Faltan policías

¡Buenos días!

Aunque es el lado más flaco de la administración pública, es donde ocurren las cosas más gruesas: las compras y contrataciones. Casi desde su génesis, las adquisiciones gubernamentales han sido terreno fértil para la corrupción. Durante los gobiernos anteriores, pero también en este, la corrupción se ha mantenido; ha mutado y los mecanismos se han perfeccionado, eso sí.

Compra de medicinas, obra pública y adquisiciones en los puertos son solo tres de las “áreas” más apetecidas. Como lo hemos venido develando, en el Gobierno de Bernardo Arévalo —quien esperamos que haya pasado un cumpleaños celebrado, a pesar de todos los rezagos en su gestión— el expolio continúa.

Y, no es que se critique solamente las adquisiciones por razón de cuál es la entidad adjudicada; casi cualquier otra de las oferentes incurre en lo mismo: amaños, direccionamientos, coimas, etc. Todo para obtener un lucrativo contrato estatal a precios onerosos. Por el bien de la república —casi como condición sine qua non— esas prácticas deben ser extirpadas de la gestión pública. ¡Ya!

La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) son los principales puertos del país. En los últimos meses, adjudicaron varios servicios e insumos para mantener su operación. Destaca que estos fueron distribuidos entre un número reducido de proveedores.

Por qué importa. República monitorea las adjudicaciones que realizan las empresas portuarias. La razón: la operación de los puertos sostiene el comercio nacional y regional. Cada adjudicación define quién abastece servicios clave y los resultados que podrían esperarse.

• Según la Ley de Contrataciones del Estado, las adjudicaciones tendrían que responder a criterios técnicos. En la mayoría de los casos prevalecen intereses particulares y favoritismos para determinadas empresas.

• El 24 de septiembre, EPQ adquirió 40 defensas cilíndricas por GTQ 14.8M. Al día siguiente, el 25, adjudicó la compra de una lancha piloto por GTQ 13.48M.

Visto y no visto. Las defensas cilíndricas adquiridas (NOG 27257967) son de caucho y serían usadas para el muelle comercial del puerto. Según las bases del concurso, la empresa adjudicada debería desinstalar las existentes para colocar las nuevas. El portal de Guatecompras detalla que se presentaron dos inconformidades al proceso.

• La junta de licitación de EPQ descalificó a dos empresas de las cuatro que presentaron ofertas; afirmó que no presentaron correctamente la apostilla del producto.

• Los dos proveedores afectados indicaron que se les descalificó por no presentar “traducida” la apostilla; un documento que varía en el idioma de acuerdo con el país emisor, por lo que no podían modificarla, según justificaron.

• La empresa que ganó fue Instalaciones Portuarias de Guatemala S. A. Tuvo la calificación de 100 puntos. El contrato asciende a GTQ 14.8M y fue el precio más bajo. La otra oferta, según EPQ, no se entregó de forma física, solo digital; eso la descalificó.

Sí, pero. En el caso de la adquisición de la lancha piloto, se presentaron dos ofertas (NOG 27276198), así como una inconformidad; esta cuestiona la decisión de la junta licitadora al descalificarla por no haber presentado las especificaciones técnicas del producto ni la experiencia requerida.

• La empresa ganadora de la licitación fue, de nuevo, Instalaciones Portuarias de Guatemala S. A. El contrato ascendió a GTQ 13.48M.

• En lo que va del 2025, este proveedor tiene 14 adjudicaciones. Todas suman GTQ 84.63M. A EPQ le ha vendido GTQ 35.77M y a Empornac GTQ 48.86M.

• La adjudicación del sistema biométrico de Empornac a Instalaciones Portuarias de Guatemala S. A. fue improbada por la Junta Directiva de la entidad, solicitando que se le requiriese [a la adjudicada] documentación adicional.

