En el Congreso, todo parece ser miel sobre hojuelas

¡Buenos días!

Las alianzas en el Congreso parecen mantenerse, al menos por ahora. Como ocurrió con la elección de magistrados para CSJ y de Apelaciones, con una abrumadora mayoría fue reelecto como presidente del Legislativo, Nery Ramos, si bien la conformación de la directiva varió —con lo que consiguió más apoyo—. 

Relegados quedaron los diputados Allan Rodríguez y Adim Maldonado, que intentaron —infructuosamente— armar una planilla opositora; ni siquiera la llegaron a presentar. 

¿Qué puede significar esta tan variopinta e inusual gran alianza? Desde la ampliación presupuestaria se ha mantenido, por lo que se especula con que “por ahí” está la respuesta. Lo cierto es que, en dicha ampliación, se dejaron salvos varios cientos de millones de quetzales para asignarse sin procesos de licitación, así como varios miles de millones, para los Consejos de Desarrollo. Para el Ejecutivo y la bancada oficial, lo que puedan hacer algunos diputados distritales en sus departamentos, ya es cosa suya. Como quien dice: si lo dilapidan, ya no es problema del gobierno central. Mirar para otro lado —mientras eso ocurre— también es corrupción, pero de lejitos. 

El chorro que prometieron cerrar se abrió. No para todos, sino solo para los que apoyan. Igual que antes; igual que siempre. 

En este boletín:

•Cómo Guatemala está reorientando la Agenda 2030

•Nery Ramos consigue la reelección con el apoyo de la UNE y de Vamos

•Acuerdo millonario para seguridad de exmagistrados debe anularse

La Agenda 2030 ha sido motivo de creciente controversia. Se percibe que movimientos con una fuerte carga ideológica —de izquierda— se han apropiado de los objetivos, transformado el proceso en uno poco pragmático y cargado de intereses, desvirtuando su propósito real. Además, esto ha obstaculizado que países en desarrollo, como Guatemala, aprovechen estratégicamente esa herramienta para facilitar su integración en el entorno geopolítico y en las dinámicas de la economía moderna. 

Panorama. Recientemente, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA, por sus siglas en inglés), en conjunto con la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), convocó un taller en Antigua Guatemala en torno a la producción sostenible de energía y sobre el agua. Estos temas son fundamentales para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030. 

• Con uno de los rendimientos por hectárea de plantación más productivos a nivel mundial, la industria de caña de azúcar en Guatemala representa más del 5 % del total de las exportaciones del país.
  
  

• Esta industria tiene un gran potencial de crecimiento en el sector energético. A través de la reutilización de los residuos de la caña, es posible producir biocombustibles como el etanol, cuya demanda está en aumento debido a los esfuerzos globales por la descarbonización y el uso de energías renovables.

  
  

• En Guatemala, hasta el 30 % de la demanda de energía eléctrica durante la zafra —de noviembre a mayo— se abastece mediante estos procesos derivados de la producción de azúcar. 

Entre líneas. A inicios de mes, representantes de la industria azucarera guatemalteca participaron en un foro celebrado en Bruselas junto a varios diputados del Parlamento Europeo. La reunión tuvo como objetivo explorar oportunidades de colaboración entre Europa y Latinoamérica en los sectores de energía y la agroindustria.

• La eurodiputada y vicepresidenta del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, organizó este evento al considerar que “el modelo medioambiental que la izquierda nos ha querido imponer ha fracasado”, según afirmó en una entrevista con El Debate.
  
  

• “Hay ideologías que piensan que la agricultura y la industria no deben avanzar, y convierten todo en un conflicto ideológico”, agregó. Esta perspectiva refleja el daño que la captura ideológica de la Agenda 2030 ha causado en los ODS del ámbito energético, industrial y económico.
  
  

• Según la parlamentaria, el exceso de regulaciones, burocracia e impuestos en Europa ha asfixiado, tanto al sector agrícola de su región como al de Latinoamérica, que exporta gran parte de su producción al mercado europeo. 

Voces. Para capitalizar las oportunidades que tiene en el ámbito de la energía y el aprovechamiento de sus recursos naturales, es crucial que el país se integre, a través de su industria —y cuerpo diplomático— en la extensa y compleja red de actores internacionales que impulsan las dinámicas geopolíticas y comerciales globales.

• Si los actores nacionales quedan fuera de estos espacios, se corre el riesgo de que personas y grupos ajenos a la realidad del país impulsen medidas que no favorecen el desarrollo.
  
  

• Para Alfredo Vila, presidente de Asazgua, los espacios de diálogo como los mencionados son cruciales para alcanzar este objetivo. “Las agendas globales deben adaptarse a las realidades de cada país, sin distorsionar ni politizar su propósito original”, señaló.
  
  

• Esta visión también es compartida por las autoridades del sector público. “Es una señal importantísima que Asazgua, como representante de la agroindustria de Guatemala, este trabajando proactivamente la Agenda 2030 con el sistema de Naciones Unidas”, afirmó la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, al ser abordada por República en el evento convocado por UNDESA. 

El balance. La Agenda 2030 y sus objetivos son, en esencia, un conjunto de metas generales diseñadas para guiar las políticas de desarrollo de los países. Es una herramienta flexible, no una estrategia rígida o detallada que deba implementarse estrictamente bajo las condiciones de grupos altamente ideologizados.

• Esta interpretación es el resultado de que, en efecto, muchos sectores hayan restado importancia a estos espacios, permitiendo que grupos ideologizados asumieran casi por completo el control de ellos.
  
