¡Ojo con la Ley de Competencia!

¡Buenos días!

En la primera parte del boletín de República Empresa compartimos las características que deberá tener una eventual Ley de Competencia.

Empezamos con un análisis que expone la falta de comprensión de conceptos como competitividad y competencia. Se subraya la importancia de establecer una política clara antes de promulgar la ley. Y se enumeran los principios que la misma tendría que incluir. Asimismo, se tratan aspectos relevantes, como la aplicación de la ley en las compras del Estado. Un aspecto que muchos anteproyectos pasan por alto.

En esta edición, como novedad y debido a la importancia que tendrá en los siguientes meses su discusión, incluimos un Editorial en el que también abordamos esta temática. Ocasionalmente, empezaremos a incorporar editoriales cuya frecuencia incrementaremos.

Seguimos con la habitual sección de los jueves, Radar Económico, que examina los hechos financieros y empresariales de relevancia para la región. Uno de sus epígrafes tratará sobre un nuevo capítulo de lo que ya puede describirse como la telenovela del cierre de la mina canadiense en Panamá.

Nuestro segundo hilo aborda las consecuencias económicas de la victoria inconstitucional de Bukele en El Salvador. Si bien no es el mejor modelo de democracia, y con todos los peros atribuibles a su reelección, los resultados en seguridad podrían repercutir en una mayor atracción de IED.

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Contenido en este boletín:

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Necesidad de objetivos claros para una Ley de Competencia

Editorial: Ley de Competencia, ¿instrumento para “un futuro sin CACIF”?

Radar Económico

Seguridad, la mejor aliada para el “milagro salvadoreño”

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Sandra Vi
Necesidad de objetivos claros para una Ley de Competencia
625 Palabras | 2 minutos de lectura

Panorama general. El tema de la competencia económica y la posible aprobación de una ley específica ha sido motivo de debate recurrente. Para los especialistas la falta de comprensión sobre el concepto y su aplicación práctica es evidente.

  • La discusión ha estado en el Legislativo alrededor de 22 años sin haber llegado a resultados concretos.

  • El nuevo Gobierno junto con el actual parlamento han vuelto a poner este debate en la palestra.

  • La inclusión de la normativa en la agenda política está siendo prioritaria para los diputados.

En perspectiva. En enero, el presidente del Congreso, Nery Ramos, anunció la creación de una comisión presidencial para elaborar una iniciativa de Ley de Competencia. Se establecerá como una comisión multipartidaria.

  • Cornelio García, jefe de bloque de TODOS, instó a fijar un plazo a la Comisión para evitar que la ley quede archivada.

  • Por otro lado, Sergio Celis, de CABAL, pidió transparencia en cuanto a los integrantes y funciones de dicha comisión.

  • Los consultores que asistan en la elaboración del documento tendrán tres meses para presentar el anteproyecto, socializarlo y remitirlo al Ejecutivo para su entrega al Congreso.

Qué destacar. Javier Núñez, miembro del Consejo Consultivo del ICE, considera que se suelen confundir los términos competitividad y competencia.

  • La primera se refiere a una serie de características que van más allá de la competencia económica. Definen la capacidad de un país, industria o empresa para participar exitosamente en un mercado.

  • La segunda es un componente de ese cóctel de atributos favorables, sin los cuales, difícilmente, se puede tener éxito económico.

  • Para el economista Hugo Maúl, una Ley de Competencia debe tener clara su finalidad. A partir de ello se comienzan a definir facultades y poderes. “El objetivo debe ser mejorar el funcionamiento de la economía desde el punto de vista de la eficiencia”.

En el radar. Mariano Rayo, economista y exdiputado, enumera ocho principios básicos. Subraya que antes de promulgar una ley es necesario establecer una política clara.

  • Los principios son: coherencia, igualdad y neutralidad, independencia, especialidad, gradualidad y disuasión, proporcionalidad y no confiscación. Además, transparencia y rendición de cuentas.

  • Agrega que uno de los aspectos más relevantes de una política y una ley consiste en la aplicación a las compras, contrataciones y adquisiciones del Estado, abarcando todas las entidades autónomas.

