Gobierno de Semilla: más de lo mismo

¡Buenos días!

A estas alturas del partido (no es alusión al resultado de la selección) queda ya claro para la abrumadora mayoría de la población —incluida buena parte de los votantes de Semilla—, que Bernardo Arévalo no estaba listo para gobernar. Dentro de su agrupación política, su candidatura surgió casi como chaza; eso sí, traía a la mesa renombre familiar. Los más sorprendidos de los resultados la noche del 25 de junio del 2023 fueron Arévalo y compañía.

Por mejores intenciones que puedan tener, el presidente y su equipo no han podido concretar mayor cosa en la mitad de su mandato. Tampoco es que lo haya querido; repite incansablemente que él solo “sentará las bases” para lo que pueda venir después. Se conformó a ser otro presidente de transición. ¿Transición a qué? Está por verse.

Pero, las prácticas de sus antecesores, tan criticadas, continúan en el gobierno de la “nueva primavera”; retrasos y opacidad en acceso a la información pública, actos de corrupción —si bien, sin su participación, sí bajo su mandato—, nombramiento de amigos y familiares, etc. La fuga de 20 peligrosos terroristas bajo sus narices —o con participación de sus autoridades— es el acabose.

Que este gobierno recurra a declarar reservada —y hasta secreta— en muchas instituciones, la información que debiese ser pública, lo coloca a la par de la USAC de Walter Mazariegos. Sí, la que tanto critican. Como si fuesen dos gotas de agua.

El 23 de septiembre, República solicitó información pública a la Coordinadora de Información Pública (CIP) de la Universidad de San Carlos (USAC). La respuesta la emitieron el 3 de octubre, nueve días después del requerimiento. En la resolución compartida, a través del mal uso de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), negaron los datos solicitados.

• La CIP afirmó que, según su análisis, la solicitud realizada no cumplía lo preceptuado en los artículos 20 y 41 de la LAIP.

Por qué importa. En los últimos años, la USAC ha limitado el acceso a la información pública. Los trámites se volvieron más burocráticos y se distorsionan los mecanismos legales para justificar las negativas. La falta de transparencia, por parte de la única universidad pública del país, evita la rendición de cuentas y favorece la corrupción.

• República solicitó información sobre la cantidad de autoridades nombradas bajo el criterio de “en funciones” en cada facultad y unidad no facultativa.

• Además, la justificación del porqué del nombramiento del profesional designado. Este dato tendría que estar consignado en las actas del Consejo Superior Universitario (CSU).

• La hoja de vida de cada profesional que ejerce el cargo “en funciones” también se requirió. En la solicitud se especificó que no se solicitaban los datos sensibles.

Visto y no visto. La CIP, dirigida por Leonel Fajardo Morales, recibió la solicitud de información presentada por República. Sin embargo, no la tramitó a través de la unidad correspondiente, sino que la recibió fuera del edificio de Rectoría. El coordinador mostró una actitud prepotente y respondió a la defensiva ante los cuestionamientos de los periodistas.

• El considerando II de la resolución de aclaración que emitió la CIP indica que el requerimiento no cumple con lo preceptuado en el artículo 41 de la LAIP. Este detalla los datos que necesita una solicitud.

• El considerando II resalta que la LAIP garantiza la información pública que ya se encuentre en los archivos en posesión de las autoridades y sujetos obligados. La ley así lo establece, pero la CIP lo desvirtuó.

• Es decir, la Coordinadora lo utilizó para argumentar que la información requerida no estaba en posesión de ellos y de otras dependencias de la USAC. No obstante, los datos son públicos y constan en las actas del CSU.

Sí, pero. La CIP también afirmó que la solicitud no se hizo detalladamente. En el “por lo tanto” de la resolución, indicó que los documentos no existen. Utilizó el artículo 45 de la ley para justificar que no se tiene la obligación de procesar la información. Esta fue una interpretación errónea de la norma.

