¿Ganará Arévalo el pulso contra la oposición?

¡Buenos días!

El presidente, Bernardo Arévalo, vetó el decreto 7-2025, quitándole a la oposición una “victoria”; queda por verse si logran revertirlo en el pleno con, por lo menos, 107 votos. De ser así, se consolidaría lo que ahora solo se atisba: una mayoría opositora, articulada y alineada.

La relevancia de ese grupo mayoritario opositor no queda ahí; la aprobación del presupuesto, la elección de Junta Directiva y las elecciones y designaciones en 2026 —CC, TSE, etc.— tomarían un camino distinto al que actualmente se vislumbra, de concretarse esa unión “anti oficialismo”.

Y, quién sabe, incluso podrían quitarle al presidente a dos de sus alfiles: Jonathan Menkos y Patricia Orantes, quienes ocupan puestos en el Ejecutivo gracias al permiso otorgado por el Congreso.

Ese grupo opositor mayoritario —de consolidarse— podría, no solo, poner en jaque al Gobierno, sino hacer que la segunda mitad del mandato de Arévalo sea aún más anodina que la primera. Pero, quizá, por otro lado, beneficiaría al presidente y su equipo, dada la fascinación que tienen con hacerse las víctimas y repartir las culpas de su inoperancia en todos, menos ellos, claro está.

Habiendo leído el contenido de este boletín, les deseamos un buen inicio de semana laboral.

La caída de Maduro parece más cercana que nunca, con EE. UU. presionando al venezolano, tanto externa, como internamente.

En perspectiva. Esta semana, el presidente Trump notificó al Congreso que los EE. UU. están oficialmente en un conflicto armado formal contra los cárteles de la droga. Semanas antes, Marshall Billingslea —ex enviado presidencial y ex subsecretario del Tesoro para Financiamiento del Terrorismo— encendió las alarmas en Caracas. Billingslea publicó dos fotografías del piloto personal de Maduro, Bitner Javier Villegas: una con uniforme militar y otra en una reunión con una persona no identificada. El pie de foto decía: “Feliz cumpleaños, ‘General’ Bitner!”

• El mensaje sugería que Villegas había llegado a algún tipo de acuerdo con EE. UU.

  
  

• Fuentes del círculo íntimo del mandatario aseguran que la paranoia en Miraflores alcanza niveles sin precedentes, mientras circulan reportes de altos mandos militares desertores que supuestamente negocian directamente con la Casa Blanca para entregar al presidente.

Por qué importa. Trump ha desplegado una flota militar en las costas del Caribe y el mensaje es claro. Los argumentos de que estas operaciones buscan frenar el flujo de drogas hacia EE. UU. se desmoronan fácilmente. Si Trump realmente quisiera atacar a los cárteles, centraría sus acciones en Guayaquil, Tijuana o San Diego, algunos de los corredores de droga más activos del mundo.

• El Cártel de los Soles es un exportador relevante, pero menor comparado con las operaciones del Cártel de Sinaloa en el Pacífico. InSight Crime describe al grupo no como una estructura jerárquica, sino como una “red suelta de células dentro del ejército, la marina, la fuerza aérea y la Guardia Nacional Bolivariana”.

  
  

• Una amenaza contra el Cártel, por lo tanto, es una amenaza directa al círculo de poder y a la cúpula militar de Maduro —su propia guardia pretoriana—, que ahora enfrenta el riesgo de convertirse en un objetivo militar estadounidense si mantiene su lealtad.

  
  

• Además de declarar el conflicto, Trump instruyó al Pentágono a realizar operaciones contra los cárteles “conforme al derecho de los conflictos armados”, lo que le faculta a atacar legalmente a combatientes, incluso si no representan una amenaza inmediata.

Entre líneas. Trump sabe que puede presionar a Maduro por la debilidad que el presidente ha mostrado. Mientras que el venezolano aparece en televisión con su retórica desafiante, amenazando a Trump con represalias, Reuters reportó que recientemente envió una carta personal al presidente estadounidense comprometiéndose a trabajar “mano a mano” para resolver la crisis.

• ¿La respuesta de Trump? Una escalada de ataques a narco embarcaciones venezolanas y promover una legislación que otorgue al presidente autoridad legal para “matar a los narcoterroristas”.