  • La carencia de competencia en estas áreas ocasiona pérdida de eficiencia económica; despilfarro de recursos públicos; aumento en la colusión; corrupción y un perjuicio al interés general.

Lo que sigue. Para Núñez, experto en competencia económica, es fundamental empezar a definir los objetivos de la ley. De igual forma, pensar detenidamente en qué se desea lograr y qué beneficios se esperan obtener de ella.

  • “Es necesario realizar un trabajo político para llegar a un consenso y sacar adelante la ley. Es importante hacerlo pronto, ya que el proceso deliberativo implica compromisos”, expone.

  • Una vez logrado el acuerdo y aprobada la Ley de Competencia, el siguiente paso es comenzar su implementación. Esto incluye: asignarle presupuesto, contratar y capacitar al personal necesario, así como adaptar otras leyes relacionadas.

  • Es crucial tener claridad en los objetivos y evitar los prejuicios. Además, es importante adoptar un enfoque de eficiencia económica, entre otros aspectos a considerar.

Balance. Maúl recalca la necesidad de establecer indicadores cuantificables para medir los resultados esperados.

  • En su opinión, es crucial especificar cómo y cuándo se espera mejorar la competencia. La falta de objetividad dificulta la evaluación de la efectividad de la ley.

  • Para los expertos, sin conocer el contenido del anteproyecto, es precipitado estimar su aprobación en el Parlamento.

  • Tras todo lo expuesto, queda una serie de preguntas sin respuesta: ¿qué es lo que realmente se quiere con esta nueva ley? ¿Cuáles son los motivos últimos de su discusión? ¿Qué intereses políticos hay detrás de su aprobación?

Ley de Competencia, ¿instrumento para “un futuro sin CACIF”?

La discusión y materiales producidos con respecto a la pretendida Ley de Competencia comienzan a mostrar las intenciones del gobierno de Semilla y sus simpatizantes. Pese a las negaciones post campaña, la verdadera pretensión pudiera ser la de tener un instrumento para materializar su aspiración de “un futuro sin CACIF”.

Dos instrumentos están en discusión. El primero fue introducido por el diputado Samuel Pérez el año pasado en conferencia de prensa flanqueado por el entonces diputado y actual presidente, Bernardo Arévalo. Se trata de la mal llamada Ley para la libre empresa. Este anteproyecto reduciría la presencia de representantes del sector privado en diversas entidades públicas. Una clara advertencia del paso contrario al sector privado organizado.

Lo segundo forma parte del plan de gobierno. Es la denominada Ley de Competencia. Si bien se utilizan conceptos como “libertad de empresa” y de “competencia”, conviene tener presente que ambas normativas pueden instrumentalizarse para materializar el mencionado “un futuro sin CACIF”.

Retirar a los representantes del sector privado de esas entidades sería, en todo caso, una victoria simbólica. Incluso, un exdiputado de la UNE ha reconocido el voto de los representantes del sector privado en contra de decisiones sospechosas y opacas en el INDE en la contratación de un multimillonario seguro.

La Ley de Competencia sí es una reforma “transformacional” a ojos de Semilla. Sería su forma de erradicar el CACIF —considerado, hasta ahora, un mal necesario— mediante operaciones quirúrgicas a empresas emblemáticas. Es un instrumento que, hasta la fecha, no tenían a su disposición.

Lejos quedaron los días en que un ex superintendente de la SAT, junto al recién nombrado viceministro de Economía, podían recurrir a actuaciones fiscales selectivas desde el ente recaudador. De momento, esa entidad funciona menos expuesta a usarse para ataques ideológicos.

Un zar de Competencia afín a Semilla significaría una efectiva herramienta para controlar la economía y someter a las empresas.

El pretendido “un futuro sin CACIF” contemplaría una serie de nuevos delitos económicos que se convertirían en la espada de Damocles contra las empresas que no se alineen o simplemente sean contrarias a Semilla.

Unas amplias facultades de un zar de Competencia le permitirían interpretar y aplicar la ley de manera casuística a empresas de todo tamaño. En un verdadero Estado de Derecho no puede permitirse ser, a la vez, investigador, fiscal, jurado y juez.