• Al consultarle a la Secretaría de Acceso a la Información Pública (SECAI) sobre la respuesta de la USAC, las autoridades indicaron que la CIP tiene la obligación de buscar la información para entregarla.

• La coordinadora exigió, para proceder con la solicitud, el nombre o número (según su nomenclatura de origen correspondiente a la dependencia) del documento existente. Además, de la unidad que lo posea.

• Nuevamente, la SECAI afirmó que no son datos obligatorios para pedir información pública. La CIP dio un plazo de dos días para brindar estos datos, aunque la ley no lo establece. En caso de no hacerlo, el requerimiento se daba por concluido.

En conclusión. A pesar de que los datos solicitados son públicos y constan en las actas del CSU, la CIP interpretó de manera errónea la LAIP para justificar su negativa. Esta actitud, respaldada por procedimientos burocráticos y requisitos no contemplados en la ley, limita el derecho de los ciudadanos a acceder a información relevante sobre la gestión universitaria.

• La actitud de la CIP ante los periodistas refleja una cultura institucional que prioriza la protección interna sobre la transparencia. 

Las elecciones generales de Chile se celebrarán el 16 de noviembre, fecha en la cual el país elegirá al Ejecutivo, a la totalidad de la Cámara de Diputados y una parte del Senado. 

• La competencia se da entre un oficialismo que busca dar continuidad a las reformas sociales del gobierno de Gabriel Boric y una oposición liderada por Kast que promete restaurar el orden y la estabilidad económica.

En perspectiva. El gobierno de Boric ha sido debilitado a través de duros golpes a sus ministros y un proceso constituyente, aunque ha podido mantener estabilidad en las alianzas del Congreso.

• Boric sufrió dos derrotas contundentes en los referendos para el proceso constituyente. El rechazo en ambas ocasiones fue bastante alto —62 % y 55 %, respectivamente—, evidenciando una preferencia de continuidad institucional del electorado.

• Los indultos de diciembre de 2022 para personas del estallido social produjeron una fuerte crisis en el gobierno, resultando en la renuncia de la ministra de Justicia, que implicó una nueva reconfiguración del Ejecutivo.

• Boric sufrió un último golpe a su golpe a su Gabinete después del escándalo de corrupción de Giorgio Jackson, uno de sus colaboradores más cercanos y ministro clave. Con la necesidad de contener una nueva crisis, volvió a forzar ajustes a través de coaliciones, negociando puestos de gobierno.

Qué destacar. Los contendientes con mejores resultados en las encuestas son figuras antípodas: Jeannette Jara y José Antonio Kast.

• Jeannette Jara —la candidata oficialista— se encuentra en un probable empate técnico en primera vuelta con las encuestas hasta la fecha. Miembro del Partido Comunista de Chile, la candidata de la izquierda recibiría una amplia coalición legislativa establecida por Boric a través de sus negociaciones poscrisis, aunque debilitada.

• Por otro lado, José Antonio Kast impulsa un proyecto de regeneración económica de libre mercado y una narrativa de ley y orden, con encuestas que lo posicionan en constante crecimiento. Kast, en caso de victoria, obtendría un pequeño margen de mayoría en el Congreso, asegurando una mínima gobernabilidad.

• Jara tiene menores prospectos de victoria frente a Kast, aunque tiene una sólida alianza parlamentaria, dado que es la única candidata de la coalición. Kast, a pesar de tener un electorado fragmentado en primera vuelta, tiene altos prospectos de victoria en el balotaje si consigue concentrar los votos y alianzas de los otros partidos de derecha.

Qué sigue. Ambos lados enfrentan desafíos antes de las inminentes elecciones.

• Hay un alto porcentaje de votos indecisos que los dos partidos deberán aprovechar. Estos probablemente serán decisivos para la elección legislativa y la configuración de los bloques, aunque ningún contendiente conseguiría una mayoría amplia.

