¡Buenos días!

Como si hubiese sido planificado —quién sabe si realmente lo fue—, la táctica del desgaste, y no el enfrentamiento en campo abierto, funcionó para que el STEG, dirigido por el nefasto Joviel Acevedo, perdiera.

Hoy, los huelguistas están de regreso dando clases. Eso sí, luego de varias semanas perdidas, por el berrinche, el cabecilla de ese sindicato.

Muy para el pesar de quienes azuzan a Arévalo —algunos, desde la distancia detrás de cuentas de redes sociales—, el presidente nunca perdió los papeles y su ministra, Anabella Giracca, le ganó la partida a Joviel, dejando que se desgastara y hastiara a casi todos los guatemaltecos. Solo algunos retrógrados y trasnochados le mostraron su apoyo, con tal de zaherir al Gobierno. No solo no lo lograron, sino que se dieron “colorón”, como se dice popularmente.

El gobierno, sea este o el que sea, debe funcionar para beneficio de los guatemaltecos; tristemente, no sucede así, la mayoría de las veces. Pero cuando lo hace, vale la pena reconocerlo.

Ahora, la lucha a corto plazo será por enderezar el torcido pacto colectivo y arrebatarle al cabecilla sindical sus herramientas de poder. Acto seguido, si la ministra Giracca es coherente, debe, de una vez por todas, conseguir sacarlo del puesto en el cual se ha entronizado. Si lo hace, tendrá el aplauso de los guatemaltecos y, ciertamente, el de este editor. 

Y, ¿si lo hiciera Arévalo?

En El Salvador, Nayib Bukele ha transformado el panorama político con medidas audaces que, para algunos, representan un triunfo contra la inseguridad y la corrupción. Su popularidad, impulsada por la drástica reducción de la violencia pandillera, ha inspirado a líderes en la región. Pero ¿qué pasaría si el presidente de Guatemala decidiera emular su “guion”?  

Imaginemos un escenario hipotético donde nuestro mandatario adopta, paso a paso, las tácticas de Bukele, erosionando las instituciones democráticas en nombre de la eficiencia. Este ejercicio no es mera especulación; es una advertencia sobre los riesgos de los modelos autoritarios. 

Todo comenzaría con la descalificación sistemática de los medios tradicionales y los partidos políticos como “los mismos de siempre”. El presidente guatemalteco, a través de redes sociales y discursos incendiarios, los tacha de corruptos y obsoletos, posicionándose como el único salvador del pueblo. Esta narrativa polariza a la sociedad, erosionando la confianza en las instituciones independientes y preparando el terreno para acciones más drásticas. 

Lo siguiente es una intervención directa en el Congreso. Para forzar la aprobación de un “Plan Control Territorial” —un paquete de medidas contra el crimen organizado—, el presidente convoca una sesión extraordinaria, irrumpiendo en el hemiciclo e intentando presidirla él mismo. Esta movida, respaldada por fuerzas de seguridad leales, intimida a los diputados opositores y asegura la aprobación rápida, violando protocolos constitucionales. 

Con el control afianzado, nombra a un fiscal general y consigue que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad sean afines a su agenda. Estos aliados judiciales blindan sus decisiones futuras, desmantelando cualquier obstáculo legal. Inmediatamente, inicia el proceso de aprobación de una Ley de Agentes Extranjeros, un mecanismo para disolver ONG críticas y perseguir a periodistas independientes bajo el pretexto de combatir influencias externas. Paralelamente, se aprueba una ley de expropiación que permite al Estado confiscar propiedades sin debido proceso, supuestamente para proyectos de “seguridad nacional”. 

La escalada continúa con una serie de estados de excepción, declarados indefinidamente, que habilitan arrestos masivos sin garantías judiciales. Miles son detenidos en redadas contra maras y extorsionadores, ganando aplausos populares, pero a costa de derechos humanos y detenciones arbitrarias. Eso sí, consigue que la ola criminal disminuya dramáticamente.

Luego, anuncia su intención de reelegirse, ignorando la prohibición constitucional explícita en Guatemala. Para allanar el camino, impulsa una reforma de distritos electorales: reduce las circunscripciones municipales drásticamente y el número de diputados en el Congreso, concentrando el poder. 

Además, cambia la fórmula electoral de un sistema representativo proporcional a uno mayoritario, favoreciendo al oficialismo, marginando a minorías. A pesar de las protestas, logra que el TSE acepte su candidatura, bajo presiones judiciales. Se reelige triunfalmente, burlando la Constitución. 

