¡Buenos días!

Ayer se difundió la noticia del “apoderamiento” estadounidense de dos buques petroleros que llevaban crudo venezolano bajo sanciones. Las naves pertenecen a la denominada “flota sombra” de Rusia (tanqueros que no son franca propiedad rusa, pero que son usados por el régimen) y que, en este caso, estaban bajo la protección de navíos militares rusos, incluyendo un submarino. A pesar de ello, la marina tomó control del “Marinera” y “Sophia”, provocando las protestas desde Moscú.

La escalada bélica —ya no solo con Venezuela, sino ahora con Rusia— parece probable; Rusia amenazó, incluso, con disparar misiles contra los EE. UU. en respuesta.  Aunque el estatus oficial del nivel de alerta —DEFCON— es clasificado, fuentes de inteligencia abierta aducen que está en nivel 3.

Aunque no haya una respuesta inmediata y directa de Moscú, conociendo el temperamento de Putin, no sería raro que surgiese información que pretenda dañar a Trump y su Gobierno. O, quizás, se las cobre en Ucrania. O en otro lugar. Para desgracia de la humanidad, para las potencias y sus líderes, el mundo es su arenero.

Los antiguos mapas y cartas navales —con distintos grados de exactitud— solían poner una frase en áreas no descubiertas o poco conocidas para infundir miedo o, cuando menos, precaución: hic sunt dacrones (aquí hay dragones). Mitología aparte, aunque no sean dragones, en las aguas que se navegan por estos días y las osadas interceptaciones de EE. UU., lo que sí hay es peligro. Y no solo para la potencia.

El maldito Maduro

El diccionario de la lengua española define “maldito” como: perverso, de mala intención, malvado, execrable, miserable, detestable, réprobo y ruin. Una palabra que, aunque se queda corta, retrata con exactitud al personaje que durante años oprimió, saqueó y destruyó Venezuela.

En un acto tan audaz como necesario, EE. UU. capturó y extrajo al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, poniendo fin a un régimen que ha sumido al país en el caos y el sufrimiento humano. Esta intervención, ejecutada con precisión quirúrgica, no es un capricho imperialista, sino una respuesta justificada ante una crisis humanitaria sin precedentes.

Basada en cargos de narcoterrorismo y violaciones masivas de derechos humanos, esta acción se alinea con precedentes históricos donde potencias —incluido EE. UU.— han removido tiranos, y las cortes han validado tales medidas retrospectivamente. Recordemos el caso de Manuel Noriega en Panamá en 1989. EE. UU. invadió el país para capturarlo, acusado de tráfico de drogas y corrupción. Noriega fue juzgado en tribunales estadounidenses y condenado, validando la operación como una ejecución legítima de la ley internacional contra criminales transnacionales.

De manera similar, la captura de Saddam Hussein en Irak en 2003, aunque controvertida, llevó a su juicio por crímenes contra la humanidad en un tribunal iraquí, con apoyo implícito de cortes internacionales que reconocieron la necesidad de remover dictadores responsables de atrocidades. Israel, por su parte, secuestró a Adolf Eichmann en Argentina en 1960; la Corte Suprema israelí y la ONU avalaron la acción, priorizando la justicia sobre la soberanía absoluta. Estos ejemplos demuestran que, cuando un régimen se convierte en un peligro global, la intervención extrajudicial puede ser ratificada judicialmente, restaurando el orden y protegiendo vidas. El régimen chavista-madurista ha perpetrado abusos que claman por justicia. A continuación, algunos datos de la barbarie:

• 36 800 víctimas de tortura y violencia estatal.

• 18 305 presos políticos.

• 10 000 ejecuciones extrajudiciales.

• 468 asesinatos en protestas.

• 8000 casos registrados de violaciones de derechos humanos.

• Expropiación de más de 1000 empresas nacionales e internacionales, 179 edificios, 838 fincas (de lo cual solo el 5 % se pagó y el 95 % se robó)

• 17 medios internacionales bloqueados, 2 periódicos cerrados y más de un centenar quebrados; más de 250 radios cerradas.

• 8M de venezolanos desplazados.

• 90 % de la población en la pobreza.

• 50 % de la población en la pobreza extrema.

• USD 3 de salario mínimo.

• 3 elecciones presidenciales sin reconocimiento oficial e internacional.

Estos horrores no son meras estadísticas, son el legado de una dictadura que ha destruido una nación. Maduro, al igual que Noriega, usó el poder estatal para narcotráfico, lavado de dinero y represión, amenazando la estabilidad regional y global.