• Debido a que Boric reestructuró su círculo en el Ejecutivo para mantener la estabilidad en el Congreso, a la izquierda se le lega una ventaja contra la cual la derecha de Kast tiene que organizarse rápidamente para asegurar su proyecto político.

• No obstante, la izquierda progresista erosionó su capital simbólico a través de las sucesivas crisis de gobierno. Esto ha movido el debate hacia narrativas de orden y mejor gestión económica, proveyéndole terreno fértil a Kast para asegurar la última milla de la campaña y las curules en el Legislativo.

En conclusión. Las elecciones de noviembre marcarán un punto de inflexión para el futuro político chileno. La derecha llega fortalecida tras las crisis del gobierno de Boric, mientras la izquierda busca preservar sus reformas sociales.

• De ganar, las posibilidades de éxito de las políticas de la derecha dependerán, en gran medida, de cómo los indecisos y las alianzas legislativas definan la estabilidad del próximo mandato.

La presidencia de la Junta Directiva del Congreso sigue siendo el tema que más acapara la atención de los diputados. Sin embargo, en esta ocasión el interés es aún mayor, ya que quien resulte electo tendrá la responsabilidad de dirigir las sesiones en las que el pleno deberá elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), juramentar a la comisión postuladora para fiscal general y designar al magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. 

Por qué importa. A partir de mañana, 16 de octubre, el Congreso tiene luz verde para elegir a la Junta Directiva correspondiente al período 2026-2027. Aunque el tema acapara la atención de todos, hasta el momento, los posibles candidatos no logran sumar los 81 votos necesarios para su elección.  

• Un punto importante es que la elección no puede realizarse por moción, sino que debe estar incluida en la agenda del día. Esta condición otorga a las autoridades actuales cierta ventaja, ya que tienen la facultad de programarla cuando lo consideren oportuno.

• Al momento, tres nombres son los que se escuchan con fuerza en pasillos del Congreso de la República para presidir la directiva.

• Se trata de Álvaro Arzú, el actual presidente Nery Ramos, y el diputado Luis Contreras.

Visto y no visto. Buena parte de la oposición impulsa la candidatura de Álvaro Arzú para dirigir el Congreso el próximo año. Aunque el diputado pertenece a una bancada con apenas dos integrantes, su experiencia al frente del Legislativo (2018-2020) y su conocimiento en la conducción de temas parlamentarios son vistos como los factores que podrían atraer los votos necesarios para su elección.

• Por otro lado, el grupo conformado por Luis Aguirre, Adim Maldonado y Samuel Pérez —que lidera la facción del oficialismo interesada en formar la nueva agrupación política Raíces— se inclina porque Ramos continúe al frente por un año más.

• También ha comenzado a mencionarse el nombre de Luis Contreras, uno de los tres diputados de la bancada CREO. Al ser consultado, reconoció que algunos congresistas le han expresado su apoyo, aunque evitó precisar qué agrupaciones lo respaldan. Sin embargo, se asegura que su candidatura cuenta con el impulso del grupo oficialista liderado por José Carlos Sanabria.

• Contreras, quien representa al departamento de San Marcos, es uno de los legisladores con más de dos décadas en el Congreso. Cabe destacar que entre el personal a su cargo figura su hija, quien ocupa una plaza 011 desde hace varios años.

En conclusión. Nada está escrito, especialmente tratándose del Congreso, donde los consensos cambian en un santiamén, por lo que la presidencia podría recaer en alguno de los nombres que hoy suenan o, eventualmente, en un candidato que no genere resistencia, en la mayoría de los congresistas.

• Lo que sí está claro es que la nueva Junta Directiva asumirá la responsabilidad de conducir un año político convulso, marcado por decisiones trascendentales que deberán tomarse en los próximos meses.

• Además, el cargo no solo conlleva poder político, sino también una importante remuneración económica: el presidente del Congreso puede llegar a percibir hasta GTQ 92 000 mensuales.