Exministra arremete contra “órdenes ilegales”

¡Buenos días! 

Los escándalos parecen salir un día sí y otro también para el gobierno; cuando menos no son de su corrupción. Por ahora.  

La inexperiencia sumada a la soberbia hace que el gobierno parezca no tomar una ruta clara. Si a ello se le agrega que no tienen operadores políticos para gestionar apoyos en el Congreso, la cosa se complica. 

Semilla ganó –sorpresivamente– las elecciones presidenciales, pero en el Legislativo tienen una bancada insuficiente, precoz y engreída que pretende imponer su parecer al resto de bancadas que, poco a poco, abandonan la alianza oficialista inicial. A nivel municipal, ni se diga: solamente ganaron 1 alcaldía. Son minoría. 

Sin embargo, los elementos más radicales de Semilla han ido prevaleciendo por sobre los moderados, algo que exacerba su aislamiento; toman la ruta de Lenin, en lugar de la de Kerensky. Eso sí, las purgas –a lo Stalin– ya han comenzado.  

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En este boletín:

•Félix Alvarado, el financista de Semilla, es premiado con el CIV

•Jazmín de la Vega: "no me presté a acatar órdenes manifiestamente ilegales"

•Avanza análisis de expedientes de candidatos a dirigir el IDPP

Luis González
•Félix Alvarado, el financista de Semilla, es premiado con el CIV
715 palabras | 4 mins de lectura

Tal vez con el paso de los días se conozcan los verdaderos motivos que llevaron a remover a la ahora exministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) Jazmín de la Vega. Por ahora, la versión oficial es que no atendió las órdenes del presidente Bernardo Arévalo sobre "principios" de pago a los contratistas. 

• Encontrar a un profesional para dirigir el CIV fue difícil para el partido Movimiento Semilla. Fue una de las vacantes que les costó cubrir. El nombre de la ahora exfuncionaria salió del sector privado tras revisar varios expedientes. Es arquitecta, con experiencia en la administración pública y un pasado sin tachas. 

  
  

• Con estas tres características fue integrada al gabinete de gobierno de Arévalo. Fue una de las tres ministras nombradas que llegaron del gremio empresarial: Anayté Guardado –quien renunció antes de ser juramentada– y María José Iturbide, fueron las otras dos. 

  
  

• Las vacantes fueron ocupadas por personas afiliados o afines a Semilla. Por Guardado llegó Víctor Hugo Ventura a Energía y Minas, y por Iturbide fue nombrada la diputada Patricia Orantes, en Ambiente y Recursos Naturales. 

Por qué importa. Para el caso de De la Vega se consideró que sería complicado hallar al sustituto. Pero no fue así. El viernes por la noche se informó de la destitución y el lunes a primera hora ya estaba el nuevo ministro: Félix Manuel Alvarado Browning. 

• ¿De dónde salió?, ¿qué experiencia tiene?, ¿por qué lo nombraron? Fueron las primeras preguntas de los interesados en la coyuntura nacional. De inmediato, los usuarios de redes sociales compartieron los primeros datos. Se indicó que era un médico graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), pero sin especificar si alguna vez practicó la medicina. 

  
  

• Estudió administración pública dentro y fuera del país y durante más de 25 años ha laborado como consultor, especialmente en los campos de salud y educación. Su pensamiento afín a Semilla lo llevó a sumarse a esa agrupación como "Secretario de Programa Político" y a financiar la campaña política. 

  
  

• En una investigación del Ministerio Público, su nombre salió a relucir por un préstamo de Q337 mil que en 2022 facilitó a ese partido para pagar una multa impuesta por el Tribunal Supremo Electoral. El dinero fue fundamental para la participación de Semilla en las elecciones que ganó en 2023. 

En perspectiva. Alvarado es un hombre de total confianza de Arévalo y del partido. ¿Por qué no fue nombrado inicialmente en ese cargo? La verdad la saben el presidente y su círculo más cercano. Puede que al principio del gobierno no se hubiese visto bien designar a un médico –y financista– al frente del CIV, con cero experiencia para el cargo. 

• Hoy, al menos, el nuevo ministro puede decir que estuvo tres meses en un programa de "caminos rurales". Es lo más cerca que ha estado del CIV. Puede que su designación en esa área, con un contrato de Q30 mil mensuales en la Secretaría Privada de la Presidencia, haya sido a propósito para prepararlo con el fin de dirigir un ministerio con un presupuesto de Q5,700M. 

  
  

• En su defensa, entrevistado en el programa radial Con Criterio, dijo que su perfil no es de un "técnico ingenieril", pero que lo compensa con sus conocimientos en "desarrollo humano y administración pública". Se autodefinió como "un cuadro político y un cuadro técnico". 