De nuevo en el poder, reforma artículos clave para cambios constitucionales, permitiendo a su Congreso aprobar y ratificar reformas. 

Finalmente, enmienda la Constitución para habilitar la reelección indefinida, extiende el mandato presidencial de cuatro a seis años y elimina la segunda vuelta electoral, consolidando un régimen personalista. 

Este escenario, inspirado en el camino de Bukele, promete estabilidad a corto plazo, pero ¿a qué costo? En El Salvador, ha significado la erosión de la república, con un control absoluto sobre los tres poderes. Quienes en Guatemala aplauden hoy las acciones de Bukele en El Salvador, ¿se sentirían cómodos si esto sucediera aquí? ¿Aceptarían un futuro donde un solo hombre dicte las reglas, silenciando disidencias y perpetuándose en el poder? Y, ¿si lo hiciera Bernardo Arévalo? La respuesta sería muy reveladora. 

Más del 80 % del comercio exterior de Guatemala se moviliza por vía marítima. Sin embargo, el sistema portuario nacional enfrenta serios desafíos estructurales que amenazan su eficiencia y competitividad. Si esta situación se agrava, los discursos y promesas ya no serán suficientes. El país necesita una hoja de ruta clara, coordinada y, sobre todo, ejecutable.

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Dos propuestas de ley que buscan otorgar beneficios económicos para excombatientes en el conflicto armado interno han provocado manifestaciones en las calles, donde los posibles beneficiarios exigen que los diputados cumplan con su palabra. 

Por qué importa. Esta semana, grupos de veteranos militares y expatrulleros de autodefensa civil (expac) realizaron plantones para exigir la aprobación de ambas iniciativas, incluso sin considerar si existen los recursos necesarios para financiarlas.

• Una de las propuestas fue presentada por la bancada Cabal y busca extender el beneficio de un pago mensual de GTQ 1000 por dos años. Además, contempla incluir a viudas, personas que residan en el extranjero, y hasta privados de libertad que no cuentan con una condena firme.
  
  

• La segunda iniciativa, impulsada por el partido Valor, plantea entregar GTQ 1000 mensuales a los expac, como compensación por labores de reforestación.
  
  

• Mientras la propuesta de Cabal ya cuenta con dictamen favorable, la iniciativa de Valor aún no ha sido remitida a ninguna comisión para su dictamen. 

Visto y no visto. Los ofrecimientos a grupos de excombatientes no son nuevos. Gobiernos anteriores ya autorizaron pagos similares, lo que convierte estas promesas en una constante estrategia para ganar la simpatía, y eventualmente los votos, de este sector.

• Aunque los políticos insisten en que se trata de un acto de dignificación, la recurrencia y la presión ejercida por los beneficiarios alimentan las dudas sobre su verdadero propósito.
  
  

• Esta semana, los diputados Byron Tejada y Luis Aguirre de Cabal acompañaron las manifestaciones de veteranos. En ocasiones anteriores, también se han sumado legisladores de otras bancadas, como Elmer Palencia (Valor) y Rodrigo Pellecer, (Elefante), por mencionar algunos, quienes igualmente han expresado su respaldo a los manifestantes.
  
  

• Pocos diputados se oponen abiertamente a estos pagos. Muchos son conscientes de que, cada cuatro años, los votos de este sector pueden ser decisivos en época electoral. 

Fisgón histórico. El pago a expac surgió en la administración de Alfonso Portillo; el siguiente gobierno —dirigido por Oscar Berger— institucionalizó un fideicomiso de reforestación denominado Bosques y Agua para la Concordia.

• El programa estuvo vigente hasta 2011, posteriormente se liquidó y se finiquitó años después.
  
  

• Desde entonces, varios políticos han ofrecido pagos, por lo que ha sido común que esos grupos salgan a exigir cumplimiento a las promesas cada cierto tiempo.
  
  

• El 19 de octubre de 2021, un grupo de veteranos prendió fuego a las instalaciones del Congreso de la República como medida de presión para que los diputados aprobaran una iniciativa de ley.   

En conclusión. Los beneficios para excombatientes se han convertido en una herramienta de negociación política. Bajo el argumento de la “dignificación”; muchos legisladores aprovechan el tema para promover sus propios intereses. 

• Lo que ocurre no es nuevo: el patrón se repite con frecuencia. Promesas sin respaldo financiero, presión en las calles y discursos en busca de respaldo en épocas preelectorales y electorales.
  
  

• Mientras tanto, la agenda de país sigue en el olvido. Pero para los diputados, todo parece justificarse si al final del mes aseguran los GTQ 66 300 que reciben por ocupar una curul.