Estado de sitio, en su sitio

¡Buenos días!

Los guatemaltecos no nos reponemos aún de los ataques terroristas perpetrados por los mareros luego de los motines en varias cárceles del país y el cobarde asesinato de agentes de la PNC; siempre, ante sucesos como esos, la psique colectiva sufre un trauma que no se borra fácilmente. Por ello, abordar la recurrente crisis de seguridad que, indudablemente, se le escapó de las manos al Gobierno —el propio Arévalo lo reconoció en su informe del 14 de enero— podría ser chocante; el timing, resultar inapropiado.

Hoy, el boletín de República política contiene, en primicia, un reportaje que se había venido preparando hace ya algunos días, a la luz de esa escalada violenta que, sí, tuvo su cresta en los hechos de los días pasados, pero que ha recrudecido desde finales del 2024. La discusión editorial giró sobre la conveniencia de publicarla ahora —como ya estaba planeado— o si valía la pena esperar unos días. La decisión no fue fácil; sin embargo, decidimos publicar el reportaje, precisamente, porque no hacerlo sería en detrimento de los agentes policiales que dieron su vida para proteger las nuestras.

Atribuida a John Stuart Mill, pero más probablemente pronunciada originalmente por Edmund Burke, la frase resume el porqué de nuestra decisión: “Para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada”. Por eso, aunque doloroso, hoy no podemos callar y debemos enfrentar la crisis de [in]seguridad que nos aqueja y que es responsabilidad de Bernardo Arévalo y su Gobierno resolver.

Guatemala está bajo estado de sitio por el Gobierno, pero sitiada por los criminales, por las maras, por los terroristas y por los narcos. Atañe acá recordar el proverbio africano: “Cuando dos elefantes se pelean, quien más sufre es la hierba que pisan”. 

El Gobierno de Bernardo Arévalo ha perdido control de la seguridad; las maras aterrorizan a la población y doblegan a la autoridad. La situación es grave. Vamos a ver qué logra hace la administración durante el estado de sitio. Les presentamos un reportaje de cómo está —de grave— la cosa.

Vea el reportaje completo aquí

El próximo 31 de enero se realizará la elección de la nueva junta directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM). Las tensiones crecen por ser año preelectoral. Los alcaldes que buscan dirigir la asociación realizan giras para integrar sus planillas y consolidar su agrupación.

• Detrás de los posibles candidatos hay operadores y partidos políticos; también, apoyos institucionales, como del Ejecutivo y en el Legislativo.

Por qué importa. La ANAM representa a las 340 municipalidades del país. Tiene como fin apoyar con asesorías y aspectos técnicos a los alcaldes. También defender la autonomía local. Sin embargo, en los últimos años se desvirtuó. Ahora, es un botín de poder político que ofrece visibilidad ante el poder local.

• La institución tomó relevancia el año pasado por las acciones constitucionales presentadas contra el presupuesto general de la nación y la ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

• En gestiones anteriores, sirvió como grupo de presión para aprobación de leyes e incluso para ampliaciones presupuestarias. La defensa de las comunas quedó en segundo plano.

• La presidencia de la ANAM ofrece visibilidad nacional. Aporta acceso a recursos, espacios técnicos y participación en entidades como el INDE e INFOM, lo que alimenta la lucha interna.

Lo indispensable. Desde inicios de 2025, tres alcaldes buscan dirigir la ANAM. Para lograrlo, realizan giras en la mayoría de los municipios. Las visitas son para promover su perfil, plan de trabajo y consolidar apoyo para integrar la planilla. Se requiere representación de los 22 departamentos.

• Los nombres de los aspirantes que se mencionan son: José Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa; Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula y Juan Carlos Pellecer de San Juan Sacatepéquez.

• Siero es el actual presidente. Hizo públicas sus intenciones de reelección. Su gestión es cuestionada por el oficialismo, particularmente, a pesar de haber contado con el apoyo del presidente Arévalo.

• A una semana del evento, ninguno de los tres ha logrado el respaldo de los 22 departamentos. Esto pone en riesgo su candidatura para dirigir la ANAM.

Entre líneas. Los tres jefes ediles implementan estrategias para alcanzar la simpatía de sus pares. Han viajado por todo el país para socializar sus planes, consolidar respaldo e integrar la planilla para dirigir la ANAM. Unos con más éxito que otros.

