Funeral en tiempo real

¡Buenos días! 

Estamos viendo, en tiempo real, el funeral de Europa, que muere. La tasa de natalidad ha venido en declive —sostenidamente— para arrojar un número desolador en el 2025: 8.5 nacimientos por cada 1000 habitantes, mientras que la [tasa] de mortalidad es de 11.4 por cada 1000. Europa muere.

Pero también muere a manos de sus políticos, los europeos que, “desde Bruselas y Estrasburgo”, imponen cada vez más ridículas y peligrosas normas a los países miembros. Los políticos nacionales —sobre todo en España, Francia y Alemania— hacen lo propio, en el sentido de que coartan cada vez más las libertades de sus ciudadanos.  

En Alemania, por ejemplo, han sido perseguidos ciudadanos por publicar sátiras, burlas u ofensas, ¿por qué no?, contra funcionarios y políticos. En España se discute seriamente —aunque parezca broma— prohibir el término “Charo”, pues las ultrafeministas aducen que es machista. Piensan prohibir palabras. Es propio de las dictaduras el pretender dictar que se puede decir y que no.  

Así, Europa muere, también, como un continente en donde se pueda ejercer la libertad de expresión. Eso sí, los migrantes —muchos de ilegales— gozan de una protección por encima de la que tienen los nacionales. Ese sentimiento, exacerbado, sirvió de caldo de cultivo para las más grandes conflagraciones que ha visto la humanidad.

Así, muere allá lo que se ha denominado “occidente” —en contraposición al oriente próximo y el lejano—; mueren los valores y principios (cimentados en el cristianismo) que hicieron civilización. Descanse en paz.

Dentro del gobierno de Trump conviven dos agendas parcialmente alineadas, pero con orígenes, prioridades y lógicas estratégicas distintas, con respecto a Venezuela. 

En perspectiva. Por una parte, existe la postura de una guerra hemisférica contra los cárteles, eje central de la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, y, por otro, la agenda de cambio de régimen, impulsada desde ciertos sectores del gabinete, particularmente el secretario de Estado Marco Rubio. 

• La tensión entre ambas líneas se ha vuelto visible por la forma en que Washington vincula a Venezuela con el narcotráfico, la manera en que describe al régimen de Maduro y la posibilidad de emplear la fuerza letal contra objetivos del narco en tierra.  

   

• El debate no es si Venezuela es relevante para la política exterior estadounidense, sino para qué lo es. 

Por qué importa. Lo que EE. UU. decida priorizar condicionará la naturaleza de cualquier acción militar, determinará el tipo de alianzas que Washington buscará en la región y, sobre todo, definirá la estabilidad del Caribe ante la posibilidad de una intervención directa.  

• Ya sea Trump, con su visión transaccional y enfocada en amenazas directas, o figuras como Rubio y Hegseth, que buscan ampliar los objetivos estratégicos más allá de lo expresamente señalado en la Estrategia de Seguridad Nacional. 

• El conflicto con Venezuela expresa dos visiones dicotómicas de la política exterior. La popularmente llamada Doctrina Donroe, que concibe la hegemonía desde un aislamiento estratégico y una política más expansionista y similar a la de la Guerra Fría.  

Cómo funciona. El manifiesto de Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración Trump deja poco margen de duda. La amenaza primordial en el hemisferio son los cárteles y el flujo de drogas hacia EE. UU. La región, en consecuencia, importa en la medida en que afecta la seguridad interna. El “Trump Corollary” a la Doctrina Monroe —lo que llamamos Doctrina Donroe— prioriza exactamente esto:  

• El control migratorio, la destrucción de redes criminales, la negación de presencia extranjera adversaria en su territorio y la protección de rutas marítimas. 

• La referencia explícita a emplear fuerza letal contra cárteles y a reorientar la presencia militar hacia el Caribe muestra que el foco no es la democratización de Venezuela, sino la neutralización de amenazas que impactan directamente a EE. UU. 

Sí, pero. Rubio, por su parte, ha sostenido durante más de una década que Venezuela debe transitar hacia un gobierno democrático y abandonar el autoritarismo chavista. Su prioridad es la caída de Maduro, no solo por razones geopolíticas, sino morales e ideológicas. Rubio ve la lucha antinarcóticos como una herramienta útil para justificar acciones más contundentes contra el régimen; su agenda de cambio de régimen puede montarse sobre la prioridad antidrogas de Trump. 

