¡Buenos días!

Ayer tuvo lugar el Summit de sostenibilidad organizado por República, junto a la Cámara de Industria y Fundesa, titulado: Energía para todos. Contó con la participación de destacados expositores y panelistas —nacionales y extranjeros— de los más variados ámbitos profesionales y gremiales.

Empresarios, representantes de banca multilateral, inversionistas, agentes del mercado y reguladores, todos, coincidieron en la vital necesidad de aumentar la capacidad eléctrica —generación y transmisión, principalmente—; para crecer, todos los países requieren de más energía y Guatemala no es la excepción.

Los retos no son pocos. Pasamos de ser exportadores netos, a importar una parte de la energía que necesitamos. Por ello, el éxito de las licitaciones PEG-5 y PET-3 es de suma importancia, aunque siempre se requiere más.

La expansión en generación y transmisión, así como la diversificación adecuada de la matriz energética, deben ser políticas de Estado; ningún gobierno —transitorio por naturaleza—, por sí solo, puede llevarse las palmas. Debe ser un esfuerzo continuo que, obligadamente, requiere del concurso del sector privado.

Pensar —como hacen algunos— en deshacer o distorsionar el buen funcionamiento del mercado eléctrico es ridículo. Tristemente, siempre hay necios, retrógrados y fundamentalistas. 

Un sistema eléctrico solido oportunidades y retos

El sistema eléctrico guatemalteco es un pilar de estabilidad y desarrollo, sustentado por un marco legal robusto desde la promulgación de la Ley General de Electricidad en 1996. Este marco, caracterizado por su certeza jurídica y transparencia, ha permitido la libre competencia en generación y comercialización, mientras regula transmisión y distribución para garantizar un servicio eficiente. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) han consolidado un mercado mayorista maduro, con casi un centenar de centrales generadoras y 3500 MW de capacidad instalada, donde la diversificación tecnológica reduce la dependencia de una sola fuente energética. 

Las próximas licitaciones del Plan de Expansión de Generación (PEG-5) y del Sistema de Transporte (PET-3) representan una oportunidad histórica. Con una inversión estimada de más de USD 5000M, la PEG-5 busca contratar hasta 1400 MW de potencia garantizada para 2030-2045, mezclando energías renovables como solar; eólica, e hidroeléctrica, pero también generación con fuentes fósiles —pero limpias—, como gas natural, alineándose con la meta nacional de alcanzar un 80 % de generación renovable para 2030. Por su parte, PET-3 ampliará la red de transmisión en 508 km, fortaleciendo la infraestructura para llevar electricidad a zonas rurales. Estas licitaciones no solo atraerán inversión extranjera, sino que fomentarán precios competitivos, como se vio en PEG-4, donde la energía solar alcanzó ofertas muy favorables. Además, la interconexión con México y Centroamérica abre oportunidades para transacciones regionales, consolidando a Guatemala como líder energético. 

Sin embargo, persisten retos significativos. La cobertura eléctrica, aunque ha alcanzado un 90.55 %, aún deja a comunidades rurales sin acceso. Lograr el 99.9 % proyectado en la próxima década requiere superar barreras logísticas y financieras, así como garantizar la sostenibilidad de los proyectos. La calidad del servicio enfrenta desafíos técnicos, como la modernización de líneas de transmisión obsoletas, que limitan la capacidad de soportar nueva generación. Además, la integración de tecnologías renovables variables, como solar y eólica, exige avances en almacenamiento energético para garantizar energía firme.  

Finalmente, reducir precios para los consumidores demanda mayor competencia y eficiencia, combatiendo ineficiencias operativas y asegurando que los beneficios de las licitaciones se trasladen al usuario final.

Guatemala está en un momento clave. Aprovechar el marco legal y las PEG-5 y PET-3 puede potenciar al sector eléctrico, impulsando el desarrollo económico y social. El concurso y apoyo de la banca multilateral, por ejemplo, son claves.

No obstante, el éxito depende de una ejecución transparente, inversión en innovación y un compromiso firme para superar los rezagos, asegurando un servicio eléctrico accesible, confiable y asequible para todos los guatemaltecos. 

La aprobación de la Ley de Competencia representó una victoria para el oficialismo y sus aliados, luego de que permaneciera engavetada durante varios años. Sin embargo, la falta de nombramientos por parte del Congreso ya expone el primer obstáculo institucional: la imposibilidad de conformar el directorio encargado de elegir al superintendente.   

Por qué importa. La ley estuvo en discusión más de una década y fue hasta el 2024, que finalmente se convirtió en decreto. No obstante, esta demora en su implementación deja en evidencia que, a pesar de las pretendidas buenas intenciones del marco legal, su ejecución enfrenta limitaciones.

• Hasta ahora, ningún grupo en el Congreso ha logrado reunir los 81 votos necesarios para designar a los directores titular y suplente. En contraste, la Junta Monetaria y el Ejecutivo, respectivamente, ya los nombraron.
  
  

• Por ahora, el directorio está integrado solamente por Javier Enrique Bauer Herbruger, Edgar Rolando Guzmán Fuentes como titulares y Alfredo Skinner-Klée Sol y Luis Guillermo Velásquez Pérez como suplentes.
  
  

• Está previsto que los diputados hagan un nuevo intento la próxima semana, en busca de alcanzar el consenso necesario para completar las designaciones.

Visto y no visto. No es la primera entidad que enfrenta problemas con su puesta en marcha. Otro ejemplo es la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria, entidad que no tiene recursos para operar debido a que el Ministerio de Finanzas (Minfin) ha sido remiso en asignarle los fondos que por ley le corresponden.

• Según el texto legal, la Dirección de Infraestructura debe gozar de independencia funcional, económica, financiera, técnica y administrativa. Además, debe contar con recursos propios.
  
  

• Ello, no se ha podido concretar; plantea un reto para la primera titular de la dirección, Claudia Lucrecia Cáceres Maldonado. Se espera que la asignación de fondos se realice en septiembre próximo.
  
  

• Para lograr los desembolsos, el Minfin debe crearle un código administrativo a la nueva entidad, un proceso que puede tardar un máximo de 90 días. A partir de entonces, se podrá iniciar con la contratación de personal y con la realización de estudios técnicos.

En conclusión. La aprobación de leyes que crean nuevas entidades no garantiza, por sí solas, su funcionamiento efectivo. Tanto la Ley de Competencia, como la Dirección de Infraestructura Vial, ilustran cómo los obstáculos institucionales, falta de consensos y retrasos administrativos pueden frenar proyectos clave para el país.

• El verdadero desafío no radica únicamente en legislar, sino en asegurar funcionamiento y eficacia. Sin avances concretos en la designación de autoridades, o en la habilitación operativa de las entidades, los decretos corren riesgo de quedarse en letra muerta y generar —con razón— frustración ciudadana.
  
  

• La experiencia demuestra que, sin una estructura operativa funcional desde el inicio, las nuevas instituciones pierden credibilidad. Cumplir con lo estipulado en la ley es apenas el primer paso; lo esencial es que el marco legal se traduzca en resultados.