En conclusión. Las adjudicaciones recientes en EPQ y Empornac revelan cómo un solo proveedor concentra contratos millonarios, pese a las inconformidades en los procesos. La reiterada presencia de Instalaciones Portuarias de Guatemala S. A. —una entidad de relativa reciente creación— realza la percepción de favoritismo. Se buscó la postura de la entidad aludida, pero en el teléfono que aparece en su registro tributario no respondieron y tampoco tiene portal web.

• Aunque las ofertas ganadoras fueron las más bajas, las diferencias no son significativas. 

• Los filtros técnicos y legales no han evitado que un mismo proveedor concentre los contratos portuarios.

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El reloj electoral en Latinoamérica está en marcha. La región atraviesa una ventana de oportunidad inédita para las derechas, impulsada por un ciclo de reacción al agotamiento de los gobiernos progresistas y un deseo social de estabilidad macroeconómica tras años de expansión estatal y crisis inflacionaria. Las elecciones más próximas —en Bolivia, Argentina y Honduras— están a la vuelta de la esquina y buscan capitalizar el descontento con estas condiciones.

Qué destacar. Bolivia llega al balotaje el 19 de octubre como parte de un péndulo reactivo que ha castigado a gobiernos de izquierda por fatiga, crisis fiscales y una inflación persistente.

• El país andino vive una crisis con una alta inflación, escasez de dólares, el deterioro de exportaciones de gas y largas colas para repostar combustible. El país se enfrenta a una profunda inestabilidad económica que ha desgastado la legitimidad del Movimiento al Socialismo (MAS).

• Rodrigo Paz, ganador en la primera vuelta, ha propuesto una estrategia de estabilización económica gradual; “Tuto” Quiroga, segundo en los resultados, ha propuesto un ajuste brusco y una política de corrección con resultados más inmediatos.

• La elección dependerá en gran parte de las preferencias del electorado frente al gradualismo de Paz —y la creencia de su efectividad— y el ajuste de Quiroga, y las garantías de su efectividad. No obstante, la difusión negativa de Milei ha desgastado la narrativa del ajuste de Quiroga, especialmente después de los problemas macroeconómicos que ha sufrido Argentina.

Lo indispensable. Las elecciones legislativas de mitad del mandato de Argentina se celebrarán el 26 de octubre después de una dura derrota del oficialismo en Buenos Aires.

• El establecimiento de las Boletas Únicas de Papel (BUP) han modificado los mecanismos electorales, reduciendo incentivos a la fragmentación electoral y, a la vez, promoviendo la concentración por bloques y la cooperación partidaria.

• El oficialismo debe consolidar un bloque entre La Libertad Avanza y Propuesta Republicana para tener una mínima —pero insuficiente— movilidad parlamentaria. Además, será clave pactar con partidos provinciales, que probablemente exigirán concesiones en federalismo fiscal —giros y obras—, poniendo en peligro el proyecto de ajuste de Milei.

• Si el peronismo no ha minado lo suficiente la narrativa del oficialismo, el apoyo del Tesoro estadounidense —de hasta USD 20 000M— conseguiría incrementar los votos indecisos para el oficialismo en distritos competitivos.

En el radar. Las elecciones generales del 30 de noviembre de Honduras se encuentran en una escalada de tensión desde el inicio del calendario electoral, aunque la derecha se mantiene en auge.

• Libre ha presionado a la oposición, a través de la figura del fiscal general, para controlar los riesgos preelectorales. A través del Ministerio Público, se intimidó al Consejo Nacional Electoral y al actual alcalde opositor de San Pedro Sula, centro industrial de Honduras.

• El Partido Liberal (PLH) y el Partido Nacional (PNH) se disputan una elección donde el apoyo del sector empresarial está fuertemente dividido entre la capital, Tegucigalpa, controlado por el PNH, y San Pedro Sula, la capital industrial, controlado por el PLH.

• “Tito” Asfura asumió la gerencia de campaña del PNH en Cortés (San Pedro Sula), con el probable intento de penetrar en territorio usualmente controlado por Nasralla en una elección bastante cerrada.

