Gabriel García Luna, nuevo fiscal general

¡Buenos días!

Luego de un accidentado proceso, el presidente, Bernardo Arévalo, nombró fiscal general a Gabriel García Luna como fiscal general (FG) de la República y jefe del Ministerio Público. La verdad, ninguna sorpresa; desde la conformación de la lista que le remitiese la Comisión de Postulación se especulaba que él sería el elegido. Algunos lo ven como eso: un elegido. Otros lo adversan porque no lo han cooptado o, quizás, porque no es “de los suyos”. 

Como sea, es el nuevo FG y la población y las instituciones —sobre todo las del sector justicia— deben colaborar con su gestión porque una gestión fracasada más sería la ruina.  

Llámele péndulo o como quiera; es innegable que la persecución penal ha estado politizada, en mayor o menor grado, durante —por lo menos— los últimos cuatro períodos. De poco sirvió el oprobio de la CICIG, pues los niveles de impunidad —inclusive bajo su régimen— no mejoraron ostensiblemente. Ni hablar después de su salida. 

Los guatemaltecos seguimos siendo víctimas de la criminalidad en cualquiera de sus expresiones; más allá de políticas criminales fallidas, de gestiones penitenciarias vergonzosas, la persecución penal ha dejado, también, mucho que desear.  

Ese es el reto y la responsabilidad del nuevo fiscal general; debe devolver la confianza ciudadana en el MP con hechos, no con discursos, gráficas o presentaciones de PowerPoint.  

Por el bien de todos, que su gestión sí sea exitosa. 

Reynaldo Rodríguez
Ecuador y Colombia: guerra arancelaria por el control fronterizo
676 palabras | 4 minutos de lectura

La frontera entre Colombia y Ecuador ha dejado de ser una línea de demarcación soberana para convertirse en un corredor de fricción geopolítica de alta intensidad. El cambio en la dinámica de seguridad interna de Colombia ha generado una serie de externalidades negativas para la estabilidad institucional y el control territorial del Estado ecuatoriano. El dilema de seguridad ha catalizado una crisis donde convergen la expansión de economías ilícitas y la reconfiguración de grupos armados no estatales. 

En perspectiva. El desbordamiento de la criminalidad organizada en la zona fronteriza es el resultado directo de la expansión de la oferta productiva y la fragmentación del control estatal en los departamentos del sur de Colombia. 

• La implementación del plan de Paz Total bajo la administración de Gustavo Petro ha coincidido con un incremento récord en la producción de cocaína, al priorizar la negociación política sobre la erradicación forzosa y la interrupción de cadenas de suministro en zonas de enclave. 

• Colombia es el principal upstream del narcotráfico global, manteniendo su posición como el mayor productor de hoja de coca del mundo, lo que sitúa al corredor fronterizo bajo el radar prioritario de la arquitectura de seguridad de los Estados Unidos. 

• Desde el año 2022, la frecuencia y la letalidad de los enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas de Ecuador y estructuras criminales colombianas han escalado sustancialmente —pasando de tres a 30 enfrentamientos del 2022 al 2024—, evidenciando una transnacionalización del conflicto que desborda las capacidades de contención previas. 

Lo indispensable. La crisis bilateral ha trascendido el ámbito de la seguridad para cristalizarse en una confrontación comercial y de suministros básicos que evidencia una ruptura profunda en la diplomacia regional y los acuerdos de integración andina. 

• Ecuador ha optado por emular la estrategia de coerción geopolítica de las potencias globales mediante la imposición unilateral de aranceles del 100 % a las importaciones colombianas. Esta medida ha provocado una respuesta defensiva de Bogotá con gravámenes recíprocos de hasta el 75 %. 

• Quito argumenta que Colombia ha claudicado en su obligación soberana de contener las amenazas de su territorio, transformando la frontera en una externalidad negativa para sus vecinos. Al contrario, la Casa de Nariño sostiene que la problemática es un fenómeno transnacional indisoluble de las dinámicas de crecimiento y demanda global, diluyendo su responsabilidad directa. 

• La instrumentalización de recursos críticos ha escalado hasta el sector energético y de salud, donde Colombia ha suspendido la venta de electricidad a Ecuador —análoga a la estrategia americana de control energético—. En represalia,  Ecuador ha bloqueado la entrada de insumos esenciales como medicamentos y pesticidas, golpeando la estabilidad sanitaria y la productividad del sector agropecuario colombiano fronterizo.  