  
  

• Washington ya prepara acciones militares —incluyendo operaciones por tierra— contra cárteles que operan desde Venezuela; y Trump sabe que Maduro no tiene capacidad real de respuesta.

  
  

• Trump parece dispuesto a empujar los límites para provocar a Maduro: ya sea para generar una reacción débil que justifique una escalada, o para exponerlo como un líder impotente ante la única audiencia que le importa: el círculo que lo mantiene en el poder.

Lo que sigue. Maduro podría estar llegando a un punto de no retorno, algo que jamás imaginó. El secretario de Estado, Marco Rubio, —cercano a María Corina Machado— se ha convertido en la principal preocupación de Maduro. Bajo su estrategia, la Casa Blanca ahora tiene facultades para detener indefinidamente, sin juicio, y procesar en tribunales militares a los combatientes enemigos.

• El venezolano se ha mantenido en el poder gracias a la lealtad condicionada de su alto mando militar, asegurada por los privilegios clientelares de su narco-dictadura.

  
  

• Esos privilegios, sin embargo, ahora están amenazados por la máquina de guerra estadounidense.

  
  

• Nunca el régimen chavista había enfrentado desafíos semejantes. La suposición de Maduro de que la administración Trump continuaría con las pantomimas Biden resultó ser un farol mal calculado.

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) busca casi duplicar su presupuesto para el 2026, al pasar de GTQ 2777M a GTQ 4100M, con el objetivo de “fortalecer” los programas sociales que administra la cartera.

Por qué importa. Los programas sociales están destinados a familias de escasos recursos y, aunque en teoría representan una iniciativa positiva, en la práctica han sido utilizados para fortalecer perfiles políticos con miras a los procesos electorales.

• Uno de los programas insignia del ministerio es el bono social —también conocido como transferencias condicionadas—, que este año espera cerrar con 158 000 beneficiarios.

• La meta para 2026 (año preelectoral) es ampliar la cobertura a  343 000 familias, para lo cual el Mides espera contar con GTQ 1387. 6M.

• El programa espera cerrar en  2027 con 500 000 beneficiarios, según explicó el titular de la cartera, Abelardo Pinto, durante la audiencia pública en la Comisión de Finanzas del Congreso, donde defendió la asignación solicitada para el próximo ejercicio fiscal. 

Fisgón histórico. Los programas sociales surgieron durante la administración de Álvaro Colom (2008-2012) y tuvieron como principal figura a la entonces primera dama, Sandra Torres, quien después confirmó lo que por mucho tiempo fue un secreto a voces: su propósito era posicionar su imagen con miras a una candidatura presidencial.

• Torres logró construir una estructura partidaria sólida, en buena medida, gracias al impulso de los programas sociales; ello le ha permitido participar en tres contiendas electorales, aunque sin alcanzar la victoria.

• A pesar de las críticas que en su momento lanzaron sus rivales políticos, las administraciones siguientes no solo mantuvieron los programas sociales, sino que incluso crearon el Ministerio de Desarrollo para administrarlos, al reconocer el rédito político que representan.

• Desde entonces, los señalamientos persisten: más allá del discurso de apoyo a los grupos vulnerables, muchos consideran que estos programas han sido utilizados como herramientas para ganar votos.

Visto y no visto. Aunque el oficialismo mantiene una imagen de unidad, las divisiones internas son evidentes. Meses atrás surgió una nueva facción política denominada: Raíces, lo que marcó una separación dentro del grupo que aún se presenta como Movimiento Semilla, y que se mantiene más cercano al presidente Bernardo Arévalo. 

• Raíces es encabezado por el diputado Samuel Pérez, mientras que el otro bloque es liderado por José Carlos Sanabria.

• En los pasillos del Congreso se menciona al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, como el posible rostro visible del grupo más cercano al Ejecutivo.

• Aunque no hay nada oficial, persisten las versiones de que Pinto podría tener aspiraciones políticas con miras al 2027, más allá de concluir su gestión en el gabinete de Arévalo.

En conclusión. El aumento del presupuesto que se busca para el Mides y la expansión de los programas sociales generan la misma duda histórica: si realmente buscan fortalecer la asistencia social o si, como en administraciones anteriores, son abusados para posicionar perfiles políticos en años preelectorales.