  

• Establecer los medios para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 están sujetos, como cualquier política pública, al ejercicio democrático y soberano de las naciones que coordinan esfuerzos entre sí para obtener beneficios mutuos. 
  
  

• Cada vez más, las relaciones geopolíticas y el comercio global ocupan un papel más prominente en las decisiones políticas de cada país. La única forma de reorientar el rumbo de dicha agenda, en beneficio de los ciudadanos, es atreviéndose a tomar esos espacios. 

Glenda Sánchez
•Acuerdo millonario para seguridad de exmagistrados debe anularse
736 palabras | 3 mins de lectura

El Organismo Judicial (OJ) desembolsará unos GTQ 11.6M solo en personal de seguridad para exmagistrados que estuvieron en el cargo 11 meses —noviembre de 2023 a octubre de 2024—. La medida incluye dos agentes y un piloto por cada exfuncionario judicial, según el Acuerdo Número 63-2024 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), publicado en el Diario Oficial. 

• Expertos consideran que el acuerdo es “un abuso, por el corto tiempo que estuvieron en los cargos”. Recomiendan a las nuevas autoridades analizar la regulación y revocarla por ser “un gasto innecesario”.  

Perspectiva. El acuerdo reforma el Reglamento del Servicio de Protección Temporal de Exmagistrados de CSJ. Las modificaciones se concentran en el tiempo, plazo y personal que asignará. 

• La medida de protección iniciará al finalizar el periodo constitucional para el cual fueron electos, hasta por cinco años. Justifican las acciones por los riesgos del trabajo de los funcionarios judiciales. “Por la naturaleza de los casos que conocieron y resolvieron […] peligros que no cesan una vez que se ha dejado el cargo, sino que agudizan”.
  
  

• Los exmagistrados: José Luis de Jesús Samayoa, Ronald Manuel Colindres, Benecia Contreras Calderón, Manuel Duarte Barrera, Evert Obdulio Barrientos, Elvia Ester Vásquez Sagastume y Carlos Humberto Rivera Carrillo. Además, Héctor Echeverría Méndez, Jorge Eduardo Tucux y Oscar Ruperto Cruz Oliva asumieron en noviembre pasado. Concluyeron su periodo el 13 de octubre.
  
  

• De los trece magistrados, que asumieron en noviembre, tres fueron reelectos: Gustavo Adolfo Morales, René Guillermo Girón Palacios y Claudia Lucrecia Paredes Castañeda. Es decir, que las medidas aplican para diez exmagistrados. Los casos que conocieron se relacionan con el proceso electoral 2023.  

Los datos. Los honorarios de un agente de seguridad del OJ son de unos GTQ 7100 —podría ser más en algunos casos— y el de un piloto GTQ 5292. Los montos no incluyen bonos especiales, entre ellos el escolar. Los datos corresponden al documento información pública del OJ —puestos y salarios 2016 y 2024—.  

• Tomando los honorarios de los trabajadores — dos agentes y un piloto —, el OJ desembolsará unos GTQ19 492 por la seguridad. Al sumar lo correspondiente a los diez exmagistrados, el monto mensual será de unos GTQ 194 920; por año, un total de GTQ 2.3 M, y por los cinco años que establece el acuerdo, el total asciende a Q 11.5 M.
  
  

• Algunos medios de comunicación aseguran que la institución estima que por esas medidas —13 magistrados hasta el 12 de octubre— el monto podría superar los GTQ 6.5M anuales, es decir, GTQ 32.7M —sin detallar gastos—.
  
  

• La cifra es más de los GTQ 11.6 del análisis que se hace en este artículo, porque en la proyección las autoridades incluyeron a los 13 togados, gastos de combustibles, vehículos y todos los beneficios y bonos de los trabajadores que brindarán los servicios. 

Voces. Expertos consideran que la medida “es absurda y un abuso” por el poco tiempo que estuvieron en los cargos; el acuerdo debe revocarse. Además, que en casos similares se establece que el servicio de seguridad que se brindará debe ser proporcional al tiempo que estuvieron en los cargos —apenas 11 meses— y el nivel de riesgo —casos mínimos y riesgo muy bajo—.  

• “Análisis de riesgo de funcionarios ha demostrado que se requiere seguridad por el trabajo que realizan.” Sin embargo, por años se ha abusado de esas medidas. Se ha requerido al personal de la Policía Nacional Civil (PNC) para guardaespaldas y descuidado de la seguridad ciudadana. “Es un tema de ego porque se siente bien”, asevera Francisco Quezada, experto del CIEN.
  
  

• Además, lo que correspondería —en los casos de exfuncionarios que se determine un alto riesgo— es contratar seguridad privada para que las instituciones no hagan gastos innecesarios y se debilite a la PNC. En la actualidad, un 8 % de los agentes resguarda a funcionarios, diputados y otros.
  
  

• Comunicación del OJ asegura que el acuerdo está vigente y que las dudas o deberán enviarse por correo para remitirlas a las nuevas autoridades. El punto no se conoció en el pleno de la semana pasada. Desconocen si se analizará en las próximas reuniones.  

En conclusión. Es necesario un análisis, caso por caso, por ser un gasto para el OJ y por representar un desajuste para el departamento de Seguridad, responsable de asignar el personal para custodiar las sedes judiciales. 

• Es un claro ejemplo de privilegios otorgados por sí y para sí, de parte de los exmagistrados. Todo, con dinero de los contribuyentes.