Finanzas da pobre cuenta del uso de la ampliación presupuestaria

¡Buenos días! 

Como “gato panza arriba” se salvó el Gobierno de la responsabilidad que pudo haber tenido en haber permitido culposamente —por impericia, imprudencia o negligencia— que un enorme cargamento de droga decomisado en República Dominicana (RD), en un contenedor que pasó por el puerto de Santo Tomás.  

Si bien no se originó acá, y pasó por Honduras —notoriamente cooptada por el narco— antes de su arribo al puerto quisqueyano, las autoridades de RD ya han comunicado que fue ahí donde se “contaminó” el contenedor de banano proveniente de Guatemala. 

Raudos fueron los señalamientos, hasta contra el mismo Presidente, pero para su tranquilidad, no fue acá el “clavo”. Pero eso es más bien fortuito. 

La infraestructura portuaria, incluyendo su seguridad, está muy necesitada de atención prioritaria; incluye inversión millonaria, por supuesto.

Este año prometió ser el de los aeropuertos; el avance ha sido escaso. El próximo deberá ser el turno de los puertos marítimos, puertas —valga el pleonasmo— para el desarrollo. Algunas cosas deben seguir, como la buena administración, pero las malas —como la mala y deficitaria administración— deben cambiarse. Las inversiones no son poca cosa, sin embargo, en el caso de Puerto Quetzal, existen planes para ampliarlo y desarrollarlo, incluso, con fondos propios. Ni se hable de un esfuerzo conjunto con la administración central que pueda conseguir financiamiento de entes multilaterales. En fin, hay mucho por hacer, todo es que el Gobierno no se pasme y se quede en proyectos, mesas técnicas y “primeros borradores” de propuestas.  

Les deseamos un muy buen fin de semana. 

_{Comparta este contenido por WhatsApp:}

En este boletín:

•El Pacto Verde no puede seguir empobreciendo a Centroamérica

•Ampliación presupuestaria de GTQ 14 152M, a medias

•Reconocimiento facial en la CGC: Adiós a la duplicidad y las plazas fantasma

Rafael P. Palomo
El Pacto Verde no puede seguir empobreciendo a Centroamérica
814 palabras | 4 mins de lectura

Tal como informó República, la mayoría de la derecha en el Parlamento Europeo han alejado a la Unión Europea (UE) de su obsesión con el Pacto Verde Europeo (EGD, por sus siglas en inglés). Mientras el continente se aleja de sus medidas draconianas, los países en vías de industrialización siguen inciertos sobre cómo desarrollarse bajo una agenda global que limita su capacidad de crecimiento. Países como Guatemala necesitan incrementar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), no reducirlas.  

• Guatemala contribuye solamente un 0.08 % —al 2021— de las emisiones de GEI en el mundo, mientras sigue dependiendo de la industrialización, la expansión agrícola y la urbanización para superar la mayoría de sus desafíos.
  
  

• No obstante, la UE y organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) siguen exigiendo el cumplimiento de metas medioambientales dictadas por los estándares de países ya desarrollados.  

Por qué importa. El EGD busca convertir a Europa en el primer continente con cero emisiones netas para 2050. Desde hace mucho tiempo, el tema de la sostenibilidad es una prioridad para la UE, tanto dentro de la zona Schengen como fuera de sus fronteras. Como tal, los principios del EGD constituyen pilares importantes de sus acuerdos comerciales con el resto del mundo, incluyendo a Centroamérica. A pesar de que el Acuerdo de Asociación UE-CA (AdA) fue aprobado en 2012, la UE ha utilizado metas dentro y fuera del acuerdo para impulsar sus metas del EGD en Centroamérica.  

• La UE ha utilizado el capítulo de Desarrollo Sostenible del AdA, a través de sus mecanismos de diálogo, para impulsar debates sobre transición energética y descarbonización.
  
  

• A pesar de que las disposiciones no se incluyen en el acuerdo, también ha hecho hincapié en cumplir con los compromisos del Acuerdo de París como una obligación para todas sus relaciones comerciales, incluido el AdA.
  
  

• Adicionalmente, en 2024 se hizo efectivo el Reglamento de Productos Libres de Deforestación de la UE —en contradicción con los beneficios comerciales establecidos por el AdA—, que establece requisitos estrictos para garantizar que productos importados a la UE no estén vinculados a la degradación forestal. 

Entre líneas. En concordancia con la ruta de la UE, el BID lleva trabajando desde 2023 en la adopción de una estrategia para que, al igual que la UE, Guatemala alcance las cero emisiones netas para el 2050. El plan implica un crecimiento anual del PIB de solo un 3.2 %; la eliminación total de energía producida con combustibles fósiles; reconvertir tierras de cultivos de maíz, frijol, café, banano, cardamomo, palma y caña en tierras forestales; reemplazar un 75 % de vehículos por carros eléctricos; limitar la producción de materiales de construcción de alta resistencia, y reducir el consumo de agua en un 40 % para la industria y un 20 % para residencias y comercios.  

