Gobierno no está bien preparado para atender época de lluvia

PRESENTADO POR MAZDA

¡Buenos días!

Como todos los años, la época de lluvia ha empezado a causar estragos; la precariedad de gran parte de la infraestructura vial, acrecentada por la falta de mantenimiento durante este gobierno, hace que no se pueda sino esperar desastres. La CONRED ya da cuenta de varias “emergencias”, daños y muertos.

Parece absurdo que se hable de emergencias; cuando se tiene casi certeza de dónde y cuándo lloverá, la falta de preparación es casi criminal.  Al día de hoy, el Gobierno va tarde.

Con un inmenso presupuesto a su disposición, no han podido ejecutar al ritmo que se debiese; ese dato hace que las perspectivas de prevención, mitigación, y atención de desastres sean sombrías. Más allá de los daños materiales, lo que está en juego es la vida de los guatemaltecos.

Les deseamos un buen inicio de semana laboral. 

El régimen del terror de Ortega expande sus fronteras, con una persecución política de la que sus disidentes no pueden escapar ni en el exilio.

En perspectiva. El pasado 19 de junio fue asesinado el mayor (retirado) del ejército nicaragüense, Roberto Samcam. El otrora oficial formó parte del Ejército Popular Sandinista e integró las filas castrenses de Nicaragua hasta 1991.  

• Samcam vivía exiliado en Costa Rica desde 2018 debido a su fuerte oposición al régimen sandinista, desde el regreso al poder de Daniel Ortega en 2007.
  
  

• Dos sicarios ingresaron al condominio donde residía, haciéndose pasar por inquilinos, y uno de ellos acribilló al exmilitar en la puerta de su casa.  

Por qué importa. Samcam es el cuarto disidente nicaragüense que es asesinado durante su exilio en Costa Rica. En 2022, Rodolfo Rojas fue secuestrado en Costa Rica. Su cadáver se encontró posteriormente cerca de la frontera entre Honduras y Nicaragua. En 2023, en La Cruz, Guanacaste, fue asesinado el excarcelado político Erick Antonio Castillo y en 2024, el líder campesino Jaime Luis Ortega, refugiado en Costa Rica desde 2018, fue asesinado en Upala. 

• Joao Maldonado, ex simpatizante de Ortega y trabajador de Alba en Nicaragua, se exilió en Costa Rica tras el arresto de su padre durante las protestas del Indio Maíz en 2018.
  
  

• Desde entonces, ha sufrido dos atentados por sicarios motorizados en Costa Rica, recibiendo al menos 12 disparos.
  
  

• Maldonado ha sobrevivido a ambos, y ha acusado al ejército nicaragüense y al FSLN por los atentados. 

Entre líneas. Los crímenes siguen el mismo patrón de seguimiento y vigilancia en los días previos al atentado, pero, principalmente, que todos los asesinados participaron de las protestas de 2018 o fueron críticos de la represión estatal contra los manifestantes. Costa Rica se ha vuelto un refugio para cientos de miles de nicaragüenses que han buscado escapar del totalitarismo sandinista.  

• No obstante, entre aquellos que han huido de la miseria del orteguismo también ha llegado al país una red de sicarios presuntamente al servicio del régimen Ortega-Murillo.
  
  

• La multiplicidad de homicidios y los atentados con patrones comunes indican una operatividad sistémica y organizada: un modelo de terror y represión extraterritorial contra sus opositores.

En conclusión. Samcam era uno de los muchos excombatientes sandinistas que pasaron de apoyar al régimen a denunciar los abusos de poder y, sobre todo, la intención de Daniel Ortega de prolongarse en el poder y establecer una línea de sucesión dinástica. Incluso su hermano, Humberto Ortega, cayó en desgracia con el tirano y terminó muriendo en arresto domiciliario, bajo dudosas circunstancias.  

• De acuerdo con un estudio de la Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano, un 59 % de los refugiados nicaragüenses han sido víctimas de amenazas tras su exilio, siendo Costa Rica el país con más casos.
  
  

• Costa Rica, que otrora presumía de su envidiable seguridad, se ha convertido en territorio de operaciones para una red de represión trasnacional de Ortega que no conoce fronteras. 

El presidente Bernardo Arévalo prometió mejorar el acceso a la información pública durante su administración, pero no lo ha hecho. Actualmente, el país ocupa el puesto 59 de 140 en el Índice del Derecho a la Información. En el 2024 descendió tres posiciones. Antes teníamos el 56.

Por qué importa. La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) es clara al establecer el mecanismo para solicitar y entregar los datos. A pesar de ello, persisten las falencias en las instituciones obligadas a cumplir con el mandato. 

• En diversas ocasiones, República ha pedido información a varias dependencias del Estado, pero las respuestas han sido escuetas y se han negado a dar los datos.
  
  

• Respecto al proceso de las solicitudes, el Ministerio de Gobernación (MINGOB) carece de plantas telefónicas para atenderlas.
  
  

• El personal designado a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) utiliza sus teléfonos personales. Además, su oficina no tiene identificación ni señalización.

Visto y no visto. República hizo el ejercicio de requerir información sobre los extraditables al MINGOB y a la Policía Nacional Civil (PNC). Ambas instituciones recibieron la misma solicitud, pero ofrecieron datos diferentes. 

• Gobernación rechazó la petición. Argumentó que no era de su competencia y remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores.
  
  

• Por su parte, la PNC sí bridó los registros demandados. En el sistema de justicia también destaca la poca accesibilidad del Organismo Judicial (OJ) y el Ministerio Público (MP).
  
