Giracca solicita, en lugar de poner orden

¡Buenos días! 

Hoy se conmemora el Día Internacional del Trabajo, descansando. Aprovechando este asueto, hoy les compartimos tres hilos relacionados con el trabajo. 

Los sindicalistas de Educación siguen pidiendo privilegios para ellos y no beneficios para los estudiantes; hasta ahora, el ministerio les ha dado todo, como en las anteriores administraciones. Una tenue luz al final del túnel: la ministra Giracca ha pedido al nefasto Joviel que, por favor, si fuese tan fino, desista de su solicitud de confidencialidad. Ella pudo tomar medidas y no hacer solicitudes. Demasiado tenue esa luz. 

Les deseamos un buen descanso.  

En este boletín:

•Por ahora, Joviel Acevedo vuelve a las andadas en la administración de Giracca

•Las oportunidades para generar empleo digno en Guatemala

•La ley que busca más pilotos de transporte pesado

Anabella Giracca, la ministra de Educación, aceptó inicialmente negociar el nuevo pacto colectivo del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), bajo términos de confidencialidad. 

• Es una muestra clara de opacidad en un proceso que debería ser público, por tratarse de empleados y funcionarios públicos.  

  
  

• La decisión también hace caso omiso al eje de transparencia (primera contradicción), uno de los compromisos del presidente Bernardo Arévalo, según las fuentes consultadas.  

En perspectiva. El sindicalista Joviel Acevedo se blindó para negociar el pacto colectivo de condiciones de trabajo del STEG. El 8 de enero envió un oficio al MINEDUC para solicitar que la nueva negociación fuera confidencial.  

• El documento dirigido a Claudia Ruiz, exministra de Educación, titulado “Denuncia del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo”, expone la vigencia y plazos del último pacto de las negociaciones (2022-2024).  

  
  

• Además, pidió que las nuevas negociaciones entre el STEG y el MINEDUC se deben realizar bajo reserva de “garantía de confidencialidad”, que el ministerio designe a los miembros de la mesa de negociación y lugar para notificaciones.  

  
  

• La petición del sindicalista se realizó tres días después de que el expresidente Giammattei ofreció integrar la comisión que negociaría el nuevo pliego de peticiones. Se buscó a los representantes del sindicato en la “Casa del Maestro”, para conocer la razón del requerimiento. La persona que atendió no quiso dar declaraciones ni identificarse.  

Entre líneas. Educación confirmó haber recibido la propuesta, designar a sus representantes y reuniones para abordar las negociaciones del sindicato más grande de ese ministerio.

• “[...] Solo se puede aceptar un pacto que permita mejorar la educación. Estamos obligados a negociar para mantener la ley, no es opción nuestra. Lo haremos de manera responsable y privilegiando el bien del país y de los estudiantes”, dijo en marzo Giracca, en una entrevista con República. 

  
  

• El martes 30 de abril el MINEDUC “solicitó al STEG considerar” la petición de confidencialidad para un proceso con transparencia y publicidad. 

  
  

• En ese mismo oficio, Giracca aseguró haber recibido recursos para que se entregue el borrador del pacto y la existencia de quejas en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) por retener información pública.  

Sí, pero. Expertos consultados coinciden en que el MINEDUC tenía que regresar el oficio al sindicato y analizar los instrumentos legales para que las negociaciones sean transparentes. Explicaron que una opción es pedir la revocatoria de confidencialidad y solicitar apoyo a la Procuraduría General de la Nación (PGN). 

• Luis Linares, abogado en temas laborales, manifestó que existen mecanismos legales para hacer públicas las negociaciones. Calificó de “error” del ministerio iniciar las reuniones porque fue aceptar las reglas del sindicato. 

  
  

• “Fue una aberración que las autoridades de Educación recibieran las peticiones bajo reserva de confidencialidad durante el gobierno de Giammattei. Al final es una petición a la autoridad, de derecho público. Y un error de las nuevas autoridades no devolver el documento”, señaló.  

  
  

• Para José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), todos los actos de la administración y que realicen los funcionarios públicos, tienen que ser transparentes. “Negar el acceso a la información en algo transcendental, como el Pacto Colectivo, está en contra de la Constitución. Atenta contra el fortalecimiento de la gobernabilidad”, dijo.  

Hemeroteca. En marzo de 2022 el pacto se firmó bajo la misma modalidad de confidencialidad . 

• En ese convenio se acordó un bono de Q2 mil 500 y un aumento al salario base de los docentes del 3%.  

  
  

• El 5 de enero de 2024, Giammattei recomendó al sindicato entregar el borrador del acuerdo y ofreció dejar integrada la comisión negociadora.  

  
  

• El 25 de abril pasado, el MCN presentó una denuncia contra las autoridades de Educación por haber negado detalles de la negociación y no proporcionar la información requerida.  

Luis González
•Las oportunidades para generar empleo digno en Guatemala
575 palabras | 2 mins de lectura

El país enfrenta un enorme desafío para generar condiciones que fomenten el empleo digno. Si lejos de ver la ocupación informal como un problema, se observa como un reto, Guatemala tiene un gran potencial. 

• De los 6.9 millones de personas ocupadas, 4.9 millones realizan labores en la informalidad. No están sujetas a regulaciones laborales y a la seguridad social. En ese sector no se encontrarán empleos dignos. 