• Todos estos objetivos limitan la capacidad de desarrollo del país y suponen un riesgo para grandes retos como la pobreza, la desnutrición, la seguridad energética, el acceso a vivienda, entre otros.  

Sí, pero. Los combustibles fósiles, por ejemplo, fueron los que evitaron el desabastecimiento eléctrico en el país durante la crisis energética del 2024. Adicionalmente, la reparación de vehículos aporta, hoy, un 21 % al PIB del país, además de que no existe la capacidad energética para la demanda de los vehículos energéticos; especialmente si se pretende eliminar la generación por combustibles fósiles. La reconversión de tierras agrícolas en tierras forestales también pondría en riesgo la seguridad alimentaria, en un país con un 50 % de desnutrición infantil.  

• Evitar la deforestación para otros usos también impide solucionar la necesidad de vivienda, en un país con una tendencia poblacional ascendente.
  
  

• Los materiales de construcción de alta resistencia son una necesidad fundamental para un país como Guatemala, que sufre daños irreparables en carreteras, infraestructura crítica y vivienda en cada invierno.  

En conclusión. Las metas del EGD son inviables incluso en países desarrollados. Europa lo ha entendido, especialmente con los problemas que sus políticas han generado en materia energética. Guatemala y Centroamérica, en general, están en necesidad de industrializarse y de aumentar sus emisiones para resolver sus problemas más grandes. Occidente está ignorando que, para adoptar políticas verdes, se necesita seguir una Curva de Kuznets Ambiental, como ellos lo hicieron en su momento.  

• Esto requiere aumentar rápidamente las emisiones para desarrollarse, alcanzar un pico de crecimiento y, en la medida que los ingresos aumentan, invertir en tecnologías limpias, energías renovables y mitigar esas emisiones.
  
  

• Mientras la UE se da cuenta de sus errores, su estrategia debe adaptarse a promover la industrialización en los países en vías de desarrollo para que, en un futuro, puedan contribuir a una agenda climática que no ponga en riesgo la vida de sus ciudadanos.
  
  

• Centroamérica no puede pagar con pobreza y desnutrición la cuenta de la fiesta de los países desarrollados cuando, como región, aporta solamente entre un 0.5 % y un 1 % de las emisiones netas globales. 

_{Comparta este contenido por WhatsApp:}

A medias se ha ejecutado la ampliación presupuestaria de GTQ 14 152M que los diputados de Semilla —y aliados— aprobaron este año en el Congreso de la República. 

Panorama general. Considerando los aportes bajo el rubro de “Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro”, que suman GTQ 7304M, a noviembre, solo se había ejecutado el 51%, según el Ministerio de Finanzas Públicas. 

• Los más ineficientes en usar los fondos disponibles son los Consejos Departamentales de Desarrollo. De los GTQ 2363M disponibles, solo han ejecutado en la 2 %, equivalentes a GTQ 37M.
  
  

• En la cuestionada ampliación presupuestaria aprobada en agosto, estos Consejos recibieron el aporte extraordinario como moneda de cambio de los votos de los congresistas distritales.
  
  

• En el reporte de Finanzas, obtenido vía la Oficina de Información Pública del MINFIN, figuran otras entidades con cero ejecución, como la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), y el Instituto Nacional de Bosques, entidades con GTQ 184M asignados. ANADIE informó que los recursos pasan a sus fondos propios y serán ejecutados en los siguientes meses en diversos proyectos como el Metro Riel, en el que invertirán GTQ 70M de los GTQ 100M recibidos. 

Los datos. Otras entidades o desembolsos creados a partir de la ampliación sí han ejecutado en la 100%. 

• Tal como el caso de los GTQ 300M destinados para cubrir el aumento para los jubilados del Estado.
  
  

• También los GTQ 500M trasladados al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) para un programa conocido como “Primera Vivienda”.
  
  

• El Organismo Judicial, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral, el Registro Nacional de las Personas y las municipalidades, entre otras instituciones, reportan 100 % de ejecución de los millones desembolsados por Finanzas Públicas. 

Sí, pero. De la ejecución de los ministerios y secretarías no se incluyen datos en el informe remitido por las autoridades. 

• Los ministerios de Agricultura, Salud y Educación, juntos, recibieron GTQ 3350M.
  
  

• De los fondos para Salud, GTQ 1098M fueron para las funciones propias del Ministerio y la “lucha contra el cáncer”. En la ampliación se dejó anotado que, si esta entidad no usa los recursos, podrán usarse para otras prioridades del Gobierno (fondo común).
  
  

• En cuanto al Ministerio de Agricultura, se ha cuestionado su baja ejecución. El dinero de la ampliación, GTQ 1227M, fue para comprar insumos agrícolas, fertilizantes y herramientas de trabajo. Los eventos se han realizado, pero han dejado varias dudas 

En conclusión. La ampliación presupuestaria fue sobradamente cuestionada, pero el gobierno de Bernardo Arévalo no atendió los señalamientos. 

• Tal como sucedió con la aprobación del Presupuesto 2025, se trató de una “negociación” política con los diputados de oposición que estuvieron prestos a recibir los millones para sus distritos a cambio de votar a favor.
  