  

• Entidades que en los últimos años blindaron la información pública bajo el argumento de “datos sensibles y confidenciales”.

Sí, pero. Entre 2012 y 2020 las dos instituciones entregaban datos generales de la seguridad de los altos funcionarios y sus salarios. Asimismo, el detalle de los casos abiertos en contra de los diputados, alcaldes y ministros. Hoy, no se puede acceder a esos archivos. 

• Otra dificultad, son los sitios web de algunas entidades, pues no son amigables. Tienen información desordenada y confusa. Para entenderla se necesita el auxilio de personal de la institución.
  
  

• Asimismo, muchas unidades condicionan el equipo para grabar o guardar la información. Algunas entregan los requerimientos en CD y argumentan que por la capacidad no se puede enviar por correo electrónico. El problema con esas limitantes es que ya no todas las computadoras tienen lectores de CD.
  
   

• Aparte, la Política Nacional de Datos Abiertos tiene como objetivo principal la apertura de los datos públicos de las instituciones del Estado. Sin embargo, el portal de Datos Abiertos no está actualizado. Únicamente registra 51 entidades.

En conclusión. El compromiso de mantener una comunicación eficiente entre el Estado y los medios de comunicación quedó solo como un ofrecimiento más de la campaña.  

• La LAIP fue implementada en 2009 y prometía la transparencia y la fiscalización en la gestión pública del país. A más de 16 años, los resultados son escasos.
  
  

• Urge que las instituciones revisen las normas y analicen los mecanismos de la UAIP, para identificar las deficiencias, retos y desafíos. Se deben priorizar las capacitaciones al personal para que la atención al ciudadano sea efectiva.  

El plazo para elegir a los integrantes del directorio de la Superintendencia de Competencia vence hoy, 23 de junio, pero el Congreso no cumplió con el plazo y el Organismo Ejecutivo ofrece hacerlo en el último día posible.

Qué destacar. La presidencia recibió la nómina el 16 de junio, pero se desconoce por qué no ha llevado a cabo la elección en Consejo de Ministros.  

• De estos seis, se debe elegir a dos, un titular y un suplente: Javier Enrique Bauer Herbruger; Juan Carlos Rodil Quintana; Byron Enrique Ochoa Paredes; Luis Guillermo Velásquez Pérez; Édgar Rolando Yax Tezo, y José Ramiro Martínez Villatoro.
  
  

• Al Congreso tampoco le importó el plazo establecido en ley. Desde el 29 de mayo tiene el listado y no eligieron. Los seis seleccionados son: Jorge Alberto Santiago Chen Sam y Jorge Mario González Paz. Además, en este listado también repiten Bauer, Rodil, Yax y Martínez.
  
  

• La falta de acción refleja apatía institucional o de nuevo intereses políticos, pese a la importancia de este nombramiento para implementar la Ley de Competencia. Por el momento, solo la Junta Monetaria —dominada por el gobierno— cumplió con la fecha estipulada. Eligió a Edgar Rolando Guzmán Fuentes, financista del Movimiento Semilla, como director titular, y Alfredo Skinner-Klée Sol como su suplente.

En el radar. Mientras Joviel Acevedo y su sindicato preparan nuevas acciones para intentar doblegar al Gobierno, la ministra Anabella Giracca se fue de vacaciones.  

• El sindicalista trata de buscar más docentes que apoyen sus maniobras, pero, según las autoridades, solo ha logrado cerrar un 10 % de aulas. Aunque el impacto es alto, el tiempo juega en contra de Acevedo.
  
  

• Mientras tanto, los maestros que lo acompañan acampados en la plaza central conmemorarán el Día del Maestro bajo esas circunstancias, alejados de sus comunidades y afectando a miles de niños que no reciben clases.
  
  

• Acevedo, quien durante cuatro gobiernos ha presionado para constantes aumentos, no ha variado su estrategia, pero ahora parece que no logrará su objetivo.

Sí, pero. Esta semana cumplen 33 años de servicio el ministro de la Defensa, Henry David Sáenz Ramos, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Hermelindo Choz Soc. 

• La discusión se centra en si ambos —de la promoción 118—, deben cesar sus funciones y pasar a otros cargos como asesores, consultores, instructores o agregados militares, pero sin mando, según la Ley Constitutiva del Ejército.
  
  

• El presidente Bernardo Arévalo —comandante general del Ejército—— y sus asesores, parecen inclinarse por interpretar que esa condición no se refiere a nombramientos políticos, como el caso del ministro, por tanto, seguiría en su cargo.
  
  

• En todo caso, la última palabra la tiene la Corte de Constitucionalidad, que no ha resuelto recursos legales planteados en esa vía.

Ecos regionales. El asesinato del opositor y militar retirado, Roberto Samcam, en Costa Rica, encendió las alarmas entre el exilio nicaragüense, que acusa a la dictadura de Daniel Ortega de estar detrás del crimen. 

• El hecho se suma a una serie de ataques contra opositores en el extranjero, lo que sugiere una persecución trasnacional. Samcam había denunciado redes de espionaje del régimen en Costa Rica y era una figura incómoda por su conocimiento del aparato de seguridad sandinista.
  
  

• En Panamá, continúan las protestas que han derivado en actos vandálicos. El gobierno atribuye la violencia a pandillas supuestamente respaldadas por sectores de la oposición política. Tal parece que el presidente Raúl Mulino continuará bajo presión para dar marcha atrás a la reforma de la Ley de la Caja del Seguro Social.