• Entre municipalidades se menciona que Arredondo lleva la delantera. Por ahora, logró solventar roces con alcaldes de Petén. Según fuentes, tiene respaldo del Ejecutivo. Se habla de roces y falta de alianzas que podrían perjudicar su candidatura.

• Siero, actual presidente de la ANAM, ha tenido dificultad en municipios de Petén, Quetzaltenango, Quiché y Jalapa.

• Juan Carlos Pellecer, alcalde de San Juan Sacatepéquez, tampoco ha logrado simpatía en Petén, El Progreso e Izabal. Se moviliza en helicópteros para promover su candidatura. Se menciona que Nery Ramos, del partido Azul, es uno de sus apoyos.

En conclusión. La politización marca el proceso, con alianzas partidarias, operadores tradicionales y disputas regionales que relegan el rol original de la ANAM. Evidencian que su control es clave en un año preelectoral. Las negociaciones internas avanzan para consolidar las planillas que participarán a finales de mes.

• La ANAM dejó de ser un ente técnico. Hoy funciona [más] como plataforma de poder político, visibilidad nacional y mecanismo de presión ante el Ejecutivo y el Congreso. 

• Ningún aspirante llega con el apoyo territorial completo.  No ha logrado respaldo en los 22 departamentos. Se mantienen abiertas las negociaciones de última hora.

• El evento se desarrollará desde las 9:00 horas en las instalaciones del hotel Westin Camino Real. Aún no hay un escenario claro de los candidatos y el respaldo.

Las críticas al gobierno de Bernardo Arévalo marcaron la sesión plenaria en la que el Congreso conoció —y votó— el estado de sitio decretado por el Ejecutivo. El respaldo de la mayoría de diputados se dio tras introducir modificaciones al decreto, que, finalmente, fue aprobado con 149 votos.

Durante la discusión, varios bloques parlamentarios cuestionaron la estrategia de seguridad del Gobierno y el alcance de las medidas de excepción. En ese contexto, los diputados decidieron ajustar el decreto en los puntos que consideraron necesarios antes de su aprobación final.

Los diputados oficialistas cerraron filas en defensa de la gestión de Arévalo y aprovecharon el debate para lanzar señalamientos directos contra la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido que lidera Sandra Torres. Los parlamentarios aseguraron un posible vínculo con estructuras criminales, a partir de la relación sentimental entre una sobrina de la excandidata presidencial y el líder de la pandilla Barrio 18.

Las acusaciones provocaron una reacción inmediata. Diputados de la UNE, encabezados por Inés Castillo, rechazaron los señalamientos y contraatacaron al oficialismo por los limitados resultados en materia de seguridad. Castillo recordó la fuga de al menos 20 pandilleros de un centro carcelario, un episodio que, según afirmó, expuso graves fallas en la administración penitenciaria y derivó en la salida del entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien huyó del país para evitar una orden de captura. 

La confrontación política no se limitó al hemiciclo. Horas antes de la sesión, diputados de la UNE presentaron una querella penal por difamación contra los legisladores oficialistas Samuel Pérez y Andrea Villagrán, a quienes acusan de sostener públicamente los señalamientos sobre presuntos vínculos con pandillas.

Pese al clima de tensión y a los cruces de acusaciones, el decreto de estado de sitio avanzó con una mayoría abrumadora. El tablero electrónico del Congreso registró 149 votos a favor y solo uno en contra, emitido por el diputado de Vamos, Carlos Roberto Calderón.

Las modificaciones

El estado de sitio tendrá una vigencia de 30 días, periodo durante el cual quedan prohibidas las visitas a los centros carcelarios donde permanezcan recluidos integrantes de pandillas. No obstante, el decreto permite las actividades culturales y religiosas dentro de esos recintos y autoriza la portación de armas de fuego a civiles durante su vigencia, conforme a lo aprobado por el Congreso.

El decreto también excluye de las restricciones a todas las reuniones y convocatorias vinculadas al proceso de elección de nuevas autoridades, con el objetivo de no interferir en procedimientos institucionales en curso.

En materia de orden público, se aprobaron limitaciones a las reuniones al aire libre, manifestaciones y espectáculos públicos, únicamente cuando estas actividades alteren la seguridad ciudadana o el orden público.

Durante la discusión, diputados del partido Vamos intentaron reducir la vigencia del estado de sitio a 15 días, pero la propuesta no alcanzó los votos necesarios y fue rechazada por la mayoría del Pleno.