  
  

• Agregó que su prioridad será la infraestructura vial. Pero cuando le preguntaron sobre sus metas para este año, se enfrascó en una explicación "filosófica" de las carreteras y se terminó el tiempo para continuar con la entrevista. 

En conclusión. El médico y financista de Semilla tiene un enorme reto: ajustarse a los "principios" de pago que el presidente aprobó para los contratistas del CIV y agilizar la ejecución del ministerio que al 9 de mayo apenas alcanzaba el 12.3%. 

• Alvarado enfatizó que para lograr ese objetivo se apoyará en la Presidencia y en la Comisión Nacional Contra la Corrupción que dirige Santiago Palomo. 

  
  

• Adelantó que cada contrato se analizará y se le dará un trato específico. Puede que algunas obras mejor es que se queden a medias, otras que se concluyan, pero habrá algunas, con evidente corrupción, que sí será revertirán los contratos. 

  
  

• La medida será analizar beneficios versus daños al patrimonio público, dijo el bisoño ministro. 

Luis González
•Jazmín de la Vega: "no me presté a acatar órdenes manifiestamente ilegales"
652 palabras | 3 mins de lectura

El esquema de pago a contratistas establecido por el presidente Bernardo Arévalo fue, supuestamente, la razón de la destitución de Jazmín de la Vega al frente del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Viviendac (CIV). 

• La exfuncionaria "incumplió instrucciones autorizando pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado”, se informó mediante un comunicado. El gobierno pretende pagar cada tres meses a las empresas, aparte de tres puntos más. Pero la ahora exministra manifestó que no estuvo de acuerdo con ese esquema. 

  
  

• "No me presté a acatar órdenes manifiestamente ilegales" dijo De la Vega durante una extensa conferencia de prensa, donde procedió a explicar por qué. Señaló que lo legal es pagar según las estimaciones mensuales del avance de las obras. Este reporte lo revisa la supervisión y sirve para avalar el desembolso. 

  
  

• No existe ningún "principio" de cancelar cada tres meses porque las constructoras no trabajan con recursos propios. Si se deja de pagar se paralizan los trabajos. Al iniciar los proyectos, los desarrolladores reciben un anticipo que les da liquidez. Luego, ese monto se va descontando conforme marcha la obra. Ese es el esquema técnico; el planteado por Arévalo es el político y lo que causó la remoción. 

Por qué importa. Si la decisión de destituir a De la Vega se basó en el procedimiento político de que "todas las empresas puedan participar en los pagos" y que cada una reciba un desembolso "cada 3 o 4 meses como máximo", razón tiene la exministra en calificar de "ilegal" el planteamiento de Arévalo. 

• Pero si el motivo para destituirla fue otro, como haber pagado a constructoras señaladas de acciones irregulares, el presidente debería de decirlo con total solvencia. Y si se presume que actuó al margen de la ley, la debe denunciar donde corresponde. 

  
  

• De la Vega fue citada hoy al Ministerio Público (MP) después de una denuncia anónima en su contra por aparentes actos de corrupción. La exfuncionaria fue notificada previo a la conferencia de prensa y aunque no le prestó mayor atención, aseguró que acudirá a la reunión con los fiscales. 

  
  

• Arévalo insistió ayer en los motivos que mencionó para su destitución, mientras que la exministra dijo que la decisión la tomó por sorpresa. Comentó que el mandatario se la hizo saber mediante una videollamada mientras se encontraba fuera de su despacho supervisando proyectos. 

En perspectiva. La exfuncionaria resaltó que le extrañó que la removieran porque fue la ministra que más denuncias presentó. Además, la mejor calificada en un sondeo de los 100 días del gabinete de gobierno. 

• No detalló por qué el ministerio registra una baja ejecución –15%–, pero aseguró que reactivó 80 proyectos. También subrayó que viajó –en vehículo– por todo el país para revisar el estado de las obras, como carreteras, puentes y edificios destinados para centros de educación. 

  
  

• Recordó que reunió a los contratistas en un evento público para remarcar que no debían pagar sobornos a nadie. Por ello insistió en que no esperaba su salida de la institución. 

En conclusión. De la Vega estuvo 120 días al frente del Ministerio de Comunicaciones. Aseguró que recibió varias amenazas por su decisión de denunciar cuanto contrato le parecía irregular. 

• Dijo que, como arquitecta, tiene experiencia y que conoció el CIV donde se "formó" para trabajar en la administración pública. Que su labor ha sido reconocida en el ámbito privado y por los empleados del ministerio. 

