En EE. UU. todo está en juego

Llegó el día de las elecciones presidenciales en EE. UU., con la expectativa de los comicios más cerrados de la historia del país; las encuestas esperan un panorama, incluso, más ajustado que en las elecciones del 2000 entre Al Gore y George Bush. A pesar de ser considerado el país con la democracia más avanzada del mundo, tras cerrar los centros de votación, el proceso estará plagado de incertidumbre, cuestionamientos y controversias.  

EE. UU. no es una democracia normal. De hecho, su constitución no la define como tal. EE. UU. se reconoce a sí mismo como una república, donde la democracia es solamente uno de los muchos ingredientes que la constituyen. Un sistema republicano defiende sus instituciones —estipuladas en su constitución—, por encima de la democracia. La república está por encima de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, algo que una democracia pura desestima; y, en este caso, el gobierno se compone de la unión de varios estados dentro de esa república.  

La defensa de los intereses de los estados es una de las instituciones vitales del sistema estadounidense, lo que se consigue parcialmente a través de su sistema electoral. EE. UU. no es como Guatemala o ningún otro país en América, ya que el candidato que más votos obtiene no necesariamente gana la presidencia. El ganador de las elecciones se define por el candidato que obtiene más votos electorales.  

Pero, ¿qué es el Colegio Electoral? 

El colegio electoral es un sistema de elección indirecta, en el que un grupo de personas —los delegados— tienen la responsabilidad de elegir a un ganador para la presidencia. Los ciudadanos votan, pero no eligen directamente al presidente; en su lugar, eligen a los miembros del colegio electoral, quienes luego votan para determinar al ganador.  

El número de delegados por cada estado depende de la cantidad de habitantes de este. De manera que, entre más poblado el estado, mayor el número de votos electorales que recibe. El candidato que gana la mayoría más uno en un estado se lleva el total de votos designados. Solamente Nebraska y Maine reparten sus votos proporcionalmente entre el ganador del estado y los ganadores en sus distritos congresuales.  

El nuevo presidente es el primero en obtener la mayoría simple de votos electorales: 270. Con 43 de 50 de los estados ya definidos para uno u otro partido, los 74 votos de los siete estados en disputa son los que tardarán en decidirse. Esos 7 estados restantes son lo que conocemos como estados bisagra —o estados pendulares—. Esos estados indecisos se sitúan, en su mayoría, a favor de Trump; sin embargo, todas las encuestas se encuentran en el margen de error. En el caso de Pensilvania, el que más votos electorales tiene, la diferencia es de 0.3 % a favor del expresidente.  

No se pueden esperar resultados finales esta misma noche. Pensilvania podría definirse por alrededor de 20 000 votos solamente. Este escenario activaría un recuento automático. El conteo será largo; hoy podremos esperar resultados definitivos para 43 estados, más no en los siete que definirán la presidencia. El sistema es complejo, pero protege los intereses de los estados más pequeños, evitando una tiranía de la mayoría, pero abriendo las puertas al caos e incertidumbre que, seguramente, viviremos hoy.

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Los diputados están a un paso de aprobar la ley de infraestructura vial prioritaria, que busca atender 1500 km de las rutas más importantes para la actividad económica del país, así como una iniciativa que permitiría el uso de los recursos asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) para que puedan utilizarse en años siguientes. 

Ambas propuestas figuran en la agenda de la sesión plenaria de hoy.  La ley de infraestructura ha estado en el Congreso durante seis años y este 2024 regresó a comisión para un nuevo dictamen, ya que los diputados coincidieron en la necesidad de incorporar algunas observaciones. El objetivo es construir y mantener las carreteras más importantes de Guatemala. 

Por su parte, la ley que busca agilizar las obras de los CODEDES fue presentada este año, con Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, como uno de los ponentes. Esa comisión fue la encargada de firmar el dictamen favorable.  

“EI objeto de la presente ley es instituir mecanismos de agilización y estímulo a la ejecución de inversiones públicas [...] promoviendo así el desarrollo integral de las comunidades, mediante la facilitación de los procesos administrativos y burocráticos para la implementación efectiva de proyectos de infraestructura y desarrollo en áreas urbanas y rurales”, detalla la iniciativa.  

Ley de dragados bajo la lupa 

Aunque la ley de dragados fue incluida en la agenda para su aprobación en tercer debate, algunos diputados expresaron sus inquietudes y hasta pidieron sacarla de discusión, pero no lo lograron.  