  
  

• Para lograr esa categoría el trabajador debe contar con protección legal y social, ingresos que le permitan cubrir sus necesidades básicas, respeto a sus derechos humanos y un ambiente de libertad para organizarse. 

  
  

• Otra característica del empleo digno es tener acceso a mejorar sus condiciones laborales sin ningún obstáculo por razón de género, origen étnico o cualquier otra razón. 

En perspectiva. A mediados de abril el gobierno realizó la primera reunión de la Comisión Nacional de Empleo Digno (CNED). Esta instancia está integrada por los ministros de Trabajo, Desarrollo Social, Economía, Educación y Agricultura. 

• La comisión plantea como retos principales aumentar la productividad y cobertura de la seguridad social, disminuir las barreras de acceso de las mujeres al mercado laboral y reducir la brecha de ingreso que las afecta. 

  
  

• Además, se plantea la oportunidad de aprovechar la abundante población joven para generar nuevas oportunidades de trabajo mediante más capacitación técnica. 

  
  

• Invertir en educación y salud, son temas importantes que observa la citada comisión para avanzar en la creación de empleos dignos. 

Por qué importa. La escueta presentación del Ministerio de Trabajo al anunciar la primera reunión de la CNED, no detalla cómo alcanzarían sus objetivos. Menos se indica cómo pasar de la informalidad a la formalidad -empleo digno- a casi 5 millones de personas. 

• Sin duda, el primer paso es promover más empresas, quitar obstáculos burocráticos y, lejos de cerrar las puertas a actividades productivas -minería por ejemplo que genera empleos dignos-, se debe promover un diálogo en el que todos ganen. 

  
  

• El gobierno de Bernardo Arévalo anunció que durante dos años no se extenderán nuevas licencias para aprovechar los recursos naturales. En el Congreso la ley que se analiza establece un plazo más amplio: 10 años. Esta decisión va contra el propósito de promover empleos dignos. 

  
  

• ¿En qué se ocuparán las más de dos mil familias beneficiadas con trabajos formales en el Valle del Polochic si persiste el cierre de las minas? Esta es un área con limitadas opciones y solo queda el camino de migrar dentro o fuera del país.  

En conclusión. Más que reuniones y nuevas comisiones, a Guatemala le urgen más inversiones. Nuevas fuentes de empleo formal que buscan territorios con certeza jurídica, sistemas de justicia imparciales y leyes laborales flexibles que beneficien al trabajador. Además de otras condiciones como buena infraestructura vial y aeroportuaria. 

• Los salarios establecidos según la región o actividad productiva, la contratación temporal y otras iniciativas que establezcan nuevas opciones de trabajo, son necesarias y deben seguirse impulsando. 

  
  

• Lo anterior no significa que la flexibilidad escape de la regulación laboral o de la protección social al empleado. Deben ser trabajos formales, dignos, pero sin camisa de fuerza que solo afecta a las personas que buscan una fuente de ingresos. 

  
  

• Sobra reiterar que el país tiene una posición geográfica envidiable. Una fuerza laboral joven y emprendedora, así como un sector privado que invierte tres veces más del capital que proviene del extranjero. Nada más queda establecer puntos convergentes entre lo público y privado, y trabajar unidos por el bien común. 

Las empresas de transporte pesado buscan opciones para contar con más pilotos. Desde hace unos años menos personas aplican para las plazas vacantes y muchos vehículos están detenidos porque no hay quién los maneje. 

• El déficit de conductores se estima hoy en 12 mil, según la Coordinadora Nacional del Transporte. 

  
  

• Este problema no es exclusivo de Guatemala, afecta a toda la región que busca opciones para atraer o generar el interés de nuevos operadores. 

  
  

• Al aumento de más transporte pesado se ha sumado la partida de muchos pilotos hacia Estados Unidos, en busca de nuevas oportunidades, aprovechando, que esa nación también demanda estos servicios. 

Por qué importa. Dos diputados presentaron una iniciativa de ley en busca de aliviar parte del estrés de no contar con mano de obra para manejar el transporte pesado. 

• La propuesta es reducir a 18 años el requisito para obtener la licencia tipo A. Actualmente, la edad mínima es de 23 años. 

  
  

• El cambio legal busca incentivar a los más jóvenes a sumarse a esta actividad productiva, elemental para el desarrollo económico de Guatemala. 

  
  

• El sector de transporte es crucial porque suma un alto porcentaje al PIB. En 2016 significó el 4%, de acuerdo con datos de la propuesta de ley. 

En conclusión. La iniciativa de ley busca reformar la Ley de Tránsito, Decreto 132-96 del Congreso de la República. 

• El requisito fundamental para que los jóvenes mayores de 18 años puedan conducir un transporte de carga, sería que cuenten con una certificación de cursos otorgada por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP). 

  
  

• La iniciativa planteada por los diputados Marleni Matías de la UNE y Cristian Álvarez de CREO, ha tenido eco en redes sociales. Algunos aplauden la propuesta porque abre nuevas oportunidades laborales.  

  
  

• Otros cuestionan que la edad actual no debe modificarse, pues consideran que antes de los 23 años, todavía no se cuenta con la experiencia necesaria para el trabajo de manejar transporte de carga.