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Frenar la migración requiere creación —no bloqueo— de empleos
República Política
4 de febrero de 2025
¡Buenos días!
En el marco de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, al país, el Gobierno toma medidas que frenan el desarrollo y evitan la creación de empleos, una de las principales razones de la migración hacia el norte.
La suspensión de licencias ambientales por la supuesta omisión de requisitos no contemplados en ley —sino en reglamentos— ha conseguido que proyectos habitacionales —intensivos en mano de obra— se vean comprometidos. No son los únicos. Proyectos mineros también han sido suspendidos con artificios; la animosidad de la ministra Patricia Orantes para con la industria es conocida. En el caso particular de los proyectos mineros, resulta evidente el bloqueo gubernamental que, en vista de de que no pudo acabarlos vía el ministerio de Energía y Minas, ahora lo hace a través del MARN.
Más allá de la obstrucción a la creación de empleo, decisiones como esas colocan a Guatemala en una posición débil ante reclamaciones internacionales que, tarde o temprano, le paran costando millones de dólares al erario. Claro está, los funcionarios que lo provocaron ya no estarán en sus cargos. Que le toque pagar al que venga.
Esos millonarios pagos a los que se verá expuesto el Estado son en detrimento de, precisamente, los que dicen querer proteger: los más necesitados. Menos dinero para educación, salud, vivienda, etc.
Bloqueando la creación de empleos no es como se frena la migración. Eso lo sabe muy bien la administración Trump; la de Arévalo parece no comprenderlo.
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•Cuestionan legalidad del MARN para frenar proyecto inmobiliario
•Lupa Legislativa: Congreso sesionará en medio de dudas sobre el acta que reconoció a Semilla como bancada
•Panorama Ejecutivo: Gobierno recibirá con “tres ayudas” a los retornados
Isabel Ortiz
Cuestionan legalidad del MARN para frenar proyecto inmobiliario
611 palabras | 3 mins de lectura
Un “procedimiento administrativo” —con tintes de legalidad— del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), puso en suspenso el avance del proyecto inmobiliario Irantu. Supuestas irregularidades en una consulta a vecinos y la tala de un bosque en un terreno privado, ubicado en la zona 10 de la capitalina, serían las razones.
En perspectiva. La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente establece el marco para la emisión de licencias ambientales, pero no otorga al MARN la facultad de suspenderlas de manera discrecional.
Según el artículo 31 de la ley, la única causa válida para suspender una licencia es una “variación negativa en los parámetros de contaminación establecidos”, lo que requiere evidencia técnica de daño ambiental.
Sin embargo, el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), permite la suspensión por errores en la documentación del instrumento ambiental, violaciones de propiedad intelectual del consultor ambiental o el incumplimiento de compromisos ambientales adquiridos, aunque esto no está establecido en la mencionada ley.
Expertos en derecho ambiental señalan que el MARN uso el reglamento como “pretexto para suspender licencias, excediendo sus facultades legales, violando los principios de legalidad y seguridad jurídica, lo que genera incertidumbre sobre las decisiones gubernamentales”.
Entre líneas. El MARN defendió su decisión; argumentó que la licencia no fue suspendida, sino que se solicitó una actualización del proceso de participación pública. Según el RECSA, la actualización es “un procedimiento administrativo subsanable que no implica la suspensión de la licencia ambiental”.
No obstante, si no se lleva a cabo la actualización solicitada, se iniciará un “proceso incidental en la Dirección de Cumplimiento Legal”.
Desde la oposición en la Municipalidad de Guatemala, la concejal electa por Movimiento Semilla, Ninotchka Matute, afirmó que la licencia fue “efectivamente suspendida por problemas en la consulta vecinal”. Matute citó irregularidades en la consulta, como la inclusión de opiniones de vecinos de otras zonas, lo que incumple con requisitos establecidos.
Desde el ámbito municipal, se señaló que la Dirección de Control Territorial (DCT), autoriza licencias de construcción si se cumplen todos los requisitos legales, incluyendo la aprobación del MARN. La Municipalidad no puede actuar mientras el proyecto no atienda las observaciones.