  
  

• Ahora el destino del CIV queda en manos de un médico con estudios en administración pública. Un asesor, financista y miembro de la dirigencia de Semilla. Un amigo de Arévalo que es señalado en el caso penal que el MP investiga contra esa organización política. 

  
  

• Como en otras designaciones de este gobierno, el tiempo dirá si fue acertado el nombrar a un profesional ajeno a las actividades del CIV. Puede que se ajuste a los "principios" de pago de Arévalo y también las constructoras trabajen "cada 3 o 4 meses" conforme reciban los recursos públicos. 

Glenda Sánchez
•Avanza análisis de expedientes de candidatos a dirigir el IDPP
592 palabras | 2 mins de lectura

En el actual proceso, 45 profesionales están interesados en dirigir el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) para el periodo de 2024 a 2029. La recepción de los expedientes se hizo del 26 de abril al 17 de mayo.   

• Los integrantes de la Comisión de Postulación para la elección del director del IDPP revisan los documentos desde el lunes 20. Hasta este martes, se habían revisado unos 20 expedientes; el proceso termina mañana.

Visto y no visto. Entre los aspirantes se encuentran jueces y exjueces (Elia Raquel Perdomo Ruano, Óscar Chavajay Dionisio y Adrián Rodríguez Arana) y magistrados de la Corte de Constitucionalidad (Rony Eulalio López Contreras, magistrado suplente de la CC).   

• Trabajadores, extrabajadores y exasesores del IDPP (Lesbia Marleny Sis Chen, Federico Augusto Ruata Cardona, Axel Samael Espino Martínez, María Magdalena Cadenas Fuentes, Edgar Estuardo Melchor Solórzano, Carlos Humberto Sandoval Orellana, Otto Aníbal Recinos Portillo, entre otros).   

  
  

• El actual director, Idonaldo Arevael Fuentes Fuentes aspira a reelegirse. No es el primero; en su momento, Nydia Arévalo Flores y Blanca Aída Stalling Dávila, exdirectoras, buscaron su reelección.  

  
  

• También presentaron expediente abogados litigantes (Luis Alexis Calderón Maldonado), exrelatores del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, (Otto José Paz Kroel), empleados y exempleados del Ministerio Público (Cinthya Mariela Salazar Muñoz y César Isaac Payés Reyes).   

Por qué importa. El IDPP tiene la responsabilidad de brindar un servicio público de defensa penal oportuno, gratuito y eficaz. Esa atención debe cumplir con informar, representar y brindar asistencia técnica, según la normativa guatemalteca. 

• A pesar de su importancia, desde hace años, la institución no se ha fortalecido. Se le considera el “brazo olvidado y débil” del sector justicia. Entre las debilidades está la carga laboral, cobertura nacional, calidad en los procesos, tecnología y digitalización, según expertos consultados.     

  
  

• En 2014 el presupuesto era de Q145.6M, tres años después alcanzó Q216M. En 2024 se asignaron Q357.5M. El monto se ha incrementado a paso lento, insuficiente para atender 152 sedes del Instituto. La cobertura nacional alcanza –apenas– un 44 %.

  
  

• Además, se considera un “botín político” (pago de favores, plazas en la institución para familiares, colegas, compañeros y personas que solo cobran –plazas fantasma–) para determinados grupos. “Especialmente para los diputados del Congreso. El periodo de Otto Pérez Molina fue uno de los más señalados con estas prácticas”, añadieron fuentes consultadas.   

Lo que sigue. Esta semana los comisionados revisan los expedientes de los 45 candidatos para verificar si cumplieron con los requerimientos de la convocatoria publicada el 25 de abril en el Diario Oficial. De los documentos revisados, la constancia de no pertenecer a ningún partido político y presentar el expediente de manera digital, son algunos de los requisitos que se incumplieron.

• Al concluir, se notificará a los excluidos para que puedan presentar pruebas de descargo. Del 4 al 6 de junio los integrantes de la Postuladora analizarán dichas pruebas.

  
  

• Finalizada esa fase, el 10 de junio se publicarán los nombres de los profesionales que cumplieron con los requisitos y cualquier persona podrá notificar los impedimentos o “tachas” que considere.

  
  

• El 25 de junio se efectuarán pruebas psicométricas y dos días después empezarán con las entrevistas. Finalmente, el 11 de julio, harán la votación, según lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Comisiones de Postulación. El 15 de julio se espera entregar la nómina al Congreso.   

Conclusión. En este proceso los comisionados deben seleccionar los perfiles más idóneos para integrar la lista y entregar la nómina final. Los expertos coinciden en que se deben privilegiar mecanismos transparentes, capacidades, experiencia de los candidatos y dejar de lado los “intereses o influencias”.