Gobierno dificulta “la cuesta de enero” para miles de guatemaltecos

¡Buenos días! 

Después de las fiestas —con sus gastos y algunos excesos—, enero siempre es un mes complicado para las finanzas de miles de personas y de comercios; salvo los proveedores de útiles escolares, la mayoría de los comercios ven mermadas sus ventas.

Las familias, a su vez, se enfrentan a los gastos propios de la época; sin embargo, miles de familias —sobre todo en pobreza— tendrán que desembolsar más dinero para pagar la factura de electricidad, no por alza de los distribuidores, sino por el retiro del apoyo gubernamental.

A ello debe agregarse que, debido al incremento por decreto al salario mínimo, los precios subirán —ya lo han hecho en algunos rubros—, pues las empresas deberán ajustar sus precios acorde. Eso es, claro está, si no se tiene el infortunio de ser de las plazas que serán prescindidas por las micro y pequeñas empresas, por no poder hacer frente al aumento salarial. Es eso o cerrar, con lo que no se perderían solo algunos trabajos, sino todos los de esas empresas.

Pero no todos estarán en esa difícil situación; varias entidades públicas otorgaron aumento a sus empleados —con el dinero de los tributarios, por supuesto— y ni se hable de los diputados, que se aumentaron, porque sí, más del 50 % de sueldo.

Para algunos empleados y funcionarios públicos, pero sobre todo para los diputados, no hay tal cuesta de enero.

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En este boletín:

•La cuesta de enero inicia con aumentos en electricidad y otros productos

•Errores y contradicciones del Presupuesto 2025

•Ejecutivo se prepara para la presentación del primer informe de Gobierno

Luis González
La cuesta de enero inicia con aumentos en electricidad y otros productos
626 palabras | 3 mins de lectura

El año comenzó con incrementos en algunos servicios y productos básicos en la vida de los ciudadanos. A partir del 1 de enero de 2025, más de 500 000 usuarios verán un aumento en su factura de electricidad.

Panorama general. El 31 de diciembre de 2024 venció el subsidio otorgado durante seis meses que favoreció al segmento que demanda de 89 a 100 kWh. ENERGUATE informó que con este apoyo se benefició a 113 000 familias que ahora deberán pagar entre GTQ 75 y GTQ 80 más cada mes. 

• “Este respaldo del Gobierno ha sido particularmente beneficioso para los clientes de la empresa en departamentos como Quetzaltenango, Jutiapa, Huehuetenango, Suchitepéquez y Chimaltenango”, agregó la empresa.
  
  

• Asimismo, esta compañía compartió que el segmento de consumo de entre 61 a 88 kWh también tendrá que desembolsar más. Se calcula que será un aumento de 15 % porque para estos usuarios también se redujo el aporte estatal.
  
  

• “En el caso de los clientes de entre 0 y 60 kWh, el subsidio que históricamente se ha otorgado por medio del INDE se mantendrá sin cambios”, añadió ENERGUATE.

En el radar. Aparte de este aumento, en la primera semana de enero también se registró un alza en el galón de combustibles. El incremento va de los GTQ 0.50 a GTQ 0.60. 

• Derivado del incremento al salario mínimo por decreto, que oscila entre 6 % a 10 %, algunas empresas también han informado que deben ajustar sus precios para cumplir con el aumento de costos.
  
  

• Los nuevos precios se establecen en cadena. Los proveedores reestructuran los costos y todas estas alzas se trasladan a los consumidores y usuarios finales. A inicios de febrero se podrá establecer cuánto incidió esta decisión en el repunte de precios.
  
  

• Sin embargo, las autoridades restan importancia a esta situación. El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, asegura que habrá una mayor demanda que dinamizará la economía (sic). Sugirió que las empresas aumenten su producción para satisfacer el incremento de ventas.

Datos. Tanto la electricidad como los combustibles han sido subsidiados por el Estado. Durante la pandemia del covid-19, el Congreso aprobó un apoyo para reducir el impacto de alzas en el diésel y gasolina regular. El monto inicial para este propósito fue de GTQ 750M —GTQ 5 por galón de diésel y GTQ 2.5 para la gasolina regular—. 

• Por su parte, el aporte para la tarifa eléctrica tiene 25 años. El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) estima que de 1999 a 2024, el aporte para la llamada Tarifa Social ha sido de casi GTQ 19 000M.
  
  

• La ayuda se traduce en beneficios para 14.5M de guatemaltecos, reporta la entidad.
  
  

• La asistencia permite apoyar a las personas más necesitadas, que se encuentran en pobreza extrema y consumen mensualmente de 1 a 60 kWh y los que se encuentran en pobreza, que demandan entre 61 a 88 kWh. 

En conclusión. Enero no trae buenas noticias para el bolsillo de los ciudadanos. A los gastos regulares de este mes, se deben sumar otros como electricidad, combustibles y otros productos y servicios básicos. 