Pero lo más repugnante es la doble moral de los activistas de izquierda que hoy se rasgan las vestiduras y defienden ese régimen. Estos supuestos defensores de los oprimidos han callado ante torturas, ejecuciones y el éxodo masivo. ¿Dónde estaban sus voces cuando Maduro robaba elecciones o cuando sus fuerzas mataban manifestantes? Su silencio ante el hambre y la miseria revela hipocresía flagrante.

Con razón, se sospecha fuertemente que muchos de ellos —si no todos— se beneficiaron del dinero robado por el chavismo. Fondos saqueados de PDVSA y recursos nacionales fueron repartidos para comprar lealtades en Hispanoamérica: políticos, activistas y ONG recibieron millones en sobornos disfrazados de “ayuda”. Esta corrupción explica su defensa ciega: no es ideología, es codicia y complicidad. Mientras los venezolanos mueren de hambre, estos “progresistas” engordan sus bolsillos, traicionando los principios que dicen profesar.

La acción de EE. UU. no es invasión; es liberación. Abre la puerta —en el mediano plazo— a elecciones libres, reconstrucción y justicia. Venezuela merece renacer, libre de tiranos y sus apologistas comprados. La historia validará esta intervención, como lo hizo con Noriega y otros. Es hora de verdaderamente priorizar derechos humanos sobre tiranías mascaradas en soberanías ficticias.

El Ejecutivo afina los detalles de la ampliación presupuestaria, luego de que el presupuesto 2026 no entrara en vigor y se mantuviera el del año anterior, que asciende a GTQ 154 000M. Esta situación genera una brecha de GTQ 8632M, por lo que el Gobierno deberá asegurar los apoyos necesarios en el Congreso.

Por qué importa. Los diputados avalaron sin mayor discusión —y en nocturnidad— un presupuesto que incluyó GTQ 6312M para los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), una asignación significativa en un año previo a elecciones y susceptible de uso político.

• Ahora, el oficialismo se ve obligado a recomponer alianzas para darle luz verde a la ampliación que le permita alcanzar los GTQ 163 429M aprobados inicialmente.

• En la madrugada del 26 de noviembre, el oficialismo sumó 135 votos; sin embargo, queda por ver si las agrupaciones mantendrán ese respaldo; aunque, cuando se trata de recursos públicos, las objeciones suelen diluirse.

• Si bien no hay fecha definida para la presentación de la iniciativa de ley, se prevé que sea discutida en febrero, apenas semanas después de que asuma la nueva Junta Directiva, que será presidida por Luis Contreras.

Qué destacar. El viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, dijo que, al no aprobarse el presupuesto, hay entidades que no cuentan con cero presupuesto y lo ejemplificó con la Dirección de proyectos viales prioritarios y la Superintendencia de Competencia.

• Tampoco se tienen los recursos para la construcción de la cárcel de máxima seguridad. Recordó que al no tener espacio presupuestario para utilizar los préstamos, se tiene que recurrir a la ampliación.

• En la misma sesión donde aprobó el presupuesto 2026, los diputados aprobaron cinco créditos que suman USD 1350M, equivalentes a más de GTQ 10 296M.

Voces. José Carlos Sanabria, encargado de liderar al grupo de diputados oficialistas, afirmó que mantienen conversaciones con diferentes bloques y que han encontrado disposición para alcanzar acuerdos. No obstante, evitó precisar con qué bancadas se han acercado.

• En contraste, Elmer Palencia, diputado de Valor, y quien integrará la Junta Directiva del Congreso para el período 2026-2027, indicó que “técnicamente debe darse una ampliación para acomodar el presupuesto 2025 al 2026”.

• Sin embargo, aseguró que no ha existido ningún acercamiento ni del Ejecutivo ni de parlamentarios oficialistas.

• Por su parte, Luis Aguirre señaló que en los próximos días la bancada Cabal se reunirá para definir postura. “No nos han llamado el Ejecutivo ni nada”, respondió.

En conclusión. La ampliación presupuestaria se convierte en un nuevo termómetro de la dinámica política en el Congreso, donde la aprobación parece casi inevitable, pero los acuerdos deberán renegociarse. ¿En qué condiciones y a qué costo? Aún no se sabe.

• Mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de recursos para garantizar el funcionamiento del Estado, persisten las dudas, pues cada vez que se aborda el tema presupuestario vuelven a surgir cuestionamientos sobre la forma en que se administran las finanzas públicas.