• Para Rubio, la relación Venezuela-narcotráfico es estructural y solo desaparecerá con un cambio político profundo. 

• Para Trump, esa relación es instrumental. Si un actor en Venezuela deja de ser una amenaza directa, su interés se reduce. 

Punto de fricción. Trump no delega totalmente, pero sí permite que figuras cercanas impulsen agendas propias siempre que no contradigan su marco general. Esto deja espacio a Rubio para moldear la política, pero solo dentro del perímetro impuesto por Trump, o por lo menos dentro de lo que él percibe como su perímetro.  

• La reciente desescalada sugiere que el presidente es capaz de frenar cuando los costos políticos superan el beneficio directo para EE. UU. 

• Rubio, en cambio, ve una ventana estratégica que se estrecha. En la medida en que las tensiones se enfrían, las probabilidades de que el régimen de Maduro caiga también lo hacen.  

• Por ello, el Secretario de Estado tiene un incentivo a mantener la presión, algo que para Trump puede no convenir tanto dentro de una estrategia más prolongada para la lucha antinarcóticos. 

En conclusión. En esta pugna, Trump marca la prioridad: la guerra contra los cárteles. Rubio, desde su bando, intenta insertar el cambio de régimen dentro de esa narrativa, pero su agenda solo avanzará si puede demostrarle al presidente que derrocar a Maduro es instrumental para la seguridad interna estadounidense.  

La Ley Integral contra el Lavado de Dinero u otros Activos, iniciativa 6593, busca responder a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La finalidad es prevenir el delito y modernizar el actual sistema antilavado del país. Las evaluaciones de GAFI advierten riesgos reales de ingresar a la lista gris. 

• Es un registro de países bajo mayor vigilancia que presentan deficiencias en sus sistemas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 

Por qué importa. Varios sectores del país, en especial el financiero, alertan sobre consecuencias económicas —severas— si el país mantiene un marco legal obsoleto. GAFILAT advirtió que el marco vigente no responde a tipologías criminales actuales. Está basado en dos decretos de hace más de dos décadas. Fueron aprobados en 2001 y 2005. 

• Una evaluación formal ocurrirá en 2027. Si Guatemala no actualiza su régimen este año o a principios de 2026, se prevé la inclusión en la lista gris. 

• Según análisis bancarios, estar en lista gris provocará pérdida de corresponsalías, costos mayores por confirmación de cartas de crédito y un deterioro reputacional difícil de revertir, por ejemplo. 

• GAFILAT le da seguimiento intensificado al país por deficiencias persistentes. Técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) —entre otras instituciones— respaldan la necesidad de modernización. 

Visto y no visto. La iniciativa consolida en una sola ley 126 artículos que sustituyen el esquema fragmentado vigente desde 2001. Introduce un enfoque basado en riesgo, amplía personas obligadas y exige identificar al beneficiario final de estructuras jurídicas. También contempla reformas al Código Penal, al Código de Comercio y al Código de Notariado. 

• Instituciones, funcionarios y profesionales deberán adoptar sistemas de control con proporcionalidad según tamaño y complejidad. Ahora no es posible, pues los criterios funcionan igual para todos. 

• La iniciativa 6593 define con mayor precisión a las personas obligadas e incorpora sectores antes no cubiertos: proveedores de activos virtuales, notarios, abogados, contadores y contratistas del Estado. 

• Las empresas deberán diseñar matrices de riesgo, actualizar datos de clientes, monitoreo transaccional y reportes de efectivo superiores a USD 10 000. 

Punto de fricción. La coyuntura política confunde esta iniciativa con otras propuestas, como la 5820 o borradores previos trabajados por la Superintendencia de Bancos de Guatemala (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Además, el Ejecutivo incorporó cambios de último momento antes de enviarla al Congreso. 

• Esto generó inquietud en actores técnicos que temen desviaciones del objetivo exclusivamente antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). 

• Representantes del sector financiero señalan que la iniciativa “no es política”, sino técnica y preventiva, aunque advierten que modificaciones adicionales podrían alterar su alcance previsto. 

• La ley no prohíbe el uso de efectivo, no crea impuestos y no criminaliza actividades productivas. Su propósito es atacar la economía criminal, no la economía informal ni las PYMES. 

En conclusión. Los discursos imprecisos o debates desinformados pueden retrasar la aprobación. Aumentan el riesgo de sanciones y la percepción internacional de debilidad institucional. Si la iniciativa no avanza este año, o a principios de 2026, la evaluación de 2027 encontrará un marco sin actualizar. 

