Gobierno también “juega” a política electoral

¡Buenos días!

Aunque sin una bancada propiamente dicha en el Congreso y, a pesar de la prohibición constitucional, el Gobierno de Bernardo Arévalo replica las prácticas que tanto criticaron. La manipulación de los fondos presupuestados para los CODEDE restringiendo los desembolsos —según la conveniencia política— es lo que motivó a la oposición a aprobar el cuestionado decreto 7-2025.

La pugna política es válida y sana en toda democracia, pero la instrumentalización de fondos públicos para beneficio particular —el de un partido o movimiento político con miras electorales— es deplorable.

En el boletín de hoy encontrarán un hilo publicado originalmente en nuestro boletín en inglés (GCAM); creemos que es valioso que ustedes, nuestros suscriptores a República política también puedan leerlo.

Les deseamos un buen inicio de semana laboral. 

Antes, un pilar de la soberanía nacional, Pemex se ha convertido en una bomba de tiempo fiscal, cargada con más de USD 100 000M en deuda, proveedores impagos y una producción en colapso.

En perspectiva. La producción petrolera de Pemex se desplomó de 3.4M de barriles diarios en 2004 a solo 1.6M hoy, mientras que la producción de gas natural permanece estancada. Sus refinerías son obsoletas, no rentables y producen combustibles con alto contenido de azufre que contaminan y elevan los costos. 

• En un complejo rescate financiero, Sheinbaum lanzó una emisión de bonos fuera de balance por USD 12 000M a través de Luxemburgo, más un fondo de inversión estatal de USD 13 000M que busca estabilizar el flujo de caja y pagar a proveedores. Estas medidas apuntan a reducir la deuda a USD 77 300M para 2030 y alcanzar la autosuficiencia en 2027.
  
  

• El plan busca aumentar la producción de hidrocarburos a 1.8M de barriles diarios, invertir en hidrógeno verde y atraer capital privado mediante “contratos mixtos”, manteniendo al menos un 40 % de propiedad estatal.
  
  

• A pesar de una breve mejora en la calificación crediticia, Pemex sigue bajo intensa presión financiera, con USD 101 000M en deuda, más de 20 000M adeudados a proveedores, y pagos inminentes de 12 000M en 2025 y 20000M en 2026.

Por qué importa. El colapso de Pemex no es solo la mayor responsabilidad corporativa de México, sino una amenaza sistémica a su seguridad energética, resiliencia económica y posición geopolítica. Años de sobre dependencia en rentas petroleras, subsidios populistas y desinversión han vaciado la capacidad productiva de la empresa. 

• El sexenio de AMLO destinó más de USD 100 000M a Pemex en subsidios y exenciones fiscales que produjeron retornos mínimos. Ahora, esas cargas pesan sobre Sheinbaum. Así, la confianza de los inversionistas sigue tambaleante sin un cambio en las fallas estructurales.
  
  

• La producción de Pemex ha caído 28 % desde 2015, con exportaciones desplomándose en un 43 % solo en 2025. La reforma energética de Sheinbaum erosionó aún más la confianza al reclasificar Pemex como empresa controlada por el Estado, reducir asientos independientes en la junta y limitar los contratos a rígidos “contratos mixtos”, desalentando el capital privado crítico para evitar un colapso estilo PDVSA.
  
  

• Los proveedores amenazan con suspender operaciones, aumentando la fricción bajo el T-MEC y abriendo la puerta a represalias arancelarias de Washington. Las PYMES mexicanas —base principal de proveedores de Pemex— son las más golpeadas. En estados petroleros como Campeche y Tabasco, el colapso amenaza con provocar recesiones locales.

Ecos Regionales. La creciente dependencia de México del gas natural de EE. UU.—que suministra más del 60 % de su electricidad—ha convertido la política energética en una peligrosa línea de falla geopolítica. Con una producción interna rezagada y una capacidad de almacenamiento que cubre apenas dos días, el país queda expuesto a choques de precios, congelamientos de suministro y presiones estratégicas en cualquier negociación. 

• Solo en 2024 se importaron más de 2.3 billones de pies cúbicos de gas de EE. UU., aumentando el temor de que Donald Trump pueda usar esta dependencia como arma, con apagones nacionales a solo horas de distancia en caso de interrupción.
  
  

• El robo de combustible, la infiltración de cárteles y contratos opacos han convertido a Pemex en una carga criminalmente explotada, comprometiendo la gobernanza y alimentando tensiones con EE. UU., con riesgo de aranceles o intervención bajo la presidencia de Trump.
  
  

• La postura debilitada de México en las negociaciones energéticas de Norteamérica erosiona su poder de negociación en el T-MEC, mientras que un Pemex frágil infla los costos de electricidad y reduce el atractivo del nearshoring.