• Los subsidios son “pan para hoy y hambre para mañana” porque impiden destinar fondos a proyectos de largo plazo y de beneficio general, pero todas estas decisiones deben analizarse en el marco de los incrementos autorizados por decreto.
  
  

• Aumentar el salario mínimo como se sigue haciendo, por motivos políticos, produce alza en los precios; también corre peligro el empleo de miles de personas que perderían su sustento, sobre todo aquellas personas menos calificadas.
  
  

• La economía informal que se estima en el 70 % —trabajadores que no gozan de ninguna protección social—, son los más afectados porque no tienen acceso a esos incrementos por decreto. Lo que es peor, cada vez ven cómo se suman más a ese sector. 

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Marimaite Rayo
Errores y contradicciones del Presupuesto 2025
661 palabras | 3 mins de lectura

En un hilo publicado ayer , República analizó las contradicciones entre el Decreto 36-2024, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, y el Acuerdo Gubernativo 271-2024, la distribución analítica del presupuesto. 

• En dicho análisis se destacó cómo el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) autorizó una distribución de recursos que incumplía los compromisos asumidos por los diputados oficialistas en el Congreso para la aprobación del presupuesto.
  
  

• Esto se debe a que, pese a que la cartera presentó un proyecto que establecía una asignación base a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso, como parte de las negociaciones para su aprobación, esta distribución fue modificada.
  
  

• Sin embargo, en una conferencia de prensa, el 6 de enero, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, en vez de reconocer el error en la redacción, comunicó montos diferentes a los plasmados en el Acuerdo sobre la distribución analítica del presupuesto.  

Lo indispensable. Previo a la aprobación del Presupuesto 2025, diferentes sectores de la población alertaron sobre posibles contradicciones en el Decreto 36-2024, particularmente con respecto a los artículos 6 y 129. 

• De acuerdo con el CACIF y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), existía una antinomia entre ambos artículos, ya que, pese a mantener el mismo techo presupuestario, cada precepto establecía una distribución de recursos diferente.
  
  

• Es decir, el Art. 6 plasmaba la distribución propuesta por el MINFIN y el Art. 129 reflejaba los acuerdos alcanzados entre los diputados para obtener la aprobación del presupuesto.  

Qué destacar. Así pues, aunque ambas normas están en vigor, en la distribución analítica —entendida como la asignación de recursos entre las diferentes entidades del Estado— el MINFIN únicamente se basó en el Art.6.  

• En el balance presentado en la conferencia de prensa, el titular de Finanzas presentó una gráfica en la que exponía la distribución de recursos para el 2025, pero de acuerdo con el Art. 129.
  
  

• Consecuentemente, no solo no se reconoció la contradicción cometida en el Decreto 36-2024, el cual validaba dos artículos contradictorios, sino que el ministro Menkos y su cartera profundizaron en los errores, al presentar una distribución diferente a la publicada.  

Visto y no visto. De acuerdo con el análisis presentado por el ICEFI, “[…] la CFMP al adicionar el artículo 129, sin modificar el artículo 6, genera una inconsistencia en las asignaciones de gasto para varias entidades […] esta situación podría constituir una antinomia jurídica y, posiblemente, una inconstitucionalidad”.  

• Esto se debe a que, los dos artículos, al cobrar vigencia al mismo tiempo, generan confusión entre las entidades, sobre qué montos son los que les corresponden.
  
  

• Al mismo tiempo, las modificaciones aprobadas en el Art. 129, confirmadas por Menkos en la conferencia de prensa, también podrían violar otras leyes. Un ejemplo es la asignación para la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ya que, aunque la Ley Orgánica en el Art. 33 literal a) establece que a esta entidad le corresponde el “monto equivalente al 2 % del total de los tributos internos y al comercio exterior y sus accesorios”, con la alteración, el aporte únicamente alcanza el 1.7 % de los ingresos tributarios previstos, lo cual contraviene la norma.
  
  

• Así pues, aumenta la posibilidad de que las impugnaciones a la norma —inconstitucionalidades— tengan sustento. Todo por la falta de sustento técnico y de la avaricia de algunos diputados.  

¿Por qué importa? Los errores son evidentes, sin embargo, un mes después de la publicación del presupuesto en el Diario Oficial, no se han planteado acciones legales concretas en ese sentido.  

• Asimismo, la apresurada aprobación en el Congreso sugiere que los diputados aprobaron esta antinomia de manera consciente.
  
  

• Es decir, debido a que esta norma fue aprobada de urgencia nacional, no fue posible seguir el procedimiento parlamentario de las tres lecturas para la inclusión de enmiendas.
  
  

• No obstante, el hecho de que el MINFIN y sus representantes no reconozcan el error y lo corrijan es injustificable; únicamente genera confusión y conflicto entre las unidades ejecutoras. 

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