Visto y no visto. El MARN, bajo la gestión de la ministra Patricia Orantes, ha decidido suspender licencias ambientales, pero sin cumplir la ley, según abogados consultados.
Uno de los puntos más cuestionados a la cartera es la justificación de una suspensión por no realizar una consulta vecinal adecuada. Este requisito no está contemplado como obligatorio en la ley, sino únicamente en el RECSA, una norma de menor jerarquía que no puede ir más allá de lo establecido por la ley.
El proceso legal de licenciamiento ambiental en el país no incluye la consulta como paso obligatorio, agregan. Aunque el reglamento permite que los vecinos presenten observaciones, estas no son vinculantes ni determinantes para la aprobación o denegación de una licencia.
Utilizar la falta de una consulta adecuada a los vecinos como motivo para suspender proyectos no solo es ilegal, sino que establece una situación peligrosa. Si un ministerio puede imponer nuevas condiciones mediante un reglamento sin respaldo legal, se abre la puerta a la discrecionalidad y parcialidad en la toma de decisiones, indicaron los abogados.
Sí, pero. La Constitución protege el derecho de los ciudadanos a desarrollar actividades productivas lícitas, un derecho que solo puede ser restringido por una ley formalmente aprobada por el Congreso.
Las suspensiones de licencias ambientales, basadas en disposiciones menores, como la del RECSA —que exceden lo establecido por la ley—, son inconstitucionales, porque violan el principio de legalidad en materia administrativa.
Esto puede constituir abuso de autoridad por parte de los funcionarios que ordenaron las suspensiones.
En un Estado de derecho, ningún ministerio puede actuar por encima de lo que la ley le permite, y la legalidad debe ser el principio rector de todas las decisiones administrativas.
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Ana González
Congreso sesionará en medio de dudas sobre el acta que reconoció a Semilla como bancada
Los diputados están convocados a dos sesiones plenarias esta semana, con el fin de avanzar en la agenda legislativa que incluye el primer debate de diversas iniciativas, como la ley para sancionar la trata de menores de edad en el Sistema Penitenciario, así como la ley de acceso a medicamentos.
Las sesiones se desarrollarán en medio de dudas respecto al acta que reconoció a Movimiento Semilla como bancada, decisión que provocó que la Corte de Constitucionalidad ordenara al Ministerio Público (MP) investigar la posible comisión de hechos delictivos.
El presidente del Congreso, Nery Ramos, intentó restarle importancia a la situación, asegurando que “solo existe un acta” en la que se discutió la solicitud de Samuel Pérez para que Semilla fuera reconocida como bancada, petición que, según Ramos, fue rechazada.
El reconocimiento de Semilla como bancada en el sitio web del Congreso, según el presidente del Legislativo, fue el resultado de una actualización derivada de la recepción de documentos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero aclaró que no implicaba un reconocimiento formal como bloque legislativo, lo que habría conllevado la restitución de sus derechos.
Esta explicación deja muchas dudas, ya que se sabe que los diputados Sonia Gutiérrez y César Amézquita votaron en contra de reconocerlos como bancada.
Ramos insistió en que solo existe un acta. “Aquí la desinformación es que existe acta A y acta B, eso es mentira. Es solo un acta [...] son dos temas que entramos a conocer. Una la carta de Samuel Pérez y otras las cartas del TSE”, explicó.
Respecto a la solicitud del MP, el congresista aseguró que “la instrucción es que se evacúen en el orden que han venido y los plazos establecidos para el efecto”, aseguró.
A pesar de que Ramos intenta dar vuelta a la página, la posibilidad de que el MP solicite el retiro de su inmunidad es real. No obstante, el legislador aseguró estar dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos.
“Tenemos que estar dispuestos a asumir todas las consecuencias de nuestros actos, aun cuando estos sean dentro del marco de la ética, de la legalidad y de la moral”, resaltó.
Comisiones de trabajo: tema pendiente
A pesar de que varios diputados han solicitado que se distribuya la presidencia de las comisiones, la Junta Directiva aún no ha decidido cuándo se incluirá el asunto en la agenda.
