Gobierno torpedea posibilidad de mejor infraestructura

¡Buenos días!

El Gobierno, a través del ministro de Comunicaciones —con el sospechoso voto tránsfuga del Colegio de Ingenieros—, destruyó la posibilidad del desarrollo de infraestructura vial de calidad y blindada de interés espurios; alteró la naturaleza de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP) que, por ley, debió ser un ente desconcentrado y, el gobierno de “la nueva primavera”, decidió que fuese una unidad ejecutora más dentro del CIV. La perniciosa tendencia estatista —ideológicamente cargada— Semilla et al, se trajo al traste una de las pocas buenas cosas que se han aprobado desde su asunción al poder.

Ayer, el ministro Miguel Ángel Díaz recibió la más reciente andanada de parte de los diputados que lo cuestionan, sobre la mesa, por incapaz, pero que debajo de ella —algunos— lo presionan para que adjudique proyectos cercanos a sus bolsillos. Contumaz, confesó que no ha adjudicado proyectos nuevos. Cual el proverbial perro del hortelano no construye ni deja construir.

Como se les ha dicho una y otra vez cuando los gobiernistas se victimizan: no, no son los culpables del descalabro, pero si son los responsables de resolverlo. A la luz de los hechos, no lo harán.

Sobre este tema va nuestro boletín de hoy, además de que, como todos los martes, encontrarán los prospectos de la actividad del Ejecutivo y del Legislativo para la presente semana. Como siempre, los invitamos a leer y compartir todo nuestro contenido.

La Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP) nació como una entidad de carácter técnico e independiente. La finalidad era lograr un órgano desconcentrado del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Sin embargo, hoy funciona como una unidad ejecutora más. La decisión fue tomada el 2 de septiembre por su Directorio, con cuatro votos a favor de cinco. 

• El Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua) votó en contra. 

Por qué importa. La DIPP se creó con el objetivo de agilizar la gestión de los proyectos viales. Además, de desvincularlos de los intereses políticos que influyen en el CIV. El cambio en el estatus genera incertidumbre en la capacidad para tomar futuras decisiones técnicas. Todo apunta a que la infraestructura del país no tendrá mayores avances. 

• La DIPP no tiene sede, oficinas ni personal asignado. La falta de estructura limita el cumplimiento de los 18 proyectos viales priorizados en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (LIVP). 

• Según la ley, se tiene hasta junio de 2026 para integrar los órganos de dirección y establecer su normativa. La transición de funciones y competencias del CIV a la nueva unidad ejecutora contempla 36 meses de plazo. 

• Este empezó a correr desde el pasado 2 de septiembre, y significa más atraso en la gestión. El plan del presupuesto de ingresos y egresos del 2026 contempla una asignación de GTQ 2102M a la DIPP. 

Visto y no visto. El 12 de junio, el CIV designó a Claudia Lucrecia Cáceres Maldonado como primera gerente de la DIPP. Al tomar una decisión en conjunto con el Directorio, esta deberá ser ratificada por el ministro de Comunicaciones. Un proceso burocrático —y político— que limitará la agilidad técnica con la que fue pensada la nueva entidad. 

• El artículo 6 de la ley presentaba a la DIPP como entidad desconcentrada. Al convertirla en unidad ejecutora, se contradice lo que inicialmente planteó. 

• El Directorio de la DIPP fue pensado para aprobar los contratos, además de gestionar las asignaciones presupuestarias. Así, estas no tendrían que pasar por el CIV. Ahora será todo lo contrario. 

• El ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, indicó en La Ronda de ayer lunes, que la DIPP dará resultados hasta 2027. Analistas difieren y consideran optimista el escenario, pues prevén avances hasta 2028. 

Sí, pero. Los reglamentos y manuales para la ejecución de obras aún se encuentran en formulación. Incluye el proceso de creación de puestos para la nueva entidad. La solicitud ya se presentó en la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), pero no se ha resuelto. En este sentido, Cáceres Maldonado fue nombrada gerente, pero no tiene plaza en la DIPP. 

• La solicitud de creación de nuevas plazas para el próximo 2026 tiene como plazo máximo el día de hoy, 30 de septiembre. Según fuentes internas, este proceso podría no cumplirse. 

• En tal caso, la DIPP tendría otro atraso.  Iniciaría a funcionar hasta 2027, pues sería hasta el año entrante que podría aprobarse la solicitud. 

• Según el ministro, en el 2026 darán comienzo a la operación y ejecución de proyectos por parte de la Dirección. No obstante, el escenario actual lo contradice. 

En conclusión. El cambio de la DIPP a una unidad ejecutora va más allá de lo administrativo: implica perder la oportunidad de modernizar la gestión vial con criterios técnicos en lugar de políticos. El retraso en la conformación de su estructura, la falta de personal y la burocracia ministerial ponen en riesgo el cumplimiento de los 18 proyectos priorizados en la LIVP. 

• Aunque el presupuesto 2026 ya prevé recursos para la Dirección, la falta de bases administrativas y normativas hace improbable que opere en el corto plazo. 

• La proyección optimista del ministro, la de ver resultados en 2027, es irreal; analistas anticipan que la infraestructura vial seguirá rezagada al menos hasta 2028.  

La reciente decisión del Departamento de Estado de EE. UU. de designar a la pandilla Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera (OTE) y Terrorista Global Especialmente Designado (TGD) no pasó desapercibida en el Congreso. En respuesta, los diputados acordaron que este martes avance en segunda lectura la iniciativa que busca endurecer las penas contra los pandilleros. 

