Entre el narco y la ineptitud

¡Buenos días!

El título bien podría referirse a la realidad guatemalteca, en donde el narco ha penetrado casi todo estamento, no solo de la endeble institucionalidad, sino de la vida pública. Narcoalcaldes, narcodiputados y narcofuncionarios pululan por doquier; también lo hacen personajes que ni siquiera guardan el más mínimo recato y en desfiles hípicos —entre otros— se pavonean para ver quién es más chingón (séquitos con armas largas, pistolas chapadas en oro, “buchonas” de acompañantes, etc.). Todo, ante la ineptitud —inactividad— de las fuerzas de seguridad. ¿Aló, ministro Villeda? 

Pero no, hoy me refiero a la mucho más grave situación que vive el hermano pueblo mexicano, donde lo de hoy acá ocurrió allá hace varias décadas. Ahora, desde las esferas más altas del poder federal, se protege a narcos, porque ellos los pusieron ahí. Luego de las acusaciones formales de EE. UU. contra gobernadores, senadores —por ahora— del narco partido de gobierno, MORENA, se apartaron del cargo tanto el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, como el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. En su lugar, fueron nombradas Yeraldine Bonilla Valverde y Mirriam Ramos Villareal, respectivamente.

Del narco pasaron a la ineptitud; las dos mujeres llegaron a sus hoy cargos porque Nuestro Señor, seguramente, estaba viendo hacia otro lado. Serán, seguramente —sin pretender denostarlas por su “condición” de mujer— piezas de los meros jefes.

La lucha contra el narco y su perniciosa influencia en el estamento público de los países debe ser decidida e integral.

Se le atribuye al expresidente mexicano el dicho de que “nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos”, refiriéndose a lo fácil que es corromper. Hoy, claro, es mucho más que eso. Pero, así como esa es, tristemente, una máxima válida en nuestros tiempos, también lo es que “no hay narco que aguante una extradición a EE. UU. o que le quiten toda su plata”.

Glenda Sánchez
CGC: la próxima postuladora en la mira
572 palabras | 4 minutos de lectura

 
El proceso para elegir al próximo titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC) se perfila como uno de los más sensibles del contexto político previo a 2027. Entre cuestionamientos por su desempeño, vacíos normativos y tensiones en la integración de la comisión de postulación, el control del gasto público retoma protagonismo en el debate público.  

Por qué importa. La CGC es el principal órgano de fiscalización del Estado. Su función es vigilar cómo se usan los recursos públicos y establecer límites al abuso del poder. En teoría, es un contrapeso clave. Sin embargo, su funcionamiento es cuestionado por decisiones percibidas como discrecionales (políticas) y por limitaciones operativas.  

• Su mandato incluye fiscalizar, desde ministerios hasta municipalidades y fideicomisos; por supuesto, también a la USAC, aunque Walter Mazariegos se ha negado —ilegalmente— a ello. También debe evaluar si el dinero público se usa con transparencia, eficiencia y sin corrupción.

• Además, debe promover rendición de cuentas, modernización de auditorías y capacitación de funcionarios. Asimismo, consolidar los sistemas de control que reduzcan riesgos de corrupción y mal uso de recursos públicos.

• A pesar de este marco robusto, se le critica por auditorías selectivas, presiones políticas y falta de independencia frente a actores de turno; un factor que afecta su credibilidad institucional. 

Punto de fricción. Para la elección del sustituto de Frank Helmuth Bode Fuentes —actual titular de la CGC— debe instalarse la Comisión de Postulación (CP). La integración concentra puntos de quiebre. Abre espacios a influencias indirectas que podrían distorsionar la selección de perfiles.  La CP debe entregar la nómina al Congreso.

• Participan universidades y colegios de auditores y economistas. El diseño busca equilibrio, pero depende de quiénes lleguen y con qué intereses.   

• La aparición de nuevas universidades, con facultades de Ciencias Económicas, levanta alertas. Podrían entrar al proceso sin trayectoria ni egresados. Plantea dudas sobre su verdadero papel. 

• La ley no deja claros varios requisitos. Esa ambigüedad permite maniobras para crear instituciones con fines estratégicos dentro del proceso. Realidad que debilita criterios técnicos y favorece intereses particulares. 

Detrás de escena. Más allá de las normas, el proceso se mueve por relaciones, intereses y cálculos. Lo que pase dentro de colegios profesionales y universidades será determinante para el proceso.  

