¡Buenos días!

Hace seis meses, República develó la red —una de ellas, tan solo— de corrupción que opera en este gobierno, el de la “nueva primavera”, el que en campaña decía que “el 40 % del presupuesto se va en corrupción”. La casa de chocobananos expuso cómo autoridades de gobierno son comparsas o consentidores de la corrupción; puede discutirse si hay dolo o culpa, pero responsabilidad, la hay. 

Develamos cómo, mediante el otorgamiento de techos de contratación sin sustento, o aumentos desmedidos de él —otorgados por el RGAE bajo la tutela del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos— empresas coludidas han obtenido contratos millonarios con entidades del Estado. No es algo que solamente haya pasado en el gobierno de Giammattei; pasó y pasa en este, el gobierno de Arévalo. 

Luego de nuestro exposé, el anterior secretario de Comunicación Social de la Presidencia —hoy embajador de Guatemala ante la Santa Sede— prometió públicamente que habría una investigación de la Comisión Nacional contra la Corrupción y del Minfin; hoy sabemos que ni una ni otra.   

Los funcionarios involucrados —por acción o por omisión—, en lugar de preocuparse y enderezar, fustigaron contra este medio y demeritaron la investigación. Solamente las portuarias —amén del presidente de EMPORNAC— rescindieron adjudicaciones otorgadas con trampa, pero el Ejecutivo no hizo nada. 

Hoy les presentamos una entrega del seguimiento a aquel escándalo, uno que los responsables quisieran que desaparezca, pero que nosotros no permitiremos. Tampoco la población harta de la inoperancia gubernamental. 

Corte de Constitucionalidad: viejos retos, renovadas expectativas

El martes 14 de abril de 2026, tal como lo manda la Constitución Política de la República, los magistrados de la IX Magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) tomaron posesión de sus cargos. En un país donde hasta los trámites más simples suelen tropezar con dilaciones y trabas, cumplir estrictamente los plazos constitucionales no es un detalle menor: es la demostración tangible de que las instituciones pueden y deben funcionar. Ese acto de puntualidad institucional marca el inicio de un período que el país entero observa con atención y con altas expectativas. 

La CC no es un tribunal más, es el guardián último de la Carta Magna, el árbitro supremo que garantiza el equilibrio de poderes y la supremacía del Estado de derecho. En Guatemala, donde la democracia ha sido frágil y amenazada tantas veces, la CC representa la última línea de defensa contra la arbitrariedad, la corrupción y los intentos de capturar las instituciones. Por eso, la IX Magistratura asume su rol en un momento histórico de alta responsabilidad. 

Uno de los primeros y más urgentes desafíos que enfrentará será resolver las acciones presentadas sobre la conformación de la lista de seis candidatos que la Comisión de Postulación enviará al Presidente para nombrar al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público. El plazo constitucional es claro e improrrogable. La ciudadanía espera que la Corte resuelva estas impugnaciones con celeridad, absoluta imparcialidad y estricto apego a la Constitución. Cualquier dilación innecesaria o cualquier señal de tibieza dañaría no solo la credibilidad del Ministerio Público, sino la confianza misma en la justicia constitucional. Argumentar que “apenas inician” no es aceptable, dada la alta investidura de los togados y, por qué no decirlo, las canas que pintan casi todos los magistrados. 

Pero el rol de la nueva Corte trasciende con creces ese caso. En 2027 Guatemala celebrará elecciones generales, y ya es previsible que habrá múltiples intentos de alterar el proceso democrático: inscripciones irregulares de candidatos y partidos, decisiones controvertidas del Tribunal Supremo Electoral y recursos que, inevitablemente, llegarán a la CC. En ese escenario, la Corte será la garante final de que la voluntad popular se respete y de que las reglas del juego electoral no sean torcidas por intereses particulares. 

No se ignora que la propia integración de esta magistratura estuvo marcada por controversias, particularmente la elección de los magistrados por parte del Consejo Superior Universitario, cuya conformación —con 26 de sus 41 miembros con mandato vencido— generó legítimos cuestionamientos. Sin embargo, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad es meridiana en su artículo 167: “Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad ejercerán sus funciones independientemente del órgano o entidad que los designó”. Esa independencia no es una opción; es una obligación. 

