Empieza el tortuoso camino para nuevas Cortes

¡Buenos días! 

Las comisiones de postulación para CSJ y Corte de Apelaciones ya han sido juramentadas. El siguiente paso es que se convoque a la primer reunión, en donde deberán definir las reglas del juego, por decirlo de una manera. La integración de las cortes es de suma importancia, pues en años recién pasados, han sido instrumentalizadas por uno u otro bando político. Nada más pernicioso. 

Todos debemos de estar atentos al proceder de las comisiones y del resultado de ellas; ninguna injerencia debe ser permitida, nacional o extranjera. 

Les deseamos un muy buen fin de semana. Gracias por su preferencia 

En este boletín:

•Negociaciones del pacto colectivo avanzan sin esperanza de transparencia

•“Lo que se busca es acercar el modelo húngaro al espacio iberoamericano”. Entrevista con Jorge González-Gallarza

•Proyecto comunitario de electrificación podría caer en sistema ineficiente del gobierno

•Ojo con las Comisiones

La opacidad prevalece luego de seis meses en la mesa de negociación del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo entre las autoridades del Ministerio de Educación (MINEDUC) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).

En perspectiva. El sindicato se aferra a la confidencialidad con la excusa “de evitar opiniones de terceras personas que perjudique (sic) la negociación, que el proceso se politice o mediatice”.   

• Mientras, el MINEDUC, sigue con la esperanza que Joviel Acevedo desista.
  
  

• En abril, presentaron un oficio instándolos a retirar la solicitud de reserva del borrador; nunca hubo respuesta.
  
  

• Durante ese periodo, organizaciones de la sociedad civil han solicitado e insistido que se elimine el candado a la confidencialidad, por estar en riesgo la calidad educativa, la profesionalización de los docentes y el presupuesto de la cartera.
  
  

• Presentaron acciones, amparos y consultas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y en el mismo Ministerio de Educación, porque consideran que se viola el acceso a la información pública.   

Qué destacar. La escasa información que se tiene de la negociación apunta a unas 35 reuniones; aún no hay acuerdos. Entre los temas que se han analizado –privilegios, todos– están las licencias por tiempo indefinido en casos específicos y la ampliación de permisos con goce de salario, indicaron las fuentes consultadas.   

• Añadieron que los aspectos pendientes en estudiar son aumento salarial, conflictos laborales, medidas disciplinarias, bonificaciones, más días de descansos, prestaciones, entre otros.
  
  

• La única información que ha confirmado el MINEDUC es la designación de Francisco Cabrera –viceministro Técnico– para integrar la mesa de negociación del Pacto Colectivo y la petición al STEG para que desista de la confidencialidad.
  
  

• “Todas las acciones están centradas en el bienestar de los estudiantes, para ello creemos en mejorar las condiciones laborales de los maestros. Eso no significa entregar el control del MINEDUC a intereses particulares”, dijo Anabella Giracca, titular de la cartera.   

Voces. Expertos del CIEN y del Movimiento Cívico Nacional (MCN) coincidieron que la cartera tiene la obligación –la potestad, y la obligación– de hacer público todo el proceso por mandato constitucional. Citaron el artículo 30: “Todos los actos de la administración son públicos”.   

• Agregaron que las acciones del MINEDUC son el reflejo de la falta de voluntad para cumplir con las normas legales. Pero también muestran el poco compromiso con la transparencia que el gobierno de Bernardo Arévalo aseguró como prioridad desde la campaña.
  
  

• “Las negociaciones del Pacto Colectivo son actos administrativos por ser acuerdos entre patronos y empleados. No hay datos particulares que pongan en riesgo a nadie, lo que se estudia son condiciones laborales. El artículo 30 de la Constitución le ordena al MINEDUC hacer público todos los actos de la administración. No hay ambigüedad”, dijo Pablo Guerra de MCN.
  
  

• Julio Roberto Saavedra de la Procuraduría General de la Nación (PGN) explico que, si el Estado recibe un borrador bajo esa garantía, el Estado no lo puede compartir. No obstante, aseguró que el proceso de negociación, que deben constar en actas, es totalmente público. El MINEDUC no lo ha hecho público. 

Hemeroteca. El 8 de enero, el sindicato entregó el borrador del nuevo Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo a la ex ministra de Educación Claudia Ruiz. “...se pide la reserva de garantía de confidencialidad...”, detalla el oficio.   