La propuesta legislativa fue presentada en 2020 por el entonces presidente Alejandro Giammattei y contempla el aumento de sanciones para delitos cometidos por integrantes de maras. Además, incorpora nuevas figuras penales como intimidación pública, usurpación, extorsión y conformación de grupos armados ilegales. El proyecto también refuerza las facultades de los agentes encubiertos y garantiza la protección de su identidad. 

Los legisladores acordaron, además, conformar una mesa multipartidaria para discutir medidas adicionales contra las pandillas. El objetivo es perfeccionar la propuesta en trámite o incluso diseñar un nuevo marco legal complementario. 

Las reuniones iniciarán el jueves 2, a las 14 horas, según informó Ramos.  

Este acuerdo se produce una semana después de que el pleno aprobara un punto resolutivo en el que recomendaba al Ejecutivo declarar terroristas a los pandilleros. La iniciativa fue promovida por la diputada Nadia de León, hija de Sandra Torres y prima de María Marta Castañeda, señalada como pareja de Aldo Dupié Ochoa, alias “El Lobo”, líder del Barrio 18. Este vínculo familiar ha generado comentarios en la opinión pública, aunque la familia Torres ha intentado minimizar su relevancia. 

Durante la sesión, De León aprovechó para agradecer el apoyo al punto resolutivo y, al mismo tiempo, cuestionar al presidente del Congreso, Nery Ramos, a quien acusó de restarle importancia al tema. “Usted, señor presidente, que en el pasado fue director de la PNC, relativizó la importancia de este punto resolutivo”, expresó, criticando, además, su ausencia en la reunión convocada por la fiscal general sobre el fenómeno de las pandillas.

Ramos respondió que lamentaba los “irresponsables señalamientos” y recordó que él respaldó el punto resolutivo. También cuestionó las críticas de quienes —según dijo— “intentan lavarse la cara para desmarcarse de señalamientos públicos”. 

Otros temas de agenda 

En la agenda legislativa también figura la aprobación del protocolo de adhesión de Guatemala al Tratado de Libre Comercio con Corea, la discusión en segundo debate de la ley del sistema Ángel-Domingo para mejorar la calidad del aire, la ley de portabilidad numérica en telefonía móvil, la ley del impuesto a la herencia y la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto en tercer debate. Asimismo, se incluyen proyectos para aprobar por artículos y redacción final, entre ellos, la ley de mejoramiento del medioambiente y la ley de mediación. 

El acceso a la electricidad sigue siendo una deuda pendiente en Guatemala. Más de 344 000 familias no cuentan con el servicio, principalmente en Alta Verapaz, Petén, Baja Verapaz e Izabal, donde la cobertura no supera el 60 %. Aunque el sistema cuenta con muchos agentes privados —generación, transmisión y distribución—, la responsabilidad de cerrar la brecha recae en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) como ente rector de la política pública, así como el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), como el ejecutor. 

El sector está conformado por más de 125 generadores que alimentan la red, diez empresas manejan el transporte y transformación, y tres distribuidoras principales —junto a 14 municipales— que prestan el servicio final. El Estado no participa directamente en la distribución, lo que ha generado confusión sobre quién responde por la falta de cobertura en zonas rurales. 

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, declaró que “el Estado no presta el servicio final, pero sí garantiza que la energía no falte”. Explicó que la universalización depende de la capacidad institucional para coordinar planes, atraer inversiones y fiscalizar proyectos. 

En ese marco, tres procesos concentran la atención: la licitación PEG-5 (generación), la PET-3 (transmisión) y la expansión de la electrificación rural, liderada por el INDE. Se estima que en conjunto podrían atraer más de USD 4000M en inversión.  

Sin embargo, el antecedente de la licitación de 2015 —con avances limitados tras una década— muestra que el éxito no depende solo de los operadores privados, sino de una gestión estatal eficaz y sostenida. 

La PEG-5, impulsada por ENERGUATE y la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), busca contratar 1400 megavatios (MW) por 15 años, con contratos que iniciarían entre 2030 y 2033. Es considerada estratégica para garantizar el suministro a largo plazo y responder al acelerado crecimiento de la demanda, que pasó de 3.5 % a 6 % anual, solo en la distribuidora mencionada. 

En paralelo, el MEM enfrenta otros retos. Consultado por República sobre la vacancia en el Viceministerio de Energía, tras cinco meses de detención de Luis Pacheco; Ventura respondió: “Estamos en los plazos que marca la ley, entiendo que son seis meses y esperamos que sean esos seis meses de vuelta con los del ministro Pacheco […] en caso contrario, hablaremos con el presidente para confirmar”. 

El presidente Bernardo Arévalo, por su parte, anunció que definirá su postura sobre el decreto 7-2025 “antes de la fecha límite” del 6 de octubre. 

En la conferencia semanal, el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, evitó pronunciarse sobre el estado de las carreteras. Ante cuestionamientos sobre una posible solicitud de renuncia por parte del Congreso, aseguró que asistirá a la instancia de jefes de bloque y “dará la cara”, limitándose a decir: “Lo más importante en este momento es que estamos trabajando para el país”. 

Agenda presidencial  

Martes 30 y miércoles 1  

• Se retoma la gira “A Tu Tierra” en Petén