Entre líneas. La guerra arancelaria revela una reordenación más amplia de la soberanía en la Comunidad Andina, donde los Estados empiezan a proyectar poder mediante presión económica antes que por mecanismos de integración regional. 

• Ecuador intenta ampliar su perímetro soberano más allá de la frontera física, castigando comercialmente a Colombia por no contener las externalidades criminales que se originan en su territorio.  

• El conflicto debería trasladarse al tablero electoral colombiano, especialmente en departamentos fronterizos como Nariño y Putumayo, donde el impacto recaería en comercio, seguridad y empleo. Esa visibilidad puede convertir la frontera en un eje de campaña mucho más difícil de eludir para Cepeda y mejorar los prospectos de Valencia en la próxima elección presidencial. 

• Sin embargo, el conflicto no es sostenible, ya que Ecuador no tiene la profundidad financiera ni productiva de EE. UU. para mantener un conflicto arancelario prolongado y Colombia tampoco puede absorberlo indefinidamente en un año preelectoral. 

En conclusión. La crisis entre Colombia y Ecuador muestra que la frontera andina se ha convertido en un espacio donde seguridad, comercio y soberanía se disputan simultáneamente. Noboa busca forzar a Petro a asumir los costos de la criminalidad que se extienden internacionalmente, mientras el mandatario colombiano intenta evitar que el problema se traduzca en responsabilidad política directa.  

• En ese margen de desgaste, la crisis puede terminar reordenando no solo la relación bilateral, sino también la agenda electoral colombiana alrededor del control territorial y el narcotráfico. 

Gérman Gómez
Contraloría General de Cuentas: dos universidades más a la postuladora
628 palabras | 3 minutos de lectura

La elección del próximo jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) iniciará en junio, según lo previsto en la ley. La convocatoria debe realizarla el Congreso, cuatro meses antes de que finalice la actual administración, el 13 de octubre. Sin embargo, a pesar de la normativa, en los dos últimos procesos los plazos no se cumplieron. 

• A las incertidumbres anteriores, se suma la posible participación de los decanos y el rector de la Universidad Americana en la Comisión de Postulación (CP) del contralor. La Universidad Juan José Arévalo figuraría solo con su rector. 

Por qué importa. La Universidad Americana se constituyó en 2023, pero aún no está en funcionamiento; podría estarlo en los próximos días. Tiene dos facultades: Ciencias de la Administración y Ciencias Económicas. Aunque, en el sitio oficial del Consejo de la Enseñanza Privada Superior (CEPS) no se describe qué carreras ofrece.  

• La universidad tampoco posee sitio web. Es decir, se desconoce qué licenciaturas oferta. En la CP del contralor participan los decanos de las facultades que incluyan la carrera de Contaduría Pública y Auditoría.  

• En el caso de la nueva universidad, podría participar con dos decanos, al colocar cada carrera —si es que la ofrece— en una facultad distinta. El escenario no está claro, pues depende de la aprobación del CEPS. 

• Esa entidad está presidida por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Walter Mazariegos. Al igual que la casa de estudios que dirige, el CEPS se mantiene con hermetismo. La comunicación es nula.  

Visto y no visto. El rector de la Universidad Americana también integrará el Foro de Rectores, de donde saldrá un representante para integrar la CP. Entre los integrantes del Comité de Fiduciarios de la Universidad Americana está Carlos Humberto Echeverría Guzmán. En 2022 participó como candidato a contralor.  

• Incluso, integró la nómina de seis candidatos de donde el Congreso llevó a cabo la elección. Anteriormente, en 2009 y 2010, fungió como rector de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Rural. 

• El decano de la Facultad de Ciencias de la Administración es Óscar Emilio Paiz Corzo, mientras que el de Ciencias Económicas es Edgar Estuardo Santos Sutuj. 

Sí, pero. Con esta casa de estudios suman 16 las aprobadas, pero solo 15 están en funciones. Una de ellas es la Universidad Juan José Bermejo, con sede en Sololá. Tiene dos facultades: Ciencias Humanísticas y Ciencias Psicológicas. Esta casa de estudios participaría únicamente en el Foro de Rectores, de donde saldrá un representante. 