  

• Fue de esta ampliación que salieron los GTQ 100M adjudicados a dedo, para reparar la autopista Palín-Escuintla, asunto que —entre otros problemas— causó la salida de Félix Alvarado, el médico que durante cinco meses dirigió el Ministerio de Comunicaciones.
  
  

• Se esperaría que, en la ruta de la transparencia, el Gobierno rindiera un exhaustivo informe público de cómo y cuánto se gastó de los GTQ 14 152M aprobados de urgencia nacional por el Congreso. 

_{Comparta este contenido por WhatsApp:}

Este año, la Contraloría General de Cuentas (CGC) avanzó en la implementación de mecanismos electrónicos para fiscalizar los recursos del Estado, es decir, contratistas, empleados y servidores públicos. Una de las nuevas herramientas electrónicas incluye el reconocimiento facial — fotografía del usuario—. 

• La medida busca transparentar los procesos, principalmente detectar la duplicidad y las plazas fantasmas, una mala práctica por años.
  
  

• Todos los mecanismos que contribuyan a transparentar los recursos son positivos; sin embargo, deben estar blindados para proteger los datos de las personas.  

Perspectiva. El pasado 9 de diciembre, la CGC publicó el Acuerdo A-058-2024, en el Diario de Oficial. El documento establece la creación del Sistema de Reconocimiento Facial de la Contraloría General de Cuentas —SIREFA-CGC—.  

• El sistema busca registrar, actualizar y validar la información personal de los servidores públicos y personas que presten servicios en las entidades y dependencias sujetas a la fiscalización, que incluye el artículo de la Ley Orgánica de la CGC.
  
  

• El proceso lo deberán realizar todos los que ocupen un puesto en la administración pública, presten servicios técnicos o profesionales, contratos, designaciones y cualquier vínculo legalmente establecido, forma y plazo de ejecución.
  
  

• En todos los casos citados, es obligación que realicen el registro —inscribir datos personales en un plazo de 30 días a partir del hecho generador—, actualización — las personas ya registradas reportarán cualquier cambio relacionado con sus datos luego de publicado del acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2025— y validación —confirmar con exactitud la información—de datos de identificación e institucional. 

Qué destacar. José María Vásquez Tello, director de Tecnologías de la Información y Comunicación, la CGC, explicó que desde 2016 se realizan los procesos de registros y actualización; no obstante, en mayo —Acuerdo A-29-2024— se implementaron nuevos mecanismos para mayor certeza y facilitad de los usuarios.  

• Explicó que en ese mes se lanzó la primera versión del SIREFA. Su característica principal era inscribir a las personas que nunca habían tenido un registro en la CGC; para ello tuvieron que descargar la aplicación y seguir las instrucciones. Entre ellas, pestañar tres veces para que el sistema capturara el rostro del usuario.
  
  

• Agregó que con el reciente Acuerdo se requiere que todos realicen el reconocimiento facial al momento de actualizar y verificar los datos. El proceso confirmará y validará la información con apoyo del Registro Nacional de Personas (RENAP).  Al tener los resultados, se confirmará si tiene una o varias plazas, si la persona está viva, la residencia y cualquier alteración que se pueda generar por aretes, lentes o cadenas.
  
   

• “Un dato importante de la aplicación es comprobar que no se le está tomando la foto a un fallecido. El mecanismo ayuda para evitar las plazas fantasma, la duplicidad de plazas o que se usen datos de un fallecido. No podrá haber datos duplicados porque el sistema lo detectará y no lo validará.  Al no validar la información, no dejará continuar con los procesos. Toda persona con acceso a una computadora o celular podrá usar el método”, añadió Vásquez Tello.   

Sí, pero. Todos los mecanismos que contribuyan a fiscalizar y transparentar los recursos del Estado son positivos; sin embargo, deben estar blindados de los robos cibernéticos, phishing o cualquier método que busque hacer mal uso de la información.  

• También se deben divulgar los procesos para que los usuarios conozcan la plataforma y no tengan inconvenientes para subir información y que se garantice el funcionamiento del sistema los 365 días del año.
  
  

• Además, se debe fomentar la cultura de fiscalización y transparencia en todas las entidades, pero primordial en el personal de la CGC.
  
  

• Por aparte, la Contraloría aseguró que el sistema cuenta con todos los protocolos de seguridad para proteger la información. Que el sistema interno solo tiene conexión con el RENAP. “Hasta ahora hay 6361 personas registradas por reconocimiento facial, en el primer registro. Considero que es un buen dato, el sistema es funcional […] Nuestro objetivo es registrar e informar a toda la población”, concluyó.  

Conclusión. Las aplicaciones para la fiscalización deben de llevar candados que protejan los datos; pero también blindarlos internamente para que ningún empleado de la CGC pueda alterar la información. 

• Es necesario brindar capacitaciones del uso de la herramienta y, en caso las personas no tengan acceso a internet, computadora o celular, ayudar a realizar los procesos.

_{Comparta este contenido por WhatsApp:}