En conclusión. La coyuntura electoral latinoamericana exhibe un viraje hacia la derecha en países como Bolivia y Honduras, donde el agotamiento de los ciclos progresistas, la inflación y la crisis fiscal han erosionado la legitimidad de los proyectos de izquierda.

• En contraste, Argentina enfrenta un desafío de gobernabilidad inminente. Si Milei no logra articular una coalición efectiva con el PRO y los partidos provinciales, con un Banco Central exhausto, la persistente fragilidad financiera podría devenir en la pérdida de las elecciones legislativas y la pérdida de la continuidad del ajuste.

En varias ocasiones, Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, afirmó que la Policía Nacional Civil (PNC) tiene una fuerza operativa sólida. La comunicación de la cartera destaca que miles de agentes patrullan el país para brindar seguridad ciudadana. Sin embargo, los registros internos de la institución muestran una estructura debilitada y con reducidos equipos de reacción.

• A través de una solicitud de información pública, el Ministerio de Gobernación (Mingob) brindó la distribución de los agentes. Los datos no están en línea con la narrativa de la institución.

Por qué importa. La estructura policial del país destina la mayor parte de su personal a tareas administrativas y a la protección de instituciones. Además, varios agentes están fuera de servicio por suspensiones derivadas de investigaciones penales o faltas policiales. En las calles, donde se demanda su presencia, están ausentes.

• En Guatemala hay 43 271 policías con la última incorporación de elementos que se realizó el 29 de septiembre. No obstante, no todos están designados para la seguridad ciudadana.

• En los días festivos, la demanda de efectivos crece. Las autoridades afirman que no se otorgan descansos en esas fechas. La realidad es otra, según fuentes internas.

• El departamento de Guatemala concentra la mayoría de los PNC. Los otros 21 se quedan con la cobertura mínima. Tienen poca capacidad de respuesta ante delitos comunes y emergencias locales.

Datos clave. Hasta el 25 de septiembre pasado, en el departamento de Guatemala —distrito central— había 26 519 elementos que representan el 66%. En sentido contrario, Escuintla, Quetzaltenango y San Marcos apenas superan los 1000 efectivos cada uno. Estos lugares reportan altos índices de actividades delictivas, incluido el narcotráfico.

• Jutiapa y Huehuetenango cuentan con menos de 1000 agentes para todo su territorio. Este último departamento, al igual que los anteriores, mantiene incidencia del crimen organizado.

• Del total de agentes hasta esa fecha, 37 847 están activos. La mitad cumple turnos de resguardo, vigilancia de edificios o apoyo a otras instituciones.

• Hay 2195 agentes inactivos y 1494 bajo procesos disciplinarios o penales. Además, de 701 que tienen licencias médicas.

Visto y no visto. En la División de Protección de Personas y Seguridad, enfocada en custodiar funcionarios y personas en estado de vulnerabilidad, se tienen a 2772 agentes. Las cifras evidencian que la seguridad ciudadana depende de una fuerza reducida y sobrecargada. 

• La inseguridad avanza en barrios y municipios donde los agentes siguen ausentes o desprovistos de recursos básicos para actuar con eficiencia.

• Solo 32 880 agentes participan en operativos, prevención y apoyo a las diligencias que realiza el Ministerio Público (MP).

• La ampliación de la PNC no ha resuelto los problemas estructurales. Las carencias de equipo, movilidad y tecnología limitan la efectividad operativa.

En conclusión. La PNC enfrenta un desgaste estructural que pone en duda su capacidad para responder a las demandas de seguridad. Aunque las cifras oficiales proyectan fortaleza, los números internos revelan una institución desbalanceada y saturada.

• La mayoría de los agentes cumple tareas administrativas o de resguardo institucional, no de patrullaje.

• El crecimiento numérico de la PNC no se traduce en mayor eficacia: persiste la falta de equipo, movilidad y tecnología.