La implementación de una Ley de Competencia no puede circunscribirse a seguir los deseos e indicaciones de EE. UU. y la Unión Europea. En cuanto al funcionariado – nacional como internacional – es de temer que busque tener un mayor control sobre la economía.

Las empresas esperan, primero, una buena política y luego, una acertada Ley de Competencia. Sin embargo, pueden ser las perdedoras y no solamente las del CACIF. Los consumidores quizá también queden desilusionados. La solución no puede ni debe ser que un funcionario abuse de su poder de manera discrecional. Sería arbitrario optar por una economía controlada y sin la ansiada certeza jurídica, en lugar de tener una economía más pujante, creciente, abierta y eficiente.

Es importante no caer en ingenuidades. Hay que comenzar a informarse y entender la cuestión a fondo. Lo mismo cabe decir de las intenciones y sus consecuencias.

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Sebastián Gennari

🌐 Radar Económico

First Quantum Minerals anuncia reestructuración de capitales para reducir su deuda [link] 

Divya Rajagopal, Reuters 

La canadiense First Quantum operaba hasta hace poco la mina Cobre Panamá, que llegó a representar el 5% del PIB panameño y el 75% de las exportaciones de bienes. Valiéndose del mecanismo de arbitraje concebido en el TLC Panamá-Canadá, la empresa ahora pide una compensación de US$20,000M, es decir, dos tercios del presupuesto estatal para 2024. First Quantum lleva todas las de ganar, pues el cierre de la mina, aunque celebrado por la población, fue estrepitoso e irregular. Dicho esto, la compañía espera el resultado de las elecciones, programadas para el 5 de mayo. Sin duda, preferiría llegar a un acuerdo sin arbitraje, sobre todo si se le permite reiniciar operaciones. 

Miles marchan contra la reforma institucional de AMLO en México [link] 

Christine Murray, Financial Times 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien abandonará el cargo a finales de año, ha remitido al Congreso un paquete de 18 reformas constitucionales, además de dos modificaciones a leyes secundarias. Entre otras cosas, propone limitar las contribuciones federales a las campañas electorales de los partidos y hacer que los jueces y magistrados se designen por voto popular. Su propuesta económica más importante —y nociva— es que los empleados se jubilen con una pensión equivalente a su salario final, hasta un límite de $16,777 (US$984). Esto tendría un coste inmediato del 1.3% del PIB, aumentando hasta 2 en 2035. El Consejo Empresarial Mexicano calcula que el IVA tendría que subir de 16 a 35% para financiar estas infladas pensiones. 

Ola de inmigración favorece PIB aunque afecta productividad [link] 

Paul Kiernan, The Wall Street Journal  

La migración hace crecer el PIB por simple relación aritmética: a mayor número de habitantes, mayor número de trabajadores y consumidores, lo que es igual a tener una mayor actividad económica. Sin embargo, esto no implica que el fenómeno siempre sea provechoso: la actual ola de migrantes que se dirige a EE. UU. será mucho menos productiva que la población estadounidense. Y los más recientes son incluso menos productivos que los de olas anteriores. Sin entrar a explorar las verdaderas causas de la oposición a la migración —la reducción en la cohesión nacional—, esto reducirá el ingreso per cápita, al mismo tiempo que los países emisores de migrantes son privados de sus ciudadanos en edad productiva. 

El nearshoring pone el foco en el peso mexicano [link] 

Seeking Alpha (con CME Group) 

México es el principal socio comercial de EE. UU. y representa el 15% de todas las exportaciones que llegan a EE. UU. Esto le brinda fortaleza al peso mexicano, que ha registrado un aumento del 24% en el mercado de futuros. Sin embargo, se enfrenta a una reñida competencia a la hora de recibir inversiones de nearshoring. Así, Costa Rica e India trabajan en ambiciosas políticas de incentivos. Puntualmente, el sistema fiscal mexicano impone unos impuestos demasiado altos para un país con serias carencias de infraestructura, sobre todo en el área de energía y suministro de agua.  