• La cantidad de representantes de los colegios depende de cuántas universidades participen. Ese detalle técnico puede generar variaciones en la correlación de fuerzas dentro de la CP. Puede influir en decisiones clave.

• Existen señales de conflictos internos en juntas directivas de estos colegios. Estas disputas podrían trasladarse a la postuladora y, con ello, afectar la objetividad en la evaluación de candidatos.  

• El rol del presidente de la comisión es clave; este es electo entre los rectores de las universidades privadas. Su liderazgo puede orientar el proceso hacia criterios técnicos o, por el contrario, abrir espacio a negociaciones políticas. 

En conclusión. La elección del contralor se dará en un contexto donde el finiquito —es requisito para competir en elecciones y asumir cargos— puede convertirse en un arma política. El desenlace del proceso dependerá de ajustes institucionales y de la vigilancia ciudadana.  

• Se requiere revisar los lineamientos para la creación de universidades y su participación en postuladoras. Sin reglas claras, el sistema permite distorsiones que afectan la calidad del proceso.

• El Consejo de Enseñanza Privada Superior (CEPS) gana peso como un actor central. Sus criterios de aprobación, considerados ambiguos, inciden en quiénes pueden influir en la comisión.  

• La experiencia reciente sugiere que los plazos podrían no cumplirse. Si esto ocurre, aumentaría la incertidumbre institucional en un momento político donde la CGC tiene un rol estratégico. Especialmente, por el uso del finiquito como filtro electoral.

Ana González
La ley antilavado entra en su momento decisivo: podría aprobarse hoy
476 palabras | 2 minutos de lectura

A pocos días de que concluya el primer período ordinario, los diputados incluyeron en la agenda la aprobación por artículos y redacción final de la ley integral contra el lavado de dinero u otros activos, luego de sostener varias reuniones para consensuar las enmiendas.

El presidente de la Comisión de Economía, Jorge Ayala, informó que se han planteado 13 enmiendas y la incorporación de dos artículos nuevos. Aseguró que existe respaldo dentro de la mesa de trabajo y confía en que ese apoyo se refleje en el pleno.

“Estamos consensuando enmiendas para ciertos artículos desde la Comisión de Economía. Allí ya contamos con mayoría y creo que se verá reflejado en el pleno”, afirmó.

La propuesta requiere al menos 107 votos para su aprobación, debido a una resolución de la Corte de Constitucionalidad que establece que las iniciativas relacionadas con grupos financieros y bancos deben aprobarse con el respaldo de dos terceras partes del cuórum.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, señaló que existe compromiso entre los legisladores para dar luz verde a este nuevo marco legal.

“Es una ley que le sirve al país. Los diputados están comprometidos en dotar de una herramienta que no altere el sistema económico [...] Tenemos un dictamen consensuado y es probable que al finalizar la tarde la ley antilavado quede aprobada”, indicó.

En la misma línea se pronunció Luis Aguirre, jefe de bancada Cabal, quien aseguró que hay consenso para su aprobación.

Aunque se ha señalado que las enmiendas buscan mejorar la redacción y no modificar el espíritu del dictamen, queda pendiente observar si durante la discusión algún diputado presenta cambios desde el pleno.

Condecoración a boxeadores

Previo a la discusión de la ley, los diputados están convocados a una sesión solemne para condecorar a los boxeadores Lester Martínez y Joshua Antón con la Orden del Soberano Congreso. Ambos recibirán también un aporte económico.

Martínez será reconocido con GTQ 500 000, mientras que Antón recibirá GTQ 200 000.

Otros temas en agenda

La agenda legislativa también contempla iniciar la aprobación de reformas a la Ley Temporal de Desarrollo Integral.

La iniciativa 6723 propone prorrogar por tres años el programa para beneficiarios que registren inasistencias, siempre que estas no superen las 36 asignaciones establecidas. El Ministerio de Desarrollo Social continuaría a cargo de los desembolsos pendientes, con verificación del Ministerio de Ambiente como parte del cumplimiento de requisitos.

Asimismo, se incluyó la ley de teletrabajo, que busca promover un entorno laboral más moderno y adaptado a las condiciones actuales del mercado, fomentando la formalización del empleo y la inclusión de sectores que enfrentan dificultades para trasladarse a un lugar de trabajo físico, como poblaciones rurales. Esta normativa se aplicaría únicamente al sector privado, según detalla el documento.

Finalmente, la agenda vuelve a incluir, como último punto, la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones para completar el período 2024-2029.