Se muestran reacios al artículo que “[…] permite a la Empresa Portuaria Quetzal, para que, bajo su estricta responsabilidad, lleve a cabo, las adquisiciones que sean necesarias para la prestación de los servicios de dragado y/o dragado de mantenimiento de canales de acceso, dársenas de maniobras, muelles, fosas aledañas a rompeolas y áreas de influencia de Puerto Quetzal”. 

“Crear una ley para exonerar de todos los procedimientos de la Ley de Contrataciones algo tan importante como el dragado del Puerto Quetzal merece una discusión exhaustiva en el Congreso y en esta instancia”, declaró el diputado Álvaro Arzú.  

Al final se acordó citar a las autoridades el miércoles a las 11 de la mañana.  

Los diputados también incluyeron en segundo debate las disposiciones para el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable a las municipalidades.  

El proyecto permite “dinamizar las adquisiciones de las comunas y la economía de la localidad, adicionando normas de gestión con enfoque en la calidad de la prestación de los servicios al usuario y transparencia”, se detalla. 

La iniciativa fue presentada en agosto de este año y logró el dictamen favorable el 8 de octubre por parte de la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por Esduin Javier, más conocido como Tres Quiebres. 

De nuevo, el presidente Bernardo Arévalo no estuvo presente en la conferencia de prensa semanal del Ejecutivo. El encargado de dirigir la actividad fue el secretario de Comunicación Social de la Presidencia (SCSPR), Santiago Palomo, quien se hizo acompañar del secretario de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Carlos Mendoza y el director de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), Julio Flores. También estuvo presente, el ministro de Energía y Minas (MEN), Víctor Ventura, y el auditor del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Jorge García.  

El tema principal fue dar a conocer el caso denominado “RED Q” por el cual se tomó la decisión de presentar ante el Ministerio Público (MP) una denuncia penal contra el expresidente Alejandro Giammattei, la extitular de SEGEPLAN, Keila Gramajo, el expresidente del INDE y exmiembro del Centro de Gobierno, Melvin Quijivix. Esto, luego del hallazgo procedimientos ilegales descubiertos luego de varias auditorías internas.  

Carlos Ventura explicó que lo que se encontró fue una plaza fantasma que funcionó como una llave maestra para saltar de SEGEPLAN a la Junta Directiva del INDE y lograr la representación de esa secretaría en varias instituciones y, a partir de ahí, realizar una serie de “actos corruptos”.  

La creación de ese puesto de trabajo con contrato 0-22 inició el 7 de enero de 2021, siendo la responsable la entonces titular de SEGEPLAN, Keila Gramajo. Días después, el 19 de enero, la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONCEC) se pronunció argumentando que la solicitud de la plaza era improcedente por incumplimiento de condiciones técnicas y legales. Posteriormente, el 26 de febrero de 2021, la contratación de Quijivix fue autorizada por Giammattei.  

El exmiembro del Centro de Gobierno cobró GTQ 824 258 en salarios y prestaciones por un servicio que nunca prestó en SEGEPLAN y por representar a la secretaría ante el INDE cobró GTQ 1 722 099M en salarios y prestaciones. La denuncia en contra de Giammattei es por abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.  

En el caso de Keila Gramajo, por abuso de autoridad, tráfico de influencias, peculado por sustracción, nombramientos ilegales, fraude, e incumplimiento de deberes. Mientas que en el caso de Melvin Quijivix es por abuso de autoridad, tráfico de influencias, peculado por sustracción e incumplimiento de deberes.  

Otro caso de corrupción

Otra de las carteras que realizó una denuncia ante el MP por un caso de corrupción fue el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). La acción se presentó por el robo de medicamentos en el Hospital Nacional de Amatitlán, medida que dio como resultado la captura de dos personas vinculadas con la sustracción de más de GTQ 3.2M en medicamentos.

Según las autoridades, los dos detenidos se aprovecharon de los cargos que desempeñaban en el nosocomio para sustraer equipos médicos y medicamentos, los cuales eran posteriormente comercializados. Tras una serie de allanamientos realizados, este 4 de noviembre se logró la incautación de diversos teléfonos celulares, los cuales coadyuvarán a fortalecer la investigación en curso.

Agenda semanal  

Al final de la conferencia, Palomo informó que el presidente Arévalo participará este 5 de noviembre en la inauguración de la planta más grande de Latinoamérica de Gas Licuado de Petróleo (GLP) grupo Tomza (Tropigas). Además, estará en la entrega del Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, anteriormente conocido como El Infiernito, y el 6 de noviembre participará en la entrega de la primera vivienda del Programa “Mi Primera Casa”.