Autoridades, instituciones, pero sobre todo la población, tiene altas expectativas en esta Corte; espera magistrados valientes, rigurosos y comprometidos con la verdad jurídica por encima de cualquier presión política o personal. Esperan una institución que restaure la fe en que la Constitución es un escudo real y no un simple parapeto. 

La IX Magistratura tiene la oportunidad histórica de unirse a anteriores que, en momentos trascendentales para la vida política del país, dieron la talla y son referente de independencia y solidez que Guatemala tanto necesita. 

República Investiga
La “casa de chocobananos” se reacomoda, bajo la mirada de Menkos
1243 palabras | 8 minutos de lectura

Seis meses después de que República revelara el funcionamiento de la llamada “casa de chocobananos” —el exposé de proveedores del Estado sin experiencia dedicados al amaño de adquisiciones públicas desde un modesto inmueble ubicado en la 4.ª calle 8-26 de la zona 2 capitalina—, el entramado no se ha extinguido. Por el contrario, los registros oficiales muestran un reacomodo, depuración parcial y fortalecimiento dentro del sistema de contrataciones públicas.

El eje que permite esta continuidad es el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), una unidad que depende del Ministerio de Finanzas Públicas y cuya responsabilidad recae directamente en el ministro, Jonathan Menkos Zeissig.

La revisión de información en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) y en Guatecompras, entre noviembre de 2025 y abril de 2026, permite trazar un nuevo mapa del entramado: una sociedad incrementó de manera atípica su capacidad de contratación; otra fue inhabilitada solo después de acumular múltiples sanciones; otras dos fueron degradadas sin perder acceso al sistema; el resto mantiene techos inflados, cambia representantes legales, modifica giros comerciales o traslada domicilios para eludir la exposición.

El caso más revelador es el de Instalaciones Portuarias de Guatemala, S.A. (IPG). La investigación original de la “casa de chocobananos” expuso que esta sociedad, constituida en junio de 2023 y sin experiencia comprobable, fue precalificada apenas cinco meses después, en noviembre del mismo año, para contratar con el Estado hasta por GTQ 9.6M.

Sin embargo, tras la llegada de Menkos al cargo, y con menos de un año de existencia, su capacidad de contratación fue ampliada de forma extraordinaria: un incremento del 1482 %, elevando su techo hasta los GTQ 151M en noviembre de 2024. Así, en tiempo récord, IPG pasó de ser una empresa recién creada a consolidarse como una de las más favorecidas por la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla en el año 2025. Todo ello, operando desde una sencilla vivienda donde, lejos de una infraestructura empresarial visible, funciona un modesto negocio de fruta cubierta con chocolate.

Un nuevo capítulo de irregularidades

La “casa de chocobananos” se publicó el 4 de noviembre de 2025, seis días más tarde, a IPG le fue reducida su capacidad máxima de contratación a GTQ 94M. Sin embargo, esa reducción fue temporal, ya que tan solo 49 días después, la sociedad fue premiada por Menkos con un aumento del 47.5 % en su capacidad de contratación, llevándola a GTQ 138.7M en enero de 2026.

El aumento coincidió con varios movimientos estratégicos: cambio de representante legal, la migración definitiva del domicilio fiscal de la zona 2 a la 19 calle 15-30 de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, el registro de un nuevo contador y la apertura de un establecimiento con giro agropecuario, pese a que su actividad principal sigue siendo presuntamente la prestación de servicios tecnológicos.

Lejos de corregir las anomalías evidenciadas por República, los registros oficiales muestran que el RGAE sigue siendo utilizado como un instrumento flexible, capaz de reducir y ampliar capacidades de contratación sin criterios transparentes ni consistentes. La evidencia apunta a un patrón: ajustes temporales que simulan control, seguidos de incrementos que restablecen —e incluso amplían— los privilegios iniciales.

Tras la publicación de República en noviembre de 2025, más de GTQ 71M en adjudicaciones de IPG fueron rescindidas por irregularidades. Pero lejos de significar su salida del sistema, ese momento marcó el inicio de su reconfiguración. Guatecompras demuestra que en cuestión de semanas, IPG volvió a ser adjudicada. El 5 de diciembre de 2025, la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla  le adjudicó GTQ 846 000; el 29 de diciembre del mismo año, otros GTQ 700 000. En ambos casos, como oferente único.