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Sebastián Gennari
Seguridad, la mejor aliada para el “milagro salvadoreño”
655 Palabras | 2 minutos de lectura

Nayib Bukele se reeligió con el 84.65% de los votos. Hay quienes hablan de fraude en las elecciones legislativas, pero esta es una preocupación inmaterial. Los resultados han sido certificados: Nuevas Ideas ha conseguido 54 de 60 escaños, a los que se deben sumar tres escaños más de partidos aliados.

  • ARENA, otrora el partido hegemónico de derecha, se tendrá que conformar con dos escaños. El FMLN, máximo representante de la izquierda salvadoreña, ha desaparecido de la Asamblea Legislativa.

  • Según datos gubernamentales, la tasa de homicidios salvadoreña es de alrededor de 2.4 por 100,000 habitantes, la más baja del hemisferio después de Canadá. La popularidad de Bukele en esencia se debe a esto.

  • Zanjada la cuestión de la criminalidad, la economía pasa a ser prioritaria. Como de costumbre, Bukele hizo campaña sin apoyarse en un programa de Gobierno, pero habla de grandes iniciativas en turismo e infraestructura.

Los datos. El Salvador cuenta con una economía mediocre. El FMI pronostica que el PIB crecerá 1.9% este año, con una inflación de 2.4%. Basta comparar con la región: Guatemala, que no puede presumir de un gran auge, crecerá alrededor de 3.3; Costa Rica, en tanto, prevé una cifra en torno a 4.

  • En 2021, El Salvador exportó US$6,860M e importó US$14,300M. Este inmenso déficit es aún más pronunciado que en el resto de Centroamérica, que acostumbra a consumir más de lo que produce.

  • Esta diferencia se compensa, naturalmente, con influjos de capital. En El Salvador, un país con una bajísima IED, las remesas son la principal fuente de divisas (26.7% del PIB). Esto indudablemente representa un riesgo si, como es probable, EE. UU. restringe la migración.

  • La nación también se ve lastrada por su deuda, cuyo valor —en términos porcentuales, la más alta de Centroamérica— asciende a 80.9% del PIB. Está negociando un crédito de US$1,300M con el FMI. Quizá lo consiga, pero no sin antes comprometerse a una política de austeridad.

Sí, pero. No se debe pecar de fatalista. Después de unos primeros años turbulentos, Bukele parece haber llegado a una suerte de entendimiento con Washington. Ha mostrado cierta habilidad a la hora de negociar con China, que ha prometido una “cooperación no reembolsable” de unos US$500M.

  • La nueva sensación de seguridad ha permitido el desarrollo de una pujante, aunque todavía relativamente pequeña, industria turística. En enero, por ejemplo, arribaron 351,000 turistas. Significó un aumento del 35% con respecto a 2023.

  • En términos generales, se habla de un incremento del 32% en la llegada de visitantes extranjeros, la mayoría de ellos estadounidenses. En promedio gastan US$1,096 durante su estadía.

  • Aunque no suele mencionarse, El Salvador tiene recursos auríferos. Al norte, colindante con el departamento guatemalteco de Jutiapa, tiene oro, pero prohibió toda la minería metálica en 2017. En momentos de precios récord, corre el rumor de que Bukele busca revertir la veda.

El porvenir. Bukele regirá los destinos de El Salvador hasta al menos 2029. Su mayoría calificada en la Asamblea quizá le permita perpetuarse en el poder por más años, aunque esto dependerá de su gestión económica. De mantenerse el estancamiento económico, sufrirá un desgaste considerable.

  • Todavía no hay un “milagro salvadoreño”. La economía presenta unos resultados insulsos, por no decir nefastos. Para el presidente, este es un mal heredado de Gobiernos anteriores. Obedece, además, a unas circunstancias macroeconómicas adversas.

  • Hay quienes arguyen que Bukele ha restado certeza jurídica. Esto es cierto: el Gobierno no pide disculpas a la hora de recurrir a sus métodos cuando menos inusuales, pero la seguridad tiene valor y podría suponer nuevas inversiones.

  • Bukele tiende hacia la opacidad. Es difícil palpar sus propuestas, pero resulta evidente su deseo de invertir en infraestructura. Ha apoyado a EE. UU. a la hora de restringir la migración, de manera que puede esperar fondos estadounidenses, por no hablar de los que ya ha prometido Pekín.