Para algunos, el retraso se debe a los diputados oficialistas, quienes esperaban presidir cuatro comisiones. Sin embargo, al mantenerse como independientes, las salas de trabajo que les corresponderían tendrán que ser distribuidas entre los otros bloques.
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Isabel Ortiz
Gobierno recibirá con “tres ayudas” a los retornados
“Desde hace muchos años, las remesas que los connacionales envían apoyan a sus familias y comunidades, y son un elemento importante para sostener la economía de Guatemala. Ahora es momento de que nosotros estemos aquí para apoyarlos. Haremos lo posible para sostenerlos. Nos toca recibir a aquellos que regresen y recordarles que este es su hogar”.
Con estas palabras, el presidente, Bernardo Arévalo, abrió la conferencia de prensa semanal denominada: “La Ronda” del Organismo Ejecutivo. El mandatario enfatizó el compromiso del gobierno en apoyar a los migrantes retornados, en línea con el plan “Retorno al Hogar”, presentado por Danilo Rivera, director del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Este plan, estructurado en tres fases, busca garantizar la dignidad, inclusión y reinserción de los guatemaltecos retornados.
La primera fase: “Cerca de ti”, pretende fortalecer la red consular con nuevos recursos humanos, infraestructura y herramientas de comunicación. Ofrece asesoría sobre planes de contingencia y facilita la obtención de documentos como pasaportes y tarjetas de identificación.
La segunda fase: “Regreso Digno”, inicia con la identificación de los migrantes en el extranjero y su recepción en centros especializados en el territorio nacional. Se les proporciona atención humanitaria inmediata, que incluye registro documental; atención médica; kits de alimentos e higiene, y transporte hacia sus comunidades. En casos de menores no acompañados, se activan protocolos con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Secretaría de Obras Sociales.
La tercera fase: “Construyendo Oportunidades”, busca la reinserción social de los migrantes a través de programas de empleo, educación, vivienda y salud. Además, establece un plan piloto de desarrollo comunitario en zonas con alta población retornada. Rivera destacó que este proyecto cuenta con la colaboración de diversas instituciones estatales, el sector privado y organismos internacionales.
Electricidad y vivienda para todos
También, el Gobierno anunció ampliación de subsidios. Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía y Minas, informó acerca de la ampliación de la Tarifa Social eléctrica que aseguran beneficiará a más de 11M de habitantes con una inversión total de GTQ 286M. Este año, en total, el Consejo Directivo del INDE aprobó GTQ 986M para subsidiar la tarifa.
La entidad cubrirá parte de la factura para hogares que consumen entre 1 y 95 kWh al mes. Se otorgan subsidios para diferentes rangos de consumo, lo que beneficia a más de 2.3M de hogares. “El INDE continuará desarrollando infraestructura energética para llevar electricidad a 2M de guatemaltecos que aún no cuentan con el servicio de electricidad”, afirmó Ventura.
En materia de vivienda, Sergio Silva, presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), resaltó los avances del programa “Mi Primera Casa”, que ofrece créditos con plazos de hasta 40 años y bajas tasas de intereses para la compra de viviendas nuevas.
Desde su lanzamiento, el programa ha recibido más de 25 000 consultas telefónicas y ha clasificado a 9700 clientes como aptos. Además, 142 están en proceso final de firma de escrituras. Hasta el momento, se han desembolsado 4 créditos, y se espera entregar 1200 viviendas en 2025. El CHN también impulsa 45 proyectos de vivienda social, principalmente en la ciudad de Guatemala, priorizando zonas con menor oferta de casas, asegura el funcionario.
Agenda presidencial
El martes 4 de febrero llegará a al país el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, para iniciar una visita oficial. El miércoles 5 de febrero se llevará a cabo una reunión bilateral entre los equipos de trabajo de ambos países, seguida de una conferencia de prensa conjunta en el Palacio Nacional de la Cultura. Además, el secretario Rubio visitará el Centro de Retornados en la Fuerza Aérea junto con autoridades y se reunirá con el sector privado.
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