El patrón es inequívoco. Pese a la evidencia pública, las anomalías en el RGAE no solo persisten, sino que se administran. La capacidad de contratación de una empresa sin trayectoria comprobable puede reducirse momentáneamente para luego ser restituida sin explicación técnica suficiente.

Esto confirma que las “empresas de cartón” no enfrentan barreras reales dentro del sistema precalificación de sociedades. Por el contrario, continúan encontrando condiciones para contratar con el Estado sin mayores obstáculos, incluso después de haber sido expuestas, con la complicidad directa del Ministro de Finanzas.

Otras empresas del conglomerado permanecen estables en apariencia, aunque conservan techos inflados durante la gestión de Menkos en el Ministerio de Finanzas. ALIFERR, S.A. mantiene un RGAE superior a GTQ 66M —243 % más alto que el previo—, sigue domiciliada en la casa de chocobananos y conserva como correo oficial el email personal de Castañón González. En seis meses, añadió un nuevo nombre comercial, Ferretería El Martillo, y amplió especialidades sin que se revierta el crecimiento atípico de su capacidad contractual.

En el caso de De la Peña, S.A., pasó de tener un techo de contratación superior a GTQ 193M a quedar totalmente inhabilitada. Cuatro sanciones posteriores a la publicación de la “casa de chocobananos”—dos por incumplimientos de proyectos del Ministerio de Comunicaciones en Escuintla y obras de salud en Quiché, y dos más de carácter permanente— le impiden recibir nuevas adjudicaciones. La empresa acumula contratos por GTQ 38.9M y mantiene su domicilio fiscal en la casa de chocobananos. Su representante legal sigue siendo Neftalí Isaías Castañón González.

Golden Gate, S.A. mantiene intacto su techo inflado (+408 %), aunque figura con estatus “no actualizado” en Guatecompras. En 2025 abrió un nuevo establecimiento bajo la marca QUIMFER, con giro ferretero y químico, lo que refuerza el patrón de empresas constructoras que mutan hacia actividades comerciales diversas, sin una correlación clara con su historial de contratación pública.

Una estructura que persiste

Más allá de las sanciones, degradaciones o incrementos puntuales, la información revisada seis meses después confirma que la “casa de chocobananos” no fue una anomalía administrativa aislada. El patrón que atraviesa a las empresas investigadas revela una estructura organizada, basada en la domiciliación masiva de sociedades en una misma dirección, el uso reiterado de los mismos contadores, notarios y representantes legales, y la creación de empresas con capitales mínimos, pero con “estatus” que les permiten contratar montos millonarios con el Estado.

El inmueble de la zona 2 continúa figurando como sede fiscal activa para varias sociedades, pese a no corresponderse con la magnitud de los contratos adjudicados ni con la capacidad operativa que requerirían obras, servicios tecnológicos o suministros especializados. A ello se suma la figura del contador “bisagra”, que aparece simultáneamente en múltiples empresas del clúster —como contador, auditor o representante legal— concentrando el control administrativo y financiero de sociedades formalmente independientes.

También persiste la mutación constante de giros comerciales y nombres, con constructoras que abren ferreterías, empresas tecnológicas que incursionan en agroquímicos y comercializadoras que operan bajo marcas de alimentos. Otro elemento recurrente es la migración al régimen simplificado del ISR en empresas con contratación pública significativa y la activación tardía de obligaciones fiscales clave.

En conjunto, los hallazgos evidencian que la exposición pública tuvo efectos, pero no desmanteló el esquema; sigue siendo protegido desde el Ministerio de Finanzas. La red se fragmentó, cambió de rostro y dispersó domicilios, pero sigue encontrando espacio dentro del sistema de compras del Estado, dejando en evidencia que el problema no es únicamente una dirección física, sino las debilidades estructurales de control que permitieron —y aún permiten— la operación de este tipo de entramados.

Al cierre de esta edición, Jonathan Menkos, fue contactado para obtener su postura sobre estos hallazgos; sin embargo, una vez más, no respondió.