• Su rector es Francis Ramón Polo Sifontes. El secretario general es Luis Fernando Cordón Lucero, quien ocupa el mismo cargo en la USAC, cercano a Walter Mazariegos. 

• La elección del contralor toma relevancia, pues será el órgano encargado de emitir la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamaciones de Cargo, conocida como “finiquito”, a quienes aspiran a cargos de elección popular en 2027. 

• En las últimas elecciones, la CGC jugó un rol político, más que técnico. La entrega del finiquito fue discrecional y dejó a varios candidatos fuera de la contienda. 

En conclusión. La elección del contralor se perfila como un proceso con alto riesgo de politización. La posible participación de universidades sin operación plena y las redes entre autoridades académicas y actores políticos reducen la legitimidad del proceso. El escenario se repite como en las últimas elecciones: gana lo político y no lo técnico. 

• La integración de la CP podría ampliarse con criterios poco transparentes. Si nuevas universidades suman decanos sin oferta clara, el equilibrio técnico se distorsiona. Abre espacio a cuotas de poder. 

• Los vínculos entre rectores, fiduciarios y exaspirantes sugieren alineamientos previos. Esto condiciona la selección y debilita la independencia del futuro contralor frente a intereses políticos. 

• Se intentó contactar a las dos universidades, pero carecen de vías de comunicación.  

Ana González
Diputados de regreso a la alcaldía
493 palabras | 3 minutos de lectura

Aunque faltan meses para el inicio del proceso electoral, varios diputados ya proyectan su futuro político. Mientras unos evalúan sus opciones de reelección, otros parecen haberla descartado y consideran volver a competir por alcaldías municipales, donde la concentración de poder y el manejo de recursos suelen ser mayores.  

Por qué importa. Los diputados parecen más enfocados en construir capital político y ganar simpatías de cara al 2027 que en atender las demandas de quienes los eligieron. En ese contexto, no resulta extraño que ya evalúen su “vehículo” electoral y busquen asegurar los próximos cuatro años desde otras plataformas de poder. 

• Uno de ellos es Julio Marroquín, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien aseguró a medios que se “decepcionó” de ocupar una curul, al considerar que muchos congresistas solo priorizan sus intereses sobre los de la población. “Tomé la decisión de regresar al municipio de Villa Canales y resolver las necesidades que tienen”, afirmó. 

• Marroquín ya fue alcalde durante dos períodos; en ese tiempo, el Ministerio Público solicitó el retiro de su inmunidad por un caso de propaganda electoral ilegal. Meses después de asumir como diputado, también se conoció que una persona cercana a su gestión municipal —electa como concejal— obtuvo un contrato 029 en el Congreso como asesora de una dirección, aunque actualmente ya no figura en la planilla.  

• No es el único; Esduin Javier, conocido como “Tres Kiebres”, dejó entrever desde 2025 que no buscaría la reelección. Aunque llegó al Congreso con el partido Cambio, ahora se muestra activo con Cabal, agrupación dirigida por Luis Aguirre, lo que confirma su intención de volver a Ipala, Chiquimula.  

Visto y no visto. Otro nombre que figura es el de Miguel Ovalle, quien fue alcalde de Salcajá, Quetzaltenango, en cuatro ocasiones y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) durante el período 2020-2022. 

• Según versiones, dejaría la curul que obtuvo con la UNE para buscar su regreso a la comuna.  

• Hace unos días declaró a un medio de comunicación que “lo está evaluando”; sin embargo, a ocho meses de la convocatoria a elecciones, resulta poco creíble que aún esté en fase de análisis. En la práctica, los tiempos políticos no dejan mucho margen para la duda y todo indica que decisiones como esta suelen tomarse con anticipación.   

• Pareciera que busca ser muy cauteloso, para no anticipar sus próximos pasos, pero es casi seguro que tenga claro su futuro político.  

En conclusión. Los movimientos de estos diputados dejan clara una lógica sencilla: buscan espacios donde tengan más poder y mayor control de recursos.  

• Más allá del discurso de cercanía con la población, sus decisiones responden a un interés personal. Las municipalidades ofrecen mayor margen de acción y menos controles, lo que las vuelve atractivas.  

• Por eso, el paso del Congreso a las alcaldías no es casual. Todo indica que la prioridad no es legislar o representar, sino ubicarse en cargos donde puedan manejar más recursos y asegurar una buena cuota de poder.