Entre líneas. La infraestructura energética de México ha pasado de víctima a vehículo del crimen organizado. Lo que comenzó como robo de ductos bajo el huachicol se ha convertido en una red de contrabando multimillonaria, facilitada por vacíos fiscales y funcionarios cómplices. Los cárteles ahora lavan combustible robado a través de gasolineras legales, explotan exenciones en lubricantes industriales e inundan el mercado estadounidense con diésel ilícito. 

• La inteligencia estadounidense vincula a los cárteles de Sinaloa y CJNG con el robo de ductos de Pemex y operaciones de contrabando transfronterizo de combustible valuadas en hasta USD 21 000M anuales, casi un 27 % del consumo de combustible de México, o 290 000 barriles diarios.
  
  

• Gran parte de este volumen se lava a través de gasolineras legales, con más de 22 000 expendios informales operando a nivel nacional, casi el doble de las estaciones licenciadas. Solo en 2023, Pemex reportó pérdidas diarias de más de 17 000 barriles por robo, equivalentes a USD 1100M en daños.
  
  

• Como legado del enfoque permisivo de AMLO, la colusión entre empleados de Pemex, funcionarios locales y empresarios vinculados a cárteles arriesga provocar represalias de EE. UU., desde aranceles y sanciones hasta una creciente presión sobre Sheinbaum para actuar.

Lo que sigue. Pemex no es una empresa estatal cualquiera: ancla el sistema energético de México, su base tributaria y estrategia industrial. Su colapso repercutiría en los servicios públicos, los flujos de inversión y la influencia regional. Sheinbaum ahora camina en una delgada línea entre la lealtad ideológica al proyecto de AMLO y la realidad fiscal. 

• A menos que Sheinbaum impulse cambios audaces, Pemex corre el riesgo de hundir la agenda energética en general.
  
  

• Aunque la presidenta está reconsiderando el fracking en la Cuenca de Burgos para reducir las importaciones de gas, la oposición interna desde la izquierda de Morena amenaza el progreso y disuade la confianza de los inversionistas. 

El proyecto del presupuesto 2026 abre un debate sobre prioridades, déficit y controles. Aunque mantiene el gasto en torno al 16 % del PIB, la discrecionalidad en la asignación de fondos y la falta de reglas claras generan preocupaciones respecto a la disciplina fiscal y los límites al Estado. 

Por qué importa. El proyecto presentado por el Ejecutivo mantiene la misma estructura tradicional de años previos, con pocas modificaciones sustanciales y un exceso de discrecionalidad en el gasto público.

• Unido al Decreto 7-2025 —que permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) retener y ampliar sus fondos sin control—, la propuesta enfrenta fuertes críticas y un alto riesgo de no ser aprobada.
  
  

• Aunque el monto global del gasto se mantiene relativamente alineado con el plan presentado previamente —16.2 % del PIB frente al 16.1 % previsto—, surgen diferencias importantes en la composición. El gasto de funcionamiento asciende al 11.2 % del PIB (frente al 10.5 % estimado), mientras que la inversión pública cae a 2.8 % (frente al 4.2 % planificado).
  
  

• En paralelo, los ingresos tributarios proyectados son más bajos de lo esperado: 11.8 % del PIB frente al 12.7 % contemplado inicialmente. 

Voces. Jorge Lavarreda, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), advierte que este desajuste explica que el déficit también supere lo estimado.  

• Por su parte, Sigfrido Lee, también investigador asociado del CIEN, recordó que, históricamente, Guatemala ha buscado mantener el déficit por debajo del 2 % como garantía de estabilidad fiscal. “El Gobierno presenta un presupuesto de GTQ 163 783M, lo que implica un déficit de 3.3 % del PIB, un nivel alto para los parámetros históricos del país”.
  
  

• Lee advirtió que, si se incluyen compromisos adicionales —como los GTQ 2000M previstos en el artículo 127 y que no figuran en los rubros generales—, el déficit podría llegar a 3.5 % del PIB.
  
  

• Además, los CODEDE recibieron este año GTQ 12 000M, de los cuales probablemente solo se ejecuten unos GTQ 5000M. Los GTQ 7000M restantes podrían trasladarse a 2026 sin pasar por el Congreso, lo que, de hecho, elevaría el presupuesto a GTQ 170 000M.  

Punto de fricción. El problema no es solo el monto, sino la forma en que se asignan los recursos. Se destinan fondos sin proyectos definidos, lo que abre espacio al favorecimiento político y al debilitamiento de los controles democráticos. Lee lo resume como “dar un cheque en blanco”. El orden lógico debería ser claro: primero diseñar proyectos, calcular costos y luego incluirlos en el presupuesto.