• La Iniciativa 6593 representa la actualización más amplia del régimen ALA/CFT en dos décadas. Su aprobación permitiría alinear a Guatemala con estándares internacionales. 

• También reduce riesgos reputacionales y evita efectos nocivos en comercio e inversión. La inacción, en cambio, abriría la puerta a un retroceso costoso.  

El debate sobre el salario mínimo para 2026 llegó a su fase decisiva y ahora está en manos del presidente Bernardo Arévalo, quien fijará el monto mediante acuerdo gubernativo antes que finalice diciembre. 

Qué destacar. Tras meses de negociaciones fallidas en la Comisión Nacional del Salario —donde empleadores y trabajadores no lograron consenso—, la responsabilidad política recae, como siempre, en el Ejecutivo. 

• Arévalo enfrenta presiones de distintos sectores: el empresariado advierte sobre riesgos para la competitividad y el desempleo, mientras sindicatos exigen un aumento que duplique el actual monto. 

• Esta decisión tiene implicaciones económicas y políticas. Marcará el tono del segundo año de gobierno y su relación con el sector privado. El mandatario prometió que el ajuste será técnico, pero la propuesta inicial del gobierno fue del 12 %. 

• En medio de expectativas y críticas, el anuncio es esperado por sus repercusiones en el sector empresarial, que se prepara para un año preelectoral marcado por la incertidumbre y un abultado presupuesto del Estado, enfocado en los cuestionados Consejos de Desarrollo. 

Lo que sigue. Esta semana inicia el Plan de Seguridad Navideña con operativos en zonas rojas para reducir la delincuencia durante las fiestas de fin de año.  

• La estrategia incluye patrullajes combinados con el Ejército, puestos de control y vigilancia en mercados, cajeros automáticos y áreas de alta afluencia, donde aumentan robos y extorsiones por el pago del aguinaldo.  

• El plan prioriza municipios como Ciudad de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Escuintla y Quetzaltenango, identificados por su alta incidencia criminal.  Más de 43 000 agentes de la PNC estarán desplegados en todo el país, reforzando la presencia policial en puntos críticos.  

• Con ello, las autoridades pretenden disuadir estructuras criminales y asegurar que las celebraciones transcurran en un ambiente seguro. Esta medida se enmarca en la narrativa oficial de fortalecer la gobernabilidad y reducir los índices delictivos en la temporada más vulnerable del año. 

En el radar. Hoy está prevista la llegada a Guatemala de un experto estadounidense en construcción de prisiones, enviado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado. 

• La asesoría es parte del apoyo que Estados Unidos brinda al Cuerpo de Ingenieros del Ejército durante la planificación de una cárcel de máxima seguridad en Izabal.  

• Este proyecto, anunciado por el Gobierno tras la fuga de reos en Fraijanes II, busca albergar a unos 2000 internos bajo estrictos estándares internacionales. El Ministerio de la Defensa informó que la obra estará a cargo del Ejército y se prevé concluirla en un plazo de 12 meses, una vez asignados los fondos.  

• En la actualidad, ingenieros militares efectúan estudios de suelo para determinar la ubicación más adecuada en terrenos estatales. La asistencia técnica estadounidense reforzará el diseño y la seguridad física y electrónica del complejo, que incluirá sistemas avanzados de vigilancia y control perimetral de la prisión, cuyo costo de obra gris se estima en GTQ 1400M. 

Ecos regionales. Honduras inicia la semana en medio de una crisis electoral, con resultados sin definir por fallas en el sistema y un conteo lento que mantiene al país en vilo.  

• Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, se disputan la presidencia voto a voto en un escenario de incertidumbre. La mínima diferencia y las denuncias de irregularidades elevan la tensión política y social. Todo apunta a que la definición podría tardar días, incrementando la desconfianza ciudadana y el riesgo de conflicto. 

• Nicaragua espera cerrar el año con más deportaciones, tras recibir 6095 connacionales en 54 vuelos desde EE. UU., superando ampliamente los registros de 2023 y 2024. El incremento refleja el endurecimiento migratorio de Trump y anticipa más retornos en diciembre. 

• El Canal de Panamá inició el año fiscal 2026 con buenas noticias: un crecimiento del 5.6 % en el tránsito de buques, impulsado por el aumento de portacontenedores. Las autoridades confían en que esta tendencia se mantenga durante todo el año.