• En febrero, MCN solicitó el borrador de la propuesta del pacto colectivo; sin embargo, El MINEDUC argumentó no poder entregarlo por la confidencialidad.
  
  

• En mayo, presentaron un amparo en CSJ contra la ministra Giracca, por considerar que se ha negado el acceso a la información. La CSJ aún no conoce la acción.  Se presume que el atraso en la CSJ podría estar relacionado con las Comisiones de Postulación para la elección de Cortes.
  
  

• Ese mismo mes los maestros manifestaron convocados por Acevedo. Algunos docentes se negaron a participar en la movilización.

En conclusión. Educación debe analizar el artículo 30 de la Constitución para tener claridad que “todos los actos administrativos son públicos”, aseguraron los entrevistados.   

• Hay que recordar que una de las prioridades del Gobierno de Arévalo es la transparencia. De omitir el tema se contradice y caen en las famosas promesas de campaña.
  
  

• Urge que los magistrados conozcan y resuelvan las acciones antes que se concreten las negociaciones. “Todo apegado a derecho”, coincidieron.
  
  

• El riesgo es que sigan los privilegios para determinados maestros, incrementos salariales que desajusten el presupuesto y que se descuide la calidad educativa.   

La electrificación en el área rural de Guatemala sigue siendo un reto para el gobierno central y para las empresas distribuidoras de electricidad. En gran parte, esto se debe a la falta de infraestructura, lo que eleva los costos de transporte y hace que el traslado no sea rentable para las compañías. Por ello, algunas comunidades se han visto en la necesidad de recurrir a proyectos locales para satisfacer las demandas de sus vecinos. 

Es noticia. Durante la visita del presidente Bernardo Arévalo, junto con el ministro de Energía y Minas (MEM), Víctor Hugo Ventura, a Quiché, los funcionarios conocieron el sistema de electrificación de la llamada Zona Reina. Esta área está conformada por 92 comunidades de los municipios de Chicamán y San Miguel Uspantán. 

• Fueron invitados por la Asociación de Luz Comunitaria que, con apoyo de la cooperación internacional, ha construido turbinas para producir energía con fuente hídrica. Este sistema abastece el consumo de 1000 familias en nueve comunidades y también surte del fluido a los centros educativos aledaños. Actualmente hay tres proyectos en construcción.
  
  

• Por el beneficio que aporta a la comunidad, Arévalo se comprometió a apoyar para extender la cobertura a 47 000 personas en más de 90 comunidades de la región. En este sentido, el MEM y la Secretaría Privada de la Presidencia darán seguimiento al ofrecimiento. 

Por qué importa. Esta no es la primera vez que la administración central ha intentado intervenir en nombre de este proyecto para extender su cobertura. 

• En 2023, dos diputados de la bancada Todos, en una citación al entonces gerente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y el representante de ENERGUATE, intentaron intermediarlos para establecer un proyecto eléctrico formal entre las dos instituciones y una comunidad.
  
  

• Esto se debe a que en 2020 los comunitarios, por medio de un convenio informal con ENERGUATE, alcanzaron un acuerdo para brindar electricidad a la población, con la promesa de que la empresa de distribución colocara postes para formalizar el servicio.
  
  

• De acuerdo con las declaraciones más recientes del presidente Arévalo, esta iniciativa quedó en el olvido, lo que no ha permitido avanzar para aumentar la cobertura. 

Lo que sigue. Hasta el momento, las cifras del sistema comunitario, incluso sin contar con el apoyo del gobierno central, indican que el proyecto ha sido exitoso. 

• Pero los datos del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), en cambio, indican que hasta el momento el MEM únicamente ha ejecutado 15.9 % del presupuesto asignado.
  
  

• De los recursos desembolsados, la mayor parte de lo gastado bajo los rubros de fortalecimiento e incremento del acceso a la energía eléctrica, han sido de tipo administrativo.
  
  

• Por lo tanto, existe la posibilidad de que en el momento en el que las instancias estatales asuman el control del proyecto comunitario de electrificación, se vuelva ineficiente. 

En conclusión. La intermediación fallida en 2023 indica que la coordinación de intereses entre las instancias con competencia en el ámbito de electrificación es muy difícil. 

• Si las entidades gubernamentales toman control del proyecto, deben contar con un plan concreto sobre cómo se va a ejecutar, de manera que no se pierdan los avances que las comunidades han logrado.