• Desde el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Barrientos cuestiona especialmente el artículo 59, que reproduce parte del controvertido Decreto 7-2025. “Este artículo permite que en 2026 se ejecuten aportes ordinarios y extraordinarios aprobados para 2024 y 2025 que aún no han sido utilizados. Nuestra posición es clara: esta práctica debe abandonarse de inmediato”.
  
  

• Según ICEFI, al 31 de agosto de 2025, la ejecución de los CODEDE era baja: 65.3 % en el aporte ordinario de 2024, 65.1 % en el extraordinario de ese mismo año, 28.2 %, y apenas 11.3 % en el 2025, respectivamente.

En conclusión.  El presupuesto 2026 refleja un problema estructural: el Ejecutivo busca asignar dinero sin garantizar previamente controles efectivos ni disciplina institucional. Más que incrementar montos, la discusión debería centrarse en reglas claras, control institucional y un Estado limitado a sus funciones esenciales.  

• Los analistas coinciden en que esta debería ser la oportunidad para “ordenar la casa”: fortalecer las reglas presupuestarias, mejorar la transparencia y asegurar que cada proyecto cuente con respaldo técnico e impacto socioeconómico medible, antes de aprobar más recursos. 

En medio de las celebraciones patrias, esta semana el presidente Bernardo Arévalo vetaría el Decreto 7-2025, aprobado por el Congreso el 2 de septiembre, lo que ha generado un intenso debate político.

En el radar. La aprobación tomó por sorpresa al Ejecutivo, que apenas un día antes había presentado su proyecto de presupuesto para 2026, que también incluyó medidas para evitar que los fondos no ejecutados por los CODEDE regresaran al fondo común.  

• La oposición se anticipó con una iniciativa más ambiciosa, reformando el artículo 5 del Decreto 27-2024 y adicionando el artículo 45 Ter a la Ley Orgánica del Presupuesto. El decreto permite trasladar automáticamente los saldos no ejecutados a la Cuenta Única del Tesoro, incluso sin convenios firmados.
  
  

• Aunque busca agilizar la ejecución de obras, organizaciones, como el CACIF, advierten que vulnera controles institucionales y podría abrir la puerta a corrupción.
  
  

• En este contexto, el presidente debe decidir entre sancionar el decreto y enfrentar críticas, o vetarlo y arriesgar una reacción que intente revocar el veto con 107 votos.

Qué destacar. Con motivo del 204 aniversario de la Independencia de Guatemala, se realizarán diversos actos del 9 al 15 de septiembre.  

• El 9, el Ministerio de Educación condecorará a alumnos distinguidos. El 10, se rendirá homenaje a los Conjurados de Belén en el Instituto Normal Central para Señoritas.
  
  

• El 11, se celebrará la final de presentaciones teatrales en la Universidad Popular. El 14, se encenderán antorchas en la Plaza del Obelisco, seguido por el solemne tedeum y la lectura del Acta de Independencia.
  
  

• Finalmente, el 15, el presidente dará un mensaje oficial, se realizará el desfile cívico escolar y se cerrarán las actividades con la arriada de la bandera nacional.

Lo que sigue.  El Organismo Legislativo se une a las celebraciones por el 204 aniversario de la Independencia de Guatemala con una agenda especial.  

• El lunes 8 de septiembre, los Jefes de Bloque se reunirán para definir los temas que se abordarán en la sesión plenaria del 9 de septiembre.
  
  

• Además, el jueves 11 de septiembre se llevará a cabo una sesión solemne en el Congreso de la República, en la que se rendirá homenaje a la patria.
  
  

• A este acto han sido invitados funcionarios públicos, miembros del cuerpo diplomático y el presidente de la República.

Ecos regionales. Más de 173 000 nicaragüenses que solicitaron refugio en Costa Rica, siguen esperando respuesta, mientras huyen de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.  

• Muchos aguardan definiciones tras el cierre masivo de 55 061 expedientes —de enero a agosto de 2025— por parte de Migración. Costa Rica busca reducir la mora con una nueva estrategia, pero se cuestiona que los rechazos por inadmisibilidad van en aumento.
  
  

• En El Salvador crece la preocupación por las muertes de reos bajo custodia del Estado. Ya se han documentado 444 fallecimientos desde que inició el régimen de excepción en marzo de 2022, incluyendo dos casos —el 6 de septiembre— en los penales de Izalco y Mariona.
  
  

• En Honduras, la desinformación se perfila como una de las amenazas para las elecciones del 30 de noviembre, según organismos como la OEA. Ningún partido o candidato escapa de las manipulaciones que van en aumento.