea Legislativa de El Salvador acompañará el anuncio del presidente Nayib Bukele en su informe anual a la nación, donde se presentarán resultados de gobierno.

  • Se prevé que destaque avances en seguridad y economía, así como nuevas medidas o reformas clave. La sesión servirá de respaldo político a la agenda del Ejecutivo. Lo anunciado marcará las prioridades del país para el próximo año.

  • Costa Rica y Panamá siguen distanciados por un conflicto bilateral que no logran resolver. La disputa comercial escaló a nivel presidencial y podría tener implicaciones más graves para la economía costarricense, debido a la decisión panameña de suspender la venta de electricidad a ese país.

  • Al desaparecer la Corte Centroamericana de Justicia, los pleitos comerciales entre las naciones se resolverán mediante el mecanismo técnico de la SIECA. Por su parte, los litigios políticos y de fronteras se tramitarán por negociación bilateral o ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

 
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