• Habrá que ver si el ministro solo busca consolidar los programas sociales, o si los rumores sobre su imagen y un posible interés electoral se confirman en el proceso electoral 2027. 

Esta semana, el Congreso de la República podría rechazar el veto presidencial al Decreto 7-2025, emitido por el presidente Bernardo Arévalo.

En perspectiva. Para lograrlo, los diputados deberán reunir al menos 107 votos, cifra necesaria para alcanzar la mayoría calificada que exige el artículo 179 de la Constitución. La presión de más de 300 alcaldes, encabezados por Sebastián Siero, presidente de ANAM, advierte días agitados.

• Los jefes ediles consideran que el veto representa un retroceso para el desarrollo local. El decreto permitiría trasladar fondos no ejecutados de los Consejos de Desarrollo al siguiente año fiscal. Además, busca agilizar la aprobación de proyectos comunitarios.

• El Ejecutivo argumenta vicios de inconstitucionalidad, pero los diputados de la Bancada Cabal insisten en que la norma es clave para atender necesidades urgentes.

• El Congreso tiene hasta finales de octubre para decidir si rechaza el veto. De hacerlo, el Ejecutivo deberá promulgar el decreto o el Congreso lo publicará directamente. La discusión se perfila como una de las más relevantes del periodo legislativo.

Lo que sigue. El 9 de octubre se celebrará el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE), un espacio clave para discutir el futuro de la inversión extranjera en Guatemala. El evento contará con la participación de líderes empresariales, autoridades nacionales y expertos internacionales.

• Entre los temas centrales destacan las oportunidades para atraer inversión directa, la visión del sector privado y las prioridades del gobierno para el periodo 2024-2028. Figuras como Juan Esteban Sánchez, Pippa Malmgren y Leonel Fernández compartirán experiencias y propuestas estratégicas.

• Malmgren es economista y asesora en geopolítica y tecnología, mientras que Fernández es expresidente de República Dominicana y referente internacional en desarrollo sostenible.

• También se presentará el panel “¿Qué oportunidades tiene Guatemala para mejorar la atracción de inversión?”, con representantes del Congreso, el Ministerio de Economía y el sector industrial. El presidente, Bernardo Arévalo, participará con la presentación de la agenda oficial en materia de inversión. 

En el radar. Hoy, el Gremio de Transporte Urbano de Pasajeros de la capital y Mixco llevará a cabo una manifestación pacífica con la participación de unos 200 autobuses.

• La movilización contempla recorridos hacia el Palacio Nacional, el Congreso de la República y el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de exigir atención a sus demandas.

• Los transportistas solicitaron la conformación de una mesa técnica que garantice la continuidad del transporte gratuito para adultos mayores, pero denuncian que no han recibido respuesta presupuestaria.

• La protesta se desarrollará de forma ordenada, utilizando únicamente un carril en las principales rutas. No obstante, el gremio advierte que, de persistir la falta de diálogo, podrían escalar sus acciones en los próximos días, indicaron.

Ecos regionales. Expertos de la ONU expresan su preocupación por el paradero desconocido de más de 120 personas víctimas de desaparición forzada en Nicaragua. El grupo advierte que quienes defienden sus derechos corren un alto riesgo de ser desaparecidos por el régimen de Ortega y Murillo. Las denuncias incluyen líderes indígenas, mujeres y ciudadanos percibidos como opositores.

• Varios países han mostrado disposición para apoyar la pacificación de Haití, pero sin enviar tropas al terreno. Panamá y Chile ofrecen entrenar a policías haitianos, mientras esta semana se espera conocer la postura oficial de otras naciones, como Guatemala.

• La preocupación por la libertad de prensa en El Salvador sigue en aumento, tras el exilio de al menos 43 periodistas en lo que va del año. La Asociación de Periodistas del país también anunció su salida, denunciando un clima de hostigamiento, censura y agresiones bajo el gobierno de Nayib Bukele.

• Aunque se desconocen los detalles, persiste expectativa sobre la negociación entre el gobierno de Panamá y First Quantum Minerals, tras el retiro de la demanda de arbitraje. Se esperan nuevas noticias sobre el futuro de la mina Cobre Panamá y su impacto económico y ambiental.